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Jueves, 15 Julio 2021

Los indígenas Awá viven secuestrados en su territorio

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

Entre 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió cuatro alertas tempranas debido a la violencia en Tumaco y el Pacífico nariñense. Esta comunidad, una de las más afectadas por las disputas entre grupos armados, ha padecido confinamientos, amenazas, desplazamientos masivos y más de 40 asesinatos en los últimos 18 meses.

Por Gualtal, una vereda de Tumaco, Nariño, está prohibido transitar con la ventanilla cerrada. El vidrio debe ir abajo para que el informante o el “campanero” de la zona puedan identificar a quienes circulan por la zona. Son órdenes de uno de los grupos armados que se disputa la zona, y que puede castigar con balazos al infractor. Ubicado a media hora del río Mira y a pocos kilómetros de un batallón del Ejército, Gualtal es un caserío que a simple vista parece abandonado y que se encuentra al borde de la vía militarizada que conecta Tumaco con Pasto. 

En el último trozo del mapa, donde el Pacífico se encuentra con la selva, hombres armados decretan horarios de circulación, siembran minas antipersonales, destierran profesores, declaran objetivo militar al gobernador indígena que no se les subordine y pagan un millón o dos millones de pesos a los jóvenes para reclutarlos, cuentan varios líderes indígenas entrevistados. 

Uno de estos grupos amenazó a los agentes de tránsito. Desde entonces no volvieron a hacer retenes, ni a pedir documentos, ni a inmovilizar vehículos en Llorente, un corregimiento cercano. “Aquí se consigue de todo. Y de lo que no hay, le consiguen”, dice un guía de la zona. Allí, el 11 de agosto de 2020, balearon a Javier Cortés Guanga, defensor de derechos humanos y gobernador del resguardo Awá Piguanbí Palangala de Tumaco, adonde solo puede ir dos veces al mes después del atentado. Algunas comunidades allí viven confinadas, y condenadas por su cercanía a los ríos Guisa y Nulpe, que desembocan en el océano entre Colombia y Ecuador. 

Durante el último año y medio, 43 autoridades, líderes, guardias y comuneros indígenas Awá han sido asesinados. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha registrado más de 200 líderes amenazados, y desplazamientos masivos en siete resguardos; cuatro de ellos en Tumaco y tres en el municipio vecino de Barbacoas. 

“En el territorio no se puede vivir. Hay mucha amenaza, mucha muerte y muchas necesidades”, dice Rider Pai, consejero mayor de la organización que agrupa a los pobladores ancestrales de la costa nariñense. De ellos quedan casi 25.000, dispersos entre Samaniego, Roberto Payán, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, donde hay 16 resguardos legalmente constituidos. “No sabemos después de este cuarto congreso cuántos iremos a caer”, dice Henry Marín, exconsejero de derechos humanos de la Unipa, refiriéndose al congreso realizado a inicios de junio para renovar las consejerías de la organización.

En el Auto N° 004 de 2009, la Corte Constitucional aseguró que los Ingal-Awá, la “gente de la montaña”, estaba en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado y por el incumplimiento “grave de los deberes de prevención y protección” del Estado colombiano. La Corte ordenó implementar planes de salvaguarda étnica para los Awá y otros 33 pueblos indígenas. Doce años después, su situación socioeconómica y humanitaria sigue igual o peor. 

Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), 14 grupos armados se disputan el Pacífico en Nariño; 10 de ellos en Tumaco: el ELN, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Marihuanos, la Gente del Orden, el Clan del Golfo, el Frente Óliver Sinisterra, el Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente Iván Ríos, los Contadores y emisarios del Cártel de Sinaloa. Según PARES, los grupos están conformados por antiguos paramilitares, exintegrantes del Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC que no se desmovilizaron. La Policía asegura que estos grupos funcionan como “redes de apoyo al terrorismo”: jóvenes sin ideología que se venden para ejecutar cualquier acto ilegal. 

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, PARES identificó “la emergencia de numerosos ‘capos’ o ‘pequeños jefes’ del narcotráfico que intensifican la exportación ilegal de cocaína mediante lanchas rápidas y semisumergibles”. Esto diversificó el control de los centros donde se acopia la droga y su envío al exterior, fortaleció a las bandas criminales que se disputan su participación en el negocio.

En un estudio sobre las dinámicas territoriales del conflicto armado antes y después del Acuerdo de Paz, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) atribuye la proliferación de estructuras criminales a la localización geográfica de Tumaco: la franja más angosta de nuestro sistema andino, entre la Amazonía y el Pacífico, con ríos navegables y salida al mar, en una zona fronteriza sin control institucional y con poca información disponible, donde fueron secuestrados y asesinados tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, en 2018. “El Estado colombiano no ha sabido entender esta región, mientras que los actores ilegales sí lo han hecho, poniendo las ventajas geoestratégicas al servicio de sus objetivos criminales”, indica CAPAZ. 

Son cuatro los corredores en disputa que ha identificado esta organización. El primero es el río Mira, cuyo último tramo cruza el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera antes de desembocar en el Pacífico. Luego los ríos Rosario, Mejicano y Chagüi, junto a la ensenada de Tumaco. Después la vía Panamericana, que comunica a Llorente con Tumaco. Y por último los ríos Telembí y Patía, que también desembocan en el mar. 

