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Domingo, 26 Julio 2020

Unificar las causas, agilizar los trámites y las dudas sobre su uso en el futuro: ¿cómo es y qué busca el software que utiliza la justicia colombiana?

Por Pablo Medina Uribe y Luisa Fernanda Gómez

Investigamos cómo la Fiscalía está usando la tecnología para agilizar sus procesos, así como los cuestionamientos al respecto.

En los últimos días de agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación, la entidad colombiana encargada de investigar crímenes y acusar a los presuntos criminales que los cometieron, anunció en varios medios del país que comenzaría a usar un sistema de inteligencia artificial para agilizar sus labores.

La Fiscalía bautizó esta herramienta como “Fiscal Watson”, en referencia al software Watson de la compañía estadounidense IBM sobre el que está montado. 

En una rendición de cuentas del 30 de agosto de ese año, el entonces fiscal General Néstor Humberto Martínez describió al Fiscal Watson como un “sistema de inteligencia artificial para la asociación de casos a través de bases de datos no estructuradas”. Ese día Martínez también dijo que el sistema ya había tenido algunos éxitos, como por ejemplo haber logrado identificar a un “depredador sexual, gracias a la asociación de 9 casos, después de que el aplicativo revisó en tiempo real los 13 millones de denuncias que tiene la Fiscalía en su sistema SPOA” (que es el sistema que recoge información para el Sistema Penal Oral Acusatorio).

Por qué surgió, con qué fin, en qué estado de desarrollo está

En el Contrato 0326 de 2017, en el que la Fiscalía contrató a IBM para implementar esta herramienta, la entidad explica que “en cumplimiento de sus funciones de investigación y judicialización, debe dar aplicación” a varias leyes (como por ejemplo la Ley de Justicia y Paz o la Ley de Víctimas), cada una de las cuales genera una gran cantidad de información, y por lo tanto decidió ordenar el desarrollo de una herramienta para consolidar y analizar toda esta información. 

En el contrato también se explica que esta herramienta se articula con la estrategia de “Gobierno en línea” con la que el gobierno colombiano pretende ser “más transparente y más participativo gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

Pero la Fiscalía también aclara que, en un estudio previo, encontró que “parte de las deficiencias encontradas, fue la falta de unificación en los modelos de atención y operación de los procesos de la entidad”. 

Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma, una organización que busca proteger los derechos humanos en medio de las nuevas tecnologías, explica que la Fiscalía se enfrentaba a un problema que tienen muchas otras entidades colombianas: no contaba con un sistema único para consolidar toda su información.

No solo cada una de las leyes que menciona el contrato de la Fiscalía crea un sistema nuevo de información, en muchos casos los varios despachos regionales de la Fiscalía no compartían información entre ellos. Así que era prácticamente imposible que los datos que estuvieran en una parte del país le llegaran a la otra parte que los necesitara.

El Fiscal Watson sería la herramienta integradora que la Fiscalía encontró como la solución a este problema.

La misma Fiscalía, en el contrato ya mencionado, dice que con Watson “se implementarán iniciativas para desarrollar, adaptar y automatizar los procesos, los sistemas de información, la estructura de datos y la plataforma tecnológica a la arquitectura planteada para optimizar los procesos institucionales y así apalancar los objetivos estratégicos de la entidad”.

Esto quiere decir que se trata, principalmente, de una base de datos digital consolidada de todos los expedientes y noticias criminales que tiene la Fiscalía (según sus propias cuentas, tiene 13 millones de registros) que antes de Watson debían procesarse “manualmente” (es decir, a través de sistemas desagregados y bases no unificadas).

Pero esta herramienta no será simplemente un repositorio, aseguran. Con ella se busca también acelerar y mejorar el procesamiento de esos datos, gracias a la automatización, en dos frentes. 

El primero es que la Fiscalía podrá asignarles casos automáticamente a sus fiscales (un proceso que, según dicen en varias presentaciones, antes tomaba hasta 40 días). El segundo es que la Fiscalía estará en capacidad de hacer asociaciones entre casos.

Hernán Murcia, uno de los miembros del equipo de Cognitiva, el socio estratégico de IBM en América Latina para inteligencia artificial que asistió en el diseño de los usos de Watson en la Fiscalía, explica esta capacidad: “El sistema es capaz de correlacionar los hechos de todas las denuncias de todos los delitos. Si tú fueras la persona que lee todas las denuncias que le llegan a la Fiscalía y ves que en varias denuncias se ve que una persona gorda con chaqueta roja robó un celular en la Carrera 7 con Calle 67, automáticamente estarías haciendo en tu mente una correlación de los hechos que te están contando”. 

