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Jueves, 01 Julio 2021

Los menonitas acumulan en los Llanos una tierra con pasado turbio

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio

La comunidad religiosa adquirió al menos 32.253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial. Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.

Alexander Álvarez vivió sus primeros años en las sabanas de Puerto Gaitán, Meta, cuando no había reservas ni resguardos indígenas. Eran territorios libres, habitados por el pueblo sikuani. En los ochenta su familia salió del territorio amenazada de muerte por colonos de la región, como antes habían salido otros indígenas que temían ser reclutados por las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, o asesinados en las cacerías de indígenas conocidas como “guahibiadas”. 

Los primeros intentos por volver a Iwitsulibu, como llaman al territorio que reclaman y a su propia comunidad, no fueron posibles. “Ya había fincas y resultaron dueños, ganado y sembrados”, cuenta Álvarez, líder de la población. En 2009 la comunidad regresó del Vichada y tuvo que instalarse en Únuma, un resguardo indígena ubicado en Puerto Gaitán, pues no pudieron ingresar al que consideran territorio ancestral. En Únuma viven al menos 1500 indígenas, la mayoría de la etnia sikuani, en chozas de plástico, tablas y lona. 

Gran parte de las tierras que reclaman los indígenas está en manos de los menonitas, de origen europeo, que llegaron desde México a Puerto Gaitán en 2016 (ver primera entrega “Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta) con un proyecto agroindustrial para una zona que concentra al menos  31  predios de origen baldío.

Este amplio territorio, según las leyes colombianas, está destinado a las comunidades indígenas, o a campesinos pobres. Pero terminó controlado por una de las tantas colonias menonitas que existen en América Latina.

Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio, en esta segunda entrega, encontraron que este grupo religioso ha acumulado en los Llanos al menos 32.552  hectáreas, un área cercana al área urbana de Bogotá. Uno de estos predios todavía es un baldío de la nación, varios tuvieron irregularidades en su adjudicación y otros estuvieron en poder de un narcotraficante, socio del paramilitar y narcotraficante conocido como ‘Memo Fantasma’

Acumulación en tierra ancestral

Las colonias menonitas están ubicadas en la zona rural de Puerto Gaitán, a media hora de la población más cercana. Sus casas modernas y sus parcelas prosperan en medio de extensas sabanas, junto a cultivos de palma aceitera y maderables. Algunos predios adquiridos por esta comunidad, antes usados para criar ganado, no registraban uso ni ocupación de al menos una década.

Los menonitas llegaron por primera vez a Puerto Gaitán en 2014. Dos años más tarde unas 30 familias se asentaron allí y conformaron su primera colonia: Liviney. 

Según los certificados de Tradición y Libertad de los siete predios que conforman Liviney, cada uno mide mil hectáreas. En cada predio hay una parcela familiar. Los menonitas dicen que cada familia compró su terreno de forma individual. En la finca Liviney se encuentran la iglesia, la escuela de los niños y el cementerio. Allí, según las comunidades indígenas, está Ripialito, uno de sus sitios sagrados, donde enterraron al abuelo de Alba Gaitán, líder sikuani de Barrulia, otra comunidad reclamante.

Al principio los menonita tuvieron que adecuar los suelos ácidos de la región para sembrar monocultivos de arroz, soya y maíz. Al tiempo construyeron vías para  comunicar las colonias. Así se expandieron a medida que llegaban más integrantes de la comunidad. Según dicen, invirtieron mucho en la adquisición de predios, maquinaria y construcciones. “El año pasado mejoró la cosecha, pero los primeros años fueron difíciles. Yo vine en febrero de 2017 y en la primera cosecha perdí plata”,  dice uno de los líderes. 

Mapa de las colonias menonitas en Puerto Gaitán, Meta. Información recolectada de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López. 

Los colonos extranjeros construyeron un puente que conecta al sector de Liviney, a través del caño Chavilonia, con el sector de La Australia, la segunda colonia más grande de la comunidad, conformada por siete predios que suman otras 7000 hectáreas. Al sur está la colonia La Florida y otras fincas que operan de manera independiente, como San Roque, La Cabaña y Campo Alegre. Al norte se encuentra el sector de Las Piedras, con seis predios que suman alrededor de 6000 hectáreas. Allí está la mayoría de predios reclamados por la comunidad sikuani Iwitsulibu.

Fiebre por la tierra

La comunidad religiosa adquirió los predios a través de hipotecas a cinco años, pero la transferencia de la tierra figura en los documentos de tradición y libertad solo después de finalizado el pago. Por eso no es posible rastrear la totalidad de los predios que ocupan los menonitas y otros que están en proceso de compra. Sin embargo, en entrevistas a vecinos, trabajadores de parcelas contiguas, imágenes satelitales e información de las oficinas de instrumentos públicos, se pudieron determinar los predios que conforman sus cuatro colonias en Puerto Gaitán.