Sobre el casco urbano de Tumaco existe un interés particular sobre las rentas de la extorsión, el control de los insumos que van del puerto a la zona rural, y la cooptación de los lancheros y pescadores que transportan el clorhidrato de cocaína. 

Con la desmovilización de las FARC, según varios entrevistados, la confrontación disminuyó. “Pensábamos que el país iba a cambiar. A diario encontrábamos muertos en el río. Al firmar el proceso, eso se perdió. No escuchábamos tiros ni helicópteros. Estaba muy bonito”, dice Jaime Nastacuas, exsecretario general de la Unipa y habitante del resguardo Hojal La Turbia de Tumaco. 

El acuerdo no se acompañó con inversión social ni gobernanza institucional, y lo poco que se implementó, por ejemplo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no solucionó las angustias de los entrevistados. En Tumaco 16.524 familias se inscribieron en el programa. De ellas, casi el 73 % había recibido la totalidad de los pagos ofrecidos por la institucionalidad como parte de la “asistencia alimentaria inmediata”. En todo el departamento de Nariño solo 1.407 familias inscritas en el PNIS contaban con proyectos productivos implementados. Los datos son del informe de seguimiento de la ONU, con información hasta diciembre de 2020. Es decir, la mayoría de las familias no cuenta con proyectos ni opciones reales de sustitución voluntaria. 

Muchos beneficiarios del programa gastaron el dinero o vendieron las gallinas que les regalaron. Otra parte de los recursos cayó en manos equivocadas. “Aquí vino gente de Pasto a cobrar [subsidios del PNIS]”, dice el guía. Las reservas del Presidente y el Centro Democrático hacia el acuerdo acentúan su descalabro. “El gobierno firmó fue la muerte de campesinos, negros, indígenas, soldados y policías”, dice Eduardo Marín Taicus, habitante del resguardo Pinguambi Palangala de Tumaco. 

Los nombres de los grupos y sus dinámicas bélicas han cambiado, pero la violencia permanece. A los Awá les preocupa la cantidad de grupos, y lo difícil que resulta distinguirlos. Además, no hay interlocutores de mando con quienes hablar, como hacían las comunidades cuando el territorio estaba controlado por las FARC. “El tema es que esta gente no tiene escrúpulos. Hoy asesinan delante de las esposas y de los hijos”, dice Javier Cortés Guanga. “Con la desmovilización de las FARC puedo decir que hay más peligro que antes”, manifiesta un líder del resguardo Ñambí Piedra Verde de Barbacoas, quien ha padecido amenazas y atentados, y cuyo nombre se omite por seguridad. “Ahorita no sabemos qué actor se mueve por el territorio. Todos los días sacan diferentes nombres. Aquí están matando mucha gente. Al campesino lo matan y lo entierran como el perrito, y nadie dice nada”, asegura Jaime Nastacuas. Según Medicina Legal, desde 2017 Tumaco se ha acercado o ha superado los 200 homicidios cada año. En el municipio más violento de Nariño se cometieron 153 homicidios en 2016 y 193 en 2020. 

Hasta el 30 de junio de este año, el Registro Único de Víctimas reportó 178.788 habitantes de Tumaco como víctimas de algún hecho. La mayoría de la población vive en el casco urbano: dos islas de concreto y palafitos ganadas al mar, sin alcantarillado, apenas surtidas de agua cada martes y jueves por un carrotanque. Pero el casco urbano de Tumaco representa menos del 10 % del territorio. El resto es selva y ríos donde se cobija la ilegalidad. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define a Tumaco como un enclave nacional de la coca, donde se concentra una alta cantidad de cultivos. Como el municipio costero comprende más territorio que soberanía, permite sembrar con facilidad la planta, procesarla, movilizar y embarcar la droga hacia el exterior. Toda la cadena en un solo sitio. 

En los resguardos conocieron la fiebre de la cocaína en los 90. La coca y sus males se sigue multiplicando porque, según el exsecretario Nastacuas, en algunos resguardos los Awá venden cinco hectáreas por 100 millones de pesos a “finqueros” de Putumayo, Caquetá, Pasto y otros municipios vecinos.  

Los compradores se hacen con la tierra, deforestan, siembran coca y después de tres o cuatro cosechas venden la tierra a otro finquero. Los Awá, explica Jaime Nastacuas, pasan de dueños a peones, y el dinero de la venta se esfuma. “Después quedan en la calle tirados y no sabemos qué hacer con ese problema”, cuenta. 

Un resguardo puede medir entre 594 y 28.000 hectáreas. La gente “llegadera”, dice Eduardo Marín Taicus, siembra hasta 200 hectáreas de coca, y los Awá también la cultivan en sus resguardos. “Dos o tres hectáreas para el sancocho de los hijos, y poder educarlos”, explica Taicus. Claudia Jimena Pai, exconsejera de Mujer y Familia de la Unipa, amenazada en 2016 cuando fue fiscal del resguardo Chiringuito Mira, sobre la frontera fluvial que separa Tumaco de Ecuador, agrega que los “llegaderos” y los grupos armados se apropian de los baldíos: hectáreas que los Awá consideran propias, pero que no están legalmente incluidas en los resguardos. 