Es decir que el sistema logra crear asociaciones entre información que, si fuera procesada por humanos, quizás no serían tan evidentes bien sea por el tamaño de los datos o por la falta de conexión entre sistemas informativos.

“Esto es lo que el sistema puede hacer automáticamente, correlacionar todos esos hechos”, aclara Murcia, “es un volumen de más de cinco mil denuncias diarias”.

Por su parte Luis Enrique Aguirre, el director de Planeación y desarrollo de la Fiscalía, explicó en un video de diciembre de 2018 que “es imposible, de manera manual, hacer asociaciones. Si hay un caso que se presenta hoy en día como, por ejemplo, el que sucedió con el “violador de Ibagué”, era imposible que alguien recordara de memoria 10 años de sucesos de este estilo”.

Los resultados

Martínez dio el mismo ejemplo que citó Aguirre en su video como caso de éxito. En 2018, la Fiscalía usó su nuevo software (que comenzó a ser implementado en las seccionales de Bogotá, Cali, Bucaramanga e Ibagué en julio de ese año) para relacionar a una persona denunciada con denuncias previas.

 

En abril de 2018, un hombre llamado Walter Matiz Ramírez fue denunciado en el municipio de Honda, Tolima, por abuso sexual (Ibagué es la capital del departamento del Tolima, por lo que Aguirre mencionó esta ciudad en su intervención). Tras recibir esta denuncia, el Fiscal Watson comparó el modus operandi, las características morfológicas del victimario, los vehículos, los números de teléfono de este caso con las demás entradas en su sistema y los relacionó con los datos de otras nueve denuncias por abuso sexual en varios municipios. 

Tras este proceso, la Fiscalía acusó a Matiz de ser el responsable en todos los casos relacionados, que databan desde 2009. Luego, un juez decidió encarcelar a Matiz mientras esperaba una decisión judicial en su caso.

Este es el caso que más se ha repetido como ejemplo del éxito de la implementación del sistema. Ha habido otros, como un caso en el que al comparar reclamos por dinero del sistema de salud se identificó un desfalco de 724.000 millones de pesos (o unos 210 millones de dólares). También se publicitó otro caso en el que, gracias a la asociación de datos que hizo Watson del modus operandi de varias denuncias, se desmanteló a una red de personas que engañaban a sus víctimas diciéndoles que tenían “caletas” (o dinero escondido) de la desmovilizada guerrilla de las Farc para llevarlos a un lugar aislado y luego robarlos.  

Sin embargo, Aguirre dice que ha habido más de 500 casos de éxito. Según el acta de liquidación del contrato entre la Fiscalía e IBM, el proceso completo de diseñar, desarrollar e implementar esta herramienta tuvo un costo de 10.243 millones de pesos, lo que equivale a unos 3 millones de dólares a cambio de diciembre de 2019. El presupuesto anual de la Fiscalía en 2019 fue de 24,7 billones de pesos, lo que equivale a 7.318 millones de dólares. 

Los planteos que hacen organizaciones de derechos civiles

Aunque los expertos consultados están de acuerdo en que Watson, en general, es una herramienta necesaria, algunos de ellos expresaron preocupación por los nuevos sistemas que se puedan implementar gracias a la información consolidada en el flamante “Fiscal”.

En particular, hay preocupación por Prisma, una herramienta que la Fiscalía presentó en mayo de 2018, pero sobre la cual se ha compartido poca información. Joan López, otro investigador de la Fundación Karisma, dijo que a 2019 lo único que se conocía del proyecto es una presentación que compartió la Fiscalía. A enero de 2020, en una respuesta que le dieron a la fundación, la entidad dijo que el proyecto todavía no estaba activo mientras se hacían pruebas, protocolos de capacitación, metodología de implementación y evaluación de impacto de Prisma.

En la presentación a la que hace referencia López, la Fiscalía explicó que Prisma es una herramienta “para lograr de manera más efectiva que personas con alto riesgo de reincidencia criminal sean cobijadas con medida de aseguramiento”.

