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Miércoles, 27 Enero 2021

Iglesias y Estado: una sociedad sin control

Por La Liga Contra el Silencio

La personería jurídica especial, un reconocimiento otorgado por el Ministerio del Interior, ha promovido una falta de transparencia en los contratos que varias entidades religiosas tienen con distintas alcaldías de la Costa Caribe. La adjudicación directa promueve las irregularidades y el clientelismo.

La relación entre las iglesias y el dinero público en Colombia es tan estrecha como opaca. Las instituciones oficiales celebran contratos multimillonarios con fundaciones que están exentas de control fiscal y no están obligadas a demostrar cómo administran esos fondos. Los recursos públicos en manos de organizaciones religiosas son difíciles de rastrear, y esto impide verificar cualquier manejo irregular. Las iglesias en nuestro país disfrutan de una personería jurídica especial, otorgada por el Ministerio del Interior, que las libra de los requisitos legales establecidos para las entidades con fines de lucro. 

Las iglesias además pueden ejecutar proyectos del Estado sin acudir a licitaciones ni rendir cuentas al fisco. Pero el andamiaje jurídico entorpece las acciones legales que podrían provocar sanciones. Por eso en la mayoría de los casos, cuando ocurre alguna irregularidad, solo procede la condena pública, el juicio ético y la indignación.

Alcalde_Cienaga_Luis_Tete_Samper

La Liga Contra el Silencio conoció un caso reciente. En septiembre de 2020 hubo un escándalo mediático por un contrato de 1.650 millones de pesos celebrado entre la administración de Luis Tete Samper, alcalde de Ciénaga, Magdalena, y la iglesia cristiana evangélica Nueva Jerusalem Apocalipsis 21.2. El objeto, según consta en el contrato, era la “promoción e implementación de estrategias para el desarrollo pedagógico en el municipio”. 

Personas cercanas al partido Fuerza Ciudadana, opositores del movimiento De la Mano con el Pueblo, que lidera el alcalde Samper, denunciaron que en la contratación podía haber intereses particulares del alcalde. Según el alegato, la representante legal de esta iglesia es la pastora y periodista Yurissa del Castillo Romero, cuyo esposo, Víctor Polo Rodríguez, pastor de la misma iglesia, es director de Caracol Radio en Santa Marta. La denuncia en medios de comunicación locales describió esto como una forma de comprar información positiva en Caracol Radio sobre la gestión de Samper.

La información de este contrato, firmado el 5 de marzo de 2020, debía cargarse tres días después en el Servicio Electrónico de Contratación Pública (Secop), la plataforma digital de compras del Estado. Pero solo se formalizó el 6 de agosto del mismo año. La designación de esta iglesia, amparada por la ley, se hizo por contratación directa. Así la congregación cristiana se ganó el derecho de administrar 1.650 millones de pesos en labores pedagógicas sin participar en ninguna convocatoria pública, donde se valoraría su experiencia e idoneidad para ejecutar el contrato. En el Secop es el único contrato que aparece relacionado con la iglesia evangélica en los últimos años. Su representante legal sí figura como contratista pública en varias ocasiones, pero sólo en asuntos vinculados con su profesión.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena no halló motivos para objetar esta contratación. “No importa lo que pensemos de esos contratos. Si denunciamos sin pruebas, esas acciones se revierten y terminan afectando a los denunciantes. Someterse a la jurisprudencia en ese terreno de las entidades religiosas y las públicas, es una pelea de tigre con burro amarrado”, dice César Cantillo Peralta, presidente del sindicato.

Cantillo reconoce que los maestros son contratados por las iglesias para desempeñar el mismo trabajo que harían siendo funcionarios públicos. Pero allí, según dice, no gozan de estabilidad laboral, les irrespetan el escalafón profesional, les pagan con retraso, no tienen derecho a la sindicalización y viven con temor de denunciar porque ponen en riesgo su único ingreso. 

