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Viernes, 20 Marzo 2020

Explicador: ¿Qué es el Estado de Emergencia?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Le explicamos lo que hay que tener claro alrededor del decreto 417 de 2020 que establece el Estado de Emergencia por el Covid-19. ¿Qué facultades otorga al Presidente Duque y cuáles son sus límites?

En medio de la crisis sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, el presidente Iván Duque en alocución presidencial decretó en la noche del pasado 17 de marzo el Estado de Emergencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene para la libre movilización de los ciudadanos por el territorio nacional? ¿Pueden crearse nuevos impuestos por la emergencia sanitaria?

El Estado de Emergencia es uno de los Estados de Excepción, de modo que empezaremos por ahí.

¿Qué son los Estados de Excepción?

Son una facultad extraordinaria que tiene el Presidente de la República (no solo en Colombia, sino en otros países que cuentan con la misma figura) para afrontar situaciones extraordinarias que no podría enfrentar con sus funciones ordinarias. 

¿Cuándo fueron creados y por qué?

Néstor Osuna, docente de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, explica que desde los orígenes de la república siempre ha habido la idea de que en momentos de crisis es necesario fortalecer los poderes del presidente. “Nuestra historia constitucional ha sido muy recurrente en tener algunos dispositivos en la cual en tiempos de guerra el presidente pueda asumir funciones adicionales a las que tiene”, explica Osuna. 

Con la constitución de 1886 y anteriores solo se contaba con el Estado de Sitio, que fue ampliamente utilizado por los presidentes de la segunda mitad del Siglo XX. Con la reforma que se le hizo a la constitución en 1968, según cuenta Osuna, debido a que el estado de sitio era principalmente declarado por situaciones económicas, se abrió la opción de contar con un estado de excepción específico para las emergencias económicas. Este mecanismo fue utilizado por los expresidentes Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y Alfonso López Michelsen (1974-1978).

Sin embargo, a lo largo del Siglo XX se hizo evidente el uso desmedido de este mecanismo, principalmente para crisis de orden público. Básicamente, unas semanas después de llegar al cargo, los presidentes declaraban el estado de sitio y solo lo levantaban unas semanas antes de entregar el cargo, según cuenta el docente. 

Quizá el ejemplo más claro del uso desmedido del estado de sitio fue el Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay (1978-1982). Con la Constitución de 1991 se regula el uso de los estados de excepción y abre a tres las opciones.

¿Qué facultades otorgan al presidente?

El mismo nombre del mecanismo da una clara pista de las licencias que otorga, pues le dan al presidente facultades excepcionales; específicamente, la habilidad de expedir decretos con fuerza de ley. Es decir, de realizar función reservada para el legislador (el Congreso). 

¿Qué quiere decir “decreto con fuerza de ley”?

En el gráfico a continuación (pirámide de Kelsen) explicamos la jerarquía de las normas en Colombia:

Pirámide de Kelsen

Básicamente, los decretos que expida el presidente durante el Estado de Excepción están al mismo nivel que las leyes ordinarias que saca el Congreso en sus labores de legislativo. Además, el presidente durante el estado de excepción puede derogar otras normas, poner nuevos impuestos y todo lo que considere necesario para conjurar la crisis.

¿Cuáles son los límites de esas facultades extraordinarias?

El artículo 214 de la Constitución explica todo lo relacionado con los límites de los estados de excepción. Resumimos lo que señala.

  1. El presidente debe demostrar que tiene motivos para declarar el estado de excepción y para poder declararlo debe contar con la firma de todos los ministros. 

  2. Con el fin de que el presidente no se extralimite y legisle sobre lo que se le ocurra, los decretos que expida durante ese tiempo solo podrán referirse directa y específicamente a la situación que generó el estado de excepción. También deben contar con la firma de todos los ministros.

  3. Durante el estado de excepción no se podrán suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales y se seguirán respetando las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

  4. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 

  5. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. 

Por último, y no por ello menos importante, tanto la declaratoria del estado de excepción, como todas y cada una de las medidas que tome el presidente durante ese tiempo, serán analizadas automáticamente por la Corte Constitucional para que ella decida sobre la constitucionalidad de dichas medidas. La Corte es quien ejerce el control y pone el límite a los poderes excepcional que adquiere el gobierno.

¿Dónde están regulados los estados de excepción?

En el capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia y la ley 137 de 1994. Allí se explican los tres estados de excepción: Estado de Guerra Exterior, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. 