La Ley 160 de 1994, que regula los terrenos de origen baldío, prohíbe que un actor privado adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —extensión de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia subsista—. En Puerto Gaitán corresponde a predios entre las 1000 y 1340 hectáreas. La norma busca evitar que grandes empresas o terratenientes acumulen tierra destinada a campesinos sin ella.

Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita, dice que la adquisición de los predios se ha hecho de manera individual para la explotación familiar y no como comunidad, sin violar la ley. Díaz mostró una tabla de Excel donde están distribuidos los propietarios y el número de hectáreas en proceso o ya compradas, sin superar, según ella, el límite de la UAF. “Cuando salimos de México cada uno tenía su parcela y así entramos acá también; cada quien en su propia tierra, de manera individual”, señala un integrante de la comunidad. 

La colonia menonita tiene por lo menos 32 mil hectáreas, según los certificados de tradición y libertad. 

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, que apoya con abogados a dos comunidades indígenas sikuani reclamantes, afirma que los menonitas al operar como una organización estarían concentrando tierras. “Si son una comunidad religiosa, ya de entrada están acumulando. No tienen personería jurídica, pero sí lo hacen desde sus integrantes. Ellos lo pueden dividir, pero al final es una única familia, la comunidad, quien se beneficia”, dice un vocero de la Corporación. 

De acuerdo con Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la compra fraccionada de tierra a través de familias se asemeja a la maniobra, aparentemente legal, a través de la cual varias empresas de agroindustria adquirieron grandes extensiones de tierra en la Altillanura, como fue el caso de la compañía estadounidense Cargill

En 2013 la Contraloría de Colombia denunció a empresas nacionales y extranjeras por comprar tierras que superaban la UAF usando sociedades de papel. Según Salinas, los menonitas estarían acumulando tierras a través de maniobras legales para eludir la restricción de la Ley 160. 

Ellos responden que compran y trabajan la tierra de forma individual. Pero sus colonias funcionan de maneras similares a otras empresas agroindustriales de la región, como La Fazenda, del Grupo Bios, con la cual comparten una vía de ingreso. De acuerdo con la ONG Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, según los estándares internacionales, los menonitas pueden considerarse una empresa, pues realizan actividades comerciales. 

Según los certificados de tradición y libertad de algunos predios, varios menonitas venden la cosecha al grupo Bios y a la empresa arrocera Florhuila (ver certificado). Además, en la cadena de suministros es evidente que trabajan de forma conjunta para vender las cosechas. Los menonitas, como comunidad, importan los materiales y maquinarias necesarias para la cosecha de todos; un porcentaje de las ganancias se invierte en infraestructura dentro de la colonia. 

De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, estas operaciones comerciales corresponden a medianos y grandes propietarios. Esto, bajo los Principios de Rectores de la ONU, los obliga a no afectar los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas.

En febrero de este año la Fiscalía pidió información a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán sobre las sociedades que los menonitas presuntamente usaron para comprar tierra y vender sus cosechas. El documento menciona a las empresas Alphafeheliviney Farm SAS, Viosion productiva del Meta SAS, Agrícola del campo Australia SAS, Productores Florida SAS, Agroindustria Llanos La Esperanza SAS y Agrícola ENNS del Llano SAS, cuyos representantes son menonitas dueños de fincas. 

Según Jenny Díaz, abogada de los menonitas, estas empresas dejaron de funcionar hace mucho. Sin embargo, varias tienen matrícula mercantil activa y se dedican al cultivo de cereales y actividades posteriores a la cosecha. 

La llegada de estos proyectos agroindustriales se estimuló en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; y ahora en el de Iván Duque, con el objetivo de “reconquistar la Altillanura y convertirla en la despensa agrícola más grande del país”, según un informe de la ONG Indepaz. Desde hace 10 años empresas nacionales y transnacionales han expandido allí sus proyectos agroindustriales, entre ellas el mencionado Grupo Bíos.

Para la abogada Salinas Abdala, esto se conoce como “la extranjerización de la tierra”, una política apoyada desde organismos internacionales como el Banco Mundial.  Se otorga a multinacionales incentivos económicos para que exploten la tierra en la producción de alimentos. “Con negociaciones que no son del todo transparentes y dentro de una debilidad institucional”, dice el informe Así se roban la tierra en Colombia, de la ONG Semillas.  

