3 DATOS CLAVE:

1. En redes sociales afirman que la reforma de la justicia propuesta por el gobierno Petro, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía les “rebajará” o “perdonará” el 50% de las penas a los agresores de menores o que promoverá la impunidad. Estas aseveraciones circulan tras el feminicidio de la niña Sofía Delgado y por parte de creadores de contenido y perfiles desinformadores.
2. El proyecto de ley en efecto contempla permitir que los abusadores de niños puedan acceder a una rebaja de hasta un 25% de su condena (no de la mitad) si aceptan cargos y negocian con la justicia. Actualmente, esto lo prohíbe el Código de Infancia y Adolescencia.
3. Los autores de la reforma y varios penalistas defienden la propuesta para que los casos se resuelvan más rápido y no queden impunes, con los agresores en libertad por vencimiento de términos. La Procuraduría y otros abogados señalan que se trata de un problema del sistema que no se resuelve poniendo a los victimarios por encima de las víctimas.

En redes sociales ha surgido una narrativa que asocia el reciente feminicidio de la niña Sofía Delgado, en el Valle del Cauca, con la reforma a la justicia radicada en el Senado y con la cual se permitiría que los responsables de delitos contra la niñez accedan a una disminución de sus condenas si negocian con la justicia y confiesan. 

Las publicaciones aseguran que, con este proyecto de ley, se “perdonará” hasta el 50% de la sentencia de los victimarios, entre ellos, de Brayan Campo, quien confesó el crimen de Sofía. Por lo tanto, señalan que este crimen supuestamente quedará “impune”.

“El tipo [Brayan Campo] se declara como culpable y ahora resulta que hace 8 días el delicioso del presidente Petro se le ocurrió firmar un proyecto de ley donde el artículo 199 dice que se le perdonará el 50 por ciento de la condena si declara la culpabilidad”, dijo el usuario Mauro Fherro (@maurofherro) en un video viral, republicado por @republicanocolombiano. 

La cuenta ‘Misión Cumplida’ (@ojocolombia2026) también señaló en un tuit algo similar: “El Asesinato de la niña SOFÍA DELGADO quedará impune por culpa de GUSTAVO PETRO. Gustavo PETRO es la peor escoria de la humanidad. Hace 8 días PETRO a través de sus ministros radico en la reforma a la justicia. El artículo 199: en el cual los asesinos de niños tendrán una rebaja del 50% en la pena si confiesan el Asesinato” (sic).

En Colombiacheck elaboramos este explicador para abordar la propuesta de reducir penas a abusadores de niños y adolescentes, incluida en la reforma de justicia. Aclaramos que no reduciría las condenas a la mitad y que tampoco es un planteamiento hecho únicamente por el gobierno Petro, sino también por la Fiscalía y la Corte Suprema. Además, mostramos los argumentos a favor y en contra. 

Recordemos que este proyecto de ley se presentó antes de se conociera el asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años, residente de Villagorgona, a pocos kilómetros de Cali. Su cuerpo fue encontrado el 16 de octubre en un cañaduzal. Brayan Campo, un vecino, confesó haberla matado; sin embargo, este hombre ya había sido detenido cuatro años antes por agresión sexual contra otra niña y quedó en libertad por vencimiento de términos.

Sobre el vencimiento de términos, recordemos que esto sucede cuando se vence el plazo judicial dentro de un proceso penal contra un presunto responsable que se encuentra con medida de aseguramiento. Cuando este periodo supera un año, la persona privada de libertad queda en libertad inmediata, según el Código Penal. 

La narrativa sobre el feminicidio de Sofía y la reforma

Cuentas desinformadoras se han referido al tema, entre ellas, la ya mencionada ‘Misión Cumplida’ y By Viral 24 (@ByViral24), la cual sugirió que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, defendía la medida porque “un petrista violó y asesino a la niña Sofía” (sic).

Figura también el perfil de Russy Millán (@millanrussy), quien dijo que con la ley propuesta “el asesino de Sofía podrá acceder a una rebaja de hasta el 50% de su pena”. Este usuario se hizo pasar falsamente como periodista de Colombiacheck en el Valle del Cauca en 2022, como lo contamos en este chequeo.

La usuaria Carolina (@carolicek) apuntó incluso que el gobierno celebraba “el desmembramiento de Sofía Delgado proponiendo rebaja de pena hasta en 50% a violadores y asesinos de niños con un nuevo proyecto de ley”. 

Esta tipo de relaciones entre la reforma y el caso de Sofía la pudimos encontrar en tuits de Miguel Zarate (@MiguelZarateNi), Sebastian Toro (@ToroDeArena), Jorge D Arbelaez C. (@jorgedarioa), jota ce (@jotace_politica), entre otros.

