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Jueves, 28 Marzo 2019

Todo (o casi todo) lo que debería saber sobre Hidroituango

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Explicador: En siete puntos resumimos lo que ha pasado con esta megaobra: los tiempos, los costos, los responsables y las polémicas de la que sería la hidroeléctrica más grande de Colombia.

La hidroeléctrica

La Hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango, es un proyecto de generación de energía a través de una hidroeléctrica. Está ubicada sobre el río Cauca, en el llamado ‘Cañón del Cauca’, entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia. (Para entender cómo funciona una hidroeléctrica recomendamos este video).

Fue pensada para ser la hidroeléctrica más grande del país. La presa (el muro que se construye para almacenar el agua) mide 225 metros (casi dos veces la altura del edificio Coltejer en Medellín*) y tiene 20 millones de metros cúbicos de volumen (la capacidad para almacenar agua).

Esta megaobra sería la responsable de aportar el 17 por ciento de la demanda energética del país para 2021 (la hidroeléctrica que más genera en este momento es San Carlos y aporta apenas el 9 por ciento).

Los costos

Inicialmente se estimó una inversión de 11,4 billones de pesos para el desarrollo de la obra, pero ha tenido, hasta el momento varios sobrecostos que se calculan en 1,5 billones de pesos. Estos incluyen los 65.000 millones que, según le dijo EPM a La Silla Vacía, le había costado la emergencia desde abril de 2018 hasta el 31 de enero de este año.

Los dueños y responsables

El 50 por ciento de las acciones las tiene el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que depende de la gobernación, y otro 2 por ciento es del Departamento de Antioquia (es decir que la mayor participación está en cabeza del gobernador).

Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el segundo mayor accionista, con el 46 por ciento, y es la compañía que ganó la licitación para el desarrollo, construcción y operación del proyecto.

El resto de acciones está en manos de accionistas minoritarios, de acuerdo con la página del proyecto.

El consorcio colombo brasileño CCC Ituango, integrado por las firmas Construções e Comércio Camargo Corrêa, Conconcreto y Coninsa Ramón H., es el encargado de ejecutar la construcción de la presa, la central de máquinas y demás obras asociadas.

Por otro lado, La Silla Vacía publicó una investigación sobre los políticos detrás de las grandes decisiones de Hidroituango. En ella, aparecen los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, y los actuales mandatarios, Luis Pérez, Gobernador de Antioquia, y Federico Gaviria, Alcalde de Medellín.

Los tiempos

Fue planeada desde 1969 y en 2010 se firmó el acuerdo para su construcción entre el IDEA y EPM. Se estimaba que la primera de ocho unidades (turbinas) de generación de energía iniciaría servicio en noviembre 30 de 2018 y los otras siete habrían de empezar operación sucesivamente cada tres meses hasta que la central entrara a tope en 2020, según informó El Tiempo en 2012.

Debido a derrumbes que ocurrieron a lo largo de la construcción, las obras se retrasaron 20 meses. Por esto, EPM firmó en diciembre de 2015 un pacto de aceleración con el Consorcio CCC que costó 370 mil millones de pesos.

“La propuesta que hizo el consorcio consistía en aumentar la jornada de trabajo para que fuera 24/7, conseguir equipos adicionales para acelerar la construcción y programar obras complementarias para construir en menor tiempo pozos y revestimientos. Así recuperaría 18 meses de los retrasos”, según informó La Silla Vacía.

No obstante, con la emergencia que comenzó en abril de 2018, el inicio del funcionamiento de la presa quedó sin una fecha clara.

Las polémicas

Desde su planificación a finales de los 90, el proyecto de Hidroituango ha presentado inconsistencias graves en términos medioambientales, económicos, políticos y sociales.

La licencia ambiental para desarrollar el proyecto ha sido cuestionada y modificada 12 veces. La Contraloría, en la auditoría que le hizo el año pasado a la Anla y a EPM, detectó que ese estudio estaba desactualizado y no tenía detalles necesarios. “Por ejemplo, decía que no había comunidades indígenas en el área de afectación, cuando sí había; no valoró el impacto ambiental por el cambio en la calidad del agua ni realizó una estimación de ecosistemas estratégicos, como los tipos de bosques que están en el área”, informó La Silla Vacía.

El actual gobernador Luis Pérez denunció en octubre del año pasado que el cierre definitivo de los dos túneles principales para la desviación del río Cauca  la construcción de un tercero con la mitad de capacidad se hicieron sin autorización de la Anla.

La Contraloría le abrió una indagación preliminar a EPM porque el tercer túnel se comenzó a construir en agosto de 2015, pero la solicitud para modificar la licencia ambiental para hacerlo se presentó en julio de 2016 y la obtuvo en septiembre de 2016.

Pero también ha habido escándalos alrededor de EPM, por cómo ganó el proyecto (el pasado 27 de febrero, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que imputaría cargos por el cuestionable contrato adjudicado a dedo) y contra la constructora brasileña Camargo Correa (dueña del 55 por ciento del consorcio que construye la obra) porque en Brasil forma parte del escándalo Lava Jato junto con Odebrecht, como informamos anteriormente.