La extensa compra de tierras de los menonitas no es un caso aislado. Existen 214 colonias que han adquirido unas 3,9 millones de hectáreas en nueve países latinoamericanos, una extensión que supera el área de los Países Bajos, según una investigación de la Universidad McGill. En Paraguay esta comunidad figura entre los mayores 15 propietarios, con 2 millones de hectáreas que corresponden al 4,5 % del territorio, según reseñó la organización internacional Oxfam en su informe Yvy Jára.

El pasado de las tierras

Según la abogada de la comunidad, Jenny Azucena Díaz, antes de la adquisición de los predios se realizó un estudio de títulos para asegurar que la transacción de la tierra fuera legítima. Sin embargo, algunos de los terrenos comprados tienen en su historia adjudicaciones irregulares y transacciones donde figuran narcotraficantes. En otros casos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han iniciado investigaciones de clarificación de baldíos sin haber adelantado hasta hoy la recuperación de estas fincas.

Un documento de 2014 del Incoder sobre la investigación de la historia del sector La Australia indicaba el inicio de transacciones de falsa tradición (no titularidad del predio), que empezó en 1979 cuando era considerado un solo predio y no siete como está actualmente. En dicho documento los poseedores eran Rosenda Garzón, Belisario, Abelardo y Oliverio Céspedes. 

El predio fue transferido en 1992 a Rodrigo Vargas Cuéllar, capturado en España en 2003 por lavar alrededor de 165 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según Insight Crime, Vargas Cuéllar fue socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’ y líder de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), capturado el 25 de junio de 2021 por blanquear dineros de paramilitares. Además fue señalado en España de pertenecer a la banda que mandó asesinar al esmeraldero y narcotraficante, Leonidas Vargas, quien también acumuló predios en la zona.

El proceso del Incoder sobre La Australia cerró tras encontrarse siete adjudicaciones de fincas que coincidían y conformaban la totalidad del predio, realizadas entre 1997 y 2000. De acuerdo al auto del Incoder, siete integrantes de una familia con los apellidos Rodríguez Marín recibieron las tierras el 27 diciembre del 2000, después de comprar las mejoras a Vargas Cuéllar.

Según la investigadora Yamile Salinas Abdala, la Ley 160 permite que se entreguen varios predios baldíos a distintos miembros de una familia, pero prohíbe a los beneficiarios de las adjudicaciones tener otras propiedades a su nombre. Esta investigación encontró que uno de los compradores de la familia, Rodrigo Jiménez Marín, adquirió un predio antes de la adjudicación en Restrepo, Meta.

Otro de los requisitos que impone la Ley 160 para la entrega de predios es haber ocupado tres terceras partes de la tierra solicitada, o haber tenido una ocupación de al menos cinco años. De acuerdo con relatos de algunos habitantes del sector, la familia Jiménez llegó en el mismo año que recibió los predios de La Australia. 

Otro predio relacionado con el narcotráfico es Florida 1, una finca de 934 hectáreas. Según su certificado de tradición y libertad, fue adjudicada en 1993; luego fue vendida entre 2003 y 2005. En 2007 llegó a manos de Carlos Gutiérrez Pachón, alias ‘Pitin’, un piloto que transportó droga hasta su captura en Brasil en 2007. 

En 2014, tras varias transacciones, Florida 1 fue comprada por la empresa Soluciones Globales y Logísticas de Transporte, cuya representante legal es Edelmira Gutiérrez Buitrago, hermana de Carlos Gutiérrez Buitrago, quien fue extraditado de Bolivia a Brasil por el delito de narcotráfico en 2019.  

Otro terreno nunca salió formalmente de manos del Estado, y podría ser un baldío. Las imágenes satelitales y una investigación por tala mecanizada adelantada por Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, determinaron la ocupación de los menonitas en las 6.200 hectáreas que comprenden el predio Campo Alegre. El folio de matrícula prueba que el predio no ha sido adjudicado.

El Incoder, en una resolución de 2014, inició la recuperación de baldíos ocupados indebidamente en Campo Alegre. Pero las mejoras del terreno hoy pertenecen a los herederos de Slotkus Gaillausis Wenceslao, un lituano que falleció en 2016. El folio de matrícula no registra arrendamiento o compra del predio por parte de los menonita. Sin embargo, según varios vecinos, desde hace tres años esta comunidad está en el predio con sus monocultivos de soya y maíz. 

Como se expuso en la primera entrega de este especial, Cormacarena abrió una investigación al miembro de la comunidad menonita Abraham Wolle Frosse por la tala de bosque de sabana en ese predio.

Según los certificados de tradición y libertad, los menonitas han formalizado la compra de sus tierras desde 2018.