Daniel Mejía, quien era el director de Políticas y estrategias de la Fiscalía durante el lanzamiento de Prisma, explicó su funcionamiento: “Cuando una persona es capturada y se le imputan cargos, un juez debe decidir si a esa persona se le otorga una medida de aseguramiento”, es decir, el juez dispone si esa persona debe esperar en la cárcel (o en detención domiciliaria) mientras se resuelve su situación judicial, o si puede esperar en libertad. 

“El principal argumento que se da para otorgar esas medidas de aseguramiento”, dice Mejía, “es el riesgo de reincidencia”, es decir el riesgo de que alguien acusado de un crimen cometa otro crimen. Prisma usa machine learning para calcular ese riesgo de reincidencia.

Según explica Mejía, Prisma toma información de las bases de datos de la Fiscalía, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Con esos datos arma una “hoja de vida criminal” de cada persona que está analizando y, a través de un algoritmo, “en 4 segundos” le aporta los datos sobre el riesgo de reincidencia de una persona a los jueces, para que ellos tengan información más exacta sobre la cual tomar sus decisiones. De esta manera, Prisma busca que se eviten dos errores: que se les otorguen medidas de aseguramiento a personas con bajo riesgo de incidencia y que se deje en libertad a personas con alto riesgo de reincidencia.

Mejía enfatiza que el proyecto por ahora tan solo es un piloto que fue probado en junio del año pasado durante un mes en cinco seccionales de la Fiscalía, y que no busca reemplazar a los jueces, tan solo entregarles mejores herramientas. Por ahora no es claro si el piloto se volverá a implementar, o si se convertirá en un programa más grande. 

Los expertos consultados para esta investigación opinan que para determinar su efectividad, debería haber más discusiones públicas al respecto y sobre todo, transparencia sobre los algoritmos del sistema.

César Valderrama, investigador de Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales, por ejemplo, cree que el algoritmo sobre el que se basa el sistema “debería pasar por un escrutinio público”, pues el sistema podría crear sesgos o reproducir otros sesgos que ya existan en la administración de la justicia. “Ese sesgo puede darse por las características mismas del software, o por la forma en la que se esté introduciendo la información, o por condiciones estructurales de la sociedad”, dice Valderrama.

Por su parte, López sostiene que simplificar “un universo tan complejo como la criminalidad a tres o cuatro factores individualiza el delito demasiado, lo que podría llevar a que no entendamos bien el fenómeno del delito”. Pero en cualquier caso cree que no se podría pronunciar sobre sus efectos hasta que no se conozca públicamente cómo funciona.

Según Mejía, esta fue una discusión dentro de la Fiscalía y su posición personal es que el algoritmo debería ser público, bajo ciertos protocolos. De lo contrario, “podríamos tener una situación como en Estados Unidos, donde muchas veces los algoritmos son vistos como ‘cajas negras’”.

Los dilemas hacia futuro

Los casos ocurridos en Estados Unidos pusieron en alerta a muchos investigadores de la intersección entre tecnología y justicia puesto que en los últimos años varios estudios han revelado que varios algoritmos que se usan en el sistema judicial estadounidense reproducen y amplifican sesgos racistas. 

Por ejemplo, en el artículo “Machine Bias” de ProPublica de 2016 se describen varios sistemas de inteligencia artificial usados por las cortes estadounidenses para predecir futuros criminales y determinar quiénes pueden acceder a penas alternativas. Uno de ellos, desarrollado por la empresa privada Northpointe, consistentemente mostraba a las personas negras con un mayor nivel de riesgo de reincidencia, incluso cuando eran comparadas con personas blancas con historias criminales similares.

En varios de los algoritmos usados en los Estados Unidos, los sistemas no tienen en cuenta la larga historia de racismo del sistema judicial de ese país que ha generado datos sesgados. Esos datos luego son usados como la base de los análisis de inteligencia artificial y por lo tanto reproducen esos mismos sesgos.

Incluso, en algunos casos no se incluye la raza de las personas en estas bases de datos, pero sí se cargan datos que pueden ser representativos de su raza, como por ejemplo el barrio en el que viven.

Pero no es claro si este es el caso del software de Northpointe. Según ProPublica, “la compañía no publica los cálculos usados para concluir los niveles de riesgo de una persona, así que no les es posible ni a los acusados ni al público ver qué es lo que crea esta disparidad [del sistema]”. Además, en algunos casos de procesos de machine learning, sólo las máquinas entienden este funcionamiento de sus lógicas internas.

