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Miércoles, 18 Abril 2018

La papa caliente del fracking

Por Carlos González

El cuestionado fracking está generando polémica en la campaña presidencial. Tres de los cinco candidatos mas opcionados han dicho que lo vetarán. Pero lo cierto es que hay seis licencias listas para implementar esta técnica de extracción de petróleo y gas. Chequeamos las propuestas.

La campaña a la presidencia ha dejado ver la vena ambientalista de los candidatos. A medida que avanza la contienda, varios de ellos se han desligado del fracking, a pesar de que al inicio Iván Duque y Sergio Fajardo no le cerraban la puerta a la extracción de hidrocarburos de manera no convencional.

Fajardo, avalado por el partido Alianza Verde, en una entrevista con el Diario La República, del 8 de marzo, dejó claro que antes de hacer fracking se deben tener estudios sobre los efectos de esta práctica, por lo que entre tanto no se puede desarrollar, aunque no descartó su uso. “No digo que no lo vayamos a hacer, pero tenemos que estar seguros”, fue su salida.

La semana pasada, en el programa “El país de los jóvenes” de Caracol Televisión, el ex gobernador dijo que el país debe ir mirando hacia las energías renovables. Sin mencionar el petróleo, ni el fracking, afirmó que se debe trabajar, con ciencia, tecnología y educación, en mejorar las condiciones medioambientales, aunque todo debe ser una transición estructurada.

En redes sociales, amplios sectores de la sociedad, como ambientalistas, jóvenes o académicos han rechazado esta práctica, que consiste en extraer petróleo fracturando las rocas que se encuentran por encima de los yacimientos no convencionales con agua a alta presión y químicos. Este proceso dura en promedio dos semanas y genera una alta actividad sísmica.

Este pudo ser uno de los motivos que inclinaron a Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, a cambiar de posición frente al tema. En un foro, organizado por la ANDI a principios de 2018, el exsenador manifestó que no había que cerrarle la puerta al fracking bajo una lógica de economizar recursos, ya que los costos de extracción en el país son altos y las reservas cada vez menores. Sin embargo, Duque la semana pasada publicó una propuesta completamente diferente en Twitter.

En el tuit publicado el 10 de abril dio una ‘voltereta’ de 180 grados, anunciando que en su eventual gobierno no habría fracking, porque de hacerse podría afectar las reservas de agua del país.

 

 

Al consultar su página web, en la sección de propuestas, el candidato no hace ninguna mención sobre el petróleo, y solo tiene un enunciado escueto en el que sostiene que el “desarrollo minero del país se adelantará con los más altos estándares de responsabilidad”.

En otra orilla, Germán Vargas no ha ocultado su interés por mantener la extracción de petróleo en Colombia e, incluso, darle cabida a esta técnica aunque sea “impopular”, como él mismo la calificó en el debate en la ANDI. “Con una reglamentación adecuada podríamos traer compañías que den suficientes garantías e ir pensando en ese frente. No lo descartemos”, dijo Vargas.

El exvicepresidente sostiene que los recursos provenientes del crudo han sido la caja del Gobierno para ejecutar gran parte de los programas sociales, por lo que un cambio de modelo “es populismo”, ya que no se sabe de dónde saldrán esos dineros; así que es evidente su apoyo a este sector económico.

Cabe mencionar que las reservas probadas de crudo del país, que llegan a 1.650 millones de barriles, según cálculos estatales, cubririan la demanda de los próximos cinco años. Según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el país hay 40 bloques de hidrocarburos de yacimientos no convencionales, en departamentos como Boyacá, Antioquia y Tolima, que en caso de empezar a explotarse con fracking, aumentarían la producción del país en cerca de 350.000 barriles diarios, además de extender las provisiones a 16 años.

La tentación del fracking no es fácil de evadir en una economía que se ha ralentizado en los últimos años. Estudios calculan que pueden llegar más US$$30.000 millones de inversión extranjera al país, para trabajar en estos proyectos.

Actualmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está estudiando una solicitud de la Conoco Phillips para operar un campo en el departamento del Cesar.

En todo este panorama el único que se ha mostrado completamente en contra de este modelo en Gustavo Petro, que ha dicho que no permitirá el fracking de llegar a ser presidente y que, además, cambiará el modelo económico del país hacia la agroindustria y las energías renovables. El exalcalde de Bogotá propone que Colombia se convierta en una potencia alimenticia mundial, con lo cual se podrían sustituir parte de los ingresos petroleros.