Hoy Tumaco tiene más coca que hace diez años. En el Pacífico, una región donde la ONU agrupa a Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, está la tercera parte de toda la coca colombiana: 57.897 de las 154.000 hectáreas totales, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 9 % de la coca que hay en la costa del Pacífico está sembrada en resguardos indígenas. En el informe de 2020, Tumaco se acercaba a las 9.500 hectáreas. Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca) y este municipio costero de Nariño sumaban la cuarta parte de todos los cultivos del país. La rentabilidad del negocio se había incrementado, dijo la ONU. En el adelanto del nuevo informe, el organismo internacional dice que el país redujo el número de hectáreas cultivadas a 143.000, pero elevó su producción de cocaína. 

Para la Fundación Paz y Reconciliación, el gobierno se equivoca al atacar la siembra. Esta estrategia, según la organización, golpea la economía familiar de los campesinos sin oportunidades, pero no afecta a los grandes inversionistas. “Solo se conseguirá que las dinámicas criminales se reciclen, puesto que los narcotraficantes e intermediarios continuarán con la posibilidad de financiar las estructuras armadas que garanticen su negocio”, dice la fundación.

Víctimas de una guerra ajena

Los muertos que produce el narcotráfico son proporcionales a los dividendos que genera. La coca seduce a viejos y jóvenes con su dinero, pues no hay otra actividad que pueda competir en medio de tantas necesidades insatisfechas. Los grupos armados reclutan mano de obra con su oferta de billetes, mujeres, armas y alcohol. “El número de menores actualmente involucrados con grupos armados se encuentra en el nivel más alto desde antes del Proceso de Paz”, dijo la Defensoría del Pueblo al portal InSight Crime

“Hay una vulneración de derechos porque entran sin saber lo que implica”, dice Gabriel Bisbicus, exconsejero de educación de la Unipa. El director del centro educativo del Gran Sábalo, resguardo ubicado entre Barbacoas y Tumaco, sostiene que los jóvenes normalizaron los fusiles y los uniformes camuflados, y no diferencian al Ejército de los grupos armados ilegales. “No analizan que eso va traer problemas a la familia, y a su vida misma. Se dejan llevar como de la emoción, de la ilusión. Luego ya se arrepienten, salen, los matan, o los desplazan; y lleva del bulto la familia. Es muy preocupante”, explica Bisbicus.

En las comunidades de Tumaco y el Pacífico nariñense se preguntan por el paradero de jóvenes que el narcotráfico ha raptado. En Ñambí Piedra Verde, hace tres años, fueron reclutados dos niños de 14 y 15 años. Otros se salvaron porque fueron sacados del resguardo.

Los Awá se sienten secuestrados en su propia casa. Los armados fragmentaron el territorio; cruzar una frontera invisible o transitar por un camino en la noche puede costarles la vida. El control territorial ejercido por la Guardia Indígena para evitar que el covid-19 penetre en los territorios, se suma a lista de razones que desata la furia de los grupos. En el caso del ELN, los milicianos suelen presentarse ante la comunidad vestidos de civil, y se los ve tomando en las cantinas. Los transportadores son obligados a movilizarlos, y matan a cualquiera solo porque se rumora que colabora con otro grupo. “Muchos asesinatos han llegado por la mala información. Hay personas que por ver mal al otro, lo vinculan con grupos armados”, dice el líder de Ñambí Piedra Verde que pidió reservar su nombre.  

El Ejército, según este líder, no brinda protección en los territorios. Se les reprocha el maltrato y la estigmatización de las comunidades que deben convivir y obedecer a los grupos armados. Años atrás señalaban de guerrillero a todo aquel indígena que calzara botas. “Se meten en las casas vacías, en las escuelas, en los sitios sagrados. Cogen las remesas. Si es un plátano o una gallina, se la llevan. Y si vamos por un camino, nos detienen diciendo que somos de grupos armados”, se queja el consejero mayor Rider Pai. 

A la fuerza pública también se la señala de colaborar con algunos grupos. “A veces va el Ejército abriendo camino para que entren los otros. O entran juntos”, dice el gobernador Francisco Javier Cortés Guanga. “Los asesinatos ocurren cerca de donde está la fuerza pública”, agrega el exconsejero Henry Marín.  

La presencia de actores armados, legales o ilegales, pone en riesgo la vida, la autonomía, la unidad y la cultura, pilares de la armonía territorial para los Awá. En sus 31 años de existencia, la Unipa registra más de 800 líderes asesinados, autoridades y comuneros. Claudia Jimena Pai dice que las mujeres dejaron de usar vestidos, pues facilitaba el trabajo de los violadores armados. “El rol de las mujeres era criar a los hijos, transmitir nuestra lengua, nuestro tejido. Cuando muere el esposo por el conflicto armado, ya no se puede dedicar a la crianza, sino que les toca buscar trabajo”, explica la exconsejera. 

La Fiscalía y la Procuraduría, sostiene Claudia Jimena Pai, no han mostrado voluntad de atender las recientes denuncias, ni diligencia para reparar los daños provocados por la reciente crisis humanitaria. La Cola de la Rata y La Liga pidieron a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Unidad de Víctimas y al Ejército información sobre las acciones implementadas para mitigar la crisis de los Awá. No hubo respuesta. 

