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Jueves, 01 Julio 2021

Los menonitas acumulan en los Llanos una tierra con pasado turbio

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio

La comunidad religiosa adquirió al menos 32.253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial. Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.

Alexander Álvarez vivió sus primeros años en las sabanas de Puerto Gaitán, Meta, cuando no había reservas ni resguardos indígenas. Eran territorios libres, habitados por el pueblo sikuani. En los ochenta su familia salió del territorio amenazada de muerte por colonos de la región, como antes habían salido otros indígenas que temían ser reclutados por las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, o asesinados en las cacerías de indígenas conocidas como “guahibiadas”. 

Los primeros intentos por volver a Iwitsulibu, como llaman al territorio que reclaman y a su propia comunidad, no fueron posibles. “Ya había fincas y resultaron dueños, ganado y sembrados”, cuenta Álvarez, líder de la población. En 2009 la comunidad regresó del Vichada y tuvo que instalarse en Únuma, un resguardo indígena ubicado en Puerto Gaitán, pues no pudieron ingresar al que consideran territorio ancestral. En Únuma viven al menos 1500 indígenas, la mayoría de la etnia sikuani, en chozas de plástico, tablas y lona. 

Gran parte de las tierras que reclaman los indígenas está en manos de los menonitas, de origen europeo, que llegaron desde México a Puerto Gaitán en 2016 (ver primera entrega “Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta) con un proyecto agroindustrial para una zona que concentra al menos  31  predios de origen baldío.

Este amplio territorio, según las leyes colombianas, está destinado a las comunidades indígenas, o a campesinos pobres. Pero terminó controlado por una de las tantas colonias menonitas que existen en América Latina.

Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio, en esta segunda entrega, encontraron que este grupo religioso ha acumulado en los Llanos al menos 32.552  hectáreas, un área cercana al área urbana de Bogotá. Uno de estos predios todavía es un baldío de la nación, varios tuvieron irregularidades en su adjudicación y otros estuvieron en poder de un narcotraficante, socio del paramilitar y narcotraficante conocido como ‘Memo Fantasma’

Acumulación en tierra ancestral

Las colonias menonitas están ubicadas en la zona rural de Puerto Gaitán, a media hora de la población más cercana. Sus casas modernas y sus parcelas prosperan en medio de extensas sabanas, junto a cultivos de palma aceitera y maderables. Algunos predios adquiridos por esta comunidad, antes usados para criar ganado, no registraban uso ni ocupación de al menos una década.

Los menonitas llegaron por primera vez a Puerto Gaitán en 2014. Dos años más tarde unas 30 familias se asentaron allí y conformaron su primera colonia: Liviney. 

Según los certificados de Tradición y Libertad de los siete predios que conforman Liviney, cada uno mide mil hectáreas. En cada predio hay una parcela familiar. Los menonitas dicen que cada familia compró su terreno de forma individual. En la finca Liviney se encuentran la iglesia, la escuela de los niños y el cementerio. Allí, según las comunidades indígenas, está Ripialito, uno de sus sitios sagrados, donde enterraron al abuelo de Alba Gaitán, líder sikuani de Barrulia, otra comunidad reclamante.

Al principio los menonita tuvieron que adecuar los suelos ácidos de la región para sembrar monocultivos de arroz, soya y maíz. Al tiempo construyeron vías para  comunicar las colonias. Así se expandieron a medida que llegaban más integrantes de la comunidad. Según dicen, invirtieron mucho en la adquisición de predios, maquinaria y construcciones. “El año pasado mejoró la cosecha, pero los primeros años fueron difíciles. Yo vine en febrero de 2017 y en la primera cosecha perdí plata”,  dice uno de los líderes. 

Mapa de las colonias menonitas en Puerto Gaitán, Meta. Información recolectada de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López. 

Los colonos extranjeros construyeron un puente que conecta al sector de Liviney, a través del caño Chavilonia, con el sector de La Australia, la segunda colonia más grande de la comunidad, conformada por siete predios que suman otras 7000 hectáreas. Al sur está la colonia La Florida y otras fincas que operan de manera independiente, como San Roque, La Cabaña y Campo Alegre. Al norte se encuentra el sector de Las Piedras, con seis predios que suman alrededor de 6000 hectáreas. Allí está la mayoría de predios reclamados por la comunidad sikuani Iwitsulibu.

