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Jueves, 17 Marzo 2022

Los Name, Daes y Gnecco también fueron vinculados al Cartel de la Costa

Por La Liga Contra el Silencio

El clan Char no es el único que la Fiscalía involucró con el tráfico de marihuana y cocaína en los años noventa. En el expediente que halló esta alianza periodística también figuran otras familias de políticos y empresarios de la Costa que supuestamente habrían amasado sus fortunas con los millones de dólares que les dejó el narcotráfico.  Esta es la segunda entrega de #LosPapelesDeBarranquilla.

El día que lo detuvieron, en junio de 1998, Alberto Orlande Gamboa llevaba en su bolsillo una agenda electrónica con los datos de 480 personas vinculadas a su organización. Alias ‘El Caracol’ era el cabecilla del llamado Cartel de la Costa. La historia de cómo se forjó su reinado y el entramado de familias políticas y empresariales que supuestamente trabajaban en esta red forma parte de una investigación que la Fiscalía realizó en los años noventa, y que esta alianza de medios y periodistas halló en el fondo de un archivo judicial.

El expediente fue recopilado por la UNAIM, Unidad Antinarcóticos e Interdicción Marítima (hoy Dirección Especializada contra el Narcotráfico) con el radicado 114 en contra de Orlande Gamboa. En 78 cuadernos y 16.000 folios, los documentos contienen informes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), fechados entre 1993 y 2004, que señalan los supuestos nexos del poderoso clan Char con el Cartel de la Costa (lea aquí el primer capítulo de #LosPapelesDeBarranquilla).

Pero no son los únicos. Los informes también revelan la supuesta participación de los hermanos José (fallecido en 2011, padre y tío de los senadores José David Name Cardozo e Iván Leonidas Name Vásquez, ambos reelegidos el pasado domingo 13 de marzo) y David Name Terán (aparece escrito Teheran); así como del empresario José Manuel ‘Yuyo’ Daes (escrito Daez) y los políticos Jorge (asesinado en 2001) y Lucas Gnecco (escrito Genecco, padre del senador José Alfredo Gnecco Zuleta, quien acaba de repetir curul en el Senado) en actividades relacionadas con “narcotráfico, testaferrato y lavado de activos” bajo el amparo del cartel.     

Los poderosos apellidos Name, Daes y Gnecco son mencionados en el oficio DS CTI 426 del 29 de abril de 1996. Un informe de 28 páginas firmadas por Álvaro Vivas Botero, entonces director seccional del CTI en Barranquilla y remitidas a Carlos Solórzano Garavito, en aquel momento director (encargado) de ese cuerpo. El documento recoge las indagaciones de un investigador judicial identificado con el código 174 y destaca a “los narcos más conocidos” de la Costa, así como los “intereses de delincuentes de otras regiones del país”.

Vivas Botero presentó “un cuadro ilustrativo” que “no es propiamente un organigrama” (La Liga Contra el Silencio se abstiene de publicarlo en su totalidad porque no se pudieron verificar todas las identidades), donde aparecen seis grupos, cada uno encabezado por un presunto narco: Orlande Gamboa, considerado “el capo más temido”, extraditado a Estados Unidos en 2000, donde cumple una pena de 40 años por conspiración de narcotráfico; Habib Char Abdala (escrito Jabid), hermano de Fuad Char y tío del exalcalde de Barranquilla y excandidato presidencial Álex Char y del reelegido senador Arturo Char; José Name Terán (escrito Teheran); Julio Nasser David (reconocido narco); Ángel Guillermo León Sánchez (escrito Ángel León Sánchez Cote, asesinado en septiembre de 2002) y Orlando Víctor Daccarett Daes (escrito Dacaret Daez).  

Según el expediente 114, estas familias se habrían aprovechado de los millones de dólares que dejó el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos y Europa. Fundaron hoteles, almacenes y casas de cambio; compraron lujosas viviendas, fincas y automóviles. Incluso les habría servido para pagar sobornos e impulsar carreras políticas.

Apartes del expediente judicial.

Auge y caída de los Name

José Name fue uno de los grandes caciques liberales del Atlántico. Su ascenso al poder arrancó en los años sesenta y se prolongó hasta más allá de los noventa. Incluso tuvo movimiento propio, el Misol (Movimiento de Integración Social Liberal), que puso alcaldes y gobernadores y sobre el que siempre planeó la sospecha de la compra de votos. “Los Name son parte de la historia de Barranquilla vinculada al clientelismo y a la corrupción”, sostiene un abogado que los conoció. “José jamás tuvo investigaciones ni se le demostró nada”, afirma, por su parte, un analista que ha seguido de cerca su trayectoria.