En una revisión con la plataforma Meltwater, a la cual tienen acceso nuestros colegas del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (El Clip), comprobamos que en los últimos 14 días se han generado más de 5.200 tuits con las menciones de Sofía Delgado y el término “rebaja de pena”. 

En un análisis de todos los tuits con la herramienta de inteligencia artificial Notebook de Google, confirmamos que los mensajes se enfocaron principalmente en criticar al gobierno Petro por la reforma de justicia, señalar una “complicidad criminal” suya y advertir que la reducción de condenas supuestamente elevará la impunidad en los casos de menores.

En Facebook, por otro lado, encontramos varios perfiles con una misma publicación que afirma: “HOY el que le quitó la vida a Sara Sofía no tendría ningún tipo de rebaja de pena. Con un proyecto de ley del Gobierno Petrista, podría acceder a una rebaja del 50 % de la pena”. En los posts se adjuntan dos pantallazos, uno del Código de la Infancia y la Adolescencia, que en efecto prohíbe la disminución de condenas para agresores de menores, y de la reforma de la justicia (1, 2, 3, 4).

El cambio en la rebaja de penas

La reforma de la justicia o proyecto de ley 281 de 2024 fue radicada en el Senado el 8 de octubre, es decir, ocho días antes de que se conociera el asesinato de Sofía Delgado. En el texto se plantea cambios en la justicia premial y la reparación integral como causal para la terminación de los procesos penales. 

Esta iniciativa legislativa fue redactada entre la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia. Actualmente, se encuentra en estudio por la Comisión Primera del Senado. 

El proyecto, en efecto, contempla permitir la rebaja de condenas a personas involucradas en delitos como homicidio, lesiones personales, abuso sexual o secuestro de niños y adolescentes cuando acepten sus cargos mediante una negociación con la Fiscalía. Esto actualmente se encuentra prohibido por la Ley 1098 de 2006, el Código para la Infancia y Adolescencia.

Esa norma, en el numeral 7 de su artículo 199, referido a beneficios y mecanismos sustitutivos para victimario de menores, señala:

Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (...)

7. No procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004 [el Código de Procedimiento Penal].

La reforma propone cambiar el numeral citado por lo siguiente:

Artículo 7º. Modificar el numeral 7º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (...)  

7. En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 у 367 del Código de Procedimiento Penal".

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló a Caracol Radio que con el proyecto no se les daba “beneficios” a los responsables de los crímenes, sino una “rebaja mínima” si colaboraban con la justicia. “De todos modos va a pagar una pena, se le va a imponer una sanción y debe aceptar el delito para llegar a una condena”, afirmó.

La rebaja no sería del 50% 

La iniciativa legislativa no propone reducir la condena de los agresores de menores en un 50%, sino en un máximo del 25%. Esto se debe a que el texto establece que se aplicará solo la mitad de la rebaja prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal.

Estos artículos permiten reducciones de pena que van desde un sexto (16,7%) hasta la mitad (50%) para delitos en general de acuerdo con el momento de la confesión. Según la reforma, en casos de delitos contra menores, el beneficio sería solo la mitad de esa reducción. Esto significa que, en estos casos, la rebaja se limitaría a entre una doceava parte (8,3%) y una cuarta parte (25%) de la pena.

Aquí mostramos en detalle lo que dicen los artículos artículos 351, 352, 356-5 y 36 Código de Procedimiento Penal:

Tomado de la Ley 906 de 2004.

Es decir, lo máximo que podría recibir un agresor de niños, niñas y adolescentes es una rebaja de un cuarto de la pena.

Este punto fue confirmado por el viceministro de Justicia encargado, Diego Olarte, durante una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado. También varios abogados y penalistas consultados coincidieron. 

¿Esto es un “perdón”?

La disminución de la condena tampoco se asemeja a un perdón o indulto, señalan penalistas consultados. Recordemos que un indulto en la legislación colombiana se contempla como un mecanismo para perdonar una pena luego de una condena. Así lo explica el penalista Carlos Hernán Escobar: “Un indulto se da únicamente en el evento de una condena por delitos políticos. O sea, primero: debe haber una condena previa y, segundo, debe serlo por un delito político como rebelión, sedición, etc.”.

La abogada y criminóloga Mariana Botero Ruge también descartó que una rebaja de pena figure en esas categorías, pues funciona más como “un incentivo” para el presunto victimario. “Igual va a quedar como culpable, igual va para la cárcel, solo que se busca motivar para que acepten cargos”, defiende

Corte y Fiscalía defienden la reforma para bajar la impunidad 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, sostuvo que la rebaja permitiría condenas anticipadas en un plazo razonable que no sería mayor a un año y la pronta reparación de las víctimas. Esto, según dijo, evitaría que los procesos terminen en prescripciones o absoluciones.

“[Con esto] incentivamos el mecanismo de terminación anticipada de los procesos y lograríamos que frente a ese tipo de delitos pueda haber en 3 o 4 meses una sentencia rápida (...) Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50 o 40 años”, agregó.