Fiebre por la tierra

La comunidad religiosa adquirió los predios a través de hipotecas a cinco años, pero la transferencia de la tierra figura en los documentos de tradición y libertad solo después de finalizado el pago. Por eso no es posible rastrear la totalidad de los predios que ocupan los menonitas y otros que están en proceso de compra. Sin embargo, en entrevistas a vecinos, trabajadores de parcelas contiguas, imágenes satelitales e información de las oficinas de instrumentos públicos, se pudieron determinar los predios que conforman sus cuatro colonias en Puerto Gaitán.

La Ley 160 de 1994, que regula los terrenos de origen baldío, prohíbe que un actor privado adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —extensión de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia subsista—. En Puerto Gaitán corresponde a predios entre las 1000 y 1340 hectáreas. La norma busca evitar que grandes empresas o terratenientes acumulen tierra destinada a campesinos sin ella.

Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita, dice que la adquisición de los predios se ha hecho de manera individual para la explotación familiar y no como comunidad, sin violar la ley. Díaz mostró una tabla de Excel donde están distribuidos los propietarios y el número de hectáreas en proceso o ya compradas, sin superar, según ella, el límite de la UAF. “Cuando salimos de México cada uno tenía su parcela y así entramos acá también; cada quien en su propia tierra, de manera individual”, señala un integrante de la comunidad. 

La colonia menonita tiene por lo menos 32 mil hectáreas, según los certificados de tradición y libertad. 

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, que apoya con abogados a dos comunidades indígenas sikuani reclamantes, afirma que los menonitas al operar como una organización estarían concentrando tierras. “Si son una comunidad religiosa, ya de entrada están acumulando. No tienen personería jurídica, pero sí lo hacen desde sus integrantes. Ellos lo pueden dividir, pero al final es una única familia, la comunidad, quien se beneficia”, dice un vocero de la Corporación. 

De acuerdo con Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la compra fraccionada de tierra a través de familias se asemeja a la maniobra, aparentemente legal, a través de la cual varias empresas de agroindustria adquirieron grandes extensiones de tierra en la Altillanura, como fue el caso de la compañía estadounidense Cargill

En 2013 la Contraloría de Colombia denunció a empresas nacionales y extranjeras por comprar tierras que superaban la UAF usando sociedades de papel. Según Salinas, los menonitas estarían acumulando tierras a través de maniobras legales para eludir la restricción de la Ley 160. 

Ellos responden que compran y trabajan la tierra de forma individual. Pero sus colonias funcionan de maneras similares a otras empresas agroindustriales de la región, como La Fazenda, del Grupo Bios, con la cual comparten una vía de ingreso. De acuerdo con la ONG Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, según los estándares internacionales, los menonitas pueden considerarse una empresa, pues realizan actividades comerciales. 

Según los certificados de tradición y libertad de algunos predios, varios menonitas venden la cosecha al grupo Bios y a la empresa arrocera Florhuila (ver certificado). Además, en la cadena de suministros es evidente que trabajan de forma conjunta para vender las cosechas. Los menonitas, como comunidad, importan los materiales y maquinarias necesarias para la cosecha de todos; un porcentaje de las ganancias se invierte en infraestructura dentro de la colonia. 

De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, estas operaciones comerciales corresponden a medianos y grandes propietarios. Esto, bajo los Principios de Rectores de la ONU, los obliga a no afectar los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas.

En febrero de este año la Fiscalía pidió información a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán sobre las sociedades que los menonitas presuntamente usaron para comprar tierra y vender sus cosechas. El documento menciona a las empresas Alphafeheliviney Farm SAS, Viosion productiva del Meta SAS, Agrícola del campo Australia SAS, Productores Florida SAS, Agroindustria Llanos La Esperanza SAS y Agrícola ENNS del Llano SAS, cuyos representantes son menonitas dueños de fincas. 

Según Jenny Díaz, abogada de los menonitas, estas empresas dejaron de funcionar hace mucho. Sin embargo, varias tienen matrícula mercantil activa y se dedican al cultivo de cereales y actividades posteriores a la cosecha. 

La llegada de estos proyectos agroindustriales se estimuló en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; y ahora en el de Iván Duque, con el objetivo de “reconquistar la Altillanura y convertirla en la despensa agrícola más grande del país”, según un informe de la ONG Indepaz. Desde hace 10 años empresas nacionales y transnacionales han expandido allí sus proyectos agroindustriales, entre ellas el mencionado Grupo Bíos.

Para la abogada Salinas Abdala, esto se conoce como “la extranjerización de la tierra”, una política apoyada desde organismos internacionales como el Banco Mundial.  Se otorga a multinacionales incentivos económicos para que exploten la tierra en la producción de alimentos. “Con negociaciones que no son del todo transparentes y dentro de una debilidad institucional”, dice el informe Así se roban la tierra en Colombia, de la ONG Semillas.  

