3 DATOS CLAVE:

1. Durante la presentación de El libro de la verdad, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón, afirmó que el proceso de contratación de una planta desalinizadora por $786.000 millones, a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) sería un hallazgo de corrupción.
   
2. La revisión documental indica que el contrato citado corresponde a estudios y diseños del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, no a la construcción de una obra.
   
3. Ante la alerta del nuevo gobierno, la Procuraduría pidió suspender provisionalmente el proceso contractual y solicitó soportes técnicos y financieros para evitar riesgos en la contratación pública. La Essmar, sin embargo, sostuvo que no hay vigente licitación ni adjudicación para ejecutar obras de infraestructura.
   

Durante la presentación de El libro de la verdad, Germán Calderón, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dijo que el proceso de contratación de una planta desalinizadora por 786.000 millones de pesos en Santa Marta es uno de los hallazgos de corrupción más relevantes por su cuantía e impacto social.

Calderón alegó que el proceso de contratación, a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) y financiado por el Ministerio de Vivienda, inició semanas antes de finalizar el gobierno de Gustavo Petro. Por ese motivo, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación suspenderlo provisionalmente.

Tras revisar la documentación, en Colombiacheck y El Reporte Coronell constatamos que el contrato mencionado en el libro está relacionado con los estudios y diseños del Plan Maestro de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del Distrito de Santa Marta, que contempla la estructuración del proyecto de una planta desalinizadora. Sin embargo, a la fecha, el proceso de licitación para construir esa obra no ha empezado.  

Un proyecto estratégico que aún no se ha contratado

Santa Marta sufre desabastecimiento de agua desde hace varias décadas, especialmente durante la temporada seca, debido al bajo caudal de los ríos Piedras, Manzanares y Gaira que surten el acueducto local. En la mayoría de los barrios, el servicio no es continuo y las viviendas pueden pasar días y semanas sin agua. Para resolver esta crisis, se han propuesto diversas alternativas para mejorar el suministro.

Una de ellas es el proyecto de plantas desalinizadoras, que trataría el agua del mar para hacerla potable. La propuesta se gestó en agosto de 2025, en el marco de la celebración de los 500 años de la capital del Magdalena, tras el anuncio del gobierno Petro de un plan de inversiones por 1,2 billones de pesos para agua y saneamiento básico.

Dicho plan contemplaba la construcción de dos plantas: una en el corregimiento de Taganga y otra en el sur de la ciudad, con una inversión de 773.000 millones de pesos, el 70% aportado por la Nación y el 30% por el Distrito. 

En septiembre de 2025, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aprobó el CONPES 4159 que declaró el proyecto de importancia estratégica. Ese mismo mes, la Essmar adjudicó el contrato CMA001-2025 para la elaboración de los estudios y diseños del Plan Maestro de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del Distrito de Santa Marta a la Unión Temporal EYD SM 2025 por 32.822 millones de pesos.

Posteriormente, en noviembre de 2025, el Ministerio de Vivienda expidió la resolución 0829 por medio de la cual asignó 786.000 millones de pesos para la elaboración de los estudios, diseños y construcción de las dos plantas. 

Sin embargo, el 12 de junio de 2026, la entonces viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, anunció que solo se construiría una planta, ubicada en el barrio Pescaíto en un lote del Distrito. Se descartó la de Taganga debido a la oposición de los líderes de la comunidad, quienes desde 2025 manifestaron su rechazo a esta alternativa por sus posibles impactos económicos y ambientales. 

Finalmente, en junio de 2026, en el marco del contrato CMA001-2025, la Unión Temporal EYD SM 2025 estructuró el proyecto para el diseño, construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de la planta desalinizadora, que sería bajo la modalidad de contratación llave en mano, lo que significa que el contratista asume la responsabilidad de entregar el proyecto en pleno funcionamiento. 

El pasado 19 de junio, la Essmar abrió la convocatoria pública para que las personas naturales o jurídicas presentaran hasta el 6 de julio sus observaciones sobre los documentos técnicos y precontractuales del futuro proceso de contratación.

El texto enfatiza que la publicación tiene un carácter meramente informativo y no constituye una apertura oficial del proceso de selección, ni representa un compromiso u obligación de contratación por parte de Essmar. Además, aclara que en caso de que la entidad decida proceder oficialmente al proceso de contratación, la selección del futuro contratista se llevará a cabo bajo la modalidad competitiva de Solicitud Pública de Oferta.