“En las zonas rurales de la Sierra Nevada, donde llegan esos programas impartidos por las iglesias, ante la ausencia del Estado, los maestros y los padres de familia ven a Dios en persona. Aunque sea injusto con el docente y se pierda la posibilidad de auditar los dineros públicos, es mejor eso que nada”, dice el sindicalista. Para Cantillo existe un sistema de gobierno que facilita una corrupción indemostrable. “Uno puede presumir intereses partidistas, pago de favores, sobreprecios, clientelismo. Pero es legal y no se puede actuar”, agrega.

En las consideraciones del contrato entre la Alcaldía de Ciénaga y La Nueva Jerusalem se lee: “Contratos a celebrarse con iglesias y confesiones religiosas se sujetarán a lo previsto en artículo 200 de la Ley 115 de 1994, razón por la cual, las entidades territoriales certificadas seleccionarán los respectivos contratistas, en forma directa … y sin necesidad de que el contratista se encuentre habilitado en el Banco de Oferentes de la entidad territorial –que es el listado de establecimientos educativos no oficiales con trayectoria e idoneidad para prestar el servicio educativo-, o de acudir a un proceso licitatorio”.

En su primer periodo como alcalde (2012-2015), Tete Samper suscribió contratos con otra iglesia, el Centro Bíblico Internacional Emanuel: uno por 1.419 millones y una adición de 709,5 millones por “servicios administrativos del servicio público educativo”.

La Liga contactó a Karen Villafaña, secretaria de Educación de la Alcaldía de Ciénaga, para conocer detalles de la adjudicación de los contratos pero no respondió hasta la publicación de este reportaje.

Otro contrato por 2.091 millones de pesos, también en Ciénaga, se celebró en 2016 entre Edgardo Pérez Díaz, entonces alcalde, y la iglesia Centro Cristiano Avivamiento AD para las Naciones, entonces representada legalmente por el empresario Luis Fernando Carrillo, investigado por la Fiscalía, en aquel momento, por delitos contra la administración pública, en ocasión de otro contrato celebrado con la misma entidad local para actividades ambientales. 

En total, durante la alcaldía de Pérez Díaz (2016-2019) esta misma iglesia (que cambió de representante legal) fue beneficiada en Ciénaga con cuatro contrataciones directas que suman 6.249 millones. En 2016, el contrato ya mencionado; en 2017, uno por 1.302 millones; en 2018, otro por 1.571 millones; y en 2019, uno más por 1.284 millones. El objeto en todos es casi idéntico: “prestación de servicios educativos a través de la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en instituciones educativas oficiales de la zona rural alta” de Ciénaga.

A estos contratos se suma otro más, firmado en 2016 por 6.574 millones, con la Gobernación del Magdalena, también por “servicios educativos”.

Normas para los entuertos

“Las entidades sin ánimo de lucro son las más beneficiadas en los últimos años por su participación creciente en la contratación estatal. Entre enero de 2014 y julio de 2016 se destinaron 14,5 billones de pesos en la contratación con este tipo de entidades (...), la mayoría destinadas a labores en salud y educación. Estas entidades cuentan con dos ventajas frente a las entidades con ánimo de lucro: Por un lado son cobijadas por un régimen jurídico especial, y por otro se benefician por las exenciones del régimen tributario, lo que dificulta el control de la ejecución de los recursos públicos”, dice un informe del Grupo Interno de Análisis de la Auditoría General de la República (AGR) de 2016.

En la revisión de los contratos estatales con entidades religiosas, según este informe, no se advierte ninguna ilegalidad. Pero el documento sí señala varios peligros. “Debe advertirse la posibilidad de un riesgo real sobre la idoneidad de muchas de estas fundaciones, corporaciones y/o asociaciones en el cumplimiento de los objetos contractuales”, dice.

Nicolás Ardila, abogado especialista en derecho administrativo, estima que el concepto de la AGR sigue vigente, pues el marco jurídico no ha cambiado. Además explica que en estos contratos se deben cumplir varias etapas: “En la precontratación hay que demostrar que el contratista tiene idoneidad para cumplir con la infraestructura, el equipamiento, el capital, la experiencia y el perfil que se requiere para el proyecto. Pero eso no aplica para las entidades sin fines de lucro acogidas por la personería jurídica especial”, dice el abogado.