La extensa compra de tierras de los menonitas no es un caso aislado. Existen 214 colonias que han adquirido unas 3,9 millones de hectáreas en nueve países latinoamericanos, una extensión que supera el área de los Países Bajos, según una investigación de la Universidad McGill. En Paraguay esta comunidad figura entre los mayores 15 propietarios, con 2 millones de hectáreas que corresponden al 4,5 % del territorio, según reseñó la organización internacional Oxfam en su informe Yvy Jára.

El pasado de las tierras

Según la abogada de la comunidad, Jenny Azucena Díaz, antes de la adquisición de los predios se realizó un estudio de títulos para asegurar que la transacción de la tierra fuera legítima. Sin embargo, algunos de los terrenos comprados tienen en su historia adjudicaciones irregulares y transacciones donde figuran narcotraficantes. En otros casos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han iniciado investigaciones de clarificación de baldíos sin haber adelantado hasta hoy la recuperación de estas fincas.

Un documento de 2014 del Incoder sobre la investigación de la historia del sector La Australia indicaba el inicio de transacciones de falsa tradición (no titularidad del predio), que empezó en 1979 cuando era considerado un solo predio y no siete como está actualmente. En dicho documento los poseedores eran Rosenda Garzón, Belisario, Abelardo y Oliverio Céspedes. 

El predio fue transferido en 1992 a Rodrigo Vargas Cuéllar, capturado en España en 2003 por lavar alrededor de 165 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según Insight Crime, Vargas Cuéllar fue socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’ y líder de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), capturado el 25 de junio de 2021 por blanquear dineros de paramilitares. Además fue señalado en España de pertenecer a la banda que mandó asesinar al esmeraldero y narcotraficante, Leonidas Vargas, quien también acumuló predios en la zona.

El proceso del Incoder sobre La Australia cerró tras encontrarse siete adjudicaciones de fincas que coincidían y conformaban la totalidad del predio, realizadas entre 1997 y 2000. De acuerdo al auto del Incoder, siete integrantes de una familia con los apellidos Rodríguez Marín recibieron las tierras el 27 diciembre del 2000, después de comprar las mejoras a Vargas Cuéllar.

Según la investigadora Yamile Salinas Abdala, la Ley 160 permite que se entreguen varios predios baldíos a distintos miembros de una familia, pero prohíbe a los beneficiarios de las adjudicaciones tener otras propiedades a su nombre. Esta investigación encontró que uno de los compradores de la familia, Rodrigo Jiménez Marín, adquirió un predio antes de la adjudicación en Restrepo, Meta.

Otro de los requisitos que impone la Ley 160 para la entrega de predios es haber ocupado tres terceras partes de la tierra solicitada, o haber tenido una ocupación de al menos cinco años. De acuerdo con relatos de algunos habitantes del sector, la familia Jiménez llegó en el mismo año que recibió los predios de La Australia. 

Otro predio relacionado con el narcotráfico es Florida 1, una finca de 934 hectáreas. Según su certificado de tradición y libertad, fue adjudicada en 1993; luego fue vendida entre 2003 y 2005. En 2007 llegó a manos de Carlos Gutiérrez Pachón, alias ‘Pitin’, un piloto que transportó droga hasta su captura en Brasil en 2007. 

En 2014, tras varias transacciones, Florida 1 fue comprada por la empresa Soluciones Globales y Logísticas de Transporte, cuya representante legal es Edelmira Gutiérrez Buitrago, hermana de Carlos Gutiérrez Buitrago, quien fue extraditado de Bolivia a Brasil por el delito de narcotráfico en 2019.  

Otro terreno nunca salió formalmente de manos del Estado, y podría ser un baldío. Las imágenes satelitales y una investigación por tala mecanizada adelantada por Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, determinaron la ocupación de los menonitas en las 6.200 hectáreas que comprenden el predio Campo Alegre. El folio de matrícula prueba que el predio no ha sido adjudicado.

El Incoder, en una resolución de 2014, inició la recuperación de baldíos ocupados indebidamente en Campo Alegre. Pero las mejoras del terreno hoy pertenecen a los herederos de Slotkus Gaillausis Wenceslao, un lituano que falleció en 2016. El folio de matrícula no registra arrendamiento o compra del predio por parte de los menonita. Sin embargo, según varios vecinos, desde hace tres años esta comunidad está en el predio con sus monocultivos de soya y maíz. 

Como se expuso en la primera entrega de este especial, Cormacarena abrió una investigación al miembro de la comunidad menonita Abraham Wolle Frosse por la tala de bosque de sabana en ese predio.