Name fue elegido senador en 1978 y reelegido de forma ininterrumpida hasta 2002. Entre 1984 y 1985 ocupó la presidencia del Senado. Fue ministro de Trabajo en 1986. En 2006 cedió la curul a su heredero, José David Name Cardozo, también presidente del Senado entre 2014 y 2015. En las elecciones del pasado domingo Name Cardozo, del Partido de La U, fue reelegido como senador. A esta familia también pertenece Iván Leonidas Name Vásquez, de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Name Vásquez también repitió curul en el Senado. 

David, el hermano del patriarca, sigue liderando el ala financiera familiar a través de la firma Construcciones, Ingeniería, Diseños, Estudios y Cálculos (Conidec Ltda.), creada en 1972; y la empresa Condesa, Consultores del Desarrollo S.A., con las cuales se convirtió en uno de los megacontratistas del Estado con obras como la vía Cartagena-Barranquilla o la vía de la Prosperidad en el Magdalena.  El hijo de David, el pastor cristiano David Name Orozco, fue fórmula a la vicepresidencia del candidato Alejandro Ordóñez en las elecciones de 2018.

En los documentos del expediente 114 no hay más señalamientos contra los hermanos Name, salvo los que aparecen en el oficio 426, pero esta alianza periodística halló comunicaciones de 1992 de la Embajada de Estados Unidos en Colombia que los involucró con el narcotráfico. “Así como la inclusión en la lista no sirve de prueba irrefutable de actuaciones indebidas, el hecho de no aparecer está lejos de ser prueba de vida limpia”, advirtió la Embajada.

¿Una campaña financiada por narcos?

Bajo el asunto Narcopols (Narcopolíticos), la sede diplomática incluyó a José Name en la categoría A: políticos con historiales sólidos en el narcotráfico o de apoyo a este. “Desde 1983 ha estado asociado con un importante traficante de la Costa norte”, asegura una de las comunicaciones remitidas entre enero y abril de 1992 a la Secretaría de Estado en Washington.

Cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Un segundo cable añadió que, presuntamente, Name tenía relación con el tráfico de cocaína y marihuana y con el lavado de dinero, y que pagó sobornos a policías para brindarle seguridad a 881 kilos de cocaína que acabaron confiscados en septiembre de 1989. “Recibió una porción significativa del financiamiento de la campaña electoral de 1982 de narcotraficantes de la Costa a través de su hermano, el empresario David Name Terán, y en 1986 tenía vínculos con lavadores de dinero”, añadió la Embajada.

- - - FOTO: CABLE 2 - - -

Cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

En la categoría A hay dos referencias más. La de un senador con base en el Atlántico –su nombre está borrado– y su aparente participación en lavado de dinero, incluyendo el decomiso de 1,3 millones de dólares en Miami y, a partir de diciembre de 1990, en contrabando de cocaína también a Miami utilizando barcos cargados de productos para bebés.

“Una fuente confiable de información confidencial, supuestamente, vio importar cajas de narco dólares a Colombia a través de aviones privados”, expone el documento. A renglón seguido la frase está tachada: Se habla de que su familia es dueña de “una de las más (palabra borrada) grandes de Colombia”. Finaliza con que sus actividades como político tradicional de la Costa se han extendido a la compra de votos y otras actividades cuestionables.

 

La cuarta anotación, también con tachones, reseñó a un narcopolítico ampliamente documentado desde 1976 por sospechas de su implicación en el tráfico de metacualona, cocaína y marihuana, sobornos a autoridades antinarcóticos colombianas y, junto con el senador Name, en el cargamento de 881 kilos de cocaína incautados en 1989 en Barranquilla. “A partir de enero de 1991 también está presuntamente involucrado en el lavado de dinero y es propietario de empresas de ropa ficticias que están siendo investigadas por las autoridades colombianas”, se lee.

- - - FOTO: CABLE 4 - - -

El último cable se refiere a un “posible ‘narcopolítico” categoría B: aquellos cuyas anotaciones contienen declaraciones contradictorias o no hay patrones de actividad. “Ganador de votos del Partido Liberal en las elecciones al Senado, asentado a partir de 1977 en Barranquilla y, supuestamente, copropietario de una aeronave utilizada para contrabandear marihuana de Colombia a las Bahamas”.

