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Jueves, 07 Julio 2022

San Andrés, un paraíso bajo el violento control del Clan del Golfo

Por La Liga Contra el Silencio

La organización criminal controla el transporte de cocaína que pasa por la isla hacia Centroamérica y ejerce su dominio a través de bandas que cobran impuestos ilegales, extorsionan y asesinan. Este es sólo un capítulo dentro de una larga guerra silenciada que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos en el archipiélago.

El muchacho con el teléfono en la mano se asoma por la ventana de una casa destartalada, mira a dos transeúntes que pasan, les hace señas y pregunta sin enfado:

—¿Ustedes para dónde van?

No aparenta más de veinte años. Es alto y delgado. Su expresión no intimida; es más bien tranquila, pero siempre alerta.

—Hacia allá no pueden seguir. Los pueden confundir con policías encubiertos. Es peligroso, yo no se los aconsejo —advierte.

La mañana es soleada en la isla de San Andrés. En esta casa de esquina, donde se asoma el muchacho, está una calle de acceso a El Cliff, un barrio caliente que se levanta a un costado del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, por donde mes a mes desembarcan miles de turistas –la mayoría de la Colombia continental– en busca del estereotipo del paraíso que ofrece aguas cálidas y cristalinas bajo un cielo azul todo el año.

En esa postal no cabe El Cliff. 

Paralela a la narrativa que vende a San Andrés como un destino de ensueño, descanso y diversión, existe una guerra por el control de las rutas del narcotráfico que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos; barrios donde las bandas locales deciden quién entra y quién no; disputas entre pandillas, tráfico de armas, extorsiones, descuartizamientos y un silencio de miedo entre la población. 

El pasado 3 de julio se añadió otro episodio en ese cruento panorama: el asesinato a tiros de Orlando Pusey Bent, cabecilla de una de las bandas más temidas de la isla. Su muerte ha incrementado la zozobra y el temor de que se recrudezcan los enfrentamientos entre organizaciones locales. 

Una calle que da acceso al barrio El Cliff, junto al aeropuerto

Una calle que da acceso al barrio El Cliff, una de las zonas más vulnerables y ‘calientes’ de San Andrés, a un costado del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla. Foto: Liga Contra El Silencio.

En la larga guerra por el narcotráfico que azota a San Andrés el más reciente capítulo lo está escribiendo el Clan del Golfo, la organización delincuencial y de narcotráfico más grande, estructurada y peligrosa de Colombia. El Clan es en este momento dueño de la ruta de transporte de cocaína que sale desde distintos muelles en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre; pasa por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y llega a Panamá, Nicaragua y Honduras antes de terminar en Estados Unidos y Europa, según fiscales antinarcóticos, abogados, líderes y lideresas de la isla, académicos, investigadores y documentos judiciales consultados por La Liga Contra el Silencio.

En el bajo mundo de San Andrés nadie cuestiona la hegemonía del Clan. La organización está presente a través de las bandas locales que funcionan como franquicias encargadas de proveer capitanes y tripulantes de las lanchas rápidas que cruzan el océano repletas de droga; cobran impuestos por el envío de cocaína, ejercen presión en los barrios y captan jóvenes que luego arman y convierten en empleados de su empresa criminal.    

La ubicación geográfica del Archipiélago, más cerca de Nicaragua (a 110 km) que de Colombia (a 720 km de la costa norte), permite que en trayectos relativamente cortos, de apenas tres horas, una lancha con caleta arribe a las costas caribeñas de Nicaragua. Eso convierte a San Andrés en un paraíso para los narcotraficantes. Su tragedia es que está en medio de una ruta en disputa desde hace décadas por los miles de millones de dólares que genera: cuando la cocaína pasa por estas islas cuesta unos 2.500 dólares el kilo. Al llegar a Centroamérica duplica su valor, según una fiscal especializada consultada por La Liga Contra el Silencio.

“Hay un trayecto que sale desde el Catatumbo, en Norte de Santander, al Cabo de la Vela y Punta Gallinas, en La Guajira. Desde ahí zarpan las lanchas. San Andrés funciona como un pasadizo intermedio para hacer retanqueo de combustible en altamar o para intercambiar las lanchas. El Clan maneja desde la plantación, la distribución y almacenaje, hasta el puerto”, explica la fiscal.

Cada vez es más evidente la presencia de los grandes carteles mexicanos –como el de Sinaloa– en los puertos continentales donde se exporta cocaína. Según la fiscal, miembros de estas organizaciones financian el tráfico a través de emisarios que llegan a Colombia para establecer contacto con los cabecillas de sus pares colombianos, en especial los del Clan del Golfo.