Indígenas versus menonitas

Las comunidades indígenas despojadas de sus territorios en los Llanos Orientales se han organizado en los últimos 20 años para reclamar sus tierras. Los indígenas sikuani de Iwitsulibu iniciaron el proceso en 2016, basados en un decreto de 2014 que permite solicitar la protección de los territorios despojados a comunidades indígenas. Cerca de 11.000 hectáreas solicitadas corresponden al sector de Las Piedras, explotado por la comunidad menonita junto a terceros.

“En Las Piedras hay ocho sitios sagrados, y tres con cementerios”, señala Alexander Álvarez, líder sikuani de Iwitsulibu. “Cuando mi papá llegó, por ahí en el año 1930, no existía la palabra reserva o resguardo. Tumbaban montañas, sembraban cultivos, hacían canoas”, cuenta. Según el líder, la violencia de Guadalupe Salcedo, las masacres conocidas como “guahibiadas” y la presencia paramilitar los obligó a huir.

“Cuando vi la maquinaria y los arados en los predios, yo me presenté. Les dije que ese territorio lo estaba solicitando hace mucho tiempo como medida de protección. Ellos [los menonitas] me dijeron que habían comprado”, cuenta Álvarez. 

La Agencia Nacional de Tierras ha tardado en tramitar las solicitudes de los indígenas. Por eso ellos volvieron a sus territorios en los últimos dos años. La comunidad Iwitsulibu regresó en enero de 2020 a uno de los predios reclamados, ubicado en el sector Piedras. 

La ANT solicitó que los indígenas no podían ser desalojados, amparándose en el Decreto 2333 de 2014,  pero la comunidad Sikuani fue expulsada un mes después por la Policía Nacional. Además, la comunidad sigue esperando la visita técnica de la entidad de tierras, que ya fue pospuesta tres veces, por lo que decidieron tomar el territorio reclamado. 

Los menonitas y su abogada Jenny Azucena Díaz dicen que en un principio existió una buena relación con los indígenas. “La entrada a los territorios era de libre acceso, hubo colaboraciones de dinero, paneles solares y trabajos por días. Sin embargo, con el tiempo esas ayudas se volvieron extorsiones al punto de convertirse en amenazas”, dice Díaz. Los menonitas dicen que hicieron denuncias en la Fiscalía.

Entre los trabajos que esa comunidad ofreció a los indígenas está el ‘espigeo’, que consiste en recoger el maíz sobrante de la cosecha. Según la investigación de Rutas del Conflicto “Tierra de Nadie”, este trabajo es informal y no cumple los requisitos laborales mínimos. De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, los menonitas están obligados a contratar dentro del marco legal como la empresa que son. Esto puede considerarse como un forma de esclavitud que precariza la mano de obra.

Mientras los indígenas esperan acciones de la ANT y la URT, los menonitas siguen comprando tierras en la Altillanura para ampliar su negocio agroindustrial, en una tierra que, según la Ley 160, debe dedicarse a comunidades pobres, indígenas y afro. Este año han formalizado la compra de tres predios más, que oscilan entre los 1.000 y 3.000 millones de pesos. 

“Nos perdimos un tiempo porque en los años 50, indígena que veían, indígena que mataban. Ahora que retornamos, queremos sembrar y vivir en nuestro territorio, donde están enterrados nuestros ancestros”, dijo el líder indígena. 

*Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga hablaron con Justapaz, una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que está en el país desde los años ochenta y se ha dedicado a la construcción de paz y a la reconciliación de zonas en conflicto. Esta comunidad no tiene relación con la de Puerto Gaitán, y manifestó que el grupo asentado en el Meta responde solo a la iglesia en México. 

Martes, 25 Mayo 2021

“Enciérrenlas y ahóguenlas”: abuso policial en Palmira durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las noches del 2 y 3 de mayo, muy cerca de Cali, varios manifestantes sufrieron una represión inédita entre los cultivos de caña. El comandante de la Policía desconoce las denuncias registradas por el Comité de Derechos Humanos, pero abundan testimonios que involucran a la fuerza pública.

“Nos iban a violar. Nos metieron la pistola en la boca y nos amenazaron. Nos tocaron por todos lados, y nos decían: ‘Las vamos a matar, ¡zorras!’ Y nos metieron al lado del cañaduzal”, contó una mujer en un video que circuló el 3 de mayo en Palmira, Valle del Cauca. Las imágenes, también publicadas en Twitter, se sumaron a las denuncias de violencia sexual que acumula hasta ahora el paro nacional. 