 

Entre las razones que han llevado a varios países a prohibir el fracking se encuentra la contaminación de los acuíferos por los fluidos vertidos, tanto a aguas superficiales como subterráneas, además, se producen “derrames durante todo el proceso del fracking, ya sea por los transportistas de los residuos, o de las mismas estructuras que no quedan bien ajustadas”, según estudios de la Asociación Internacional de Impacto Ambiental, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el centro de investigación Tyndall Center.

Por otra parte, un artículo del New York Times encontró que de los 240 yacimientos que existen en Pennsylvania y Virginia del este y que fueron estudiados, se encontró que los mismos contenían, residuos de agua con elementos radioactivos.

Además, otra investigación publicada en la revista Sciencie encontró que en Oklahoma, Estados Unidos, uno de los estados en donde es permitida esta práctica, los sismos han aumentado 40 veces entre 2008 y 2013 con respecto a la actividad registrada entre 1976 y 2007.

Según la Asociación Colombiana de Petróleo, entre los mitos que se han difundido sobre el fracking está que contamina las aguas subterráneas, y por ende los acuíferos para el consumo humano, además de que acaba con lagos y ríos. Por otra parte, la organización dice que es falso que se incrementará la sismicidad.

“El agua subterránea está protegida por una serie de tubería selladas con cemento. Antes se hacen estudios de calidad de los acuíferos, se analizan los riesgos de una potencial contaminación y se diseñan medidas de protección”, explica un documento de la ACP sobre esta actividad.

Francisco Lloreda, presidente de la ACP, indicó que aún no es claro cuándo empezará el fracking. “El primer proceso es validar a través de un proceso exploratorio. Si se llega a encontrar recursos explotables y la Anla autoriza su desarrollo, se pasaría a fase de producción. Es decir, varios años”, dijo.

Hay que mencionar que el Gobierno, en cabeza del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha dejado claro que antes de cinco años no habrá fracking en el país, pero ya se están haciendo pruebas piloto en el Meta y Cesar.

Jueves, 24 Mayo 2018

¿Qué necesita Fajardo para construir 10 mil aulas?

Por Sofía Pérez

El candidato, que le apuesta a la educación, prometió reducir a la mitad el déficit de infraestructura educativa en Colombia en tan solo cuatro años. Analizamos qué tan viable es la propuesta.

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE, estableció como meta para el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos la construcción de 30.369 aulas de clase con el propósito de reducir el déficit de infraestructura educativa nacional en un 60%. Según el Informe de Gestión 2017 del Ministerio de Educación, hasta el año pasado se lograron 18.447 aulas entregadas y en ejecución, y se proyecta que para el final del mandato sean construidas otras 6.682, lo que dejará el déficit en 26.000 aulas para el candidato que se posesione en el próximo 7 de agosto, si es que quiere cubrir la totalidad de aulas necesarias para alcanzar el 100% de la jornada única.

Como parte de su programa de gobierno, el candidato por Coalición Colombia, Sergio Fajardo, cuya campaña se fundamenta en la educación como motor de transformación para el país, ha propuesto reducir este déficit a cerca de la mitad con la construcción y adecuación de 10.000 aulas para el año 2022.

 

 

Consultamos con varios expertos para saber si será posible cumplir esta propuesta y si el resultado podría mantenerse en el tiempo.

Financiación

La propuesta no tiene aún un presupuesto fijo, ni se han llevado a cabo los estudios de costo oficiales, pues este proceso se haría solo una vez Fajardo fuera elegido presidente. Sin embargo, de acuerdo con su equipo programático, el dinero se obtendría de los recursos actuales del FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa), complementado con un aumento al presupuesto actual de educación, pero el monto exacto va a depender del estado de los proyectos que entregue el gobierno saliente.

Al realizar un estimado, teniendo en cuenta los precios y normativas para construir en 2018, según el arquitecto Carlos Lacoste, experto en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien trabaja con la misma en arquitectura institucional, el proyecto costaría alrededor de unos 6 billones de pesos en total. Este valor tiene en cuenta los costos de mantenimiento: contratación inicial de maestros, energía, conectividad y agua potable.

Por otro lado, en el Conpes 3831 de 2015, el costo por aula construida es de 146,6 millones de pesos, lo que representa un total para la meta de Fajardo de 1,5 billones de pesos, sin incluir la compra de los lotes, pues el cálculo se realizó teniendo en cuenta los costos presentados en proyectos para los últimos cinco años e incluye baterías sanitarias, laboratorios, circulaciones e interventoría, entre otros; pero no el costo del lote.