Aclaró que con la medida no se eliminan otras prohibiciones dispuestas en el Código para la Infancia y Adolescencia, como la de no otorgar prisión domiciliaria, permisos administrativos de 72 horas, libertad condicional, etc. 

La fiscal Camargo indicó que solo el 5% de la delincuencia real en el país llegaba a juicio, por lo que este tipo de mecanismos de justicia premial ayudarían a reducir la impunidad. “Las rebajas que se han planteado para los delitos graves son rebajas bastante moderadas”, manifestó.

La Procuraduría se opone 

El procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Christian Wolffhügel, rechazó durante una audiencia pública en el Congreso relacionada con la reforma de justicia que las rebajas de penas ayuden a resolver los problemas con la dilación de los procesos penales cuando se trate de menores o mitiguen la impunidad. En su lugar, propuso que las investigaciones sean más robustas y adecuadas.

Sostuvo que este incentivo también se podría interpretar como una forma de reducir la gravedad percibida en crímenes tan severos como el abuso sexual, lo que perjudicaría la confianza en la protección de las víctimas y el sistema de justicia. 

Penalistas hablan sobre la propuesta 

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, se mostró a favor de la propuesta, ya que, si hoy los victimarios no obtienen ningún beneficio para que se declaren culpables, entonces “los procesos son muy demorados y la persona en dos años está en libertad”. 

Los Jueces Penales del circuito con función de Conocimiento en Bogotá manifestaron su respaldo a la propuesta para que se puedan finalizar los procesos de manera anticipada cuando las víctimas sean menores de 18 años.

La criminóloga Botero Ruge, quien ha representado a mujeres víctimas de violencia de género, coincidió en que este cambio podría contribuir a que los abusadores confiesen más rápido, así sea a cambio de una rebaja, y se obtenga una sentencia en poco tiempo. “Lo que pasa es que muchos prefieren hoy en día no aceptar y darle largas al proceso, dilatarlo, hasta que sencillamente prescriba”, dijo. 

El penalista Escobar coincidió en que la prohibición de reducir penas por aceptación de cargos o acuerdo con la justicia no ha logrado disminuir la ocurrencia del hecho, en cambio se ha convertido en un desincentivo perverso para que los agresores acepten tempranamente su culpa. “Aceptar o negociar a cambio de una pequeña reducción en la pena puede traer justicia, verdad y reparación prontas para las víctimas”, sostiene. 

El abogado critica, no obstante, que la propuesta en curso no se haya sometido a una mayor consideración para que la rebaja esté sujeta a medidas de reparación efectivas para las víctimas y así resarcir el daño causado. 

La abogada María Cristina Hurtado, dedicada a la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, rechazó que se busque resolver la impunidad con rebajas de pena que, a su juicio, favorecen a los agresores y no a las víctimas. 

Señaló que la raíz del problema es la poca capacidad institucional que tiene el país para procesar y resolver los casos:

“No tenemos en la Fiscalía una unidad especializada en delitos sexuales, no existen los suficientes investigadores judiciales ni forenses para investigar y llevar a cabo las investigaciones (…) La incapacidad tanto de los jueces como de los fiscales de llevar a cabo procesos diligentes, donde se produzcan pruebas, donde se mueva el proceso. Eso hace que el proceso pueda durar toda la vida y termine impune”. 

“Esto es un problema presupuestal, de arquitectura institucional, de congestión del sistema, y la solución no puede ser una forma de violar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, agregó la también politóloga.

Artículo de la reforma se podría caer 

En el Congreso se maneja la posibilidad de que este artículo de la reforma de justicia sea eliminado. Uno de los ponentes, el senador verde Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera, considera que el planteamiento sobre la rebaja de penas podría ser retirado, pues no ve un ambiente favorable para su aprobación. 

Más de 120 congresistas también firmaron una proposición para pedir que se retire el artículo. “No tiene ningún tipo de sentido que se estén buscando beneficios de este tipo”, dijo la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical por Bogotá, y una de las principales impulsoras de la iniciativa.

La violencia infantil en Colombia 

El reporte más reciente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisa que, entre enero y agosto del 2024, habían sido asesinadas 375 personas de 0 a 17 años. De ellas, 46 tenían menos de 11 años.

Además, la entidad registra que les practicó exámenes para establecer posible abuso sexual a 11.871 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.

La Fiscalía, por otra parte, reporta en el Observatorio Nacional de Violencia de Género que cinco de cada 10 víctimas de violencia sexual en los últimos siete años han sido niñas hasta los 13 años. Entre enero y septiembre de 2024, el órgano acusador registró 8.882 noticias criminales por acceso carnal abusivo con menores de 14 años, una cifra ligeramente mayor al mismo periodo del año pasado.