Según los certificados de tradición y libertad, los menonitas han formalizado la compra de sus tierras desde 2018.

Indígenas versus menonitas

Las comunidades indígenas despojadas de sus territorios en los Llanos Orientales se han organizado en los últimos 20 años para reclamar sus tierras. Los indígenas sikuani de Iwitsulibu iniciaron el proceso en 2016, basados en un decreto de 2014 que permite solicitar la protección de los territorios despojados a comunidades indígenas. Cerca de 11.000 hectáreas solicitadas corresponden al sector de Las Piedras, explotado por la comunidad menonita junto a terceros.

“En Las Piedras hay ocho sitios sagrados, y tres con cementerios”, señala Alexander Álvarez, líder sikuani de Iwitsulibu. “Cuando mi papá llegó, por ahí en el año 1930, no existía la palabra reserva o resguardo. Tumbaban montañas, sembraban cultivos, hacían canoas”, cuenta. Según el líder, la violencia de Guadalupe Salcedo, las masacres conocidas como “guahibiadas” y la presencia paramilitar los obligó a huir.

“Cuando vi la maquinaria y los arados en los predios, yo me presenté. Les dije que ese territorio lo estaba solicitando hace mucho tiempo como medida de protección. Ellos [los menonitas] me dijeron que habían comprado”, cuenta Álvarez. 

La Agencia Nacional de Tierras ha tardado en tramitar las solicitudes de los indígenas. Por eso ellos volvieron a sus territorios en los últimos dos años. La comunidad Iwitsulibu regresó en enero de 2020 a uno de los predios reclamados, ubicado en el sector Piedras. 

La ANT solicitó que los indígenas no podían ser desalojados, amparándose en el Decreto 2333 de 2014,  pero la comunidad Sikuani fue expulsada un mes después por la Policía Nacional. Además, la comunidad sigue esperando la visita técnica de la entidad de tierras, que ya fue pospuesta tres veces, por lo que decidieron tomar el territorio reclamado. 

Los menonitas y su abogada Jenny Azucena Díaz dicen que en un principio existió una buena relación con los indígenas. “La entrada a los territorios era de libre acceso, hubo colaboraciones de dinero, paneles solares y trabajos por días. Sin embargo, con el tiempo esas ayudas se volvieron extorsiones al punto de convertirse en amenazas”, dice Díaz. Los menonitas dicen que hicieron denuncias en la Fiscalía.

Entre los trabajos que esa comunidad ofreció a los indígenas está el ‘espigeo’, que consiste en recoger el maíz sobrante de la cosecha. Según la investigación de Rutas del Conflicto “Tierra de Nadie”, este trabajo es informal y no cumple los requisitos laborales mínimos. De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, los menonitas están obligados a contratar dentro del marco legal como la empresa que son. Esto puede considerarse como un forma de esclavitud que precariza la mano de obra.

Mientras los indígenas esperan acciones de la ANT y la URT, los menonitas siguen comprando tierras en la Altillanura para ampliar su negocio agroindustrial, en una tierra que, según la Ley 160, debe dedicarse a comunidades pobres, indígenas y afro. Este año han formalizado la compra de tres predios más, que oscilan entre los 1.000 y 3.000 millones de pesos. 

“Nos perdimos un tiempo porque en los años 50, indígena que veían, indígena que mataban. Ahora que retornamos, queremos sembrar y vivir en nuestro territorio, donde están enterrados nuestros ancestros”, dijo el líder indígena. 

*Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga hablaron con Justapaz, una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que está en el país desde los años ochenta y se ha dedicado a la construcción de paz y a la reconciliación de zonas en conflicto. Esta comunidad no tiene relación con la de Puerto Gaitán, y manifestó que el grupo asentado en el Meta responde solo a la iglesia en México. 

Jueves, 03 Diciembre 2020

Una máquina paramilitar intimida a Santa Marta

Por Liga Contra el Silencio

Asesinatos, amenazas a líderes sociales, narcotráfico, destierro y dominio territorial. Las estructuras que heredaron el poder de Hernán Giraldo, hoy en guerra contra el Clan del Golfo, han convertido al distrito turístico en una zona donde el miedo y el silencio presagian el regreso a épocas oscuras. 

Hacía mucho tiempo que Alejandro Llinás había superado el miedo. “A él no lo callaba nadie”, recuerda su hijo Alejandro, siete meses después del atentado. El pasado 23 de abril dos sicarios llegaron hasta su finca en la vereda Calabazo (Guachaca, Santa Marta) y le propinaron cuatro balazos.