En 1991, el liberalismo sumó para el Atlántico las curules de Fuad Char Abdala, José Name Terán y Jaime Vargas Suárez. Por el Partido Conservador fue elegido Roberto Gerlein Echeverría. Los de aquel año fueron los primeros comicios legislativos con la nueva Constitución. Según informaciones de la DEA, el 13,5 % de los funcionarios públicos electos eran sospechosos por nexos con las drogas: 21 de 100 senadores, 13 de 161 representantes a la Cámara y 5 de 27 gobernadores.

 

El declive de la casa Name comenzó cuando irrumpieron los Char. Ambos clanes han sido amigos y rivales según el panorama electoral del momento. En 2007 José quiso ser gobernador del Atlántico. Debía ser su retiro de la política por la puerta grande. Lo respaldaba Fuad Char, pero le ganó el liberal Eduardo Verano De la Rosa. En los círculos políticos de Barranquilla se dice que Fuad apoyó a Verano por debajo de la mesa. Desde aquel momento el patriarca Char y sus hijos Arturo y Alejandro se consolidaron como la fuerza electoral dominante del Atlántico.

El mismo año de la derrota de José Name algunos  medios reportaron que David, su hermano, era uno de los propietarios de Métodos y Sistemas, empresa infiltrada por el paramilitarismo que desde 2003 tenía la concesión del cobro y recaudo de los impuestos de Barranquilla. David era socio de Eduardo Losada Manotas, un empresario que estuvo capturado por narcotráfico, que se jactaba, según dijeron varios fuentes, de “haber hecho su fortuna en el narco y de haberla limpiado”, y que además era de los afectos del jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’. Según las denuncias, Losada entregó 2.500 millones de pesos del paramilitarismo para la campaña de Guillermo Hoenigsberg a la alcaldía de la ciudad.

Otra sombra sobre los Gnecco

Los Gnecco son una de las casas políticas más poderosas del Cesar, La Guajira y parte del Magdalena, con alianzas que les han permitido en los últimos 20 años controlar algunas entidades públicas. Varios de sus miembros y parientes se han visto envueltos en casos de corrupción y narcotráfico. Los hermanos Jorge (asesinado en 2001) y Lucas Gnecco son mencionados en el expediente 114 como Luqitas, Lukitas, Genico o Genecco, quienes junto a otras seis personas eran parte del grupo de supuestos narcotraficantes que lideraba José Name, como consta en el “cuadro ilustrativo” del CTI.

En abril de 1993, según el expediente 114, un testigo con reserva de identidad entregó un extenso testimonio en el cual aseguró que la organización de Orlande delinquía en sociedad con otra en el departamento del Cesar, dirigida por los hermanos Gnecco, Jorge y Lucas, y “Camilo Namén”, a quien recordó como un compositor de música vallenata. A los tres los conoció, sostuvo, cuando fue a cobrarles “sumas que pasaban de los $200 millones”. Los pagos se hacían en bonos bancarios y moneda extranjera por lo complicado que en esa época era mover tales cantidades en billetes colombianos. 

Testimonio de un testigo protegido sobre Jorge y Lucas Gnecco dentro del expediente judicial.

A Lucas, quien ha sido dos veces gobernador del Cesar, se le demostraron los delitos de constreñimiento al elector, peculado por apropiación, prevaricato por acción y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. En la actualidad permanece en prisión domiciliaria.  

Las otras sombras sobre los hermanos Gnecco datan de la época paramilitar. Ambos fueron señalados (aunque nunca condenados) por exparas de haber promovido y financiado la expansión de las Autodefensas al mando de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso en el Cesar y el Magdalena. “Las primeras bases que se instalaron en el departamento del Magdalena fueron ubicadas en las zonas de Palo Alto por petición de Jorge Gnecco, quien ofreció armamento y dos vehículos, y con la efectiva colaboración del Ejército y la Policía, quienes facilitaban la ofensiva criminal en la zona”, se lee en una sentencia proferida en julio de 2016 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

Incluso, el asesinato de Jorge Gnecco y sus escoltas, ocurrido en 2001 en la gallera del municipio Sabanas de San Ángel (Magdalena), fue confesado por exparamilitares por presuntas cuentas pendientes del tráfico de drogas. “Este señor Gnecco fue asesinado por la organización, ordenado por ‘Jorge 40’, Mancuso y Vicente Castaño al parecer por unas cuentas de narcotráfico. Quiere decir esto que el señor Jorge Gnecco formaba parte de la organización. Claro, aparte manejaba el gremio de transporte, gremio ganadero y empresarios en Santa Marta y Valledupar, y aparte de todo se manejaba en la política”, declaró Óscar Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, ante una Fiscalía de Justicia y Paz.