Por otro lado, entre 1982 y 2016 han ocurrido 62 masacres en los municipios en donde se desarrolla Hidroituango y las comunidades han argumentado que no se les consultó sobre el desarrollo del proyecto y sus consecuencias. Además, se han denunciado desalojos forzosos y asesinatos, como el caso de Nelson Giraldo de la organización Ríos Vivos.

Las emergencias

Desde hace poco menos de un año el proyecto hidroeléctrico ha sufrido varios problemas por cuenta de errores en la construcción de la obra que han coincidido con infortunios climáticos. Resumimos algunos de estos hechos.

La primer emergencia ocurrió el sábado 28 de abril del año pasado, cuando las aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos debido a un derrumbe, taparon uno de los túneles de desviación; el único por el que seguía desviándose el río Cauca para la construcción de la obra (entonces el proyecto se encontraba en un 85 por ciento de avance de sus obras principales). El Espectador hizo un video que sirve para entender gráficamente lo que pasó.

El 10 de mayo, luego de que el río Cauca llevara 13 días represado por los túneles taponados, y con alto riesgo de una avalancha en los municipios aguas abajo del proyecto, EPM tomó la decisión de inundar la casa de máquinas (que está dentro de la montaña y contiene la maquinaria que tendría la labor de generar la energía) para que el agua pasara por ahí y evitar que se rompiera la presa y arrasara con los pueblos aguas abajo.

“Esa decisión ha sido la más costosa para el proyecto, porque puede que por ello la hidroeléctrica no sea viable”, de acuerdo con La Silla Vacía.

Dos días después, el túnel bloqueado se destapó y debido que que el agua estaba represada, el caudal aumentó su velocidad. Esta fue la causa de la subida del río aguas abajo; la corriente destruyó tres puentes y dejó 600 damnificados. De acuerdo con el video de El Espectador, 73 viviendas se perdieron en su totalidad y 162 tuvieron daños parciales, según La Silla Vacía.

Pasaron los días y el asunto pareció estabilizarse, pero el miércoles 16 de mayo EPM informó de una obstrucción en la casa de máquinas que hizo que el agua comenzara a salir por las galerías, los caminos por donde entran carros y trabajadores. Este hecho puso en alerta máxima a cinco municipios aguas abajo, de acuerdo con el video de El Espectador, y dejó las imágenes de obreros huyendo de las aguas.

Al día siguiente, el gerente de EPM alertó que si el agua seguía saliendo por las galerías, podría colapsar la presa. Y que además si el agua la rebosaba, el muro de la presa podría fracturarse causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros.

Por esta razón, los habitantes de Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, municipios de Antioquia, fueron evacuados y debieron dejar sus casas.

Meses más tarde, pasada la emergencia, a comienzos de noviembre de 2018 EPM pudo llenar el embalse por primera vez, hecho fundamental para poner a funcionar el vertedero y que el agua saliera por él (y no por la casa de máquinas).

Después de eso solo seguía terminar de cerrar los túneles de desviación (incluyendo el que ocasionó la emergencia de abril), asegurar que el río pasara por el vertedero y cerrar la casa de máquinas para evaluar la viabilidad de la hidroeléctrica, como informó El Tiempo.

Sin embargo, el 21 de diciembre tuvieron que volver a cerrar el vertedero porque bajó el nivel del embalse, y el agua quedó pasando únicamente por la casa de máquinas.

Este año continuó la emergencia debido a otros riesgos. En la montaña donde está ubicada la casa de máquinas encontraron filtraciones de aire que podrían ocasionar el colapso del proyecto, y las rejas por las que entraba el agua a la caverna se estaban deformando.

Por esta razón, EPM decidió cerrar las dos compuertas que permitían que entrara el agua allí sin antes haber llenado el embalse. A eso se debió que el río Cauca aguas abajo se secara casi totalmente.

A propósito de esto La Silla Vacía publicó: “Esa decisión ha generado una crisis ambiental con la vulneración de los ecosistemas que giran en torno al río, además de casi 60 mil peces muertos. También el desabastecimiento de agua en Caucasia, el estancamiento económico de las comunidades que viven del río y un impacto ambiental que todavía está por conocerse”.

Lo que sigue

Desde el año pasado, el gerente de EPM, Jorge Londoño, ha dicho que solo se sabrá si Hidroituango es viable cuando se saque el agua de la casa de máquinas, se limpie lo que el río haya metido y se evalúe el estado de los aparatos.

Si los daños en la casa de máquinas no son tan graves como para repararlos en tres años, algo que se sabrá después de este mes de abril por ser la fecha estimada para el cierre inicial de compuertas, si las pólizas de seguro que tiene EPM para el proyecto responden en su totalidad por los daños, y dependiendo de lo que determinen las investigaciones en Procuraduría, Contraloría y Fiscalía; Hidroituango empezaría a operar en 2021.

 

*Corregimos. Serían 1,2 veces el edificio Coltejer de Medellín, pues su medida es de 175 metros.

Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

No hay una cifra unánime. La cantidad de víctimas depende de la fuente a la que se le pregunte. Además, se ha confundido con la de ejecuciones extrajudiciales. Le contamos las diferencias.

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.