Ardila explica que lo más apetecido por los entes públicos es la figura de contratación directa, donde no se precisa licitación. Así se omiten varios de los pasos anticorrupción que dificultan el favorecimiento de contratistas con intereses particulares. Este proceso es más rápido y permite ejecutar recursos en plazos cortos. 

Todos los contratos públicos deben estar publicados en el Secop tres días hábiles después de firmarse, pero muchas entidades religiosas contratan con el Estado a través de fundaciones, con lo cual se hace más difícil detectarlas a través de esos registros. Ardila comenta que las organizaciones religiosas obtienen su personería jurídica especial sin dificultades porque la norma es ambigua y permisiva. “Las iniciativas ciudadanas para la vigilancia de la gestión pública no tienen mucho que hacer porque los funcionarios públicos no están cometiendo nada que la ley no permita”, explica.

Con respecto al ámbito tributario, la Ley 20 de 1974 aprobó el Concordato del Estado colombiano con el Vaticano, y desde entonces la Iglesia católica ha sido considerada no contribuyente. Así se estableció que las propiedades eclesiásticas quedarían también exentas, incluidos los inmuebles destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales, curales y los seminarios. Con la Constitución de 1991, cuando Colombia pasó a ser un Estado laico, las exenciones se extendieron a otras entidades religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior.

En su libro ‘Reconocimiento jurídico de las entidades religiosas en el derecho colombiano’, el académico Vicente Prieto explica que, según la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa, el Ministerio de Interior es el que reconoce la personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas; sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, que lo soliciten a través del Registro Público de Entidades Religiosas. Sin embargo, el Ministerio no tiene funciones de vigilancia, control o inspección sobre ellas.

“En realidad las exenciones de impuestos a entidades religiosas son una especie del género ‘entidades sin ánimo de lucro’. Por tanto, en principio no se requeriría ninguna configuración jurídica “especial”. Pero (...) es necesaria cuando se aspira a celebrar convenios con el Estado”, explica Prieto en su libro.

La actualización más reciente del Registro Público es del 23 de noviembre de 2020, cuando había formalizadas 8.490 entidades religiosas con personería jurídica especial en Colombia.

Nicolás Carrero, experto tributario, opina que las iglesias deberían hacer algún tipo de contribución al fisco, porque “mueven bastante dinero” y nadie las controla. “No llevan facturas, no tienen un sistema contable, simplemente hacen una declaración de palabra que nadie puede cuestionar”, dice.

Ferney Rodríguez, presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, dice que en seis años al frente de esta organización han atado cabos sueltos para detectar las modalidades de corrupción que se tejen entre instituciones públicas y organizaciones religiosas. “A las iglesias se les encomiendan labores de bienestar animal, salud, educación y hasta culturales; y a través de contratos se cumple con cuotas de cargos públicos para pagar favores políticos, se financian campañas y se favorece a los amigos del culto”, advierte el activista. 

Un informe de Bogotá Atea sobre el estado de laicidad en Colombia señala que en la separación entre Estado e iglesias debe garantizarse que los dineros públicos no se destinen a sostener cultos ni al proselitismo religioso. “Pero en Colombia se siguen presentando casos en los que se destinan dineros para capellanías, misas masivas y conciertos evangélicos bajo el pretexto de defender la libertad religiosa, de la mano de la acción organizada de evangélicos y pentecostales en cargos de elección popular”. 

La tajada católica

Alcalde_Barranquilla_Jaime_Pumarejo

El 28 de febrero de 2020, el secretario general de la Alcaldía de Barranquilla, Carlos Alfredo Acosta, firmó un contrato con Pia Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán, por 5.528 millones de pesos, para la administración, dirección y orientación pedagógica en el Centro Social Don Bosco. El distrito entregó una infraestructura que el contratista se comprometió a cuidar y mantener, así como el equipamiento para educar a 2.950 estudiantes. El Estado asignó 1.874.000 pesos por cada cupo, y de ahí debe cubrirse el pago de los docentes, la seguridad social del personal, el mantenimiento de la infraestructura y los salarios de los trabajadores vinculados a la organización religiosa.  

