El miércoles 27 de septiembre se llevó a cabo una manifestación nacional convocada por el presidente Gustavo Petro. En ella, sindicatos, organizaciones civiles y grupos indígenas acompañaron a miembros del gobierno en señal de apoyo a las reformas propuestas por este.

Diversas figuras políticas afirmaron o sugirieron que las movilizaciones fueron impulsadas con recursos públicos por diferentes vías. Entre dichas personalidades se cuentan el senador Johnatan Pulido Hernández, ‘Jota Pe’, miembro del partido de gobierno Alianza Verde, así como numerosos miembros del Centro Democrático, de oposición. Entre ellos destacan la senadora Paloma Valencia, el representante a la Cámara John Jairo Berrío, los candidatos al Concejo de Bogotá Daniel Briceño y Josías Fiesco y la candidata al Concejo de Manizales Alejandra Giraldo.

• “Tenemos un gobierno que usa dinero de impuestos para pagar marchas, tarima, sonido y sacar funcionarios a la calle” - Alejandra Giraldo.
• “Hay una marcha en la que el Gobierno está poniendo plata, financiando una marcha que no tiene por qué estar financiando” -  John Jairo Berrío.
• “Un evento que costó 263 millones de pesos. Con sobrecostos como lo hemos denunciado. Miles de millones de pesos que utilizan de la plata de los colombianos” - Jota Pe Hernández
• “Todo esto se está ejecutando con plata en contratos de operación logística. (...) El precio global del contrato de la tarima es de 10.000 millones. También se firmaron 15.000 millones más en la Unidad de Restitución de Tierras. También se firmaron 10.000 millones para el Fondo Paz” - Daniel Briceño.
• “Yo creo que Colombia no había visto un Gobierno que cogiera el presupuesto nacional para rendirle homenajes al presidente cuando la ciudadanía no lo quiere” - Paloma Valencia
• “Si les quitan a esa turba que llegó, las chivas, el refrigerio costoso de más, pues no habría marcha” - Josías Fiesco.

Con datos semejantes a los arrojados por estas figuras y con el mismo sentido de sus afirmaciones, circularon en los siguientes días contenidos en TikTok e Instagram.

En Colombiacheck consultamos a varias de las fuentes de las afirmaciones, confrontamos con datos públicos, organizaciones aludidas y expertos, para explicar qué hay de cierto o engañoso en los señalamientos a la convocatoria y financiación de la marcha, así como sobre la participación de organizaciones indígenas, el número de manifestantes, entre otras narrativas impulsadas a partir del 27 de septiembre.

Tarima y sonido

El 26 de septiembre, un día antes de la marcha, el senador Hernández publicó en X una denuncia, según la cual, la logística contratada para el evento de la Plaza de Bolívar, donde el presidente Petro ofreció un discurso al final de la movilización, tuvo sobrecostos “de hasta 40%”, como nos dijo posteriormente en entrevista. 

En los documentos que sustentan las afirmaciones de la publicación, se evidencia que Plaza Mayor Medellín, contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), subcontrató por 263’109.000 pesos a la Fundación Cultura Popular para garantizar la instalación de la tarima, el transporte del mobiliario, 50 almuerzos y 200 refrigerios, el sonido para el discurso del presidente y la presentación de artistas, entre otros productos y servicios.

De dicho contrato se desprende la cifra de 263 millones reproducida por medios como El Colombiano y El Tiempo antes y después de la manifestación. También la retomó el representante Berrío, quien aseguró que el Gobierno Nacional gastó “263 millones sólo en sonido y tarima”. 

En un live de Facebook realizado al final de la jornada, el candidato Fiesco aseguró que “van más de 595 millones en tarimas. Cada vez que convocan el derroche con nuestros impuestos es mayor. La de hoy costó 262 millones”. Al consultarle por la fuente de esta afirmación, nos remitió este artículo de Cambio en el que se suman los gastos logísticos de cuatro eventos para un total de 592’955.746 pesos:

• El primer “balconazo”: 197’323.360 pesos.
• Marchas para presentación del Plan Nacional de Desarrollo: 52’560.415 pesos.
• Radicación de la reforma a la salud: 79’962.971 pesos.
• Marcha del miércoles 27 de septiembre: 263’109.000 pesos.

Cabe anotar que los recursos mencionados no prueban pagos a manifestantes ni transporte o alimentación para ellos, como sugieren varias afirmaciones. Los pagos a operadores logísticos implican el montaje de los eventos y los productos y servicios que para ello se requieren.

Aunque sí se denunciaron presiones a contratistas y movilización de distintas carteras, no se ha probado la inversión de dinero público en rubros distintos a la instalación de la tarima por parte de la Fundación Cultura Popular.

¿Se ha hecho antes?