Esto es a lo que Mejía se refería con “cajas negras” y la razón por la que apoya que el algoritmo de Prisma se publique. 

Juanita Durán, la actual directora de Políticas públicas y estrategia de la Fiscalía, aclara que aún se está haciendo una evaluación de impacto sobre el piloto ya realizado para descifrar los pasos a seguir. Así que aún no es claro si Prisma se seguirá usando o de qué manera.

Por el momento, Mejía dice que Prisma no caerá en los sesgos de los sistemas que han sido criticados en los Estados Unidos, pues las variables que entran a la “hoja de vida criminal” no registran raza, lugar de residencia, ni nada que no esté relacionado con los hechos criminales asociados a una persona (cuántas veces ha sido acusada o arrestada, por qué delitos, etc.), con una excepción: el género de la persona acusada.

¿Servirá para mejorar la justicia?

Aunque quedan muchos interrogantes sobre Prisma, lo que sabemos por ahora es que el Fiscal Watson sigue marchando y que ya está comenzando a cambiar la manera en la que se administra la justicia en Colombia.

Según Valderrama, Watson ha ayudado a mejorar el acceso de las personas al sistema de justicia y a resolver sus necesidades jurídicas, pues ayuda a “agilizar procesos que quizás de manera manual no se puedan resolver”.

Además de esto, para Castañeda tanto Watson como Prisma pueden tener un efecto positivo inesperado: “Una base de datos y un algoritmo podrían obligar a que un juez racista tenga un obstáculo más para saltar”.

Este artículo forma parte del proyecto “Investigación sobre inteligencia artificial en América Latina” de Chequeado, en Argentina, que busca investigar el campo de la ética de los algoritmos en la región y sus particularidades frente al resto del mundo.

Sábado, 28 Octubre 2017

Guerrilleros emberá: entre la justicia indígena y la JEP

Por María Eugenia Velásquez

Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

Como buena Emberá Chamí, Marta Lucía Guazuruma tiene 5 hijos y 30 nietos. En su juventud cumplió con la misión que la comunidad les encomienda a las mujeres de procrear para que la raza no desaparezca. Sus rasgos indígenas riñen un poco con su atuendo: en vez del tradicional vestido de colores vivos, collares y botas pantaneras, luce ropa ‘moderna’ y como pocas de su edad, habla español y se expresa con fluidez.

En el resguardo unificado San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, Marta Lucía está aprendiendo a cultivar cacao y a fabricar los collares de chaquiras emblemáticos de los chamís. Pero más que aprender está reaprendiendo pues a sus 57 años ya olvidó lo que aprendió de niña, especialmente cuando cambió su cultura indígena por un fusil que le dio el Ejército de Liberación Nacional, ELN cuando la reclutó.

Como Marta Lucía, hay 53 exguerrilleros indígenas que están en el proceso de la reincorporación en ese resguardo y son un ejemplo de lo que podría ser el futuro de los indígenas que hicieron parte de las Farc. Algunos de estos últimos, volverían a su territorio en medio del proceso de justicia transicional que se está dando en el país, sin saber si responderán ante la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) o la Jurisdicción Indígena.

Los indígenas reincorporados de las Farc enfrentarán también el reto de las autoridades de su resguardo, encargadas de darle el ‘visto bueno’ a su retorno, que aún no ponen en práctica las tradiciones ancestrales para quienes han cometido lo que ellos llaman “actos de desarmonía”, como es haber pertenecido a grupos armados ilegales. Esto es algo por lo que Marta Lucía ya pasó.

En el año 2000, cuando ella entró a las filas de los ‘elenos’, esta guerrilla estaba en todo su apogeo en el occidente de Risaralda con el frente Cacique Calarcá. Como en pocas partes del país, este grupo armado compartía territorio con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), nacido en las entrañas de esta tierra selvática limítrofe con el Chocó; y también con las Farc, que posteriormente se desplazaron desde Antioquia.

Eran tantos los grupos armados que se repartían el poder entre ellos mismos hasta el punto de que en la vía que comunica Pueblo Rico con Guarato (Chocó) se turnaban los retenes extorsivos entre ellos para no cansar al transportador e incluso emitían un paz y salvo para confirmar el pago de la ‘vacuna’, como explica Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

El dominio territorial que las guerrillas comenzaron a tener con más fuerza hacia finales de los noventa, se ratificó con la expulsión de la Fuerza Pública en la toma al corregimiento de Santa Cecilia el 17 de marzo del 2000 a manos de las Farc. Allí, fue secuestrado el cabo de la policía José Norberto Pérez, uno de los casos más reconocidos nacional e internacionalmente pues su hijo, enfermo terminal de cáncer, suplicó ver a su padre antes de morir. El menor murió pocos meses antes de que mataran a su papá en cautiverio.