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Tumaco respondió que viene trabajando con todas las secretarías y dependencias de la administración para "brindar soluciones a todas las necesidades” de la población Awá. Entre las acciones que adelanta, detalló proyectos de inversión (en fase de estudio) en instalaciones de electricidad, dotación de estanques para proyectos piscícolas, y mejoramiento de algunas escuelas. El monto de la inversión en cuatro resguardos (Santa Rosita, Inda Guacaray, Inda Sabaleta, Piguambí Palangala) supera los 4.000 millones de pesos.

“Mientras cualquier gobierno municipal, departamental y nacional le deje la responsabilidad de desarrollo a la mata de coca, esto no va cambiar”, dice el gobernador Cortés Guanga. “A veces también sentimos frustración nosotros los adultos. Hemos luchado 31 años. Son innumerables las necesidades”, lamenta Gabriel Bisbicus.

En el cuarto congreso de la Unipa era evidente la alegría de los jóvenes cuando bailaban o hacían sonar la marimba y el tambor. Son fugaces los momentos en que viven la vida que quieren, y no la que impone la violencia armada. Aunque tienen una entidad de salud propia, casas de paso para los desplazados y talento para las artes, la Unipa no logra evitar el sufrimiento de los Awá: todavía algunos mueren de hambre, las mujeres sufren complicaciones en el parto, los resguardos quedan a oscuras por la noche y sus jóvenes se suman al narcotráfico.

Los líderes Awá temen convertirse en las próximas víctimas. “Yo me levanto de mi cama, me encomiendo a Dios, a los espíritus; y me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”, confiesa Javier Cortés Guanga con la voz entrecortada. 

Martes, 24 Agosto 2021

Una mafia devastó la selva en Chocó

Por Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio*

Durante siete años, en una zona controlada por paramilitares, una red de minería ilegal explotó oro en ese departamento. Dos estadounidenses de origen iraní, representados por la firma de Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, habrían iniciado las actividades. Varios miembros de la red fueron sentenciados antes de salir libres.

Hassan Jalali Bidgoli, de 54 años, es desarrollador de bienes raíces. Su socio, Amir Mohit-Kermani, de 51, es quiropráctico y forma parte de Corse Clienti, un programa de Ferrari que permite a sus abonados competir en carreras profesionales y de aficionados. Ambos viven en Miami, pero en Colombia están involucrados en un caso de minería ilegal, según un expediente judicial que contiene condenas a cinco miembros de una red. Las actividades, de acuerdo con documentos de Cámara de Comercio, se dieron a través de dos sociedades constituidas en Medellín y Quibdó en 2011: Tala Internacional Trading SAS y Talbras SAS.

Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.
Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.

Según el expediente, Moisés Ortiz, exrepresentante legal de esta última empresa, integró una organización criminal que extrajo oro sin títulos mineros ni licencias ambientales en los municipios de Río Quito y Medio San Juan, en Chocó. La red explotaba una desembocadura del río Atrato el 5 de diciembre de 2018, cuando un juez emitió 13 órdenes de captura que incluyeron a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani.

Ninguno de los dos ha sido condenado ni investigado en Colombia, aunque fueron mencionados en el expediente contra cinco integrantes de la organización (Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda) sentenciados en 2019 por daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos de oro y concierto para delinquir. “No ha existido nunca orden de captura” en contra de los dos iraníes, dijo Juan José Salazar, un abogado de la firma de Diego Cadena que los representa. Salazar no envió pruebas.

David Nunez, quien defiende a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos, reconoció que los abogados en Colombia han estado en comunicación con la Fiscalía desde que les informó, en febrero de 2019, sobre una indagación preliminar contra ellos. Nunez admitió que sus clientes recibieron una circular azul de Interpol, que implicaba conocer su ubicación, pero no extradición o solicitud de arresto internacional.

Hassan Jalali Bidgoli

Amir Mohit-Kermani

Retratos de Hassan Jalali Bidgoli (izquierda) y de Amir Mohit-Kermani. Crédito: Rowena Neme.

La fiebre del oro

El abogado Nunez aseguró que sus clientes no comercializaron “un solo gramo de oro” y detalló que en 2010 “le prestaron (dinero) a Carlos Marulanda”, un colombiano que tenía la intención de “comprar oro en Colombia e importarlo a Estados Unidos para venderlo”. Jalali Bidgoli conoció a Juan Carlos Marulanda porque era uno de sus subcontratistas de albañilería en el negocio de la construcción en Estados Unidos. En 2010, Marulanda se dedicaba a la compraventa de oro junto con Josecarlo Souffront, un venezolano radicado en Colombia desde 2009. Las versiones de Marulanda y Souffront son distintas a las de los empresarios de origen iraní.

Al menos hasta 2011, Souffront dijo que compraba y vendía pequeñas cantidades del mineral para revenderlas en Miami, hasta que un brasileño le ofreció una oportunidad de comprar una draga en sociedad. Señaló que fue en ese momento cuando Marulanda le habló de los empresarios de Miami.

Marulanda explicó que a Jalali Bidgoli le llamó la atención el negocio porque en ese tiempo la construcción se vino al piso, y que cuando la gente ve que algo tan pequeño tiene tanto valor se ilusiona. Lo llamó “la fiebre del oro”. 