 

El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, hermana de Lucas y de Jorge, considerada un superpoder en el Cesar, ocupa por segunda vez el cargo, aunque está suspendido. En la actualidad permanece recluido en su casa, privado de la libertad por irregularidades en un contrato de alimentación escolar durante su primer mandato, de 2012 a 2015. En las elecciones del domingo, José Alfredo Gnecco, hijo de Lucas Gnecco, logró repetir curul en el Senado con el Partido de La U. 

Daes, los hombres de la ventana y de la aleta

Según el “cuadro ilustrativo” del CTI, Orlando Víctor Daccarett Daes (escrito Dacaret Daez) lideraba otra red de “narcos” a la que pertenecieron Mauricio Daes (escrito Daez), Yuyo Daes, otras 11 personas y la banda ‘los Chamizos’ de Santa Marta.

En la verificación de esas identidades, solo José ‘Yuyo’ Daes aparece en los informes del CTI. Él y su hermano Christian son los directivos de la empresa Tecnoglass y reconocidos contratistas de Barranquilla desde la segunda administración del cura Bernardo Hoyos Montoya (1998-2000). Su participación creció con los años, y desde que los Char llegaron en 2008 a la Alcaldía, otra de sus empresas, A Construir, es una de las principales ejecutoras de millonarios contratos públicos para canalizar arroyos, reconstruir parques y escenarios deportivos.

Como sucede con los Char, a José y Christian Daes los persigue la sombra del narcotráfico. En 1993 ambos fueron acusados junto a otro centenar de personas por cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico de cocaína y lavado de dinero en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. En el sistema público de las Cortes de Estados Unidos consta que una de las últimas actuaciones del expediente contra el ‘Yuyo’ fue una orden emitida en mayo de 2006 para que el “acusado José Daes” fuese “eliminado del caso penal”. Fuentes consultadas por La Liga afirmaron que, después del atentado que sufrió en 2004,  ‘Yuyo’ Daes supuestamente hizo una negociación con una agencia de Estados Unidos para que le permitieran vivir en ese país. En Colombia estuvo detenido en 1999 porque las autoridades hallaron cheques que miembros del Cartel de Cali giraron a su nombre. Sin embargo, fue exonerado.

En lo que respecta a Christian, en 2011 se ordenó una moción para abrir su expediente en Estados Unidos y que el secretario del tribunal entregara al abogado de Daes una copia certificada de la acusación. “El expediente permanecerá sellado en todo lo demás”, agrega el registro. El caso tiene fecha de culminado el 21 de febrero de 2001. 

En diciembre pasado, el capítulo de los Daes y su supuesto vínculo con la mafia produjo nuevos titulares porque la firma Hindenburg Research dio a conocer un informe que generó la caída de hasta un 44 % en el valor de la acción de Tecnoglass en la bolsa de Nueva York. El reporte reveló sospechas de ventas ficticias, ingresos falsos, ocultamiento de información de acuerdos comerciales y que uno de los renglones de accionistas lo ocupaba Ricardo Javier Álvarez Iragorri, miembro de una familia en la que “al menos tres de los cinco hermanos Álvarez Iragorri estaban involucrados en actividades relacionadas con tráfico de drogas, de acuerdo con registros que incluyen confesiones de Miguel, uno de los hermanos Mejía Múnera, narcos conocidos como “Los Mellizos’”.

En 2004, José Daes fue víctima de un ataque de sicarios que lo dejó en silla de ruedas. Años después el exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias ‘don Antonio’, confesó que el atentado fue una retaliación por el asesinato de Eduardo Losada, el socio de David Name en Métodos y Sistemas. 

Los Daes figuran como grandes ‘mecenas’ de Barranquilla. Fueron ellos los impulsores de dos de los nuevos símbolos de la ciudad: los monumentos la ventana al mundo y la ventana de campeones, en honor al equipo Junior, convertidos ahora en sitios de promoción turística. En los círculos políticos de la Arenosa se dice que son el verdadero poder económico sobre el que se sustenta el clan Char.

El curso que siguieron los informes del CTI sigue siendo un misterio. En el expediente 114 queda claro que el director Vivas Botero insistió en que se profundizara en las investigaciones, aunque todo apunta a que no tuvo éxito. La Liga presentó un derecho de petición a la Fiscalía con 19 preguntas sobre el oficio 426 y otros informes del CTI. También interpuso una tutela para obtener respuesta. En un escrito fechado el 14 de marzo la Fiscalía aduce que varias de las solicitudes de esta alianza periodística resultan “bastante ambiguas” y que se requieren “mayores detalles”, a pesar de que el derecho de petición contiene nombres, fechas y radicados. Según la Fiscalía, varios de los procesos por los que preguntamos no aparecen en el Sistema de Gestión Administrativa (S.I.G.A.). Lo que sí aparece es el radicado 6451 que vincula a Fuad, patriarca del clan Char, con el narcotráfico (ver “Un expediente vinculó al clan Char con el narcotráfico”). La Fiscalía dice que remitió este documento a la Corte Suprema de Justicia a través del oficio 468 del 28 de marzo de 1996. En la Corte, sin embargo,  no hay constancia de este oficio.    