Mapa de resguardos indígenas en Risaralda

Tierras indígenas codiciadas por la guerra

Lo que a simple vista parecía una bendición de la naturaleza, se convirtió en el karma de los pueblos indígenas. Esta zona selvática de Risaralda, donde están sus resguardos, es rica en madera y las guerrillas aprovechan esto para cobrar una especie de ‘kilogramaje’ a cambio de permitir la explotación, agregó Zapata.

A esto se suma que los indígenas perdieron varios de sus territorios a causa de la minería. Dicha extracción se realizaba de forma artesanal hasta 1996, pero a partir de ese año la maquinaria y los agentes foráneos llegaron a territorios indígenas.

“No hicieron respetar su gobierno propio, su autonomía territorial y la confianza que tenían con las autoridades se perdió en gran medida. Así, fue inevitable que muchos indígenas empezaran a cambiar sus costumbres por la plata, el poder y muchos fueron reclutados por los grupos armados”, dice Zapata.

Mónica Gómez, directora de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, hace una análisis distinto: “Los guerrilleros invadieron los territorios étnicos, reclutaron y utilizaron a los indígenas para transportar elementos ilegales. Por su parte, el Ejército estigmatizó a las comunidades al poner bajo sospecha su voluntad de no involucramiento en el conflicto armado”, declara.

La mezcla entre minería y explotación maderera facilitó el arraigo de los grupos armados en este territorio y con su presencia llegaron las amenazas a los líderes indígenas Emberá Chamí y Katíos. Incluso, algunos fueron asesinados. A Hugo González, gobernador indígena del resguardo de Mistrató, lo mataron tres encapuchados el 25 de julio de 2008. Y este no es el único caso.

Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la situación del pueblo indígena Embera Chamí ante el conflicto armado, en 2002 en Pueblo Rico mataron a Leonardo Caizales y a Lucelly Osorio en Villa Claret; y el 3 de agosto de 2007 fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado. Por su parte, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) reporta además el asesinato de Fabián Esteban Queragama, Salvador Siagama, Álvaro Charicha Suzana y Javier Arce Queragama.

Si bien no existe una cifra exacta de cuántos indígenas se pusieron el camuflado de las Farc en Pueblo Rico y Mistrató, los registros del Batallón San Mateo del Ejército Nacional revelan que varios indígenas murieron en enfrentamientos, otros fueron capturados y 35 se desmovilizaron ante esa unidad militar. Ellos ahora forman parte de los beneficiados con los planes de reintegración del Gobierno (ver gráfica).

Indígenas desmovilizados ante el batallón San Mateo de Pereira (2007-2016)

(Desplázate con la flecha azul > abajo del mapa y haz clic en el chinche para ver el sitio de entrega)

Específicamente en Pueblo Rico, son 53 indígenas quienes decidieron volver a sus territorios tras una desvinculación individual de los diferentes grupos armados que hicieron presencia en la zona. Es por eso que mientras Marta Lucía recuerda cómo trabajar con chaquiras, Julio César Natura Restrepo labra su parcela de una hectárea para cultivar cacao. A él le asignaron este lote en el resguardo Unificado San Juan, cerca de su familia, tras concluir el proceso de desmovilización.

Volviendo al resguardo

A Julio César le ha costado volver al trabajo del campo después de ‘patonear’ el monte al lado del ERG, del frente Aurelio Rodríguez de las Farc y del ELN.

“Al principio fue muy difícil. El gobernador decía que no quería problemas, la familia sí me recibió bien. Ahora me siento muy alegre, con ganas de sembrar, tengo 200 palos de cacao y ya están dando productos. También voy adelante con mis estudios, estoy en noveno”, dice.

Algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar es que a su regreso, en 2015, encontró una comunidad con el mismo retraso que vivía cuando se fue en el 2002. Y es que para llegar al resguardo unificado hay que atravesar durante dos horas y media la vía destapada que va de Pueblo Rico a Puente la Unión, sorteando los derrumbes que amenazan en todo el trayecto. Luego, otros 15 minutos por una trocha a orillas del río San Juan.

