Han sido muchas las figuras públicas que han criticado el informe final del conflicto armado interno en Colombia, como lo hizo la periodista Salud Hernández en esta columna llamada ‘La comisión, la oposición y la desvergüenza’. En la columna, la periodista afirma que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no debería “pregonar que son los primeros en dar voz a las víctimas. Justicia y Paz se la dio. La Fundación País Libre, también, entre otras muchas ONG”.

Vamos por partes: es cierto que antes de la CEV existían apuestas de organizaciones e instituciones que generaban espacios de escucha con víctimas del conflicto armado colombiano. Por ejemplo, había leyes como Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) y organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras, incluyendo también a la Fundación País Libre, así como espacios en medios de comunicación como Voces del secuestro.

Sin embargo, aunque son organizaciones que han escuchado a las víctimas, tienen diferencias con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo objetivo, a diferencia de las ya nombradas es promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas como contribución a la no repetición, estimulando de esa manera el señalamiento social de los hechos acontecidos en los escenarios de la guerra acaecida en Colombia.

 Acá les explicamos porqué la Comisión de la Verdad tiene grandes diferencias con organizaciones que, desde años antes de la fundación de la CEV, escuchan a víctimas del conflicto:

¿La CEV es la única entidad en hablar con víctimas del conflicto?

 No. De hecho, en la página 136 del capítulo de Hallazgos y recomendaciones, la CEV menciona que para profundizar cuantitativamente en el impacto de la guerra, utilizaron 112 bases de datos de análisis cuantitativo de organizaciones, fundaciones y entidades que ya desarrollaban procesos de escucha y metodologías investigativas con víctimas del conflicto armado. Esto es lo que dice:

 “Centro Nacional de Memoria Histórica, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Jurisdicción Especial para la Paz; la Procuraduría General de la Nación (PGN); la Policía Nacional; el Registro Único de Víctimas; entre otras; y 25 de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz; la Organización Nacional Indígena de Colombia; y País Libre, entre otras”, esta última mencionada por la periodista Hernández en su columna.

Pero siguen surgiendo dudas: ¿la Ley de Justicia y Paz se creó con el objetivo de escuchar a las víctimas del conflicto?

Para responder a esa pregunta, consultamos a Margarita Jaimes, profesora de derecho de la Universidad de Sucre, según ella sí es verdad que la Ley de Justicia y Paz les dio voz a las víctimas, “pero fue la Corte Constitucional mediante la sentencia C-370 la que habilitó la posibilidad y obliga la participación de las víctimas en todo el proceso. Eso transformó la intención inicial de la Ley, que era que la víctima sólo participaba en la audiencia final, la de reparaciones”.  Y es que uno de los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005, que dio origen a esta sentencia, era que la versión original de la ley desconocía los derechos que las víctimas tenían en cuanto al acceso a la verdad.

Entonces, ¿existe una ley cuyo fin sea escuchar a las víctimas del conflicto? 

Sí. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011) que pretende establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas. Según Clara Inés Chaves, diplomática y doctora en Estado de derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Salamanca, esta ley “permitió la asistencia a las víctimas del conflicto armado. Cuando nosotros escuchamos por primera vez a las víctimas, fue absolutamente novedoso, porque, por primera vez, ponía a las víctimas en el corazón del debate nacional. Es decir, a partir de esa ley, las víctimas empezaron a existir, a ser reconocidas y reparadas para la recomposición del tejido social”. 

Vale la pena señalar que ley de víctimas contempla, específicamente en el artículo 146, la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica   con el objeto de “Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia”.

¿Cómo ha aportado el Centro Nacional de Memoria Histórica a los procesos de escucha con víctimas del conflicto armado en Colombia?

El CNMH se creó para contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, “a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las víctimas, así como del deber de memoria del Estado y de todos los victimarios con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, sin ánimo de venganza y en una atmósfera de justicia, reparación y no repetición”. Este organismo ha publicado distintos informes sobre el conflicto armado, investigados con las técnicas de la historia oral, dándoles prelación a las voces de las víctimas, incluyendo el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad.

Frente al CNMH, la experta explica que este organismo estatal “es un vehículo para facilitar el esclarecimiento de los hechos violentos y la dignificación de las voces de las víctimas. El CNMH existe para la preservación de nuestra identidad, porque a través del Centro podemos reflexionar acerca de dónde venimos y reflexionar para bien o para mal para aprender de nuestra historia”.

¿Cuál es la diferencia entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad? 

Como bien lo señalamos arriba, el CNMH es el resultado de una iniciativa estatal cuyo fin es, según Ana Carolina Ardila, doctora en ciencia política y experta en asuntos de memoria histórica, “construir un acervo documental, testimonial y oral que contemple el diseño de una multiplicidad de investigaciones que aporte al conocimiento colectivo, o específico, de las afectaciones que el conflicto le dejó a Colombia. De ahí que el CNMH haga informes de hechos concretos como el del secuestro y posterior asesinato de los dipotados del Valle, la masacre de Bojayá,el Bloque Calima de las AUC, entre muchos otros”.

Ahora bien, la experta señala que a diferencia del CNMH, la CEV es un organismo que nace tras la firma del Acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc EP y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, “por lo que su objetivo es el de ofrecerle a la sociedad colombiana una explicación amplia y profunda respecto a los hechos que pudieron haber dado origen a los más de 50 años de guerra en Colombia y esclarecer los efectos y consecuencias que esta tuvo en el país. Es el espejo que nos ayuda a entender por qué nos matamos”.

Ahora bien, ¿Cuál es la diferencia que existe entre la CEV y el resto de iniciativas que había antes de su creación?

La sociedad civil incluso buscó dar voz a las víctimas desde mucho antes de que el Estado lo hiciera, por ejemplo, a través de organizaciones como la Fundación País Libre, mencionada por Salud Hernández en su columna. Esta fundación fue fundada en 1991, y está enfocada en la prevención del secuestro, la extorsión y la desaparición forzada. Así como, desde su oficio, lo hizo Movice y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Según Clara Inés Chaves, estas organizaciones que no hacen parte del aparato estatal “contribuyen a esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto, aunque no son organismos públicos, como la CEV, pueden ayudar a sanar las heridas”. Pero la diferencia radica en que la Comisión de la Verdad está regida por un mandato “que tiene por objeto investigar de manera oficial cuáles fueron los hechos que protagonizaron todos los actores del conflicto armado basados en un gran relato construido a base de todas las voces que estuvieron presentes en la historia de la guerra en Colombia”. Una de las diferencias más grandes que la experta encuentra es la de las sugerencias que la CEV le hace “al alto gobierno con el fin de fortalecer la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho”.  

En ese orden de ideas, se puede decir que, primero, la CEV sí reconoce el valor y la importancia de otras organizaciones que existían antes de ella, al utilizar datos y análisis desarrollados por estas organizaciones en varios de sus capítulos. Y la gran diferencia de la CEV con estas otras organizaciones es el mandato, cuyo origen está en el Acuerdo de Paz, que busca el reconocimiento y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia para ofrecer una explicación pública y profunda respecto a lo que tuvo que vivir Colombia en casi 60 años de guerra.