Llinás, de 71 años, era líder social, ambientalista, socio fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo parte alta y militante del partido Colombia Humana. Dicen sus amigos que amaba la naturaleza y estaba convencido de que el futuro para la humanidad implica volver al campo. En su finca quería sembrar cañandonga y aguacate; y pensaba crear una cooperativa campesina para impulsar los huertos comunitarios y promover el intercambio de productos entre los habitantes de la zona. Llinás soñaba con recorrer Cuba en bicicleta. Iba a hacerlo en junio.

En los días previos a su asesinato le escribió una carta a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. En ella le informaba sobre los peajes ilegales que montaron los paramilitares en el acceso que conduce de Calabazo al Pueblito Tayrona; una práctica que se extendió a otras veredas de la Troncal del Caribe. La carta además contaba cómo estos grupos crearon una empresa de mototaxis que transportaba personas por un camino peligroso, y perturbaba la fauna y la tranquilidad de los vecinos.

En su escrito, Llinás acusaba a Parques Nacionales de permitir la caza furtiva. También denunció que las quebradas se están secando por el uso indebido del agua y le pidió a Caicedo presencia para controlar el “desorden”. Le rogó para que impidiera a “las mafias del turismo” apoderarse de esta área. Por último pidió confidencialidad, porque otra carta que llevó a la Secretaría del Interior acabó en manos de la Policía y eso, paradójicamente, lo hacía sentirse en peligro.

Hacía años que Llinás, un temerario, había cazado una pelea por el territorio y el ambiente. Pero ignoró las señales de alarma: le robaron herramientas, le mataron a un caballo, a una yegua, a un perro. Con su carta infringió una ley no escrita en Santa Marta, según la cual levantar la voz es ganarse la muerte.

Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio.

De todo esto se habla en voz baja, porque el grupo tiene ojos y oídos por toda Santa Marta y su zona rural. La Liga consultó a 31 fuentes, algunas de las cuales están en el exilio, otras amenazadas y temerosas. “Aprendimos que para sobrevivir debemos quedarnos callados”, dijo una lideresa.

Una historia de violencia

Los Pachencas son el brazo armado de la Oficina Caribe, un centro administrativo, económico y de decisión que el paramilitar Hernán Giraldo creó en 2004. Allí se reúnen los líderes de la organización, muchos de ellos hijos suyos con las decenas de niñas que violó, según una sentencia de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que lo califica como  “depredador sexual”.

El 3 de febrero de 2006 el bloque paramilitar Resistencia Tayrona que Giraldo comandaba a las órdenes del tenebroso Bloque Norte de ‘Jorge 40’, se acogió al proceso promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe bajo la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Unos 1.166 miembros de esa organización entregaron 597 armas, 350 granadas, cuatro cohetes PG7 y 73.420 municiones, según los tribunales de Justicia y Paz.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó a Giraldo hacia Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares para que respondieran por cargos de narcotráfico. Desde entonces alias ‘El Patrón’ paga cárcel allá, pero su regreso a Colombia se espera a inicios de 2021, y esto ha agitado más el avispero en Santa Marta.

La desmovilización que no fue

El rearme de la Oficina Caribe y de Los Pachencas se puede explicar: mientras algunos dejaron las armas en el proceso de 2006, otros siguieron en el monte con su estructura y su modus operandi. “Fue una falsa desmovilización. Muchos mandos medios se quedaron en el territorio, se fueron reorganizando y han ido creciendo”, explica un portavoz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Los paramilitares, según la politóloga e investigadora Priscila Zúñiga, cambiaron su forma de ejercer control, con menos masacres o desapariciones forzadas. “Pero mantienen su verdadera naturaleza, que es el narco. Y aunque han sufrido golpes, tienen una gran capacidad para diversificarse y poner a otros cabecillas”, dice.

La Oficina Caribe y su brazo armado integran una red de poder en la sombra. Ellos permiten o bloquean la entrada de otros delincuentes; acaparan tierras; controlan el turismo y han impuesto su Plan de Ordenamiento Territorial, apropiándose de los mejores predios en la zona. Ellos deciden quién vende o compra lotes, y cuánto se paga por esas transacciones en las veredas de la Troncal, según dijo un investigador del conflicto que prefirió no revelar su nombre.

La Liga confirmó la existencia de los peajes ilegales denunciados por Llinás, parte del supuesto POT paramilitar. Están en Calabazo, Bahía Concha, Quebrada Valencia, Don Diego, Machete Pelao, Mendihuaca y Buritaca, entre otros. En las cabañas de esta playa era fácil que en un fin de semana acudieran entre 7.000 y 10.000 personas: una renta millonaria que en teoría recogen las Juntas de Acción Comunal.