En el resguardo, el punto de encuentro es una caseta comunal construida en guadua, tratando de conservar el estilo campesino para no reñir con el panorama. También hay una escuela con unos cuantos pupitres y algunos profesores que enseñan en la lengua nativa. No hay centro de salud ni mercado. La tienda más cercana está en el caserío de los afrodescendientes cerca a Puente La Unión. Y para que Marta Lucía y Julio César lleguen a sus casas, tienen que ir monte adentro a pie o a lomo de mula.

“Hemos tomado la decisión de recibirlos, pero deben asumir el mandato indígena, todo el reglamento, todo el estatuto, para que lleven un proceso de igualdad con nosotros. Desde que ellos estén dispuestos a volver a la vida normal, son bienvenidos a la comunidad”, afirma Martín Siágama, gobernador indígena del resguardo unificado San Juan.

Él explica que el temor es que los reincorporados lleguen a cambiar “la mentalidad” de los jóvenes que nunca han salido del resguardo. “Ellos tienen otra mirada, otra visión y la sociedad es diferente cuando se está armado. Así que la guardia indígena estará dispuesta a sancionarlos ante cualquier error que cometan”, sentencia.

Siágama explica además que como parte de su tradición de sanar la tierra y a las personas, el médico tradicional con apoyo de la naturaleza les hace una “una armonización” para sacarles “los malos espíritus que ellos traigan”. Se trata de una descontaminación espiritual mediante un ritual para que vuelva a relacionarse de forma armónica con la naturaleza.

Aunque dicha armonización es mandato del Crir, todavía no se ha hecho ningún acto de sanación, según Marta Lucía y Julio César. Al respecto, Siágama admite que no lo han hecho pues los 53 reincorporados provenientes de diferentes grupos armados “llegaron de un momento a otro, pero la comunidad sí lo está exigiendo”.

Este antecedente deja ver que no tienen muy definido qué comportamiento asumir ante esta realidad que se avecina.

Esto contrasta con la reinserción de guerrilleros indígenas que están practicando en otros resguardos. Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del tejido de defensa a la vida y derechos humanos de Çxhab Wala Kiwe de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca dice que en su territorio ya hay comuneros que recibieron un ejercicio de justicia indígena. “No hemos juzgado ni guerrilleros ni militares, lo que hemos juzgado son comuneros indígenas y actos de desarmonía, por lo tanto la justicia indígena se seguirá aplicando en términos de posacuerdo. Lo que se le ha pedido a la Justicia Especial de Paz (JEP) es que respete ese ejercicio de justicia que han hecho las comunidades”, señala.

Indígenas capturados por el batallón San Mateo de Pereira

(Haz clic en las esposas para ver detalles de la captura)

Retos a futuro

Para las Farc y el Gobierno quedó claro en los acuerdos que los excombatientes nacidos en el seno del pueblo indígena no serán excluidos de la JEP por su condición étnica, aunque en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aclaró que serán creadas salas para dirimir conflictos de competencia entre la JEP y cualquier jurisdicción, como podría ser el caso de la justicia indígena. En el Artículo 9 se indica que esta sala estará conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la JEP y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena.

“Hay un debate a nivel de la JEI (Jurisdicción Especial Indígena) y JEP. Creemos que el derecho de hacer justicia, de ejercer ese proceso de armonización en el territorio por este tipo de hechos debe mantenerse. La justicia indígena ha sido más oportuna y eficaz y ha dado mejores resultados que la ordinaria”, agrega Capaz.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013 reconoce los límites de la jurisdicción indígena, pero también apoya con su jurisprudencia a las comunidades al afirmar que “en todo proceso penal debe tenerse en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que no se aplique el fuero penal indígena, pues si esta no se tiene en cuenta, se afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana”.

Además de este debate interno entre las dos jurisdicciones, otro elemento que hace dudar sobre cómo será la reintegración de los indígenas guerrilleros es que las Farc piensan en un proceso colectivo que involucre a sus 14.178 integrantes, entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Actualmente, la mayoría de ellos está trabajando en proyectos comunitarios en los hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que antes eran las 26 zonas veredales.

El plan de las Farc es seguir en la colectividad, aunque cada exguerrillero que no sea merecedor del indulto, debe someterse de forma individual a la Jurisdicción Especial de Paz, que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

En cuanto a los indígenas, Pedro Baracutado, jefe del Espacio Territorial de Vigía del Fuerte, en Antioquia, asegura que la mayoría de estos excombatientes serán indultados o amnistiados e incluso abre la puerta para que cada uno tome la decisión personal frente al tipo de reinserción que prefiera.