Nótese que, a ese punto, no había un contrato para la planta; sólo había un presupuesto asignado, un proyecto estructurado y un llamado a revisión de documentos con los que se esperaba iniciar el proceso de contratación. La documentación del proyecto está publicada en la página de la empresa.  

¿Qué denunció el equipo de De la Espriella?

A comienzos de junio, durante el frustrado proceso de empalme del entonces presidente electo Abelardo de la Espriella con el gobierno de Gustavo Petro, se conformó el llamado “Equipo Élite Anticorrupción”, un grupo creado por la administración entrante y liderado por Germán Calderón para recabar información sobre los posibles hechos de corrupción de la administración saliente. 

Este equipo, según el libro, consideró que el proceso de contratación para el diseño, construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una planta desalinizadora, que supuestamente inició el 18 y 19 de junio, tenía varios aspectos que merecían un “análisis más exhaustivo”. 

Entre las presuntas irregularidades señalan: 

• “Posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado” 
• “Inquietudes sobre la deficiencia de los estudios previos y de mercado”
• “Asuntos técnicos que quedaban bajo definición del futuro contratista” 
• “El aparente desconocimiento del CONPES que servía de derrotero para el proyecto” 

Como se ve, no hay señalamientos concretos a algún actor o procedimiento contractual, ni se apunta a algún perjuicio económico comprobado. Se trata de observaciones sobre documentos previos a la contratación, e incluso previos al propio proceso licitatorio, dado que este aún no había empezado. 

Sin embargo, con esos alegatos como sustento, el 25 de julio solicitaron a la Procuraduría General de la Nación adoptar medidas preventivas frente al contrato CMA001-2025 de la Essmar, que como ya mencionamos es el del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, adjudicado en septiembre de 2025, no el de la planta desalinizadora que señalaban como iniciado a finales del Gobierno Petro.

Tres días después de la solicitud del nuevo Gobierno, la Procuraduría pidió a la Essmar suspender provisionalmente el proceso contractual del proyecto y requirió la entrega de la información técnica, jurídica, financiera y contractual relacionada con la estructuración del proyecto. Entre la documentación reclamada figuran los estudios y documentos previos, diseños, análisis del sector, estudios de mercado, requisitos habilitantes, fuentes de financiación y demás soportes que fundamentan la contratación.

“La medida provisional preventiva tiene como objetivo evitar la consolidación de eventuales riesgos para la contratación pública y garantizar que las decisiones administrativas se ajusten plenamente a los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa”, informó el ente de control.

Consultamos a la oficina de comunicaciones de la Procuraduría para conocer más detalles sobre la medida, pero hasta el momento de la publicación de este artículo periodístico no hemos obtenido respuesta. 

Por su parte, la Essmar informó mediante un comunicado que “no adelanta actualmente ningún proceso de licitación, adjudicación ni contratación para la ejecución del proyecto de plantas desalinizadoras”. Además, precisó que el proceso de contratación mencionado por Germán Calderón corresponde a una “solicitud de ofertas no vinculantes (cotizaciones)”, la cual no constituía una licitación ni implicaba compromisos contractuales. 

“Dicho proceso culminó el pasado 7 de agosto de 2026, fecha en la cual decayó la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa fue devuelta nuevamente a la administración del Distrito de Santa Marta”, agregó el comunicado. 

No está claro a qué se refiere la empresa cuando menciona la “solicitud de ofertas no vinculantes". Al revisar la documentación publicada en la convocatoria para observaciones encontramos un borrador con términos parecidos. Sin embargo, en el Secop II no figura ningún proceso de la Essmar relacionado con la planta desalinizadora entre mayo y agosto. 

La Essmar, creada por la Alcaldía de Santa Marta en noviembre de 2016, fue intervenida por la Superservicios en noviembre de 2021 - durante el gobierno de Iván Duque-, al determinarse que carecía de capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado. El 11 de agosto de 2026, tras casi cinco años de intervención, la empresa regresó oficialmente al control del gobierno local.

¿Se demuestra un grado de corrupción en el proceso de la Essmar?
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