Desidia y silencio

Los indicios sobre la presencia del Clan del Golfo en San Andrés datan de 2014. En un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, fechado en enero de ese año, se dice que en 2012 llegaron a la isla Los Urabeños, como se conocía entonces al Clan.

Las alarmas seguían encendidas cuatro años después. La alerta temprana 046, del 18 de mayo de 2018, extendió el riesgo a Providencia y advirtió el incremento de la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —otro nombre del Clan— y Los Rastrojos, una de las bandas criminales herederas de la desmovilización paramilitar.

No tuvo eco ningún llamado de la Defensoría para detener en San Andrés un desangre que venía desde 2010 por cuenta del narcotráfico. La isla había pasado de ocho homicidios en 2009 a 25 en 2010; y de una tasa, en ese mismo lapso, de 11,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes a 36,61, solo dos puntos por debajo del índice nacional, que fue de 38,36, según datos del informe Forensis, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Mural horizontal a blanco y negro con el texto "King Creole" en mayúsculas y, en medio de las dos palabras, el retrato de Hety cantando en primer plano

En las calles de San Andrés se recuerda la figura del cantante Fabián Pérez Hooker, asesinado el pasado marzo. Hety, como se le conocía, era un activista social muy querido en el Archipiélago. Foto: La Liga Contra el Silencio.

En el seguimiento a la alerta de 2018, dirigido a la entonces ministra del Interior, Alicia Arango, y fechado en agosto de 2020, se recrimina la escasa atención que dieron las autoridades nacionales, departamentales y locales a las recomendaciones que buscaban frenar la violencia en la isla.

El informe insistió en la “continuada presencia y control socio territorial” que ya ejercían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), consideradas como un Grupo Armado Organizado (GAO) por el Ministerio de Defensa. Esa organización, dice el documento, impulsaba el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, la trata de personas y el lavado de activos. Para ello contrataba o cooptaba a grupos armados en la isla.

El Comando Específico de San Andrés y Providencia (CESYP) de la Armada Nacional rechazó el escenario de riesgo que planteó la alerta temprana 046. “Para la Armada”, dice el informe de seguimiento, “no hubo ni hay existencia o presencia de GAO ni de GDO (Grupos de Delincuencia Común) en San Andrés”.

La Liga pudo establecer que en 2019 se empezó a configurar una nueva alerta temprana para el Archipiélago. El proyecto se truncó por la pandemia, pero en noviembre de 2021 hubo un intento de retomarlo que no tuvo éxito. El borrador que surgió del trabajo realizado por la Defensoría, aunque pasó los controles de revisión y ajustes, no llegó a convertirse en un informe oficial.

Esa alerta que nunca se publicó, aseguran fuentes de la Defensoría, describía un panorama mucho más grave; no solo volvía a constatar la presencia del Clan del Golfo, además advertía que los grupos locales se habían fortalecido, lo que generaba una gran zozobra en la población. “La desidia y el silencio en lo que respecta a San Andrés son altísimos. Hay una total desatención y una fuerte resistencia del Gobierno y de la Fuerza Pública para reconocer lo que está sucediendo en el Archipiélago”, asegura una fuente de la Defensoría.  

Este organismo no confirma ni niega que se haya ‘engavetado’ la alerta temprana sobre San Andrés. En un texto que envió a La Liga asegura que la emitida en 2018 es “estructural”; que “los riesgos advertidos no presentan cambios en periodos cortos de tiempo” y que “se analizará” la conveniencia de emitir un nuevo informe para el Archipiélago.

Un ecosistema de narcos locales

Diez años después de aquellas primeras señales que evidenciaban la presencia del Clan de Golfo en San Andrés, la situación no ha cambiado. Aquí los ciclos de violencia se han ido sucediendo: uno más feroz que el anterior. En 2018 la tasa de homicidios fue de 35,71 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la región Caribe. En 2020, en plena pandemia, se desbordó: 59,6 (38 asesinatos) frente a 22,48 nacional, según Forensis. En 2021, aunque bajó, siguió muy por encima de la media nacional: 54,1 frente a 26,8.

Todo esto ocurre en un contexto social de alta corrupción (varios gobernadores han sido suspendidos o destituidos); precariedad en los servicios públicos (solo el 18,5 % de los hogares recibe agua diariamente, según el Dane); crisis sanitaria y de sobrepoblación, lo que se traduce en marginación y tensiones entre habitantes raizales y continentales.

El comienzo de esta historia, según varios líderes raizales, y según consta en investigaciones judiciales y académicas, ocurrió en los años ochenta, cuando los magnates del Cartel de Medellín, primero; y del Cartel de Cali, después, comenzaron a establecerse en la isla con la compra de propiedades y el uso de la ruta del narcotráfico desde San Andrés hasta Centroamérica.