“Un escandaloso silencio”

Desde los setenta se volvió normal que narcos y millonarios empresarios de los clubes sociales de Barranquilla estrecharan cada vez más sus vínculos, como también ocurrió en otras regiones del país. “Se sabía lo que estaba pasando, pero muchos decidieron mirar para otro lado porque la plata lo tapó todo”, cuenta una mujer que creció en los círculos de la alta sociedad barranquillera. Cuando corrían los rumores sobre acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos, o cuando alguien de esas esferas era detenido, la respuesta era el silencio. “Los trataban como si nada porque nunca hubo sanción social”, dice esta mujer. 

La década de los noventa fue especialmente agitada en la capital del Atlántico. Eran épocas de euforia y sangre, cuando estrellas locales de la música, algunas involucradas también en el narcotráfico, morían acribilladas a las afueras de sus casas y en discotecas, y los capos recibían afectuosos saludos en las canciones del momento. 

“Muy poco se habló de otros que ahora viven como si nada porque las autoridades nunca quisieron o nunca pudieron demostrarles algo. Pero aquí hay mucha gente con rabo de paja y poquitos, escuche bien, poquitos pueden mirar a los ojos”, resume a su estilo un comerciante que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de dinero.

“A Barranquilla hay que entenderla como una ciudad de amigos y amigotes, para lo bueno y para lo malo; muchas de esas amistades nacieron con la ‘bonanza marimbera’ en los sesenta y la cocaína en los setenta”, asegura, por su parte, un ingeniero barranquillero. Un hermano suyo estuvo encarcelado en Estados Unidos por tráfico de marihuana en los ochenta.

“En esta ciudad todo pasa, pero se calla, se guarda. Lo que hay es un escandaloso silencio”, dice un abogado que conoce bien la historia no oficial de la Arenosa. “Lo que pasa con Barranquilla es que en el fondo es una ciudad que admira la riqueza y el dinero. Aquí los apellidos valen cinco si no tienes plata. Y, si la tienes, no importa de dónde venga”, concluye un académico.

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*La Liga Contra el Silencio intentó conocer la versión de los aludidos en este informe. Los senadores José David Name e Iván Name fueron contactados por teléfono, pero se negaron a comentar los señalamientos contra José y David Name (este último no contestó las llamadas). Tampoco recibimos respuesta de los hermanos Daes ni de la familia Gnecco.

Miércoles, 21 Abril 2021

El aguacate desata conflictos en el Eje Cafetero

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

El boom de este fruto provoca disputas en cada región donde se siembra. La acumulación de tierras en manos extranjeras, la deforestación, la falta de control ambiental, la captación y contaminación de aguas, y las presiones sobre los campesinos generan pugnas en Quindío, Caldas y Risaralda, donde el ‘oro verde’ va desplazando al café.

La edición 55 del Super Bowl, el partido final del fútbol americano, se jugó en  Tampa, Estados Unidos, y fue visto por más de 100 millones de televidentes en febrero pasado. Treinta segundos de pauta costaron hasta 5,5 millones de dólares en esta gran vitrina publicitaria. Avocados From México, la potente agroindustria aguacatera, por primera vez decidió no pautar; y en su lugar figuró Colombia, que envió 43 toneladas del fruto a ese evento deportivo. El embarque representa menos del 0,1 % de lo que vendió México, pero bastó para colmar algunos corazones de un orgullo nacional promovido por agencias gubernamentales y algunos medios.

Pero el exportador no era colombiano, sino el emporio israelí Managro, que hace un año compró Pacific Fruits, una empresa del Valle del Cauca, y la puso a cargo de Chagai Stern, un ejecutivo con experiencia en lobby y cofundador de centros de pensamiento judío en nuestro país.

Detrás de esta operación internacional, con enorme consumo de aguacate hass cosechado en nuestro país, se esconde el impacto ambiental y social que el cultivo está causando en Caldas, Quindío y Risaralda. Una arremetida que se traduce en acumulación de tierras en manos extranjeras, deforestación, falta de control ambiental y presiones sobre los campesinos.