Para financiar su propuesta educativa, Fajardo ha hablado de aumentar el gasto del gobierno para educación en un 10% anual, lo que, según él, representaría ingresos anuales cercanos a los 4 billones de pesos. De acuerdo con el Boletín Nº.151 del Ministerio de Hacienda Nacional, el presupuesto total para educación en 2018 se fijó en 35,4 billones de pesos, por lo que el 10% del aumento para el primer año sería de 3,4 billones de pesos, un valor cercano al que el candidato pregona.

Adicionalmente, de acuerdo con Jheyson Leandro Martínez, quien ha formado parte su equipo como director de medios durante los últimos diez años, gran parte del dinero que se destinará a la infraestructura educativa, se obtendrá con la disminución de la corrupción, que representa una pérdida anual de 50 billones de pesos; el problema de esta promesa es que la recuperación de esas arcas y la lucha contra la corrupción tardan años en dar frutos tangibles. El resto se obtendría por medio de alianzas público privadas y convenios internacionales.

Si se ponen en contexto estos valores, no son descabellados. La ejecución del presupuesto de inversión para infraestructura educativa en el país, de acuerdo con los informes de ejecución acumulados del Ministerio de Hacienda Nacional, ha sido de 5,47 billones de pesos para el periodo de 2015 a lo que va transcurrido de 2018. Es decir, los 6 billones que le costarían las obras a Fajardo no están tan alejados del presupuesto que se maneja actualmente para infraestructura de educación.

Así mismo, según expertos de la Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación Nacional (MEN) consultados por Colombiacheck, si se revisan los históricos del Ministerio, en los que se han llegado a construir cerca de 5.000 y 6.000 aulas en periodos de 4 años, y casi 10.000 con el Plan Nacional de Infraestructura, la propuesta es técnicamente viable. De hecho, Santos lleva más de 18 mil intervenidas en los últimos tres años.

En cuanto al porcentaje de aulas a construir, versus el porcentaje a adecuar, el equipo programático de Fajardo aseguró que este dependerá de la situación que reciban del gobierno actual, “sobre todo en términos de cuántas aulas de las cerca de 30.000 que se comprometieron entregarán y qué recursos futuros ya están comprometidos en la construcción de las aulas”

El proyecto a largo plazo

Otro aspecto preocupante de esta propuesta, es el mantenimiento a largo plazo de las aulas. De nada sirve invertir dinero en 10.000 salones, si en cuatro años que llegue un nuevo presidente no se les hace mantenimiento. Esta es la situación que viven actualmente los 80 Parques Educativos que prometió construir Fajardo en Antioquia y que ha sido un proyecto referente para su campaña presidencial.

De acuerdo con información otorgada por Omar Arango Jiménez, fiscal de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), al diario El Mundo de Medellín, solo 22 de estos están funcionando bien. Algunos, como el Parque Biblioteca España, presentan fallas en la estructura y otros están cerrados o fuera de funcionamiento.

Ante esta preocupación, Martínez responde que Fajardo no tiene forma de garantizar el mantenimiento de estas aulas; depende del gobernador de cada departamento, y no del presidente, destinar una parte de su presupuesto anual al mantenimiento de los proyectos. No obstante, según su equipo programático, trabajará con las alcaldías y gobernaciones para crear un sistema de información actualizado que identifique el déficit real de aulas.

Otra solución sería convertir el proyecto en política pública. Sin embargo, hasta el momento, no se ha planteado esta propuesta dentro de la campaña. Además, para que un proyecto se convierta en política pública tiene que tener un interés general. Según Adriana Ramírez, doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, para conseguir el mantenimiento de las aulas, Fajardo necesitaría un instrumento político (una ley) que vaya más allá de un periodo gubernamental, de tal manera que la sostenibilidad de ese proyecto no dependa del siguiente gobierno y su partido.

Por otro lado, según los técnicos consultados en el MEN, Fajardo tendría que garantizar la sostenibilidad del proyecto, por medio de estudios previos que confirmen la demanda de las aulas, antes de ejecutarlo. Es decir, tendría que demostrar que existen niños reales que necesitan las aulas. Una vez demostrado esto, por cada niño atendido, el Ministerio gira un recurso para poder sostener el proyecto en términos de pago de servicios públicos, nómina de maestros, vigilancia, aseo y alimentación escolar, entre otros.

 

* Sofía Pérez: Estudiante de periodismo de la Universidad Eafit de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.