Los carteles integraron en su aparato logístico a tripulantes y capitanes de barco de la isla. A finales de los años noventa, cuando aquellas organizaciones fueron desmanteladas, se creó un vacío que aprovecharon bien sus antiguos empleados en San Andrés. No había capos como los que ostentaban lujos, ejércitos de hombres y armas en la Colombia continental, pero sí surgió una nueva clase social que se destacaba por su supuesta generosidad y por las enormes cantidades de dinero en efectivo que manejaba.

“El que coronaba en el barrio se encargaba de arreglar a casi toda la cuadra”, recuerda un joven que ha participado en varios procesos de liderazgo entre la comunidad raizal. Así fue surgiendo un ecosistema que orbitaba alrededor de los narcos locales. Estaba el muchacho que les lavaba la moto, el que les hacía vueltas, el que les llevaba la droga de un punto a otro. A cambio, recibía dinero, ropa y estatus.

12 personas (10 de ellas sentadas en sillas plásticas) alrededor de una mesa, también plástica, en la que se ven recipientes desechables de comida y una botella familiar de gaseosa, sobre una vía de barrio detrás de la barrera con la que la bloquearon, hecha de muebles, palos y tejas de zinc. Al fondo se ven dos hombres más que van a cruzar la calle

Uno de los graves problemas de San Andrés es la falta crónica de agua. El pasado 21 de abril vecinos del sector de La Loma Green Hill bloquearon vías en protesta por la falta de suministro. Foto: La Liga Contra el Silencio.

En un principio el narcotráfico fue visto solo como una fuente de ingreso frente a la crisis económica. Una joven recuerda que cuando era niña había “unos señores” en la isla que regalaban uniformes y útiles escolares; patrocinaban equipos de baloncesto y repartían mercados. En aquel momento, cuenta, nadie se preguntaba de dónde salía tanta plata. “La gente se acostumbró a vivir con el patrocinio de la empresa narco”, dice otro joven.

Y aunque el narcotráfico había penetrado desde los años ochenta, el Archipiélago era considerado un territorio a salvo de la guerra de Colombia, un lugar de sol y playa lejos del fuego cruzado. El informe Violencia y Narcotráfico, del Banco de la República, sostiene que hasta finales de los años noventa las muertes violentas en la isla tenían que ver, sobre todo, con accidentes de tránsito. En 1999 suponían el 52 %, algo que cambió drásticamente en 2011, cuando los homicidios llegaron a ser el 59 % del total.

La tranquilidad saltó por los aires con la llegada, en 2008, de la banda Los Paisas, que empezó a intimidar, a extorsionar a comerciantes y a exigir vacunas por los cargamentos de cocaína. La reacción de los narcos locales, en cabeza de los hermanos Smith Pomare, conocidos como ‘Los Mellos’ de San Luis o de Casandra (Amaury, Mario y Jackeline, esta última asesinada en 2011), fue facilitar el arribo de otra organización, Los Rastrojos, tal como se recoge en sentencias judiciales a las que tuvo acceso La Liga y al testimonio de investigadores que siguieron este caso.

Tres personas sentadas en sillas tras una baranda metálica sobre la que hay un aviso horizontal que dice "Reubicación inmediata de las veinte mil personas en situación irregular". Al fondo hay una pared, una fachada, en la que también se han pegado carteles contra la OCCRE, la corrupción y la sobrepoblación.

La sobrepoblación, según la comunidad raizal, es otro de los males enquistados en San Andrés. Esta imagen del pasado abril corresponde a una protesta por las supuestas irregularidades en la OCCRE, la Oficina de Control, Circulación y Residencia. Se calcula que en San Andrés hay unas 20.000 personas sin permiso para residir. Foto: La Liga Contra el Silencio.

Los Paisas, al mando de Juan Carlos Duarte Gutiérrez, alias ‘Chiqui’; y Los Rastrojos, cuyo cabecilla era el expolicía Joaquín Palma Padilla, alias ‘Palma’, se trenzaron en una batalla por el control de la isla que dejó decenas de muertos.  

La guerra entre Paisas y Rastrojos la ganaron los segundos. En 2011 capturaron a ‘Chiqui’ y a ‘Palma’, aunque este salió en libertad y fue recapturado en 2019. Lo que quedó de sus organizaciones fue absorbido por el Clan del Golfo. Pero en medio de aquella confrontación ambos habían armado a los grupos delincuenciales que ya habían surgido en San Andrés y crearon bandos. En unos predominaban miembros de la comunidad raizal, y en otros, pañas, como se les dice en tono despectivo a los residentes colombianos nacidos fuera del archipiélago y que no hablan creole, la lengua raizal.