Para subir a la Poza Encantada, entrando por Mendihuaca, hay que pagar 5.000 pesos por persona. En un cartel la Junta dice que es un “recaudo por concepto de mantenimiento y visión fundamental, basado en el ecoturismo para el cumplimiento de una función social”, amparada en la Ley 300 de 1996. Esa norma contempla la posibilidad de recaudos, pero solo a los concejos municipales con un permiso previo.

Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta, dice que desconoce la existencia de estos peajes. “No se puede hacer ningún recaudo si uno no está autorizado por la nación o el distrito. Están infringiendo la ley. Esto es enriquecimiento ilícito”, afirma. 

Algunos dueños de kioscos que ofrecen comidas en las veredas turísticas, bajo reserva por miedo, dicen que “los paramilitares” imponen los precios. Incluso envían a unas ‘encuestadoras’ que anotan cada plato vendido. Una parte del dinero pagado por los turistas va a manos de estos grupos. Pasa lo mismo con los mototaxistas, con los locales del mercado y del centro, con los negocios de los barrios más vulnerables. Casi nadie se salva de la vacuna.

Pero no es algo nuevo. Los samarios parecen acostumbrados a vivir con la extorsión y la intimidación desde los tiempos de Giraldo y sus autodefensas. El fenómeno, lejos de menguar, como se esperaba con la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, se ha acentuado. Además de la exportación de cocaína, Los Pachencas vieron en el turismo, al que llaman ‘oro verde’, otro filón para explotar.

Varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido la grave situación que se vive en Santa Marta. La 045, de mayo de 2018, asegura que las empresas de turismo pagan a Los Pachencas 50.000 pesos por cada persona que ingresa al Parque Tayrona. Unos 750 millones de pesos al año, si se toma como referencia 2016, cuando llegaron unos 15.000 turistas.

 En principio el discurso conservacionista de Parques Nacionales no chocaba con los intereses de los paramilitares. Pero eso cambió tras la desmovilización, cuando se empezó a hablar de la “confianza inversionista” que impulsaba el expresidente Uribe. La Troncal del Caribe, que había sido una zona abandonada a su suerte, manejada por Giraldo y los suyos, comenzó a experimentar el boom del turismo.

“Los paras entendieron que ya no funcionaba matar gente, sino que había que abrirse a otros segmentos. Eso sí, bajo sus condiciones. Si alguien vende una propiedad, se impone un 10 % más para ellos”, dice el investigador del conflicto que consultó La Liga. La estrategia, explica esta fuente, busca producir cambios en el uso del suelo que sigan expandiendo sus intereses. El turismo, dice, les resulta más rentable que la coca.

En la alerta 045 de mayo de 2018, y en la 044 de octubre de 2019, se avisaba el “grave riesgo” que enfrentaba Santa Marta por la presión de Los Pachencas y otros grupos armados. Incluso se llamaba la atención sobre el peligro que corrían los funcionarios de Parques Nacionales que intentaban frenar el modelo de turismo voraz promovido por los paras en la Sierra Nevada. En enero de 2019, ocho meses después de la alerta 045, asesinaron al guardaparques Wilton Orrego.

Cualquiera que toque los intereses de Los Pachencas se convierte en objetivo militar. Como le ocurrió a Alejandro Llinás. Y como les ha ocurrido a otros  líderes asesinados o que están amenazados por defender su territorio. “La gente está pendiente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, pero nadie parece fijarse en Santa Marta. No puede ser que yo tenga que pensar en irme a otro país para conservar mi vida”, relata una lideresa. 

La pugna por el narcotráfico

Un punto de inflexión ocurrió en 2012, cuando se desató una guerra por el control del narcotráfico entre el Clan del Golfo, una temida organización heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la Oficina Caribe. Aquel año se recuerda como uno de los más violentos en la historia reciente de Santa Marta. Se registraron 213 homicidios; una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional.

“Esa guerra la ganó la Oficina Caribe”, dice el investigador que entrevistó La Liga. Los años siguientes bajaron los homicidios y esto coincidió con la llegada de la coronel Sandra Vallejos (hoy secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana) a la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entre 2014 y 2017.

Con Vallejos se pasó de más de 200 homicidios en 2012, a 80 en 2015. Fue en su comandancia que la Policía empezó a hablar de Los Pachencas como una banda que azotaba la región. Al frente estaba Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, abatido en junio de 2019 y quien presuntamente estaba cerca de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. “Eso implicaba delaciones y no lo iban a dejar ir. Circula la versión de que fue asesinado por sus propios hombres”, asegura el investigador.