Buena parte de las críticas realizadas a la supuesta financiación del Gobierno Nacional a la movilización del 27 de septiembre sugieren que, de ser cierto, sería un hecho inédito en el país. La senadora Valencia, por ejemplo, aseguró en una entrevista: “Yo creo que Colombia no había visto un Gobierno que cogiera el presupuesto nacional para rendirle homenajes al presidente cuando la ciudadanía no lo quiere”.

Como recordó La Silla Vacía hace unos meses, los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y Belisario Betancur (1982-1986) convocaron en su momento a movilizaciones populares. El profesor Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, recordó por su parte ejemplos más recientes de movilizaciones organizadas con respaldo del Gobierno de turno: 

“Ha habido manifestaciones convocadas para la paz durante el gobierno Santos [2010-2018], por decir algo. Ha habido marchas en contra de las FARC, que no eran oficialmente convocadas por el gobierno Uribe [2002-2010], pero este apoyó y participó claramente. No es una cosa tan extraordinaria”. 

En cuanto a inversiones públicas en la logística de este tipo en gobiernos pasados, esto nos dijo Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, corporación que monitorea, analiza y denuncia posibles hechos de corrupción: 

“Duque, al principio de su gobierno [2018-2022], trató de emular los consejos comunitarios y luego, con la pandemia, todo se paró. Finalizando el mandato trató de convocar la ‘gran conversación nacional’, se hicieron unas mesas, etcétera. Ese tipo de aproximaciones hacen parte de una forma de gobierno que muchas veces busca esa cercanía con ciertas poblaciones más simpatizantes”.

Al igual que en estos casos, según el profesor Basset, “el gobierno siempre puede tratar de justificar estos gastos diciendo que son eventos públicos de difusión de su acción. Después, si eso es un gasto oportuno o no, pues corresponde a la ciudadanía definirlo”.

El congresista Berrío, por su parte, planteó la supuesta financiación de la movilización como una innovación internacional: “Yo en ningún país había visto eso. Bueno, sí, lo había visto en Venezuela. Las marchas promovidas por Chávez y Maduro”. La afirmación se refiere a las convocatorias chavistas que, a partir de 2010, financiaron con dinero público buses, mercados, gorras, etcétera.

En principio, con los rubros que a día de hoy se conocen públicamente como pagados para el evento del 27 de septiembre, el analista Hernández concluye que “si uno se limita a ver efectivamente qué fue lo que se contrató comparado con otras marchas multitudinarias y lo que ha sucedido en Venezuela, pues yo creo que no es lo mismo”. Sin embargo, destacó también que este tipo de eventos deben juzgarse en la medida en que se desdibujan los espacios de discusión para convertirlos en mera divulgación o propaganda.

“Creo que el punto en el que podría entrar a ser cuestionable, es cuando ese tipo de espacios no logran ser genuinos en términos de mostrar una realidad suficientemente ponderada respecto a los retos que vive el país y que tiene que enfrentar  cada gobierno”, explica el director de Transparencia por Colombia.

Finalmente, más allá de los señalamientos exagerados o erróneos, los expertos consultados coinciden en que lo más grave es que se haya financiado el evento a un mes de las elecciones regionales del 29 de octubre, cuando el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, también formó parte de las manifestaciones. Al respecto, el profesor Basset señala:

“Lo que se debe rechazar absolutamente es hacer campaña con fondos públicos a través del Gobierno Nacional en favor de un candidato. Eso sí desequilibra la competencia. Es por eso que, generalmente, los casos más claros de participación en política que se suelen encontrar es cuando con el candidato aparece un funcionario del gobierno electo”.

La participación indígena

Uno de los temas más comentados entre las críticas a la manifestación fue la supuesta financiación de las comitivas indígenas que participaron de la movilización en Bogotá. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), figura que agrupa a los pueblos indígenas del país, comunicó que entre sus motivaciones para marchar estaban principalmente el respaldo a las iniciativas de paz del Gobierno Nacional, así como los procesos para materializar el derecho a la tierra y la implementación de la Reforma Agraria.

Para todas las cuestiones que implicaron a grupos indígenas, consultamos a ONIC y al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) sin obtener respuesta.

El primer dato impreciso en la discusión fue el número de indígenas que se movilizaron. El representante Berrío, por ejemplo, contabilizó “15.000 indígenas que vinieron del sur del país”. A su vez, contenidos en Instagram (1, 2) y TikTok hablaron de la participación de “14.000” y “18.000” indígenas. Según la propia ONIC, que tampoco entregó cifras exactas, la congregación fue de “más de 14.000”.

Berrío además sugirió que el Gobierno incurrió en algún gasto para garantizar la participación de las comitivas indígenas:  “Eso necesita 500 chivas. Eso necesita desayuno, almuerzo, comida”. A este reclamo se sumó Fiesco, quien por su parte preguntó: “¿De dónde sacaron tanto dinero para más de mil chivas?”.