La Defensoría del Pueblo registró, entre el 28 y el 14 de mayo, 87 casos que incluyen tocamientos, amenazas y tortura contra contra distintas personas por parte de agentes de la fuerza pública. A este saldo se sumó la denuncia conocida el 20 de mayo, en la cual una policía asegura haber sido torturada y abusada sexualmente por civiles en un CAI de Cali durante las manifestaciones del 29 de abril. 

En Palmira, según el Comité de Derechos Humanos, al menos 48 personas resultaron heridas y 10 mujeres denunciaron violencia de género durante “la larga noche de los cañaduzales”, como describen allí a las dos jornadas continuas de confrontación entre el Esmad y los manifestantes, el 2 y 3 de mayo.

“En el resto del país aún no entienden la magnitud de todo lo que está pasando acá”, declaró Óscar Escobar, el alcalde de Palmira. El abuso policial y las protestas continuas, según dijo, nunca se habían visto así en la ciudad. Desde el 28 de abril las principales vías del municipio han estado bloqueadas; escasean los vegetales y la gasolina, y la basura no se recoge con la frecuencia habitual. 

El 10 de mayo abrieron un corredor humanitario que ha permitido la entrada de algunos víveres esenciales. Mientras tanto, un centenar de jóvenes construyó campamentos improvisados en la carretera Palmira-Cali, entre vastos cultivos de caña, y en coordinación con la Asamblea Popular, junto a estudiantes, profesores y otras personas que impulsan la organización comunitaria y el paro nacional.

Campamento en bloqueo del sector conocido como "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Nos descartan por ser humildes. Por eso estamos en esta lucha, y seguiremos hasta cuando el gobierno nos escuche”, dijo un joven al que llamaremos Santiago. Él hace parte de la primera línea de resistencia, el grupo que está de forma permanente en los puntos de bloqueo; la vanguardia que enfrentó a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Como muchos otros, por temor, el muchacho prefirió ocultar su rostro y su nombre. 

El miedo en el cuerpo

Juanita, una estudiante de 25 años, jamás había participado en una movilización en Palmira. Ella salió a marchar desde el 28 de abril, animada por el descontento colectivo frente al proyecto de reforma tributaria que el presidente Iván Duque presentó ante el Congreso. Su indignación creció con los asesinatos que se contaron en los primeros días del paro. Por precaución, siempre protestaba de día. Juanita, tampoco es su nombre real. 

“Me habían invitado de noche, y yo dije que no. Las mujeres siempre vamos a estar en desventaja. Hay matorrales, no hay energía. Pueden ser policías o manifestantes. Somos vulnerables”. En todo esto pensó ella en la tarde del 2 de mayo, antes de acudir al llamado que la primera línea hizo por redes sociales pidiendo bolsas de leche para mitigar el ardor de los gases lanzados por el Esmad. 

El miedo de las mujeres hacia las manifestaciones lo confirma el conteo de la Defensoría del Pueblo y de varias organizaciones no gubernamentales. El 13 de mayo se conoció la historia de una joven de 17 años que se suicidó tras denunciar otro caso de violencia sexual por parte de cuatro policías que habría ocurrido en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Popayán. El hecho fue negado por el general Ricardo Alarcón, comandante de la regional 4 de la Policía. Horas después, cuatro uniformados involucrados en la detención fueron separados de sus cargos mientras se investiga el caso.

Jóvenes de primera línea tras sus escudos protectores.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El domingo 2 de mayo en Palmira, junto a una de sus amigas, a quien llamaremos Andrea, Juanita decidió apoyar la movilización. A las 5 de la tarde le entregó unas bolsas de leche a una joven de la primera línea y se alejó. En pocos segundos, mientras buscaban la salida, ambas se vieron envueltas entre los gases del Esmad. Entonces decidieron resguardarse en un arbusto junto a los cañaduzales. Un policía, según Juanita, las abordó con violencia. “¡Perras hijueputas! Acá solo están los vagos, los vándalos”, les gritó.

La descripción de Juanita incluye más abusos. Dos policías, declaró, les vaciaron las mochilas que llevaban y tiraron a su amiga al piso. “Ahí le metieron mano para sacarle el celular que tenía aquí (señala su pantalón en los genitales)”, dijo. Según su recuerdo, después los hombres levantaron a Andrea tomándola del pelo y a ambas las arrastraron al menos un kilómetro entre insultos y bolillazos hasta llegar al peaje CIAT, ubicado entre Palmira y Cali, donde la tortura continuó.

“Palmira es un municipio donde la violencia sexual es alarmante. El extenso monocultivo de caña lo convierte en un escenario de terror para las mujeres, especialmente por la oscuridad. Igual pasa con los asesinatos, que son casi diarios”, dijo Camila, asesora legal de Juanita y Andrea e integrante del Comité de Derechos Humanos de Palmira. 