Pia Sociedad Salesiana registra en Secop 13 contratos en Barranquilla suscritos entre 2013 y 2020 (ocho con la Alcaldía y cinco con el Sena) que suman 28.375 millones de pesos.

Con la Fundación Fe y Alegría, la Alcaldía de Barranquilla suscribió un contrato por 2.985 millones de pesos en 2019, y otro por 116,4 millones de pesos en 2020. Con la Fundación San Carlos Borromeo para la Educación Popular y el Desarrollo Comunitario, el monto de otros dos contratos (contrato 1 y contrato 2) fue de 2.475 millones de pesos en 2019, y de 1.994 millones de pesos en 2020, para atender a 1.325 estudiantes por año. 

Todos estos acuerdos se hicieron por contratación directa, sin pagar impuestos, con transacciones exentas de IVA y sin someterse a fiscalización o auditoría de los organismos de control.

José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla, habla de “un negocio redondo”. Explica que el Distrito recibe en donación una infraestructura, la construye o la arrienda para que funcione ahí una escuela, y además la equipa. Pero no la administra, sino que la otorga en concesión a una entidad religiosa y paga ese servicio con el dinero que asigna el Estado.

 Las fundaciones, dice Jiménez, ahorran dinero porque contratan a los maestros por un tiempo determinado, sin reconocer horas extras ni garantizar estabilidad laboral. “Uno puede presumir que además de rentable para ellos es conveniente para los políticos, porque financian sus campañas con dinero público sin que se pueda hacer seguimiento a ese dinero”, dice. 

“Entre las fundaciones Fe y Alegría y San Carlos Borromeo en Barranquilla son contratados unos 140 maestros. Esas entidades religiosas son beneficiarias de unos contratos millonarios para hacer lo que debería hacer la administración pública. Es la tercerización de la educación”, dice el sindicalista.

En la plataforma Secop, Fe y Alegría aparece, entre 2011 y 2020, con otros contratos en Barranquilla: 15 con la Alcaldía y 49 con el ICBF. Sin contar los que ejecuta en otras regiones del país.

Por su parte, la Fundación San Carlos Borromeo, entre 2012 y 2020 suma 16 contratos adjudicados (15 con la Alcaldía y uno con el ICBF).

La Ley 1294 de 2009 establece que se pueden entregar en concesión los servicios educativos cuando la entidad pública no esté en capacidad de brindarlos. “Es una falencia de la ley que facilita la corrupción, porque el distrito de Barranquilla tiene la capacidad. Pero prefieren la vía fácil que deja dividendos para pagar favores políticos y enriquecimiento personal”, dice Jiménez.

Para obtener la versión de la Alcaldía de Barranquilla La Liga contactó a un miembro del equipo de prensa de la institución, pero no respondió. 

Réplica en Santa Marta

Con la Fundación San José (católica), cuya representante legal es Alicia Valencia Vives, la Alcaldía de Santa Marta firmó en febrero de 2020 un contrato por 1.800 millones de pesos, para el trabajo pedagógico con estudiantes del Instituto de Educación Distrital San Francisco Javier, provenientes de los sectores vulnerables de Garagoa y Timayuí. En 2019 un contrato similar, por 1.596 millones de pesos, fue otorgado a la misma fundación por el exalcalde Rafael Martínez, de Fuerza Ciudadana, el mismo partido de Virna Johnson, la actual alcaldesa. 

Desde 2014 hasta 2020 hay registros en el Secop de contratos suscritos cada año entre la Alcaldía de Santa Marta y la Fundación San José. En total son siete contratos que suman 8.945 millones de pesos.
Otros contratos de arrendamiento de inmuebles a la Diócesis de Santa Marta, celebrados entre 2019 y 2020, suman 430 millones de pesos. 