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que ha detenido a unos 160 integrantes de Los Pachencas en la llamada ‘Operación Odín’. También cayó abatido  Deimer Patiño Giraldo, alias 80 y sobrino de Hernán, quien asumió el mando después de ‘Chucho Mercancía’. El siguiente cabecilla, alias 55 o ‘Beto Quiroga’, desmovilizado de Justicia y Paz, fue capturado en septiembre. Quiroga contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, según la Fiscalía, fue quien impulsó el nombre de Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Los golpes a Los Pachencas se han dado en medio de su guerra contra el Clan del Golfo. Una guerra particularmente perversa en la que han sido, de forma alternativa, aliados y enemigos. En ella han participado otros actores, como ‘Los Musso’ y la estructura de Elkin López, alias ‘La Silla’, supuestamente un poderoso ‘logístico’ del narco vinculado al Clan del Golfo (aunque perteneció a la Oficina Caribe). López tiene casa por cárcel en Barranquilla y espera una posible extradición a Estados Unidos, según fuentes policiales.

“Todo apunta a que este capítulo lo va a ganar el Clan del Golfo. Es una estructura transnacional con una influencia muy fuerte”, señala el investigador.

El puerto de Santa Marta, ‘la joya de la Corona’ y una plaza apetecida por el cartel mexicano de Sinaloa, es el tercero del país donde más se decomisa droga. Según la Policía Antinarcóticos, las incautaciones de cocaína han pasado de 1.839 kilos en 2016 a 5.261 en lo que va de 2020, con un pico de 9.012 kilos en 2018. En plena bahía han caído en los últimos cinco años 24.431 kilos de cocaína. Ocultan la mercancía entre los contenedores y en la carga. Los principales destinos son Bélgica, Holanda, Alemania y Jamaica.

La disputa entre Los Pachencas y el Clan del Golfo no ha dejado por fuera a los barrios más vulnerables de Santa Marta. Una lideresa contó a La Liga que el Clan tiene una campaña para reclutar jóvenes. “Les pagan 1,4 millones de pesos”, dice. Los Pachencas ofrecen una moto, un salario mínimo y un arma. Esta mujer, que intentó impulsar un plan de desarme en su barrio, vive con esquema de seguridad y bajo amenazas. “Por aquí hay mucho miedo. Estamos asistiendo a una peligrosa reconfiguración de las estructuras criminales, un retroceso total. Y no es solo Santa Marta, sino el Magdalena entero”, cuenta.

Una exhibición de fuerza

El pasado 27 de octubre circuló a través de WhatsApp un video de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que sacudió a Santa Marta. Una docena de hombres y mujeres armados con fusiles, vestidos de camuflaje y pasamontañas, se anunció como un grupo cohesionado y con varios frentes. “Por primera vez en largos años de lucha militar nos presentamos para aclarar que no estamos diezmados ni moral, ni militarmente”, dijo el portavoz.

Las ACSN acusaron al gobernador Caicedo de supuestas reuniones con la organización en busca de votos. El secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres, negó esta acusación y le dijo a La Liga que se trata de una “campaña para enlodar a Caicedo”. También señalaron a Sandra Vallejos de ‘pacificar’ Santa Marta a través de un pacto con alias ‘Chucho Mercancía’, a cambio de “revelar información de enemigos y generar capturas que en su momento se dieron para favorecerla”. El portavoz del grupo dijo que a Vallejos se le pagaron 300 millones de pesos por las más de 200 armas que desaparecieron de la Policía Metropolitana cuando ella era comandante, un escándalo que se destapó en 2016 y sigue sin aclararse. Sobre esto Vallejo no quiso pronunciarse.

Los analistas consultados por La Liga consideran que el video de las autodefensas es una declaración de intenciones con verdades a medias, pero no lo desestiman. “Tienen afán de mostrarse como una organización político-militar que tal vez pide pista para una negociación con el gobierno. Yo no los llamaría paramilitares, sino violencia post-AUC. Son otras formas de crimen organizado”, opina Luis Fernando Trejos, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, declaró en una rueda de prensa que el comunicado de las ACSN es falso y lo describió como “una estrategia de Los Pachencas porque están debilitados”. La Liga intentó conocer la versión del Ministerio de Defensa, pero no hubo respuesta. Unas semanas después del comunicado capturaron a Deinstin Orlando García Arévalo, alias ‘el Negro’ o ‘Yesid’, el mismo hombre a quien los paramilitares acusaron en el video de estar tras la muerte de Alejandro Llinás. Según la Fiscalía, García Arévalo habría recibido de Deimer Patiño Giraldo, alias 80, el abatido cabecilla de Los Pachencas, la orden de asesinar a Llinás. Los otros dos judicializados, supuestamente miembros de esa estructura, son Adán Romero Pérez, alias ‘Chuky’, y Alcides Antonio Moreno.

