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Miércoles, 18 Abril 2018

La papa caliente del fracking

Por Carlos González

El cuestionado fracking está generando polémica en la campaña presidencial. Tres de los cinco candidatos mas opcionados han dicho que lo vetarán. Pero lo cierto es que hay seis licencias listas para implementar esta técnica de extracción de petróleo y gas. Chequeamos las propuestas.

La campaña a la presidencia ha dejado ver la vena ambientalista de los candidatos. A medida que avanza la contienda, varios de ellos se han desligado del fracking, a pesar de que al inicio Iván Duque y Sergio Fajardo no le cerraban la puerta a la extracción de hidrocarburos de manera no convencional.

Fajardo, avalado por el partido Alianza Verde, en una entrevista con el Diario La República, del 8 de marzo, dejó claro que antes de hacer fracking se deben tener estudios sobre los efectos de esta práctica, por lo que entre tanto no se puede desarrollar, aunque no descartó su uso. “No digo que no lo vayamos a hacer, pero tenemos que estar seguros”, fue su salida.

La semana pasada, en el programa “El país de los jóvenes” de Caracol Televisión, el ex gobernador dijo que el país debe ir mirando hacia las energías renovables. Sin mencionar el petróleo, ni el fracking, afirmó que se debe trabajar, con ciencia, tecnología y educación, en mejorar las condiciones medioambientales, aunque todo debe ser una transición estructurada.

En redes sociales, amplios sectores de la sociedad, como ambientalistas, jóvenes o académicos han rechazado esta práctica, que consiste en extraer petróleo fracturando las rocas que se encuentran por encima de los yacimientos no convencionales con agua a alta presión y químicos. Este proceso dura en promedio dos semanas y genera una alta actividad sísmica.

Este pudo ser uno de los motivos que inclinaron a Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, a cambiar de posición frente al tema. En un foro, organizado por la ANDI a principios de 2018, el exsenador manifestó que no había que cerrarle la puerta al fracking bajo una lógica de economizar recursos, ya que los costos de extracción en el país son altos y las reservas cada vez menores. Sin embargo, Duque la semana pasada publicó una propuesta completamente diferente en Twitter.

En el tuit publicado el 10 de abril dio una ‘voltereta’ de 180 grados, anunciando que en su eventual gobierno no habría fracking, porque de hacerse podría afectar las reservas de agua del país.

 

 

Al consultar su página web, en la sección de propuestas, el candidato no hace ninguna mención sobre el petróleo, y solo tiene un enunciado escueto en el que sostiene que el “desarrollo minero del país se adelantará con los más altos estándares de responsabilidad”.

En otra orilla, Germán Vargas no ha ocultado su interés por mantener la extracción de petróleo en Colombia e, incluso, darle cabida a esta técnica aunque sea “impopular”, como él mismo la calificó en el debate en la ANDI. “Con una reglamentación adecuada podríamos traer compañías que den suficientes garantías e ir pensando en ese frente. No lo descartemos”, dijo Vargas.

El exvicepresidente sostiene que los recursos provenientes del crudo han sido la caja del Gobierno para ejecutar gran parte de los programas sociales, por lo que un cambio de modelo “es populismo”, ya que no se sabe de dónde saldrán esos dineros; así que es evidente su apoyo a este sector económico.

Cabe mencionar que las reservas probadas de crudo del país, que llegan a 1.650 millones de barriles, según cálculos estatales, cubririan la demanda de los próximos cinco años. Según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el país hay 40 bloques de hidrocarburos de yacimientos no convencionales, en departamentos como Boyacá, Antioquia y Tolima, que en caso de empezar a explotarse con fracking, aumentarían la producción del país en cerca de 350.000 barriles diarios, además de extender las provisiones a 16 años.

La tentación del fracking no es fácil de evadir en una economía que se ha ralentizado en los últimos años. Estudios calculan que pueden llegar más US$$30.000 millones de inversión extranjera al país, para trabajar en estos proyectos.

Actualmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está estudiando una solicitud de la Conoco Phillips para operar un campo en el departamento del Cesar.

En todo este panorama el único que se ha mostrado completamente en contra de este modelo en Gustavo Petro, que ha dicho que no permitirá el fracking de llegar a ser presidente y que, además, cambiará el modelo económico del país hacia la agroindustria y las energías renovables. El exalcalde de Bogotá propone que Colombia se convierta en una potencia alimenticia mundial, con lo cual se podrían sustituir parte de los ingresos petroleros.