El rabino Richard Gamboa, secretario general del Cabildo Interreligioso de Colombia, considera que las soluciones para proteger el dinero público han tardado. Además, dice, falta control fiscal y normas que garanticen transparencia y supervisión estatal sobre el cumplimiento de los contratos. Pero Gamboa piensa que es necesario usar un lenguaje jurídico cuidadoso y proceder con cautela, porque el análisis de esta situación de forma hostil podría estimular la ejecución de políticas discriminatorias hacia las iglesias. El desafío institucional implica ubicar un punto medio, entre el exceso que menciona el rabino y los privilegios laxos de hoy.

Jueves, 19 Noviembre 2020

Morir a la espera de una UCI en Bogotá 

Por Liga Contra el Silencio

Entre marzo y julio de este año, el 68 % de los fallecidos por covid-19 en los hospitales de la capital murió sin ingresar a cuidados intensivos, aunque había camas disponibles. El día de mayor ocupación hubo un centenar de plazas disponibles, pero diversos obstáculos en el traslado de pacientes críticos se tradujo en historias de angustia.

Los médicos del Hospital de Suba le explicaron a Graciana Leguizamón, de 42 años, que la caja torácica de su hermano Esteban, de 34 años, era demasiado grande para los ventiladores mecánicos que intentaban reanimar sus pulmones en la sala de urgencias. 

El virus avanzaba sobre la ciudad y el hospital público no estaba preparado. Además de no tener Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sus equipos eran insuficientes para atender a Esteban, quien, a la tos seca, fiebre y problemas respiratorios que presentaba, sumaba un problema de obesidad.

Los médicos tenían motivos para trasladar al paciente a un centro de salud con UCI. Pero pasaron tres días y nada ocurrió. Esteban llegó al hospital el 10 de julio, y falleció el 13. Su familia recibió una semana después el resultado positivo para covid-19. Dos meses más tarde llamaron a Graciana de la Secretaría de Salud y preguntaron por el paciente para “realizar el cerco epidemiológico”.

Entre marzo y julio, el 68% de los fallecidos en los hospitales de Bogotá murió fuera de esas unidades, según cifras de la Secretaría de Salud, a pesar de que incluso en los días más críticos hubo camas en UCI disponibles. La historia de Esteban, un joven carpintero sin afiliación a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS), ni al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), abre interrogantes sobre la desigual atención de la pandemia en la capital del país. 

Para la primera mitad de julio el promedio de camas libres en cuidados intensivos oscilaba entre 100 y 120. Durante la segunda quincena el día más congestionado fue el 26, con 99 plazas disponibles, según el Distrito. Aunque había cupos, Esteban no fue trasladado.

Los profesionales de la salud describen estos casos como “barreras” u “obstáculos” hospitalarios: prácticas de mala gestión que van desde la negligencia hasta el bloqueo y la desatención de pacientes. 

Antes del covid-19, por ejemplo, era usual que las UCI se reservaran para pacientes afiliados a ciertas EPS que tuvieran convenios con determinadas clínicas y hospitales, entre otras malas prácticas de gestión. Los casos que surgieron durante esta crisis suman una mezcla de descoordinación, descuido e ineficiencia.

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, identifica como responsable a la Secretaría de Salud. “Dentro de su rectoría está la coordinación de las UCI. Por ley tiene la responsabilidad de garantizar que las EPS cumplan con su trabajo de prestar un derecho universal”. 

En segundo plano señala a las EPS. Según Carrillo las denuncias en la Superintendencia de Salud contra Compensar, Sanitas y Famisanar son incontables. “Por su negligencia, por sus demoras, por negarse a hacer pruebas”. Su conclusión es que la salud de los colombianos está en manos de “un contubernio de políticos y negociantes” a los que solo les “interesa hacer negocio”. 

El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hernán Bayona, reconoce la existencia de “obstáculos hospitalarios” en la ciudad. También pone en cuestión el papel de la Secretaría de Salud. Según dice, alrededor del 95 % de la población en la capital del país tiene cobertura a través del régimen contributivo, destinado para las personas que pueden costearse un seguro. “La Secretaría de Salud ha debido asumir con mayor eficiencia la coordinación de ese 5 % de población restante que está en el régimen subsidiado (a cargo del Estado)”, afirma Bayona.