Aguacateros conquistadores 

En septiembre de 2019 se realizó por primera vez en Colombia, entonces el cuarto productor del globo, el IX Congreso Mundial de Aguacate. Al año siguiente el país subió al tercer lugar, con 70.000 hectáreas y una producción de 55.000 toneladas. La cuarta parte corresponde a la variedad hass. 

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Colombia tiene potencial para cultivar 3,3 millones de hectáreas: casi cuatro veces el área dedicada hoy al café. Nuestro territorio garantiza suelos de alta montaña, agua, clima tropical y una producción de dos grandes cosechas anuales. 

Además, desde Colombia es más fácil obtener certificados de buenas prácticas medioambientales y sociales. “México solo cuenta con 11 fincas productoras con certificación de la Rainforest Alliance. Los cultivos colombianos registraron un aumento de 315 % solo en un año”, reseña una investigación periodística. Esto se explica, entre otras razones, porque el ICA, encargado de certificar, se la ha jugado como uno de los principales “jalonadores” de las exportaciones de aguacate colombiano. Entonces son múltiples compañías atraídas, que controlan desde la siembra del fruto y el transporte, hasta la entrega a supermercados alrededor del mundo.

Según diversas organizaciones ambientalistas y sociales, el aguacate es un gran consumidor de agua que le disputa este recurso a los bosques nativos. A esto se suma la deforestación en la alta montaña. Según el periódico The Guardian, con datos de Water Footprint Network, se necesitan 2.000 litros de agua para producir solo un kilo de aguacate; cuatro veces lo que necesitan las naranjas y 10 veces los tomates. Es habitual ver sembradíos en vastas zonas de bosques talados en zonas de alta riqueza hídrica; muchos de ellos heredados de antiguas haciendas ganaderas. 

En un escenario de alto desempleo, estas empresas son bien recibidas por los gobernantes locales, y de forma especial por los ciudadanos que buscan trabajar en las fincas y plantas empacadoras. Según el Ministerio de Agricultura, esta agroindustria genera 54.000 empleos en Colombia. El precio a cambio, como ya reportó La Liga en otras regiones del país, incluye conflictos socioambientales que ahora se extienden por el Eje Cafetero. 

Contaminar el agua y privatizar el territorio

En 2019 Caldas tenía unas 3.500 hectáreas de aguacate. Miles pertenecen a Wakate, del grupo GreenLand con capital colombo-estadounidense, y que desde el Aburrá Sur invierte en los municipios de Neira y Aranzazu. Para su proyecto “Entre Arroyos”, en Neira, cuentan con 1.679 hectáreas, 778 destinadas a conservación (varias en terrenos no cultivables) y 852 para cultivar 470.000 árboles. Y una ubicación estratégica que los conecta con la concesión vial Pacífico Tres.

De los casos revisados en el Eje Cafetero es la empresa con prácticas más dominantes. Tienen influencia en el medio de comunicación local La Cheverísima Neira; patrocinan al equipo de fútbol profesional de la región, el Once Caldas; e invierten en la infraestructura de salud. También ampliaron una carretera rural que cruzaron por la cancha de fútbol en la vereda Morro Azul, en dirección hacia sus cultivos. 

Carolina Ocampo, de la veeduría “Por la vida y para la dignidad del campo”, en Neira, cuenta que la empresa abrió carreteras en zonas de bosques protegidos por ley segunda de 1959. “La tierra removida fue arrojada sobre los manantiales que proveen agua a más de 900 familias de 17 veredas del acueducto Pan de Azúcar. Cuando abrimos las llaves lo que salió fue agua sucia y lodo. En el Informe de Ensayo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA, el agua no cumplía con varias características básicas”, dice. 

Corpocaldas inició un procedimiento sancionatorio ambiental contra Wakate S.A.S. mediante autos 1439 y 1797 de septiembre y octubre del 2020. Tras varios conceptos técnicos, la medida fue levantada. Luego la empresa construyó una planta clarificadora de agua, pero el líquido sigue saliendo turbio.

Un equipo periodístico llegó hasta la vereda Morro Azul, acompañado por miembros de la veeduría y el concejal Hernando Murillo. Allí un personal de la empresa siguió al grupo en motos sin placas. Tres kilómetros adelante, una mujer que se identificó como Daniela Jiménez, pidió identificaciones e informó que no podían seguir. “Esto es propiedad privada”, dijo.

“Estos son caminos para llegar a la bocatoma de los acueductos y a la escuela. Hemos cambiado el agua, la tranquilidad y el patrimonio por una empresa de aguacates”, lamentó Óscar Pulido, campesino de Neira. El alcalde Luis Gonzaga se negó a comentar.