Camila no es su verdadero nombre. Ni siquiera los defensores de derechos humanos escapan del miedo, pues temen sumarse a las 15 personas que recibieron amenazas en Palmira durante los primeros 20 días del paro. Varias personas que han participado de las movilización, según el Comité de Derechos Humanos del municipio, fueron señaladas en un panfleto firmado por “la mano negra”. Camila conserva su cédula, a diferencia de las víctimas que representa. “A todas se las robaron, y eso es muy simbólico. Hasta la identidad les quitaron”, dijo.

A esta violencia, según la abogada, se suma la negligencia institucional. “Enviamos la denuncia de Juanita y Andrea a la Fiscalía al menos tres veces, porque no la encontraban en la bandeja de entrada del correo”, contó. Camilia considera esto revictimizante y no concibe que esta misma situación hubiera ocurrido con las otras víctimas que aún están en shock o son menores de edad. Una semana después de los hechos, Juanita puede dar una entrevista frente al cañaduzal aún con temor. Entre las demás, algunas cerraron sus redes sociales; otras siguen en silencio o encerradas en sus casas.

Ante la Fiscalía se han radicado solo tres denuncias, pero la abogada acompaña a diez mujeres que dicen haber sido violentadas en los cañaduzales o en la vía que conecta a Cali y Palmira entre el 2 y el 3 de mayo. Las denuncias incluyen tocamientos, insultos, hostigamientos de carácter sexual y golpizas.

A Jennifer Melo, psicóloga de varias mujeres que han denunciado estos abusos, los testimonios la desbordaron. “En la noche del lunes me encontré a una nena que tenía la cabeza ensangrentada, y me contó: ‘Ellos a mí no me penetraron físicamente, pero me penetraron la cabeza y el alma. Me dijeron que era una perra, una guerrillera, una vándala; me patearon, me tiraron al suelo’”, recordó. Para Melo, además de la violencia física, existe un impacto psíquico que será más difícil de sanar. 

Una de las mujeres integrante de la primera línea en el bloqueo de "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El coronel Germán Manrique, comandante de la Policía de Palmira, dijo el 11 de mayo que no conocía las denuncias. “Discúlpame. Como suceden las cosas no hay tiempo para eso. Son 22 personas del Esmad que deben estar adelante para no ser superados, y ese día había por lo menos 500 jóvenes que ya iban muy adelante (y que tenían el deber de dispersar)”, declaró. 

Represión desmedida

“Nos metimos a los cañaduzales y ellos (la fuerza pública) comenzaron a quemarnos con gasolina. Nos comenzaron a tirar gases, a ahogarnos. Muchos jóvenes salieron con tiros en las espaldas, en las piernas. Nos gritaban que nos iban a matar, que nos tenían ahí cercados”, recordó Santiago, el integrante de la primera línea, sobre la noche del 2 de mayo. 

Al día siguiente, según dijo, fue peor. Recibió unos golpes que le dejaron una rodilla herida, corrió por los cañaduzales en un acoso que duró seis horas. El Esmad lanzó gases y aturdidoras; se escucharon disparos y varios jóvenes salieron heridos.

“Los compañeros con tanto gas se estaban ahogando”, contó Santiago. La altura de los cultivos casi dobla la de una persona. Hay mosquitos, mucho pantano, las hojas de la caña afiladas. Por ahí corrieron decenas de manifestantes en completa oscuridad. Una semana después de los hechos seguían allí algunos objetos: la espuma de un brasier, bolsas de leche, una llanta quemada, la placa de una moto. 

Extensiones de cañaduzales que bordean la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Camila, quien se animó a volver, recordó el lugar como un campo de guerra. En camas de cartón atendieron a los heridos que se iban sumando a medida que caía la noche. “Quién haya estado ahí, no volverá a ver ese lugar igual”, dijo. En su teléfono, como en los de otros defensores de derechos humanos, están los videos que muestran heridas a quemarropa, moretones y hemorragias.

El coronel Manrique aseguró que del Esmad solo pudieron salir gases y aturdidoras. También mencionó rumores. “Gente de esas fincas no quería que se les metieran. Cuando vieron que se les metió toda esa gente... Hay algo que está lastimosamente muy de moda, que no ha arreglado el gobierno, y es la venta de armas traumáticas que llaman, que en realidad son armas de fuego”, dijo.

El coronel tiene una explicación para cada abuso. Frente a una fotografía donde un uniformado del Esmad le apunta a un joven de cerca, concede. “No lo niego. Puede que haya habido (golpes y heridas), pero son pocos. No lo niego, pero para eso son los elementos que tienen el Esmad”, señaló.