Una familiar de los Leguizamón trinó el 14 de julio contra la gestión de la alcaldesa Claudia López. “No valemos lo mismo”, sentenciaba. Al día siguiente la Secretaría de Salud aseguró en un comunicado que el paciente había recibido todas las “medidas necesarias”. No explicaba sin embargo las razones por las cuales Esteban no fue enviado a una UCI.

Graciana Leguizamón cuenta por celular que, tras alguna insistencia, habló con un médico que diagnosticó a su hermano en el Hospital de Suba. “Dijo que había tenido dos paros cardiorrespiratorios. Y que si le daba un tercero, fallecía”. También le explicó que sería necesario llevarlo a cuidados intensivos “porque estaba en estado crítico”.

Pero sus gestiones para trasladar a Esteban chocaron con una de las marañas burocráticas más complejas de la región: “me dijeron que tenía que ir a hablar con una ‘niña’ Paola. Fui y le pregunté. Me dijo que necesitaba el número de cama asignado, el doctor y el hospital a donde lo iban a trasladar”.

Manuel González, subsecretario del Servicio de Salud y Aseguramiento del Distrito, dice que desconoce casos de negligencia hospitalaria en la gestión de las UCI y pide poner en contexto las cifras de fallecidos fuera de estas unidades. Explica que no todos los pacientes de covid-19 requieren estas unidades. González resume los parámetros para la remisión: que la persona tenga alteraciones en el funcionamiento del corazón, y que requiera soporte ventilatorio. 

Para el funcionario “hay que entender las particularidades de cada paciente. Llenar los hospitales de personas no significa que estén siendo bien atendidas, ni que estén siendo atendidas donde debe ser”.

Graciana está convencida de que los encargados del Hospital de Suba le negaron a su hermano la oportunidad de recuperarse por su falta de cobertura médica. “Es muy lamentable que a las personas que no tienen para pagar la seguridad social las dejen morir así. Uno no tiene derecho a enfermarse porque ningún médico lo va a atender, nadie le va a hacer un examen”, se lamenta.

Naufragio en el piso cero

Los gritos de los pacientes hospitalizados en el piso cero de la Clínica del Occidente evitaron que Hermencia Parrado, de 78 años, muriera esa noche del 19 de julio. A la mujer se le había caído la careta de oxígeno con la que trataban una insuficiencia respiratoria que arrastraba de tiempo atrás.

Según su familia, esto sucedió entre la una y las dos de la mañana, y la atención de los auxiliares tardó 20 minutos. La avalancha de casos por coronavirus y la fatiga pasaban factura a los encargados de esta clínica en Kennedy, la localidad de Bogotá más golpeada por el virus.

Hermencia fue hospitalizada el 16 de julio y el diagnóstico fue desalentador. “Me dijeron que ella tenía varias enfermedades y que yo debía entender que mi mamá ya había vivido todo lo que tenía que vivir”, recuerda Consuelo Navarro, su hija, quien se desmayó después de esta introducción. 

La salud de Hermencia empeoraba y los médicos evaluaron, desde el 17, la necesidad de trasladarla a una cama de UCI en otro centro, pues la Clínica del Occidente estaba saturada. Pero el ajetreo en otras unidades de la capital, según los responsables del centro, no daba buenos augurios. Ese día se registraron 8.000 casos de covid-19 en Bogotá, y la gráfica con dientes de serrucho siguió en ascenso hasta alcanzar un máximo de 13.000 casos en un día el 19 de agosto.

Los ventiladores mecánicos en la Clínica del Occidente estaban también copados. A Adriana Cabezas, nieta de Hermencia, los auxiliares de enfermería le dijeron que incluso a nivel nacional estaban al límite, y que cuando se liberaba alguno “la prioridad era para las personas de 20 y 30 años”.