En el tablero de la violencia de San Andrés se han inscrito dos nombres que hoy mantienen vivo el odio enquistado de aquellas épocas, y que, según fuentes de la Policía, se disputan las rentas del microtráfico y las extorsiones: la banda de Edilberto Archbold García, alias ‘Ñoño’, en el barrio obrero, también llamados ‘Gente de Zona’ o ‘Los de la Zona’; y el clan Pusey, del barrio Salsipuedes.

A alias ‘Ñoño’ lo capturaron en 2015 junto a otros 11 miembros de su estructura. Se les sindicó de homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada y secuestro. Según la Policía y la Fiscalía, estaban al servicio de Los Rastrojos. De los Pusey se dice que producen tanta reverencia como espanto, y que trabajaron primero con Los Rastrojos y después con Los Urabeños. Esta es una familia extensa, con algunos miembros vinculados a delitos de homicidio, extorsión y concierto para delinquir, entre otros.

A la cabeza del grupo estaba Orlando Pusey Bent, asesinado el pasado 3 de julio en el barrio San Luis. Quienes lo conocían cuentan que era fisicoculturista, que jugaba baloncesto y que llegó a representar al Archipiélago en la selección departamental. Pero también lo recuerdan como un tipo rudo, de carácter volátil, que de la noche a la mañana pasó la frontera hacia la criminalidad y condenó a su familia al estigma. A algunos les ha costado la vida llevar ese apellido. La guerra con la banda de alias ‘Ñoño’ ya ha dejado ocho muertos del clan Pusey. El último había sido  Gilbern Pusey Bent, hermano de Orlando, conocido como ‘El Cuca’ y asesinado en enero del 2021.

En el historial judicial de Orlando Pusey consta que en octubre de 2001 les disparó a dos mujeres, familiares de su pareja. Eso lo llevó a la cárcel por intento de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. En el 2020 fue capturado por su supuesta participación, mientras se encontraba en prisión domiciliaria, del homicidio de un menor de edad. Pusey estaba  en casa por cárcel, pero era fácil toparse con él en algunos bares de San Luis o caminando por el sector del Barrack. En sus redes sociales exhibía fotos de armas y grababa videos donde decía  sentirse “perseguido” por la Policía. La sola mención de su nombre produce miedo en San Andrés.  Y también su muerte: desde ese día comenzaron a circular mensajes intimidatorios de audio y texto que anuncian una “limpieza” contra los Pusey. “Correrá mucha sangre”, dicen.

La tarde del domingo 13 de marzo un sobrino de Orlando,  Hilborn Allen Pusey Rodríguez, alias ‘Fito’, con antecedentes por lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto, y en prisión domiciliaria desde el 2021, según el Inpec, llegó a la casa del cantante Fabián Pérez Hooker, del dúo Hety and Zambo, y conocido también como “el rey del creole”. ‘Fito’ y Hety se conocían desde niños. De hecho, eran compadres, según cuentan familiares y allegados. “Por ser una isla tan pequeña todo el mundo se conoce y casi todos son familia”, dice un tío de Hety.

Mientras conversaban en el andén, se acercaron dos hombres a bordo de una moto. Uno disparó. Fueron cinco tiros; dos impactaron a Hety, que al día siguiente falleció. Las balas aparentemente eran para ‘Fito’. Aquella guerra aún no termina.

La muerte de Hety conmocionó a la isla y desató una ola inédita de protestas. La Fiscalía y la Policía capturaron a los presuntos autores del crimen, pero el malestar continúa.

Tanto o más que un músico, Hety era un líder social que reivindicaba su condición de raizal, que cantaba en creole y que se había inventado el programa #foodfimypeople, que reunía en el patio de su casa a gente de toda índole alrededor de una olla de comida. 

“Esos domingos eran increíbles. Su casa se convirtió en un territorio neutral donde la gente iba a comer gratis y donde se juntaban miembros de todos los bandos, pero no había peligro. Todos respetaban a Hety. Esa muerte nos va a doler siempre”, dice una amiga suya.

“Si estuviera el Clan, yo lo sabría”

A pesar de las evidencias, la presencia del Clan del Golfo en San Andrés aún se niega. “Aquí no hay Clan ni ninguna estructura criminal. Si fuera así, tendrían un brazo armado, un jefe; eso acá no existe”, asegura la coronel de la Policía María Elena Gómez Méndez, encargada de la seguridad de la isla.

El contralmirante Hernando Mattos Dager, comandante del Comando Específico de la Armada en San Andrés y Providencia, reconoce que el 80 % de las lanchas que han sido capturadas con cocaína en el Caribe colombiano pertenece al Clan del Golfo. Pero, dice, eso no significa que el grupo esté en la isla. “A ellos [el Clan] les interesa tener un enlace con las organizaciones delincuenciales de San Andrés para sus propósitos, esa es una verdad innegable. Pero decir que hay clan, no. Si hubiera, yo lo sabría”.