Los demasiados conflictos de Pijao

Quindío tiene más de 2.500 hectáreas de aguacate hass. Mónica Flórez, exconcejal de Pijao y parte de CittaSlow, la red mundial de pueblos de vida “lenta” –una manera de entender el mundo que se contrapone al ritmo vertiginoso y súper productivo de la actualidad–, dice que este cultivo ha impactado el suelo y ha afectado el Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial de la Humanidad. “Acá el área cafetera disminuyó 50 % en los últimos años”, cuenta Flórez. Detrás de los nuevos cultivos operan dos empresas con capital extranjero, Green SuperFood y Campo Sol; y una nacional, Doña Eva, operada por ALS Inversiones S.A.S.

Para Green SuperFood es primordial la compra de tierras, una estrategia que puede derivar en conflictos con las unidades agrícolas familiares (UAF), donde se busca una equitativa distribución de la tierra productiva, según lo establecido en la Ley 60 de 1994. Juan Esteban Salcedo, ingeniero agroforestal e hijo de campesinos, manifiesta que la agroindustria y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Pijao, adelanta prácticas que pueden presionar a los pequeños propietarios que van quedando rodeados por las aguacateras a medida que éstas compran fincas: “El ICA llega con resoluciones en mano, manifestando que nuestros palos de aguacate, de pancoger, que complementan nuestra seguridad alimentaria, deben ser intervenidos con sistemas técnicos que incluyen plaguicidas. De lo contrario debemos tumbarlos o pagar los daños que causen a los monocultivos de aguacate”, dice Salcedo.  

Edilma, una campesina de la zona que prefirió ser identificada solo por su nombre, cuenta que no aguantó la presión y decidió tumbar su cultivo de aguacate tradicional. Juan Esteban, en cambio, asegura que su padre prefiere morir antes que acabar con sus árboles. “Yo lo apoyo, pero pido que nos respeten la vida y nuestros derechos constitucionales”, dice. 

A Mónica Flórez le preocupa que en los consejos municipales de política rural, nivel de participación y articulación local, haya cada vez más presencia de las aguacateras. “Es difícil que la política rural del orden municipal pueda proteger al pequeño y mediano campesino, si hay poderes económicos interviniendo”, dice. 

Para Camilo Pinzón, alcalde de Pijao, es decisiva la importancia económica del sector aguacatero y su aporte a la formalidad laboral en el campo, pero reconoce los desafíos. “Existen retos importantes para hacer uso sostenible de nuestra excepcional oferta ambiental”, dice. Sobre las nuevas relaciones sociales es menos categórico. “No podemos afirmar si existe un conflicto social, porque no hay hasta el momento evidencia de impactos negativos de tal situación. Pero es un tema importante para hacerle seguimiento”, dice.

Eva en su paraíso

La finca Doña Eva, ubicada en la vereda Espartillal, supera las 1.500 hectáreas con árboles de aguacate hass en crecimiento. Contra esta empresa, que llegó de Santa Marta (ver registro mercantil), Corpoquindío emitió órdenes para retirar árboles de aguacate que afectan a la palma de cera que es el árbol nacional. 

En la carretera que conduce a sus cultivos asoma entre la montaña la escuela “La Mariela”. En la entrada aparece el cartel que declara la zona como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Chili Bosque Alto Andino Pijao, lo que lo convierte en un área de manejo especial ambiental y socioeconómico. En esta escuela estudia un grupo mínimo. “Solo siete niños, los hijos míos. Por aquí ya no vive nadie más. Solo está la hacienda Doña Eva, que es una verraquera. Yo trabajo ahí y la hacienda ganadera Costa Rica”, dice el padre de los niños, que prefirió omitir su nombre.

Los monocultivos, como lo expone Oxfam en su informe “Divide y comprarás”, traen diversas amenazas sobre la actividad agrícola familiar; entre ellas la disminución de la pequeña parcela campesina.

Al continuar el recorrido por la carretera, se puede ver maquinaria pesada en actividad, luchando con los cauces de las cuencas hídricas que discurren por estas trochas. En la orilla se veían arrumes (ver foto) de madera nativa aserrada que usan para cercar la finca. En la parte alta, a más de 2.700 metros sobre el mar, en áreas de conservación del páramo de Chili, la vista es panorámica. Hileras extensas de aguacate invaden allí el territorio de la palma de cera.     

Siguiendo esta ruta, la carretera va hasta el Tolima en límites con el páramo de Las Hermosas. Este fue un corredor estratégico de las FARC, que algunos habitantes temen sea ocupado de nuevo por otros grupos armados.