Él le contó a Souffront que había unos socios en Estados Unidos que querían invertir dinero en el oro y le presentó a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en febrero de 2011.

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El sustrato es molido en las dragas y mezclado con mercurio. Luego se bota al río afectando el cauce, el caudal y contaminando las aguas. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

El abogado Nunez explicó que tras seis meses de espera, Marulanda no devolvió el préstamo. Dijo que les pagó con la mitad de unos equipos de minería que compró sin el consentimiento de los iraníes, y que la otra mitad pertenecía a un socio a quien Nunez no identificó. Marulanda negó que haya realizado alguna transacción como préstamo. Tanto él como Souffront dijeron que los iraníes invirtieron 100.000 dólares para comprar una draga y que ellos pusieron otra parte del dinero. Había otro socio, el brasileño Flavio Pereira; un experto técnico en minería, según Souffront.

Pero según este último y Marulanda las cosas empezaron a cambiar. Ambos señalaron que Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani usaron a Souffront para aprender del negocio del oro y luego trataron de sacarlo. “Pasaron de ser unos inversionistas a tratar de involucrarse en mis operaciones (...) Pasamos de una relación amigable a una extremadamente hostil”, dijo Souffront. Explicó que se negó a trabajar con ellos y ofreció devolver el dinero y revertir el tema de la draga.

Aseguró, además, que una organización ilegal dedicada al cobro de dinero lo buscó y aceptó “transferir” sus operaciones a cambio de unos 50 millones de pesos en dos cheques (unos 28.499 dólares de la época). En Medellín operan las llamadas “oficinas de cobro”, herederas del Cartel de Medellín, que se dedican también al narcotráfico, la extorsión y otros delitos. Souffront dijo que huyó de Colombia meses después, en octubre de 2011.

El abogado Nunez señaló que sus clientes “no habían contratado a nadie para cobrar la deuda del préstamo”.

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Las retroexcavadoras y las dragas son las herramientas utilizadas para levantar el sustrato de la ribera y el fondo del río para buscar oro. Rio Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Un antiguo socio de Souffront y de los iraníes, que se mostró reacio y temeroso, y solo aceptó hablar bajo reserva de su identidad, confirmó el relato del venezolano sobre haber sido obligado a negociar y luego despojado de su negocio.  Otra fuente, que prefirió no ser identificada, también confirmó la versión.

Por su parte, Marulanda dijo que no ha hablado con Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani desde finales de 2011, después de que vendió dos vehículos en un intento por pagar parte de su inversión con ellos. Luego, huyó de Colombia. Marulanda y Souffront fueron entrevistados desde lugares que no identificamos por su seguridad. 

“Hacían cosas ilegales” 

Según Nunez, para recuperar “sus pérdidas”, los iraníes decidieron crear la Comercializadora Tala International Mineral Trading SAS, mencionada por la Fiscalía. Luego conocieron a Ángela Salazar, abogada colombiana “que se presentó como experta en leyes de la minería”. Según ellos, Salazar dijo que obtendría licencias para que pudieran explotar legalmente oro en Colombia. La contrataron para crear la empresa Talbras SAS (también mencionada por la Fiscalía) y encargarse de los asuntos jurídicos. Salazar declaró que Talbras fue constituida por trabajadores de Jalali Bidgoli en diciembre de 2011: Diego Tamayo, primer operador de dragas; y Gustavo Bermúdez, segundo auxiliar administrativo, para “ganar tiempo sacando papeles de Jalali y Kermani”.

La relación entre los empresarios y Salazar se volvió tensa. “Empezamos a tener discusiones (...) Cada vez que yo les presentaba sitios donde había título minero y licencia ambiental, no les interesaba. Empezamos a notar que ellos hacían cosas ilegales”, dijo la abogada.
Consultado sobre lo dicho por Salazar, el abogado Nunez respondió que "es completamente inexacto”. “Nada de eso es cierto. Mis clientes NUNCA se dedicaron a la actividad minera en Colombia".

Salazar también relató que todo empeoró cuando apareció Moisés Ortiz, primo de la suegra de Jalali Bidgoli. Querían alguien de confianza para encargarle la gerencia del proyecto. Él quedó encargado, “los señores Jalali y Kermani se convirtieron en propietarios pasivos”, explicó el abogado Nunez. 

La relación entre Ortiz y Salazar se rompió cuando ella fue despedida y acusada de robo por él. Ella lo niega. Salazar a su vez presentó una demanda laboral por falta de pago. La contraparte negó violaciones laborales y ganó la demanda que Salazar atribuye a un giro inesperado en la actitud del juez.

Lo más grave ocurrió después. Según la abogada, Ortiz empezó a decir en un corregimiento del municipio Unión Panamericana, en Chocó, que ella era informante del Ejército. “Y que por mi culpa se hacían los operativos (contra la minería). Cosa que es falsa. Me echó a la guerrilla, a los paramilitares”, dijo la abogada. Un minero le recomendó irse.

Donde hay oro, hay paras

Toda organización criminal vinculada a la minería ilegal en Chocó debe transar con los grupos armados. “Las máquinas no entran, porque te las queman. Hay que estar con alguno de los grupos para entrar, y pagar los impuestos que ellos imponen”, dijo una fuente.