Para Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla, la subcontratación de grupos locales que lleva a cabo el clan en algunas regiones del país supone control de armas, recursos y cerrarle el paso a cualquier otro actor que pretenda ingresar en el territorio. Forma parte de su estrategia. Para eso no se necesita, dice, un brazo armado.

Los resultados de recientes investigaciones de la DIJIN y la Fiscalía que atestiguan la presencia de miembros del Clan en San Andrés van en contravía de las versiones que ofrecen el contralmirante Mattos y la coronel Gómez Méndez. En una operación que llevaron a cabo de manera conjunta estos dos organismos, se desarticuló a mediados de marzo una red narcotraficante del Clan que movía cargamentos de cocaína por aguas jurisdiccionales de la isla.  

Playa de San Andrés

Una playa de San Andrés, en la zona de San Luis. Foto: La Liga Contra el Silencio.

De esa red formaba parte Alexander Alberto Simanca Cabrera, según la Policía, uno de los hombres fuertes de Otoniel, quien fue capturado en octubre de 2021 y extraditado a Estados Unidos el pasado mayo bajo cargos de delitos federales de narcóticos. Alias ‘Simanca’ o ‘Don José’ fue miembro de la Armada en el grado de suboficial entre marzo de 1995 y noviembre de 2000, cuando comenzó a formar parte del bloque Héroes de Montes de María de las AUC, según la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía. También fue, según la Policía, uno de los líderes de Los Paisas.

En el Clan del Golfo ascendió de la mano de Juan José Valencia, alias ‘Falcón’, detenido en mayo del año pasado y con orden de extradición vigente. Un informe del diario El Tiempo reveló testimonios de miembros del Clan que daban cuenta del poder de este narco dentro de la organización. Según Carlos Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’, a ‘Falcón’ se le habrían entregado las finanzas y el mando de hombres y armas en Cartagena, y “se le encargó San Andrés”.

Alexander Simanca era cabecilla de la subestructura Erlín Pino Duarte, una red que utilizaba la isla en su ruta de transporte de cocaína. De los 15 detenidos en la operación —la Policía habla de 23—, siete son isleños y otros siete fueron capturados en San Andrés. El material probatorio en poder de la Fiscalía indica que todos tendrían vínculos con el Clan del Golfo.

Un dolor que no ha sanado

“San Andrés es un lugar bien difícil de entender. Con una particularidad: Aquí hay un dolor que nunca se ha sanado”, dice una joven raizal parada en la puerta de su casa, en el sector de la Loma. Por allí pasa un enjambre de vehículos turísticos y motos que circulan a gran velocidad y contribuyen al caos que se adueña de las carreteras de la isla. Aquí el turismo no tiene temporada baja, todo el año parece alta.

Cuando se recorre este pedazo de tierra de apenas 27 kilómetros cuadrados (la localidad de Chapinero, en Bogotá, tiene 35) sin las gafas de sol de turista, se descubre una isla herida. De luto permanente por sus muertos (entre 2010 y el 30 de abril de este año suman 285, la mayoría relacionados con la violencia del narco) y sus desaparecidos (una cifra no oficial, recopilada por investigadoras locales habla de 700 hombres a los que se tragó el mar cuando transportaban cocaína desde los años noventa). “Aquí uno vive en duelo desde muy pelao; oyendo que se llevaron al hijo de tal señora, que otro apareció descuartizado. Yo tengo por lo menos siete amigos del colegio que murieron o desaparecieron en alta mar cuando hacían viajes de go fast”, relata una mujer raizal.

De ese dolor y de esas víctimas poco se sabe en la Colombia continental, como se denuncia en el informe Mar, guerra y violencia: El conflicto armado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elaborado por un grupo de investigadoras para la Comisión de la Verdad. Es como si el conflicto, que también se ha alimentado del narcotráfico, nunca hubiera llegado a la isla.

En San Andrés la sensación es de desánimo y desesperanza. “Los jóvenes están en una encrucijada”, dice un líder raizal. Y otro más añade con amargura: “Lo que el asesinato de Hety nos mostró es que estamos cansados de lo que está pasando y de que a la larga nunca pase nada”.

Lunes, 11 Abril 2022

El boom cocalero de Colombia atrae a indígenas venezolanos

Por La Liga Contra el Silencio

Durante décadas esta economía ilegal ha sido una fuente de ingresos para miles de familias dentro del país. Ahora, con la crisis al otro lado de la frontera, el narcotráfico ha incorporado una mano de obra extranjera que resulta más vulnerable en medio de un conflicto armado ajeno. Personas de las etnias yukpa y barí en Perijá se están sumando a tareas hasta ahora desconocidas.