Decidida a llevarse a su abuela para otro centro con plazas libres, Adriana se dirigió a la oficina de atención al cliente. Una enfermera le dio un mensaje del médico: “lo único que podía hacer era dejar montada la orden de remisión para otro sitio donde sí hubiera forma de atenderla”. 

A continuación, en el área de remisiones, un funcionario le explicó que “las UCI no están a cargo de los hospitales ni de las EPS, que eso depende de la Alcaldía. Y si tenía quejas debía dirigirme a la Secretaría de Salud”. Pero en la Secretaría le dijeron justo lo contrario. “Que era cuestión del médico y de la EPS. Todo el mundo se tiraba la pelota”. 

AUDIO [Escuche aquí el fragmento de la conversación entre una familiar de Hermencia Parrado y personal médico de la Clínica de Occidente el 21 de julio.]

El internista Juan Carlos Hernández es el responsable de cuidados intensivos en la Clínica del Occidente. Entre julio y agosto, afirma, recibió el volumen más alto de pacientes por covid-19, pero niega que hubiera atascos en la unidad. “Se cumplieron los criterios. Los traslados se hicieron de forma adecuada, siguiendo los protocolos del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) y las EPS”, señala. 

Hermencia Parrado estaba afiliada a Famisanar, entidad que no tiene convenio con la Clínica del Occidente. La familia dice que hasta ese momento no hubo ningún contacto ni información de la aseguradora. Luis Armando Navarro, hijo de Hermencia, recuerda que el 21 de julio a las once de la mañana ella los llamó y pidió que la sacaran de ahí porque “¡en esta clínica me van a dejar morir!”.

Tras cinco días de espera para ser remitida a una UCI, Hermilda falleció en la camilla 10 del piso cero. En la historia clínica consta que fue por un paro respiratorio. Ocurrió durante un cambio de turno, cuando no había nadie para auxiliarla, según reveló una enfermera a los Navarro.

Juan Carlos Hernández señala que desafortunadamente hubo casos de pacientes que tenían una patología previa y los familiares daban el consentimiento para que, en caso de paro respiratorio, no se intubaran ni se realizaran maniobras invasivas. “En esos casos tampoco se trasladaba al paciente”, agrega. 

En la historia clínica se lee que los familiares dieron orden de “no reanimación”, pero Adriana Cabezas no recuerda haber dado esa orden. “¿Por qué íbamos a estar presionando por una UCI si no íbamos a autorizar que la intubaran? El día del ingreso yo pregunté si entre los papeles que firmé estaba esa autorización. Me dijeron que no, que en caso de ser necesario nos avisarían”.

Dos días después del deceso, una llamada de Famisanar sorprendió a Consuelo Navarro. “Era para confirmar que había una cama libre en cuidados intensivos. Sentí tanto dolor, tanta rabia”, recuerda con impotencia. La prueba que confirmó el positivo para covid-19 llegó al día siguiente.

Grietas acumuladas

A las historias de Hermencia y Esteban se suma la de Gabriel Castañeda, de 58 años, propietario de una barbería. Su hermano Gerardo cuenta que también estuvo hospitalizado en la Clínica del Occidente entre el 16 y el 21 de julio. Según la historia clínica estaba afiliado a Compensar y tenía tres comorbilidades que el virus no perdona: hipertensión, diabetes y obesidad.

Gerardo denuncia que “hubo negligencia a la hora de facilitar el traslado” de su hermano y dice que pedir información sobre su caso ha sido difícil: “Ellos se dan cuenta que uno no tiene el conocimiento ni las herramientas para reclamar”.

Según la historia médica de Gabriel, desde el 18 de julio se iniciaron “trámites para la remisión a UCI por no disponibilidad en la institución”. El 21 de julio, apunta, Gabriel era ya un “paciente críticamente enfermo” con “alto riesgo de mortalidad a corto y mediano plazo”. El paciente falleció sobre las 8:26 de la noche del 22 de julio. 