Pijao resume un nuevo contexto global donde existe escasez de tierra para cultivar, especialmente en el norte del planeta. Según datos del Banco Mundial y la Organización Mundial de Alimentos (FAO), el porcentaje global de tierras agrícolas, creciente desde 1960 hasta 1990, ahora disminuye. Para 2030 el sur del mundo deberá integrar 70 millones de nuevas hectáreas agrícolas. La inversión del norte en tierras del sur, en este caso para cosechar aguacate, estimula los conflictos sociales y está acabando con el hábitat de distintas especies: los elefantes en Kenia y el loro orejiamarillo en Colombia. 

Apía: deforestación con tufo político

En 2019 Risaralda sumaba más de 1.000 hectáreas de hass. Su Paisaje Cultural Cafetero también está reconfigurándose. En la zona alta de la antigua vía que conecta Pereira con Medellín, entre Guática y Quinchía, irrumpe con fuerza este monocultivo. Lo mismo ocurre en municipios como Pueblo Rico, Belén, Santuario y Apía. En este último se reconfiguran varios poderes regionales alrededor del fruto.

La protagonista es la Sierra de Greenwich, finca de 40 hectáreas certificadas en aguacate hass, ubicada en la vereda Campoalegre de Apía, en el Parque Regional Natural Cuchilla del San Juan. Parte de su terreno era bosque, pero hoy está destinado al aguacate. Como propietaria aparece Vitalway S.A.S., con domicilio registrado en un apartamento del exclusivo barrio Álamos, en Pereira. 

El representante legal de Vitalway es Guillermo Vélez Jaramillo, cuñado de Victoria López García, representante legal suplente de VitalWay y esposa del senador Sammy Merheg. La relación de Vélez Jaramillo con la familia Merheg incluye además cargos en las empresas de la familia, como Media Commerce Partners S.A, cuya sociedad y domicilio varían de forma constante. 

Media Commerce presta servicios de telecomunicaciones para Colombia, Ecuador y Perú y ha sido relacionada en investigaciones periodísticas con el exsenador Habib Merheg. El domicilio registrado en Pereira se ubica sobre la bodega de la calle 94 del multicentro empresarial y comercial La Villa. Vélez Jaramillo fue consultado para una entrevista, pero cortó la llamada y luego dejó de responder.

La finca Sierra de Greenwich opera bajo Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y aporta a la sostenibilidad ambiental (ver cartel 23). Para 2019 tenía certificación de www.naturalcert.org, con estándares nacionales e internacionales para productos sostenibles colombianos. Según registro del ICA y el servicio de inspección sanitaria animal y vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, está entre los lugares de producción habilitados para la importación de aguacate fresco hass de Colombia a los Estados Unidos.

En los terrenos de Greenwich han deforestado zonas de bosques húmedo premontano, áreas que son parte de las rutas del oso de anteojos, el venado soche y otras especies. Al comparar fotografías de la zona, tomadas en 2019 y en abril de 2021, se observa el avance de los cultivos de aguacate en donde antes solo había bosque. Debido a la plaga que surge en las zonas taladas, los cultivos dependen de los plaguicidas.

A la izquierda y en el centro, fotos de los terrenos de Greenwich y detalle del bosque que fueron tomadas en 2019. (Archivo particular).  A la derecha, foto de abril de 2021 de la misma zona (La Cola de Rata).  Se ve deforestación en la parte alta, en el bosque húmedo premontano.

Según la Carder (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), a la fecha no hay denuncias ni investigaciones sobre la deforestación en Apía. Las organizaciones ambientales, por temor, prefirieron no hablar sobre los impactos de este caso. 

Ricaurte Sánchez, de Dignidad Cafetera en Apía, dice que el aguacate tiene dos caras: “La gente se está beneficiando de la mano de obra creada en veredas donde hay mucha pobreza. Pero en ciertos territorios junto al parque Tatamá hay deforestación (ver foto). Otro tema delicado es que la escasez de mano de obra del sector cafetero puede empeorar, pues la gente prefiere irse a las aguacateras donde les pagan mejor”, explica. 

Las entidades estatales que buscan garantizar la inversión en la agroindustria, incluido el ICA y algunas agencias de promoción como Procolombia e Invest, funcionan a toda máquina para estimular la producción de aguacate a escala masiva en el país. Mientras tanto, las entidades encargadas de proteger las tierras, las políticas públicas ambientales y sociales, parecen ir rezagadas frente a la necesidad de dirimir las constantes pugnas por el territorio, el foco original de nuestro conflicto.