Según el Comité de Derechos Humanos, entre las noches del 2 y 3 de mayo se contaron 38 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo presentó entonces un listado nacional, y allí la vía Cali-Palmira encabezó la tragedia con 28 desaparecidos entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Algunos reportados como desaparecidos en realidad se habían resguardado en los cañaduzales durante horas. Otros, por temor, pasaron la noche en casas de amigos, con los teléfonos descargados, o incluso, según múltiples denuncias que conocen en el Comité, robados por agentes de la Policía. 

El 19 de mayo, en Palmira, todavía se reportaban ocho personas con paradero desconocido, de acuerdo con la información de los defensores de derechos humanos. Óscar Escobar, el alcalde, debió disculparse después de negar la magnitud de los hechos cuando dijo que solo conocía de cinco heridos, mientras en redes sociales rodaban videos con decenas. El desfase de las cifras, según Escobar, se explica porque muchos heridos fueron atendidos por brigadas de voluntarios, mientras al hospital Raúl Orejuela Bueno y a la Clínica Santa Bárbara solo llegaron unos pocos. 

Actividad cultural en el bloqueo de "La Y" el martes 10 de mayo.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Pero a los defensores de derechos humanos y a los manifestantes de la primera línea lo que realmente les molestó fue que el alcalde no diera la orden de detener el Esmad, aunque fue advertido: “Alcalde, paren ya; la cuenta (de heridos) que tengo es larga”, le escribió Jhonier Flórez, integrante del colectivo Francisco Isaías Cifuentes y miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio. Escobar dice que la noche del 3 de mayo habló con un alto mando de la Policía y le pidió retirar al Esmad. “Me explicó que no lo podíamos hacer, que había una orden de proteger la infraestructura nacional”, contó el alcalde. 

Nada nuevo bajo el sol

La última vez que el Esmad reprimió una protesta en Palmira fue en noviembre de 2018, cuando los estudiantes se unieron a las movilizaciones del país y exigieron mayor financiación para la educación superior pública. Antes, en 2008, un intento de toma del peaje CIAT, ubicado a dos kilómetros de la zona urbana, también derivó en una confrontación. Pero nada puede compararse con este paro nacional, aunque este municipio valluno exhibe una tradición de lucha popular estimulada por la presencia de varios sindicatos de corteros de caña y de los miles de estudiantes que albergan sus nueve universidades.

Para Jhonier Flórez el estallido social en Palmira es una respuesta lógica ante dos realidades. Por un lado, el proceso de politización de la juventud en el municipio. Y por el otro, fallas en la gestión de Iván Duque que evidenciaron un conflicto social antes relegado por el conflicto armado. 

Flórez es vocero del Comité de Derechos Humanos de Palmira, un espacio al que se han sumado universidades, colectivos de la sociedad civil y organizaciones humanitarias desde hace dos años, con el fin de garantizar, entre otras cosas, que la acción policial no sea abusiva en un municipio donde hay al menos 468 cámaras de vigilancia en la zona urbana y dos comandos de Policía en cada extremo. 

Bloqueo en MonteResistencia, uno de los puntos de concentración de la movilización en Palmira. | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El Comité nunca tuvo tanto trabajo como en las últimas semanas. Sus cerca de 15 integrantes duermen poco, y entre ellos se reparten asuntos como monitorear los puntos de bloqueo y las manifestaciones convocadas, mediar en las detenciones arbitrarias, responder a la prensa, dialogar con la institucionalidad y representar a las víctimas. Todos están exhaustos, y algunos de ellos viven amenazados. 

El trabajo constante ha fijado en la cabeza de Jhonier Flórez los hitos del paro en su localidad. El 28 de abril, primer día de convocatoria, dice que se movilizaron cerca de cuatro mil personas en Palmira, un hecho sin precedentes. Luego vinieron marchas más atomizadas, pero también masiva, de educadores y profesionales de la salud. El 5 de mayo, el alcalde Óscar Escobar participó en una de ellas, que transcurrió en calma y luego terminó con el incendio del peaje de CIAT. Según la primera línea, esto ocurrió por unos infiltrados. Según el coronel Manrique fueron los mismos manifestantes, que habían alentado esta quema. Según los defensores de derechos humanos, todo ocurrió en condiciones que hasta ahora no se aclaran.

El peaje es una suerte de Florero de Llorente. “En el Valle del Cauca tenemos casi cinco peajes en menos de 30 kilómetros alrededor. ¡Eso es un abuso!”, dijo Flórez. 