“La antigua fuerza insurgente nunca hizo diferencias de razas al interior de la organización, todos fuimos tratados con los mismos deberes y derechos y el partido continuará con esta misma línea, solo que ya en esta etapa los integrantes del partido podrán decidir en qué lugar realizan la reincorporación: si en los Espacios Territoriales o si por el contrario deciden hacerlo en sus comunidades”, aclara Baracutado.

Un concepto similar emite Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, quien explica que los indígenas que fueron victimarios deberán ser procesados en igualdad de circunstancias que los demás miembros de la guerrilla. Sin embargo, aclara que “se espera que, como algo diferencial, al final ellos regresen a su pueblos y no a las zonas veredales. Se está preparando a las comunidades para una reculturización”, sostiene.

Sobre la prevalencia de la Jurisdicción Especial Indígena, Correa estima que el juzgamiento que hacen dichas autoridades tradicionales es un principio fundamental de la Constitución colombiana. “Si bien la JEP es prevalente, no se trata de que arrase la otra justicia, debe haber una articulación que todavía es un modelo por armar”, añade.

Sin duda falta que empiece a funcionar la JEP para saber cómo serán solucionadas las dudas o inquietudes con relación al juzgamiento de los actores involucrados en el conflicto. Algunas luces se están viendo en el proyecto de Ley Estatutaria que se está discutiendo en el Congreso para regular este modelo de justicia transicional.

“El proyecto de Ley estatutaria contempla unos mecanismos especiales para el cumplimiento de las penas que se puedan imponer en las zonas indígenas en virtud de la JEP. Por ejemplo, en aquellos casos donde no haya lugar a la detención intramural, podrán cumplir unas penas que podríamos llamar propias en sus territorios, pero hay que esperar qué aprueba el Congreso”, conceptúa Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado.

Procesados por la JEP o no, los Emberá Chamí esperan que con los reintegrados lleguen también los proyectos productivos que beneficien a todos en el resguardo. “Hemos evaluado proyectos de la Unidad de Víctimas que han generado una discusión interna porque el Estado reconoce solo a las personas que resultaron afectadas pero no programas para la colectividad”, dice el gobernador Martín Siágama.

Ante esta solicitud Emberá, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompaña el retorno de los 53 indígenas al resguardo, cree que la persona tiene que beneficiar a su comunidad de alguna manera. “Nosotros no les llevamos los proyectos y plata, los construimos con ellos y de esta forma se dinamiza la ruta de reintegración. En Pueblo Rico también fortalecemos el tema de género pues apoyamos mujeres emberás de los dos resguardos en empoderamiento de gobernanza”, dice Carlos Soto, coordinador de la ARN Risaralda.

De forma concreta, en Pueblo Rico se adelanta el proyecto IUJA en coordinación con la Gobernación de Risaralda, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis). Este plan beneficia directamente a 140 personas con proyectos de panela, cacao, artesanías hechas por mujeres y gobernanza de las comunidades.

Con esta forma de intervención “se ha logrado no solo que acepten al desmovilizado sino que lo protejan porque hace parte de su comunidad”, según Soto.

El proyecto ya permite que el cacao sea vendido directamente por la asociación de cacaoteros a Casa Lúker sin intermediarios y busca mejores precios para las artesanías elaboradas por las mujeres.

El proceso apenas empieza y es mínimo para las necesidades de esta comunidad de 5.000 integrantes que esperan la llegada de más inversiones, ser tratados como víctimas y acciones concretas para evitar la presencia de nuevos actores armados aún no determinados. Pues al reto de la reintegración de los miembros que llegan, se suman las condiciones actuales del conflicto que ya ocasionaron el desplazamiento de 559 indígenas a Santa Cecilia el 29 de abril de este año y 736 que mendigan en la capital del país.

Ante este panorama, los indígenas exguerrilleros que pueden llegar de las Farc a los resguardos están en un limbo porque no saben cuántos van a pasar por la JEP o cuántos serán sometidos a la Jurisdicción Especial Indígena. A esto se suma que la experiencia de los 53 excombatientes que ya pasaron por el proceso de reintegración es una muestra de que no siempre se realiza la armonización que su tradición ancestral exige.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.