 

Entre las razones que han llevado a varios países a prohibir el fracking se encuentra la contaminación de los acuíferos por los fluidos vertidos, tanto a aguas superficiales como subterráneas, además, se producen “derrames durante todo el proceso del fracking, ya sea por los transportistas de los residuos, o de las mismas estructuras que no quedan bien ajustadas”, según estudios de la Asociación Internacional de Impacto Ambiental, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el centro de investigación Tyndall Center.

Por otra parte, un artículo del New York Times encontró que de los 240 yacimientos que existen en Pennsylvania y Virginia del este y que fueron estudiados, se encontró que los mismos contenían, residuos de agua con elementos radioactivos.

Además, otra investigación publicada en la revista Sciencie encontró que en Oklahoma, Estados Unidos, uno de los estados en donde es permitida esta práctica, los sismos han aumentado 40 veces entre 2008 y 2013 con respecto a la actividad registrada entre 1976 y 2007.

Según la Asociación Colombiana de Petróleo, entre los mitos que se han difundido sobre el fracking está que contamina las aguas subterráneas, y por ende los acuíferos para el consumo humano, además de que acaba con lagos y ríos. Por otra parte, la organización dice que es falso que se incrementará la sismicidad.

“El agua subterránea está protegida por una serie de tubería selladas con cemento. Antes se hacen estudios de calidad de los acuíferos, se analizan los riesgos de una potencial contaminación y se diseñan medidas de protección”, explica un documento de la ACP sobre esta actividad.

Francisco Lloreda, presidente de la ACP, indicó que aún no es claro cuándo empezará el fracking. “El primer proceso es validar a través de un proceso exploratorio. Si se llega a encontrar recursos explotables y la Anla autoriza su desarrollo, se pasaría a fase de producción. Es decir, varios años”, dijo.

Hay que mencionar que el Gobierno, en cabeza del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha dejado claro que antes de cinco años no habrá fracking en el país, pero ya se están haciendo pruebas piloto en el Meta y Cesar.

Lunes, 02 Abril 2018

Duque le hereda a Uribe su pelea con las cortes

Por José Felipe Sarmiento Abella

La polémica propuesta de acabar con las cuatro cortes para crear una sola es una vieja batalla que tiene el uribismo con la justicia colombiana.

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tomó partido y apoyó la propuesta del máximo jefe de esa colectividad, el expresidente y senador Álvaro Uribe, de fusionar las cuatro altas cortes que existen en Colombia (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) y crear una sola con salas especializadas.

Esta iniciativa, que implicaría una reforma constitucional, no aparece en el programa del aspirante del CD. Sin embargo, encendió el debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación, ya que un grueso número de exfuncionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) y personas cercanas al uribismo han sido procesadas y condenadas por la Corte Suprema, por una variedad de delitos que van desde corrupción hasta parapolítica y homicidio, lo que ha sido calificado por ese partido como una persecución política.

El mismo Uribe tiene investigaciones pendientes en la Corte Suprema. La más reciente, abierta por supuestamente haber manipulado testigos en un proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Además, está el expediente por su presunta responsabilidad en dos masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) cuando era gobernador.

También hay una investigación estancada en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones ilegales realizadas en su gobierno contra periodistas, políticos de oposición y la misma Corte Suprema, conocidas como las “chuzadas”. Por este escándalo fueron condenados en este tribunal dos de sus directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera (quien también fue encontrado culpable de homicidio y paramilitarismo) y su secretario general Bernardo Moreno.

En esa misma corte se dieron otras condenas, por ejemplo, contra su primo Mario Uribe, exsenador parapolítico; su ministro Andrés Felipe Arias, por desviar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro; Sabas Pretelt y Diego Palacio, también exministros, y su secretario Alberto Velásquez, por ofrecer dádivas a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial por primera vez (la ‘yidispolítica’). La Constitucional, por su parte, ‘tumbó’ el referendo que le hubiera permitido postularse a un tercer mandato consecutivo.

 

 

 

 

 

Lo que dijo Uribe

A sabiendas de estos antecedentes, Uribe sugirió hace seis meses, en declaraciones a los medios que luego publicó en Twitter, la creación de “una sola corte de magistrados visibles, bien conocidos, (…) con una gran trayectoria”.

 

 

Chequeamos y la propuesta no está entre las que expone el candidato uribista en su página de internet. Lo más cercano que dice el folleto es la unificación de “lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes” -no de las instituciones en sí- para simplificar procesos, generar seguridad jurídica y aumentar la confianza en el sistema judicial.

Según su equipo de campaña, lo que pasa es que ese programa fue elaborado hace más de un año. “No hay un documento completo con sus propuestas actualizadas. Se está construyendo”, explicó su jefe de prensa, Jorge Quintero.