 

Después de tres meses fuera de su comunidad en Venezuela, José*, un indígena de 19 años, cruzó la frontera con las manos y las piernas manchadas de negro. Tenía la piel herida con grietas profundas en sus palmas y sus dedos. Los brazos con sarpullido y también con heridas como de arañazos. Pero en el bolsillo llevaba tres millones de pesos colombianos, un ingreso difícil de conseguir donde vive.

José venía de un lugar que todos en su comunidad han escuchado; algunos lo conocen y pocos quieren decirlo en voz alta. Él cuenta que todo comenzó cuando unos hombres con acento colombiano llegaron en 2018 a su territorio en la Sierra de Perijá, contrataron a algunos indígenas y les dijeron que se fueran a raspar coca.  En esta región habitan los pueblos yukpa, barí y japreria, ubicados principalmente en el municipio Machiques. “No entendíamos mucho de qué se trataba. Primero se fueron algunos a riesgo, y luego que volvieron nos contaron a los otros”, dice José.

En el grupo de pioneros estaba su hermano. De allá vino vestido “diferente”, recuerda José. Cuando volvió a la comunidad le llamó la atención que su hermano tenía unos pantalones nuevos enrollados en la pantorrilla, unos zapatos de goma que veía en la televisión cuando bajaba al pueblo y una camiseta con colores llamativos. “Yo también quise ir para ganar dinero. Le dije que me llevara hasta donde estaba trabajando para poder comprarme lo mismo”, recuerda ahora.

José vive en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Esta es una zona que limita en Colombia con La Guajira, el Cesar, Catatumbo y Norte de Santander. Este último es el departamento de Colombia más afectado por la coca. Allí, con 40.116 hectáreas registradas en 2020, están cuatro de los diez municipios con más arbustos, incluido Tibú, que encabeza la lista nacional. En él se concentra el 13,5 % del total cultivado en el país.

En las primeras vacaciones que tuvo de sus clases en 2019, José decidió cruzar la frontera con varios compañeros yukpas y otros de la etnia barí. El trayecto duró entre 10 y 12 horas. Una hora desde su comunidad hasta la carretera Machiques Colón en el estado Zulia; entre tres y cuatro horas en un bus que los llevó hasta el sector El Cruce, en el municipio Jesús María Semprum. Desde allí 15 minutos hasta llegar al puente del río de Oro. Hasta este punto es territorio venezolano. En ese lugar esperaron unas canoas que los llevarían por el río de Oro y, en adelante, el trayecto puede durar entre seis y ocho horas, dependiendo de la crecida del agua, hasta llegar a territorio colombiano. 

A partir de ese momento van pidiendo “listas y nombres” en varios puntos del recorrido, recuerda José. No todos pueden viajar: solo pasan los que van a trabajar con coca. Cuando José llegó a una zona llamada La Cooperativa, en Colombia, se sumó a otras nueve personas. Había indígenas barí, yukpas y wayuu. Otros de los hombres que integraban el grupo eran de los estados Mérida, Trujillo y Zulia.

Allí los dividen según el trabajo. “Deciden quién va a ser raspador, fumigador, abonador, machetero o recolector. Te dicen lo que vas a hacer, pero debes tener un combo, ir con otros compañeros. Si eres nuevo, te unes a un combo de siete, de ocho o de 12 personas”, explica Jose. Los “combos” dependen del tamaño de las hectáreas que tiene cada “patrón” o dueño de finca. “Los patrones pueden tener de ocho a 10 hectáreas de coca. La raspa puede durar hasta tres semanas”, dice.  

Cuando escoge a los hombres, “el patrón” informa que del pago se descuenta el dinero de la comida y el hospedaje. “La jornada comienza a las siete de la mañana y termina a las once, la primera ronda. Paramos para descansar y comer, y volvemos a las dos de la tarde y hasta las cuatro”, cuenta José. En la finca, los trabajadores más antiguos le explicaron cómo era el procedimiento: tomar la rama y jalar la hoja. “Los primeros días me saqué sangre en las manos”, recuerda. 

Algunos son más expertos. “De una sola agarrada dejan la mata limpia. Uno puede tardarse en raspar, dependiendo de la hoja. Las matas son del mismo tamaño, pero hay tres tipos de hojas: la tempranera, la cuarentena, y otra más pequeña. La más difícil es la tempranera, es la hoja más seca”, explica José. 

El pago se hace por arroba o 12 kilos. “No nos dan cantidad límite y solo nos dicen que quien saca más, gana más. Mi primera semana saqué 45 kilos en la mañana y en la tarde 24. Por cada arroba te pagan entre 8.000 y 10.000 pesos. Los días siguientes me puse las pilas”, cuenta. 