En la oficina jurídica de la Clínica del Occidente sostienen que el manejo médico en este caso siempre fue “ajustado a la patología presentada”. Dicen que Gabriel tuvo “acompañamiento total por personal especializado” y de acuerdo con “la capacidad posible de la IPS para la época de los hechos”. En este caso tampoco se aclara por qué el paciente, habiendo otras alternativas, no fue trasladado.

El 12 de abril, un mes después de declarar la emergencia sanitaria, el Gobierno expidió un decreto para agilizar la asignación de camas en cuidados intensivos. El CRUE, órgano supeditado a la Secretaría de Salud Distrital, pasó a gestionar las 998 camas de UCI para pacientes con covid-19 disponibles en la red pública y privada (al 18 de noviembre eran 1.622). 

Antes del decreto 538, la orden del médico pasaba a las EPS, donde debían contactar a su red de centros hospitalarios y autorizar el trámite. Ahora, el CRUE debe asignar la cama de UCI sin pasar por el filtro de las EPS.

Algunos miembros de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio de las EPS, recibieron esta iniciativa con recelo. Especialmente las que cuentan con capital estadounidense o europeo, como Sanitas, Sura o Aliansalud, pues temían “el germen de una expropiación o toma de control por parte del Estado”, escribe por correo el presidente del gremio, Gustavo Morales. Tras varias discusiones y análisis, y con el visto bueno de la Corte Constitucional, se acordó trasladar esa función de distribución de pacientes a la autoridad sanitaria local, según Morales. 

Pero las falencias acumuladas del sistema sanitario se manifestaron, aunque la alcaldesa Claudia López sostuvo siempre que Bogotá era ejemplo en el manejo de la emergencia. 

Bayona, del Colegio Médico de Bogotá, recuerda que el coordinador de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional le relató que “a veces dejaba dos o tres unidades libres porque le avisaban que iban a llegar tres pacientes, pero pasaban 12 horas y no llegaba nadie. Cuando llamaba a averiguar, el paciente había fallecido o ya no se necesitaba la cama”.

Una auxiliar de enfermería, que pidió reservar su nombre, dijo que los tiempos de respuesta de los servicios de salud fueron regulares debido, entre otras causas, a la intermediación de las EPS. Según esta fuente hubo fallas de comunicación con el personal médico, descoordinación entre el sector público y el sector privado, y falta de ambulancias medicalizadas que tuvieran respiradores, entre otras.  

Pero el subsecretario de Salud Manuel González asegura enfático que las EPS no tienen “ningún manejo ni intermediación” en el proceso, a pesar de que a la hora de la remisión “sí se tiene en cuenta la red de convenios de la EPS del paciente”. 

Desde ACEMI sostienen de la misma manera que no conocen casos de barreras en la asignación de UCI. Morales, cabeza de esa asociación, alude al hecho de que las diez EPS que conforman el gremio han mostrado un nivel de “letalidad que es la mitad del promedio nacional”.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, afirma por el contrario que los tres casos expuestos en esta investigación son muestra clara de que las EPS siguen interfiriendo en los traslados. “Habría que analizar si existe relación con el hecho de que en Bogotá el tiempo promedio para asignar una UCI haya sido de 12 horas”, remata.

El análisis de Bayona, del Colegio Médico, recorre la misma línea. Según él, las barreras actuales son consecuencia de un proceso anterior a la pandemia. Las EPS, opina, no han invertido durante años en equipos básicos de función primaria; su atención al paciente es irregular; la realización de pruebas de detección del virus les quedó grande y el manejo de los call centers ha sido desastroso. “La ley 100 les entregó la responsabilidad de la promoción y prevención de la salud, y fallaron. Creo que muchas muertes se pudieron prevenir”, concluye. 

La discusión continúa mientras los responsables del sistema de salud toman decisiones que pueden potencialmente marginar de un derecho universal a los más desprotegidos. Es imposible saber si Esteban, Hermencia y Gerardo habrían tenido otra suerte de haber sido trasladados a una cama de cuidados intensivos. Lo único cierto, por ahora, es que sus historias se suman a las más de 34 mil víctimas que ha cobrado en Colombia un virus respiratorio letal que se propaga mucho más rápido que las redes de la burocracia.