Peaje del CIAT en la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Palmira es un paso estratégico en el Valle del Cauca. Por eso los asentamientos de los jóvenes de la primera línea se han ubicado en las principales entradas del municipio. Existen dos bloqueos urbanos. Uno conocido como “La Y”, que empieza en el centro comercial Llano Grande, avanza un kilómetro hasta el peaje y conecta con la vía a Cali. Y otro ubicado en Monteclaro, un barrio popular habitado históricamente por corteros de caña, que ha sido rebautizado durante el paro como “MonteResistencia”. Esta vía comunica a Palmira con otros municipios del norte del Valle del Cauca, como Guacarí y Buga. Además, hay otros dos puntos bloqueados por comunidades campesinas en El Bolo y Aguaclara. 

Santiago, el joven manifestante de la primera línea, dice que la sociedad los ha visto como “descartables”. Así se ha sentido siempre. Según él, las protestas no van a parar hasta que no se garanticen unos mínimos vitales para él y los suyos, todos muchachos de las clases populares. “A muchos nos echaron del trabajo cuando supieron que estábamos aquí”, dijo. 

Según Jhonier Flórez, los manifestantes han admitido que en los puntos de resistencia hay miembros de pandillas, y durante el paro han usado los bloqueos como zonas de distensión en el conflicto urbano que suele trazar fronteras invisibles entre un barrio y otro. “Hoy los une una sola causa: responder al trato militar de la protesta social”, aseguró el defensor.

En los bloqueos de Palmira es evidente la cuota de poder espontáneo que estos jóvenes difícilmente querrán perder. La vieja guardia, integrada por gente de las universidades públicas o los sindicatos, quisiera organizar a los recién llegados para evitar los desmanes. Pero estos nuevos actores quieren hacer las cosas a su manera, bajo la atención de la prensa, con la solidaridad de personas que les llevan comida y el acompañamiento de los defensores de derechos humanos. Y han cedido en la negociación. Por ejemplo, permitieron un corredor humanitario para el suministro de víveres esenciales al municipio. “Estos pelados comen tres veces al día, a diferencia de muchos que en su casa no lo hacían. Aparte están recibiendo el cariño que tampoco tenían en su casa”, explicó Flórez. 

¿Quién manda?

“Sí, las órdenes de proceder ese día las di yo”, dijo el coronel Germán Manrique,  comandante de la Policía de Palmira. Manrique explicó que se demoró en pedirle al Esmad que atacara y dejó avanzar lo que más pudo a los manifestantes el 2 de mayo.

No podía ser de otra manera, según Manrique, pues la amenaza de los muchachos era destruir el peaje. Durante los primeros días de las manifestaciones solo había policías uniformados con chalecos reflectivos, pero luego enviaron al Esmad. “Estaban tirando mucha piedra, entonces decidimos cambiar el esquema”, contó Manrique.

Con toda la fuerza que había disponible, una sección del Esmad con 22 hombres llegó al sitio. “Nunca tuvimos más Esmad, porque el resto estaban en otro lado (en la zona más cercana al aeropuerto). Esos 22 muchachos estuvieron conmigo todos esos días de corrido. Cuatro días duramos ahí”, dijo el coronel.

El Comité de Derechos Humanos, en su reporte sobre la correlación de fuerzas, registró al menos el doble de policías del Esmad. Juanita asegura que, además del Esmad, había uniformados de la policía, los mismos que las metieron a la fuerza a una habitación del CAI junto al peaje. 

Bloqueo de "La Y", a la altura del centro comercial Llano Grande.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Ya habían tirado a mi compañera al cañal y le habían metido mano. Yo les dije: ‘No, no me voy a meter’. Nos metieron a ese cuarto que tenía un baño al lado y llegaron tres del Esmad, diciendo ‘ay, tenemos ganas de orinar’”, contó Juanita. Según su relato, las miraron con morbo y buscaron la manera de que ellas vieran sus genitales. Se burlaron, las humillaron. Después dieron la orden a los demás policías: “Enciérrelas y ahóguenlas con gas”. Y así fue. 

Para Juanita pronto terminaría parte de la tragedia. Para otras apenas empezaba. “Un agente de tránsito nos ayudó, nos dio agua. Luego llegaron los policías cagados de la risa. Segundos después llegaron los de derechos humanos y nos sacaron de ahí, porque los policías ya estaban grabando, diciendo que nosotras teníamos bombas”, recordó. 

Por eso todavía tienen miedo. Además de la violencia sexual, de los bolillazos y los insultos, algunas de las mujeres que decidieron denunciar han recibido amenazas y presiones para que callen. Varias siguen confinadas en sus casas, convencidas por un mensaje que parece ir dirigido a todas las mujeres: que protestar no es su derecho, y hacerlo las vuelve vulnerables frente a los hombres de la Policía Nacional.