Lo único que hay al respecto en el portal, previo al debate en Estados Unidos, es una columna del congresista en el diario Portafolio del 14 de septiembre de 2017, dos semanas después del tuit de Uribe. Allí concluyó que “una reforma seria a la justicia requiere (…) que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación”.

En el video del trino, el expresidente defendía su iniciativa asegurando que tuvo “dificultades con un sector de la Corte” y que fue él quien presentó denuncias por corrupción “cuando estaba en el Gobierno y esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel”. Esto, en referencia a la cercanía de algunos magistrados con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado entonces de tener vínculos con las Auc y la mafia de su país.

 

 

 

 

 

¿Cómo se les ocurre?

La fusión de las Cortes planteada por el Centro Democrático, generó múltiples rechazos por parte de otros candidatos, como el del partido Liberal, Humberto de la Calle, quien tildó de retroceso la iniciativa y un golpe a los derechos de la gente. El candidato dijo que de prosperar esta reforma se pondría bajo amenaza la acción de tutela, uno de los principales logros de la constitución de 1991.

 

 

 

 

A pesar de la avalancha de críticas, Duque defendió la propuesta de unificación de las Cortes, señalando que esta ya había sido propuesta por una comisión de expertos que precisamente fue conformada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

“No se trata de imponer el criterio de un presidente, sino de abrir un debate. Hay que recordar una cosa: primero, esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bonivento; la Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado muchas veces de ella y muchos países de América Latina tienen corte única, es más, muchos países del mundo también la tienen”, dijo.

Al revisar el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, que encabezó el exmagistrado José Alejandro Bonivento con otros reconocidos juristas, además de Excelencia en la Justicia, en ninguna parte del documento se recomendaba unificar los tribunales. Por el contrario, lo que planteaba era que las Cortes debían trabajar de forma complementaria para que sus posiciones fueran más uniformes y evitar los “choques de trenes”.

La Comisión sugirió una estructura en la que se mantuvieran tres de las cuatro altas cortes: la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero proponía reemplazar el Superior de la Judicatura por un órgano de gobierno unificado de la rama (lo que se intentó hacer con la fallida Reforma de Equilibrio de Poderes del gobierno Santos, que se cayó casi toda en el examen de constitucionalidad).

La Corporación Excelencia en la Justicia, en su cuenta de Twitter, le ha quitado piso a algunas de las críticas y ha reconocido virtudes de la propuesta. Pero también advirtió que un cambio de este tipo requeriría la convocatoria de una asamblea constituyente y señaló que, por la necesidad de crear salas especializadas por temas, no reduciría el número de magistrados ni su burocracia.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el modelo?

Transformar el sistema de justicia colombiano a una corte única tiene sus precedentes y dificultades. En una columna publicada en Ámbito Jurídico en 2017, la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, explicaba los inconvenientes de pasar a un modelo de ese tipo.

La abogada constitucionalista sostenía que había dos sistemas extranjeros de corte única: el estadounidense, que es un tribunal con pocos magistrados, y el venezolano, que cuenta con salas especializadas y es el más parecido a la propuesta que lanzó el candidato del CD.

El estadounidense, según explicaba Botero, está basado en una justicia federal en la que cada estado cuenta con su propio sistema judicial, en el que se resuelven la mayor parte de los casos. Ese es el caso, explicó en otro trino la semana pasada, de la mayoría de países del mundo con corte única.

 

 

En cuanto a los países vecinos, la investigadora Carolina Villadiego Burbano, directora del área de sistema judicial del tanque de pensamiento DeJusticia, en el libro de 2016 ‘La reforma a la justicia en América Latina’, explicó que “las reformas al gobierno judicial en la región usualmente implicaron la adopción de consejos de la judicatura/magistratura encargados de distintas funciones”.

De modo que, aunque no siempre se consideren cortes, en muchos países sí existen entidades como el Consejo Superior o la todavía naciente Comisión de Disciplina de Colombia.

También señala que “las reformas encaminadas a generar un tribunal (constitucional) independiente y diferenciado de los demás sectores judiciales han sido distintas en la región” por el número de magistrados y las funciones que ejercen. Entre 16 países, siete tienen una corte especializada en esta jurisdicción como acá; nueve, no. Pero de estos últimos, cuatro son federados como Estados Unidos: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Así, la propuesta de Duque, de la que falta conocer más detalles, resulta basada en una recomendación que nunca existió y acomoda otros argumentos para dar el debate en defensa de la idea original de su jefe político, el expresidente Uribe.