Jose llegó sin saber nada, pero aprendió a raspar y a reunir las hojas en una cesta como las que se usan en los cultivos de café. Todo va a un saco que llevan a pesar y a cada quien le suman su trabajo del día. También le pagan por abonar, por machetear o cortar. “A los que machetean les pagan 40.000 pesos diarios y a ellos no les dan descanso. Por abonar también pagan 40.000 pesos el día, y por la fumigada 60.000 pesos, porque es un proceso muy delicado”, dice. 

 

Carnetizados para raspar

Pronto en las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá se corrió la voz: hasta tres millones de pesos mensuales ganaban los raspadores. Entonces la mayoría de los jóvenes quisieron ir. La crisis en Venezuela ha afectado a todo el país, pero especialmente a las zonas alejadas de las ciudades. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha advertido el “retroceso” de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en regiones como la Sierra del Perijá. Allí sobreviven afectados por la pobreza, las enfermedades, la intermitencia del servicio eléctrico, la falta de agua potable, la escasez de oportunidades laborales y las dificultades de transporte para sacar las pocas cosechas. La mayoría de las comunidades indígenas se alimentan de sus siembras, como plátano y yuca. Pero muchos padecen la desnutrición por falta de proteína.

La oportunidad de obtener ingresos entusiasma a la población. En el grupo que viajó en 2019 también estaba una maestra. El salario que ganaba dando clases, equivalente a cuatro dólares mensuales, no alcanzaba para vivir ni mantener a su familia. Eran 13.600 pesos colombianos. La mujer no regresó. Sigue raspando coca y coordina a quienes llegan al sitio para armar nuevos equipos de trabajo. “Hace como la logística para unir los combos”, explica José.

Otros bachilleres indígenas que habían entrado a la universidad también dejaron los estudios para irse a la faena. “La maestra y otras más se fueron. Algunas no aguantan, pero pueden trabajar en el bar o en las tiendas de La Gabarra”, cuenta José. En esto coinciden dos de sus compañeros indígenas, quienes están raspando desde que inició la pandemia.  

Subiendo por el río Oro se llega a La Gabarra, en Norte de Santander; uno de los centros poblados más cercanos a grandes cultivos de coca. Su economía depende en buena parte de ellos por la provisión de bienes y servicios, entretenimiento, y otras actividades que se dinamizan por la economía de la coca.

Al terminar los trabajos en la zona, reúnen a los trabajadores para el pago. José cuenta que en La Cooperativa les dan los pesos y algunas veces se van a La Gabarra. “Allá nos divertimos. Hay plaza, cantina, un burdel y hasta un cine. Allá vemos las camionetas de los guerrilleros y sus motos de marca”, dice. 

Jesús*, otro indígena de 19 años, lleva tres trabajando en la zona. Dejó el bachillerato para ayudar en su casa. “Mis padres no estaban de acuerdo, pero cuando se dieron cuenta de que solo estábamos comiendo plátano, yuca, arroz pocas veces, y carne solo cuando un ganadero nos ayudaba, me dejaron ir. Cada vez que vengo comemos mucho”, cuenta ahora.

El interés por trabajar en los cultivos fue creciendo, pero también los indígenas entendieron los riesgos. Las faltas cometidas por otros empezaban a ponerlos en peligro. “Un indígena le robó 50 millones de pesos a un patrón. Lo vinieron a buscar y se lo llevaron. Está desaparecido. Hubo otros que robaron no solo la plata, sino la droga. De esos no se sabe nada”, cuenta Jesús.

Entonces creció la desconfianza, dice Pedro*, un tercer indígena de 22 años que también va a “la raspa”. Desde 2019 empezaron a censar a quienes trabajaban en la zona. Hicieron listas y hasta les dieron un carnet. “Ahí está el nombre, la comunidad y la dirección. Al que se equivoque, lo vienen a buscar”, dice. 

José, Jesús y Pedro cuentan que tuvieron la primera oportunidad de raspar en 2019. En su pueblo antes no se hablaba de indígenas que hicieran eso en Colombia. Ahora los tres raspan, palean y machetean en las fincas, pero no quieren ser captados o reclutados. “La libertad es importante para nuestra cultura y nosotros podemos trabajar, pero no quedarnos a vivir con ellos”, dice Jose. Su hermano trabaja ahora en una ‘cocina’, donde se produce pasta base y cocaína de alta pureza.

“Nosotros no queremos ser de la guerrilla, queremos seguir trabajando en esto y lo que buscamos es que un día podamos trabajar en las cocinas, o en los laboratorios”, dice uno de sus compañeros. En esta estación solo pueden estar quienes llevan años trabajando. “Esos tres millones de pesos que yo me gané en tres meses, ellos se lo pueden ganar en un día”, dice José. 