Al preguntar al candidato por la fuente de estos datos, se limitó a contestar: “Mil personas en chivas se percibían”. En la cobertura de medios, el dato más documentado habla de 70 chivas, como se puede leer en El Espectador, Revista Semana, Blu Radio y El Tiempo. La cifra más alta de vehículos la encontramos reportada por la web de Noticias RCN, que aseguró que se trataba de “al menos 150 chivas”.

Además de esta información, no encontramos ningún soporte consecuente para afirmar que, al igual que con los pagos por la tarima y el sonido, el Gobierno Nacional haya destinado dinero para el transporte, la manutención o algún otro concepto de la movilización indígena.

El abanderado de esta tesis ha sido el candidato Briceño, quien asegura que la contratación pública para las organizaciones indígenas representa una “forma de fidelización” que empieza con estos grupos pero pretende extenderse a juntas de acción comunal y organizaciones campesinas. En sus palabras: “Se está repartiendo una mermelada anticipada de personas que no están marchando libremente, sino que son organizaciones que están recibiendo como tal contratación que nunca se había visto en el Estado colombiano”. 

Andrés Hernández matiza esta afirmación bajo la siguiente lógica: “Los pueblos indígenas, desde la Constitución del 91, han ganado unos derechos mucho más significativos y, en muchos casos, se ha traducido en la asignación de recursos [...] que van para organizaciones indígenas en términos de su conformación y su gobernanza. Otra cosa distinta es ONIC u organización formalmente constituida bajo otro esquema, que no necesariamente tiene propósito de cumplir con las necesidades de gobernanza de los territorios. Entonces ahí sí sería interesante poder considerar esos patrones”.

Con base en este principio, consultamos la contratación pública de ONIC y CRIC, mencionadas por Briceño, en el Gobierno pasado y en el Gobierno actual, para encontrar que efectivamente la asignación de recursos a estas organizaciones no es nueva, si bien en este Gobierno se evidencia un incremento en estos rubros, como se contempló ya en el más reciente Plan Nacional de Desarrollo.

Según datos de Colombia Compra Eficiente, durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque, se firmaron contratos y convenios entre 11 instituciones de orden nacional con el CRIC, por valor de 93.774’835.504 pesos, mientras que 15 instituciones del mismo orden firmaron con ONIC contratos y convenios por 113.414’446.240 pesos.

Durante los 14 meses del gobierno Petro, 12 instituciones de orden nacional han firmado contratación por 82.118’597.273 pesos con el CRIC y 11 instituciones han firmado contratos con ONIC por valor de 47.260’712.659 pesos.

Finalmente, acerca del concepto de “mermelada anticipada” mencionado por Briceño, el profesor Basset afirma:

“[Mermelada] es el término más manoseado del diccionario político nacional. Nadie sabe muy bien lo que significa. Al principio significaba cupos indicativos de los congresistas para invertir en sus regiones que presuntamente utilizaban para recibir apoyos, pero después cualquier cosa se volvió mermelada. Cualquier contratación, cualquier apoyo político, cualquier participación de un partido político. No, no todo es mermelada. No todo apoyo a un gobierno de turno es mermelada y hay cosas que son perfectamente legítimas”.

Los otros contratos

En el contexto de la marcha del 27 de septiembre se mencionó la existencia de más contratos firmados para eventos del Gobierno Nacional, entre los que se cuentan uno de “15.000 millones entre RTVC y ANT para comprar gorras, camisetas, refrigerios, durante los próximos cuatro meses”, como afirmó en su video ‘Jota Pe’ Hernández, mencionado además por Daniel Briceño: “El precio global del contrato de la tarima es de 10.000 millones. También se firmaron 15.000 millones más en la Unidad de Restitución de Tierras. También se firmaron 10.000 millones para el Fondo Paz”.

A partir de la agrupación de estos convenios y conceptos, circularon videos como este en TikTok, posteriormente reproducido en Instagram, donde el sargento Luis Orlando Lenis, director de una agrupación de militares retirados llamada Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia (Fundiheco), afirma que del Gobierno Nacional “salen contratos de 14.000 millones para generar marchas”.

Encontramos que los contratos enumerados por Briceño existen. Se trata de los procesos ANT-20235797 entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC); CPA-FP-2023-002 del Fondo de Programas Especiales para La Paz y el mencionado Convenio Interadministrativo 230-23 firmado entre el Dapre y Plaza Mayor Medellín.

Sin embargo, como señalaron los expertos, la sola existencia de los contratos no demostraría en sí misma un sistema de coerción o impulso para movilizaciones ni prueba una financiación adicional a la de la tarima y el sonido de la manifestación del 27 de septiembre.