Una mañana de lluvia, en diciembre de 2020, este equipo periodístico navegaba de Río Quito a Quibdó, entre 15 dragas que trabajaban sin pausa, cuando una lancha con dos hombres les cerró el paso. Detuvieron la embarcación en un montículo de tierra donde aguardaban tres jóvenes vestidos con botas de caucho, sudaderas impermeables y cachuchas negras. Preguntaron a los reporteros por qué tomaban fotos y quiénes eran. Tras escuchar una versión improvisada, dieron la orden de seguir. Según confirmó la comunidad, eran paramilitares.

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El oro extraído de manera artesanal a través del barequeo es legal. Es una actividad ancestral que se realiza en los territorios de los consejos comunitarios en Chocó. Río Quito. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Todos los grupos llevan su tajada, incluida la fuerza pública, explicó un draguero que pidió omitir su nombre por seguridad. “Un 8 % (de las ganancias del oro) va para los paracos. (Además), van uno o dos policías o soldados a la draga (y dicen): ‘bueno, venimos por la parte de nosotros’. Cada draguero sabe que saca de su bolso 20 o 30 millones (de pesos, equivalentes a entre 5.507 y 8.261 dólares) y se los entrega”, contó. Según sus cálculos, una draga deja hasta 400 millones de pesos al mes. A cambio del dinero, los miembros de la fuerza pública les avisan con antelación sobre los operativos contra la minería ilegal. La abogada Salazar dijo que es un secreto a voces el pago de vacunas en Chocó. “O paga, o lo secuestran, o lo matan”, dijo.

El exvicefiscal general, Jorge Perdomo, explicó que el comercio de minerales preciosos “ha tomado un realce importante como medio de subsistencia económica de las organizaciones delincuenciales”. Entre otras razones cita “la facilidad de transportar el producto, la existencia de un mercado lícito que –en algunas ocasiones– se entremezcla con la ilegalidad y hace casi imposible su rastro”. A ello se suma “la abundante demanda de minerales que hay en países desarrollados”. “Esto hace que la minería ilegal se convierta en una fuente de financiación más rentable que el mismo narcotráfico”, dijo Perdomo.

Una organización devastó la selva

Moisés Ortiz estuvo al frente del proyecto de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani. Meses antes de la disolución de la empresa (Talbras) –relacionada con Jalali Bidgoli–, en abril de 2013, Ortiz creó Vencol Mineral SAS, que prestaba servicios de explotación minera. En junio de ese año, la organización tenía al menos dos dragas y cuatro excavadoras en Río Quito, a 30 kilómetros de Quibdó, según una inspección de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.

En septiembre de 2014, Codechocó abrió un proceso sancionatorio a Ortiz por realizar actividades mineras con el entable Vencol sin licencia ambiental. En diciembre de 2020 decidió archivar el proceso porque no pudo encontrar su cédula. Codechocó lo puso en estos términos: “Para poder declarar a un infractor responsable (...) se le debe tener plenamente identificado e individualizado”. Cuestión Pública halló su nombre y número de cédula en bases de datos públicas, como el Registro Único Empresarial (RUES). 

A través del abogado Nunez, los iraníes negaron cualquier nexo con Vencol, pero reconocieron que su participación “se limitó a proporcionar el equipo de minería que utilizaría Vencol en la ejecución de su contrato con la asociación minera local”. Además negaron tener conocimiento de que Ortiz utilizó el equipo para hacer minería ilegal.

En 2017 Codechocó encontró responsable a Victorino Parado, representante de la mina Vencol Mineral S.A.S., vinculada a esta red. Lo multó por la comisión de infracciones ambientales por 427 millones de pesos, sanción que no había cancelado para abril de 2021, según Codechocó. 

 

En el expediente judicial no se aclara en qué año la red llevó su operación de Río Quito hacia el corregimiento de San Miguel, al sur del Chocó. Pero sí se explicó que una vez allí creó una nueva empresa, Dragados San Miguel S.A.S. También señala que Moisés Ortiz “consiguió relacionar a la organización” con Walter Cordero, que manejaba el Taller Industrial Cristian Camilo en Istmina, donde “se fabricaban parte de las dragas”. Ese 2017, la fuerza pública incautó tres dragas a la organización.

En 2013 la red operaba a toda máquina, y no era la única. Ese mismo año, Codechocó estimó que en el río Atrato y sus afluentes, como río Quito, existían 200 entables mineros y 54 dragas. En 2015 el Centro de Estudios Tierra Digna, en representación de varios consejos comunitarios, instauró una tutela contra la Presidencia y otras entidades para salvar al Atrato de la minería ilegal.

Un año después la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades. Las autoridades incrementaron los operativos de control, pero el negocio de la red siguió. La organización simplemente bajó dos dragas al corregimiento de San Miguel, municipio del Medio San Juan. “Esto es tan rentable que (la draga) la queman (las autoridades) y al otro día hay dos nuevas. Es una cosa medio tonta, pero bueno, sirve para el show”, explicó el economista Mario Valencia, coautor del informe “Investigando los flujos ilícitos en el sector del oro para mayor transparencia”. 