Estas labores son rentables para los indígenas porque en las zonas donde viven no hay trabajo. La crisis económica en Venezuela no les permite tener empleos estables, o ya no es rentable dedicarse a sembrar o trabajar en las fincas de los ganaderos de Perijá y La Villa del Rosario, en el estado Zulia. La desinversión y falta de apoyo a los productores ha agotado las fuentes de trabajo en las haciendas. 

 

Forzadas a estar en medio de una guerra ajena

En la región donde trabajan estos tres indígenas manda el Ejército de Liberación Nacional. “La guerrilla controla todo. Hay dueños de fincas que aceptan que les siembren coca; otros no, pero lo tienen que hacer. La finca tiene un patrón que es el dueño de la tierra. Los patrones de nosotros son los de la guerrilla”, dice José.

Los indígenas cuentan que los guerrilleros usan pantalones negros con botas altas y camisetas blancas o negras. Solo unos pocos llevan brazalete en el brazo. 

El Catatumbo es una zona en disputa entre grupos armados ilegales (el ELN, el EPL  y disidentes de las FARC) que imponen el terror con masacres, asesinatos y amenazas. Todos ejercen control social con medidas y restricciones a la población. En ese contexto los venezolanos también se han visto inmersos en la guerra. 

“Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo, están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado”, señala un informe de Human Right Watch (HRW) de 2019. Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), el documento señala que hasta abril de 2019 al menos 25.000 venezolanos vivían en Catatumbo, aunque no se detallan cifras sobre la población móvil. Sí menciona cifras de asesinatos de venezolanos atribuidos a grupos armados: uno en 2017, cinco en 2018 y 15 entre enero y julio de 2019.

“El conocimiento limitado de los venezolanos sobre el conflicto armado en Colombia, sumado a las condiciones en las que viven y las necesidades que los impulsan a migrar, los vuelve más vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados en la zona”, señala HRW.

José, Jesús y Pedro han sorteado la violencia, pero en la cadena de la coca hay otros riesgos. Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que los actores del conflicto armado y el crimen organizado aprovechan la llegada de la población vulnerable y la reclutan para diferentes labores en Colombia. “Desde el raspado de coca, la carga de productos de coca dentro de la ruta de caminantes, hasta la comercialización y microtráfico en las ciudades grandes y medianas”, dice.

En la frontera también crecen otros delitos como la explotación sexual de mujeres y niñas venezolanas. Para ellas denunciar o buscar ayuda las puede exponer a deportaciones, discriminación, maltrato y otros riesgos que aprovechan los grupos armados. “Para ellos es mucho más fácil desaparecer a un ciudadano venezolano que no está registrado, que no se tiene precisión de su ubicación. Esto ha generado que sean víctimas de organizaciones”, dice Rodríguez.

 

Todos saben, pocos hablan

En los pueblos de la Sierra de Perijá y en el municipio Jesús María Semprún del Sur del Lago, en Venezuela, la gente en las comunidades sabe de qué se trata el trabajo al otro lado de la frontera y los peligros que implica. Aún así, cada vez se unen más personas a esta actividad. Quienes los convocan están identificados en estos pueblos; muchos les temen, otros simplemente los ignoran. Las promesas que hacen a quienes los ayudan tienen que ver con el estómago. Una persona de la comunidad, que está en contra de estas actividades y ha enfrentado a los reclutadores, recibió amenazas. “Aquí la gente es pobre y lamentablemente el pobre por una bolsa de comida da el alma. Tristemente es así”, dice.

Esta fuente lamenta ver a jóvenes alejándose de sus estudios, por un trabajo que es rudo y afecta su salud. “Parece que eso se les olvida cuando se ven los bolsillos llenos”, dice. Dice que los identifica porque llegan enfermos cuando vienen de Colombia. “Las manos y los brazos cortados e hinchados, las piernas también. Algunos cuentan que quienes van a trabajar en las cocinas se enferman por el olor que despide esa mezcla que es muy fuerte. Se conocen porque siempre tienen las mucosas irritadas, la nariz, los ojos. Siempre tienen los ojos rojos”, cuenta. 

En el trabajo se mantienen los que “sobreviven”, dicen los tres indígenas de la Sierra. Si se enferman deben costear su tratamiento. “Algunos se ponen feos y se hinchan porque lo que bota la hoja de coca los enferma. Tienen que comprarles unas inyecciones que cuestan 8.000 pesos y se las pone la guerrilla. Un hermano de nosotros se iba a morir. Él se tuvo que ir y no pudo volver. Al que le da reacción la coca, no puede volver. Ellos no quieren que se les enferme nadie, mucho menos que se les muera”, señala José.  

 

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las fuentes.