En términos generales, los tres estados pueden ser declarados por el presidente con la firma de todos los ministros (como ya explicamos), pero cada uno tiene sus particularidades de cuánto tiempo pueden permanecer declarados y sobre el alcance que tienen las normas impuestas durante ese tiempo.

Explicaremos brevemente los dos primeros antes de adentrarnos en el estado convocado recientemente por el presidente Duque.

Estado de Guerra Exterior

Solo entra a regir cuando el país tiene una amenaza de guerra exterior o cuando nos declaran la guerra. Está regulado por el artículo 212 de la Constitución y señala que la declaración “sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión”.

Asimismo, este estado puede mantenerse continuamente mientras subsista el estado de guerra. De acuerdo con Osuna, este mecanismo no ha sido estrenado. 

Durante este tiempo, “el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad”.

La misma norma señala, además, que mientras subsista el Estado de Guerra:

“El Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara”. 

Estado de Conmoción Interior:

Usado principalmente ante situaciones de orden público. El artículo 213 de la Constitución dice que puede ser declarado “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”. 

Puede ser declarado en todo el país o en algunas zonas en específico, por un tiempo no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales (270 días). Sin embargo, para ser declarado por segunda vez, requiere el concepto favorable del Senado. 

Finalmente, el artículo es claro en que “en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.

Tanto para el estado de guerra exterior, como para el de conmoción interior, de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución Política, tan pronto como hayan cesado las causas que dieron lugar al Estado de Excepción, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el Estado de Excepción. 

El Estado de Emergencia

Como lo mencionamos más arriba, este es el estado de excepción que Duque decretó para lidiar con el brote de coronavirus en Colombia. Está reglamentado por el artículo 215 de la Constitución Política y señala que, cuando sobrevengan hechos distintos al estado de guerra exterior y la conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá ser declarado por el presidente.

Además de la propagación de Covid-19 en Colombia y el mundo, otra situación en la cual ha sido usado este mecanismo fue durante la tragedia de Mocoa en 2017, provocada por el desbordamiento de tres ríos que arrasaron con la capital de Putumayo.

El estado de emergencia solo puede permanecer por períodos de hasta treinta días que pueden ser prorrogados dos veces más y que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

En este tiempo el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley que establezcan nuevos tributos o modifiquen los existentes. Retomando el mismo ejemplo, después de declarado el Estado de Emergencia por la tragedia de Mocoa, el entonces presidente Juan Manuel Santos dio subsidios a las facturas de energía para los estratos 1, 2 y 3 y exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los habitantes del municipio.

Las medidas económicas que se impongan durante ese tiempo, no obstante, dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal (31 de diciembre del mismo año en que se declare el impuesto), a menos que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente.

Como los decretos que firme el presidente durante el estado de excepción tienen fuerza de ley, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, el Congreso podrá derogar o modificar dichas normas.

Finalmente, la única prohibición que tiene el estado de emergencia diferente a los otros estados de excepción es que el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que expida. 

¿Qué pasa si se declara un Estado de Excepción sin justificación?

Lo que dice el artículo 214 de la constitución es que “el Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores”. Lo mismo aplica para el Estado de Emergencia, según el artículo 215.

¿Qué dice el decreto 418 de 2020?

Un día después de la declaración del Estado de Excepción, por medio del decreto 417 de 2020, el gobierno expidió al día siguiente el 418 “por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público”. 

Este, señala en su primer artículo que la dirección del manejo del orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus SARS-CoV-2 estará en cabeza del presidente. 

Asimismo, las decisiones que tome el presidente estarán por encima de las tomadas por alcaldes y gobernadores, y quienes desobedezcan podrán ser sancionados.

Algunas de las medidas que ya había tomado el presidente al momento de esta publicación en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia son:

  1. Aislamiento preventivo de personas mayores de 70 años
    Esta medida estará vigente desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo del 2020, y es obligatorio. Las únicas excepciones en que pueden romper el aislamiento tienen que ver con el abastecimiento de bienes de consumo y primera necesidad, el uso de los servicios financieros, de salud y adquisición de medicamentos, y casos de fuerza mayor o fortuitos.

  2. Reconexión del servicio de agua a hogares que lo tenían suspendido por falta de pago, congelación de tarifas. Mayor frecuencia en la desinfección de puntos críticos de alta concurrencia y suspensión de cobros de aranceles para insumos de potabilización.

  3. Suspender el ingreso de viajeros internacionales por 30 días.

Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

No hay una cifra unánime. La cantidad de víctimas depende de la fuente a la que se le pregunte. Además, se ha confundido con la de ejecuciones extrajudiciales. Le contamos las diferencias.

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.