Erbin Velásquez Mosquera, ingeniero ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó y excontratista de Codechocó, visitó dos de las dragas de Vencol, con gran poder de extracción, en la comunidad de Paimadó en Río Quito, en 2013. “El primer impacto fue ver que habían desviado el cauce del río. Le abrieron una brecha para donde necesitaban el agua. Lo secaban, lo inundaban según su conveniencia. Talaban toda la zona, metían la maquinaria. Ya el agua no bajaba cristalina”, recuerda Velásquez, uno de los pocos que aceptó identificarse en esta investigación.

En el corregimiento San Miguel también habrían afectado el río. “Les quedaba lejos, entonces hicieron una desviación (...). Eran varias hectáreas afectadas, hay nichos ecológicos que no se van a recuperar”, señaló una persona que conoció de cerca el caso contra Ortiz.

Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani, a través del abogado Nunez, dijeron que ellos no ejecutaron ninguna actividad minera y que entraron al negocio porque Marulanda les debía dinero del préstamo mencionado arriba. “Nunca exportaron oro desde Colombia, directa ni indirectamente. No participaron en lavado de activos”, señaló su defensa.

Hace unos 20 años el río Quito era una enorme serpiente dorada cuyo cauce atravesaba la tupida selva chocoana, una de las regiones más biodiversas del mundo. Imágenes satelitales muestran esa majestuosidad, hoy devastada por la minería ilegal desarrollada sin títulos mineros ni licencias ambientales.  

Transformación del curso y la ribera del río Quito entre 1984 y 2020. En esa zona operaron las dragas de Vencol.

Del río solo queda un cauce deforme contaminado por el mercurio. También sobresalen islotes que se forman con la tierra que expulsan las dragas. Alrededor se extienden hectáreas donde el bosque fue devorado.

La abogada Salazar, especialista en temas relacionados con la minería y exasesora de Talbras (la empresa relacionada con Jalali Bidgoli), explicó que la minería ilegal fluvial ocasiona un “daño irreversible” al medio ambiente y genera el “desplazamiento masivo de fauna”. Aseguró que “los iraníes sí sabían” de estas consecuencias y que su operación minera en Chocó era ilegal porque no contaban con los permisos. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó que ninguna persona o empresa de esta red estaba autorizada para extraer minerales.

En un estudio sobre la calidad del agua en el departamento, Codechocó halló que en 2017, cuando la red seguía activa, la contaminación era alta en el río Quito. Ese mismo año la deforestación en Chocó era superior a las 13.000 hectáreas. En Colombia, de las 98.000 hectáreas dedicadas a la extracción de oro, el 66 % se usan para la minería ilegal, según un informe de la ONU. 

En Chocó la situación es peor. El departamento ocupa el segundo lugar en producción de oro, pero el 90 % se hace de forma ilegal, según Giovanni Ramírez, que trabajó en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. En 2017 la Contraloría encontró en Río Quito 200 compañías mineras, pero solo se habían otorgado cuatro títulos mineros. La Contraloría le llamó la atención a Codechocó por su “débil control ambiental”. 

La mortífera sombra del mercurio

Jaime, un minero artesanal de Río Quito, contó los problemas de salud que ha tenido por estar expuesto a la contaminación por mercurio. “Muchas cosas han resultado en mi cuerpo, me iba a morir”, dijo. “Estuve en Bogotá, en Medellín, asustado porque tenía problemas del corazón, en el cerebro; me duele todo el cuerpo, se me encogen las piernas del dolor”, continuó.

No es un caso aislado. Según informes de la Defensoría del Pueblo, retomados por la Corte Constitucional, en las comunidades indígenas de Quiparadó (pueblo Wounan) y Juinduur (pueblo Emberá), que habitan en el bajo Atrato, tres menores de edad murieron y otros 64 se intoxicaron por ingerir agua contaminada en 2013. 

Un año después, el defensor reportó la muerte de 34 niños por razones similares en la comunidad indígena Embera-Katío, sobre la cuenca del río Andágueda, a unos 36 kilómetros de Río Quito. En este último municipio ya estaban operando las dragas de la red que investigamos, de acuerdo con el expediente judicial.

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El mercurio es usado en la extracción de oro. La Organización Mundial de la Salud considera que puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

La Organización Mundial de la Salud señala que el mercurio puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. En 2016 el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad de Córdoba (UC) desarrollaron un estudio con 1.096 personas de 11 municipios en Chocó. El 47,3 % (519) estaban intoxicadas con mercurio, según los parámetros establecidos por el INS. Este químico también afecta a los peces. Un estudio de la Universidad de Cartagena encontró que en zonas mineras algunas especies del Chocó superan tres veces los límites permitidos de concentración de mercurio, como reveló Baudó AP en 2018. 

Debido a la contaminación y a los riesgos para la salud, en julio de 2018 entró en vigencia la prohibición total del mercurio para la minería en Colombia. Pero la medida no ha hecho diferencias, ni siquiera en las operaciones judiciales para acabar con la minería ilegal. Tanto las importaciones de mercurio como su llegada a las dragas siguen intactas, según un draguero.

La impunidad 

Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda, miembros de la red, recibieron sentencia el 30 de agosto de 2019 a cuatro años de prisión y una multa de 11.939.979.285 pesos. Ninguno fue a prisión. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó les concedió la suspensión condicional de la pena bajo supervisión durante ese tiempo pagando 4.140.580 pesos. Antes de la sentencia, en marzo de 2019, una jueza le dio permiso a Camargo para trabajar como soldador en un taller propiedad de Cordero. 