Para Torres, el secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, las armas, los uniformes y la edición del video demuestran que se trata de “un grupo armado organizado (GAO) y no de un grupo de delincuencia organizada (GDO)”. El matiz es importante, pues la Gobernación busca una recategorización de los actores armados que operan en la región. Ser considerado un GAO o un GDO determina de qué manera deben ser enfrentados: si a través de operativos militares o policiales. “La situación es muy grave. Eso no se puede maquillar. Estamos frente a unos grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”, dice el funcionario.

Mientras, la tensión crece en Santa Marta. Casi tanto como los homicidios: 94 en 2017, 105 en 2018, 127 en 2019; y hasta el 10 de noviembre, en plena pandemia, 103, según cifras de la Policía. Habitantes de las veredas confirman la presencia de hombres que patrullan el territorio. Detrás de la aparente tranquilidad turística se esconde otra ciudad atemorizada por la violencia. “Es como si nos estuviéramos devolviendo al pasado más tenebroso”, fue el mensaje que repitieron las fuentes. Un alto cargo municipal lo resumió así: “No es que hayamos perdido el control. Es que nunca lo tuvimos”.

La alcaldesa Virna Johnson le respondió un cuestionario a La Liga donde niega la existencia de un control territorial de los grupos armados organizados. “El control solo lo ejerce la autoridad pública por mandato de la Constitución y la ley, y es ello lo que hemos venido gestando con diferentes actuaciones en sectores de especial atención y protección”, asegura. 

Volver al mando

El regreso de Hernán Giraldo y otros exmiembros del Bloque Resistencia Tayrona en 2021 dibuja un escenario perturbador. Aunque tiene más de 70 años y luce disminuido, algunos creen que Giraldo podría fortalecer la estructura y volver al mando. Incluso desde la cárcel. Su salida del centro de reclusión Beaumont Low (Texas), donde se encuentra, está prevista para el próximo 1 de abril. Según la Fiscalía, cuando vuelva al país deportado o extraditado, iría a la cárcel por la condena de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. La Fiscalía ha solicitado tres medidas de detención preventiva adicionales.

La Comisión Colombiana de Juristas y la organización Dejusticia creen, sin embargo,  que lo más probable es que el antiguo líder, aún vinculado a Justicia y Paz, quede en libertad aquí tras pagar cárcel en Estados Unidos. “Puede ocurrir lo mismo que con Nodier Giraldo [su sobrino, ahora cantante de rancheras y corridos], que al regresar solicitó sustitución de la medida de aseguramiento y le fue otorgada. En este caso  esa sustitución solo podría ser controvertida por la Fiscalía o representantes de las víctimas en los supuestos contemplados en la Ley 975”, dijeron en Dejusticia.

Otro que ya volvió a Santa Marta fue Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, supuesto financiero del Bloque Resistencia Tayrona y expulsado de Justicia y Paz. Castillo pasó cinco años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Ahora es líder de una asociación de afrodescendientes, se reúne con políticos y ha propuesto la creación del municipio Sierra Nevada, que agruparía a las veredas de la Troncal del Caribe. En el peor momento de la pandemia se dedicó a repartir mercados entre los habitantes de la zona.    
Sobre su “nueva vida” hay sospechas.  La Fiscalía le dijo a La Liga que Castillo tiene activo un proceso por concierto para delinquir agravado. Alias ‘Pinocho’ se mueve con un esquema de seguridad de seis hombres, tres de la Unidad Nacional de Protección y otros tres pagados por él. Vía telefónica le aseguró a La Liga que no tiene ningún proceso abierto y que hace dos meses se fue del país por amenazas de Los Pachencas, del Clan del Golfo y del ELN.

“No estoy armando ningún grupo. Al contrario, he denunciado a los que mataron a líderes sociales, y estoy dispuesto a contar toda la verdad sobre el paramilitarismo. Todavía hay muchos demonios encerrados. En cuanto aclare mi situación volveré a Santa Marta”, dijo Castillo. Su presencia en la zona despierta los peores miedos. Como en las épocas oscuras, cuando reinó el clan Giraldo.