Cuatro meses después de la condena, el abogado Harlan Lozano le pidió a un juzgado de Quibdó un permiso de viaje de turismo para sus representados Camargo y Ortiz con el fin de ir a Noja, Cantabria (España). Esta petición, que en principio no fue rechazada por el juzgado, luego fue retirada por Camargo, que no explicó si ese viaje sería pagado con su sueldo de soldador o con otros dineros.

“Me da lástima ver que hay casos como este en el que solo capturan a los peones y los líderes quedan sanos”, dijo una autoridad judicial cercana al caso. “Esto es la motivación y forma de trabajar de la Fiscalía (...). Y hasta donde sé, el fiscal no lo intentó, se quedó con sus capturas y dejó el otro tema (el de los iraníes)”, agregó otra fuente que conoce el proceso. Edgardo Pacheco, fiscal del caso, dijo que ha hecho su trabajo conforme a la ley y que sus superiores están informados sobre este caso.  

“Hacer minería no es criminal como tal (si se tiene licencia ambiental), pero en el proceso de comercialización del oro sí aparece una actividad criminal. El propósito es ocultar ingresos ilegales”, señaló Valencia. El oro, fácil de transportar, sirve para lavar dinero o para evitar el pago de impuestos de otras actividades. El Estado, según Valencia, tiene muy poca capacidad para perseguir el lavado de activos en Colombia.

El oro extraído puede ser legalizado de varias formas. En una de ellas las personas hacen fila en las compraventas de oro de Quibdó. Allí, con falsas afiliaciones al registro nacional de barequeros (mineros artesanales), venden pequeñas cantidades del mineral, mientras las compraventas reciben tras bambalinas muchos más gramos entregados por emisarios de las mafias.

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La minería artesanal para extraer oro está protegida por la ley al ser una actividad ancestral de las comunidades de los ríos Quito y Baudó. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Otro sistema, descrito por el medio Portafolio en junio de 2016, es legalizar el oro bajo títulos mineros de comunidades afro o indígenas que tienen permiso para vender, pero sin licencia ambiental. Según un reporte de 2017 de la OCDE, muchos compradores de oro en Chocó son “compraventas satélite de comerciantes establecidos en Medellín (...) que están involucrados en todo tipo de negocios locales”. Fedesarrollo señala que el 99 % de estas transacciones son en efectivo, y esto dificulta el rastreo del dinero. Legalizado el oro, las compraventas lo funden en lingotes y lo venden a comercializadoras en Bogotá y Medellín. Según contaron el draguero y un joyero, es común que el oro salga en vuelos de Satena desde Quibdó hacia Medellín.

Las empresas luego lo exportan, de manera informal casi siempre, a Estados Unidos, Suiza y Canadá, según un informe publicado en febrero de 2021. “El oro es muy fácil sacarlo. Una persona puede llevar unas cadenas, un reloj, unos anillos, y lleva 100 o 200 millones de pesos. No tiene que reportarlo porque en teoría no es mercancía”, señaló el economista Valencia.

Vida de lujo en Miami

En el registro de propiedades de Miami Dade, Estados Unidos, Jalali Bidgoli, su esposa Viviana Vargas-Jalali y su red de compañías acumulaban 12 propiedades hasta abril de 2021. Los bienes tienen un valor de 22 millones de dólares (unos $80.000 millones de pesos). El emporio de Jalali Bidgoli se extiende a dos predios con valor de 7,7 millones de dólares (28.000 millones de pesos), comprados por su empresa Sahel Corp, donde está situado el hotel Ocean Five en Miami. En la dirección de uno de los inmuebles también hay una empresa homónima a la que tenían en Colombia: Tala International Mineral Trading Llc. Además ha estado vinculado con al menos 43 compañías en la Florida, de acuerdo con Sunbiz, el registro de empresas de ese estado. Su presencia empresarial se ha extendido también a paraísos fiscales como Bahamas y Panamá. 

Mohit-Kermani, por su parte, adquirió en 2004 una casa en Miami avaluada en 7,1 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesos). Ambos disfrutan de sus lujos. Los autos, las propiedades y su vida en Miami brillan frente al empobrecido Chocó.
OCCRP se comunicó con Harlan Lozano –quien representó a Cordero– y Cristino Parra Mosquera, defensor de Ortiz y Arias. Ambos indicaron que solo responderían en sus oficinas en Chocó. Por temas de seguridad, la alianza periodística no accedió. El resto de implicados no pudo ser localizado. Vea en el enlace la respuesta completa en inglés del abogado de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos.

*Este informe también contó con reportes periodísticos de OCCRP. Además, Kevin Hall y Antonio Delgado reportaron para McClatchy y El Nuevo Herald, respectivamente. El reportero de seguridad nacional de la Oficina de McClatchy en Washington, Michael Wilner, y la investigadora del Miami Herald, Monika Leal, también contribuyeron.

Encuentre el especial periodístico completo aquí: https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-inicio 

Esta investigación forma parte de #EnElTerreno, una iniciativa de La Liga Contra el Silencio que busca, a través de sus medios aliados, contar historias en las regiones silenciadas de Colombia.