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Domingo, 26 Julio 2020

Unificar las causas, agilizar los trámites y las dudas sobre su uso en el futuro: ¿cómo es y qué busca el software que utiliza la justicia colombiana?

Por Pablo Medina Uribe y Luisa Fernanda Gómez

Investigamos cómo la Fiscalía está usando la tecnología para agilizar sus procesos, así como los cuestionamientos al respecto.

En los últimos días de agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación, la entidad colombiana encargada de investigar crímenes y acusar a los presuntos criminales que los cometieron, anunció en varios medios del país que comenzaría a usar un sistema de inteligencia artificial para agilizar sus labores.

La Fiscalía bautizó esta herramienta como “Fiscal Watson”, en referencia al software Watson de la compañía estadounidense IBM sobre el que está montado. 

En una rendición de cuentas del 30 de agosto de ese año, el entonces fiscal General Néstor Humberto Martínez describió al Fiscal Watson como un “sistema de inteligencia artificial para la asociación de casos a través de bases de datos no estructuradas”. Ese día Martínez también dijo que el sistema ya había tenido algunos éxitos, como por ejemplo haber logrado identificar a un “depredador sexual, gracias a la asociación de 9 casos, después de que el aplicativo revisó en tiempo real los 13 millones de denuncias que tiene la Fiscalía en su sistema SPOA” (que es el sistema que recoge información para el Sistema Penal Oral Acusatorio).

Por qué surgió, con qué fin, en qué estado de desarrollo está

En el Contrato 0326 de 2017, en el que la Fiscalía contrató a IBM para implementar esta herramienta, la entidad explica que “en cumplimiento de sus funciones de investigación y judicialización, debe dar aplicación” a varias leyes (como por ejemplo la Ley de Justicia y Paz o la Ley de Víctimas), cada una de las cuales genera una gran cantidad de información, y por lo tanto decidió ordenar el desarrollo de una herramienta para consolidar y analizar toda esta información. 

En el contrato también se explica que esta herramienta se articula con la estrategia de “Gobierno en línea” con la que el gobierno colombiano pretende ser “más transparente y más participativo gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

Pero la Fiscalía también aclara que, en un estudio previo, encontró que “parte de las deficiencias encontradas, fue la falta de unificación en los modelos de atención y operación de los procesos de la entidad”. 

Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma, una organización que busca proteger los derechos humanos en medio de las nuevas tecnologías, explica que la Fiscalía se enfrentaba a un problema que tienen muchas otras entidades colombianas: no contaba con un sistema único para consolidar toda su información.

No solo cada una de las leyes que menciona el contrato de la Fiscalía crea un sistema nuevo de información, en muchos casos los varios despachos regionales de la Fiscalía no compartían información entre ellos. Así que era prácticamente imposible que los datos que estuvieran en una parte del país le llegaran a la otra parte que los necesitara.

El Fiscal Watson sería la herramienta integradora que la Fiscalía encontró como la solución a este problema.

La misma Fiscalía, en el contrato ya mencionado, dice que con Watson “se implementarán iniciativas para desarrollar, adaptar y automatizar los procesos, los sistemas de información, la estructura de datos y la plataforma tecnológica a la arquitectura planteada para optimizar los procesos institucionales y así apalancar los objetivos estratégicos de la entidad”.

Esto quiere decir que se trata, principalmente, de una base de datos digital consolidada de todos los expedientes y noticias criminales que tiene la Fiscalía (según sus propias cuentas, tiene 13 millones de registros) que antes de Watson debían procesarse “manualmente” (es decir, a través de sistemas desagregados y bases no unificadas).

Pero esta herramienta no será simplemente un repositorio, aseguran. Con ella se busca también acelerar y mejorar el procesamiento de esos datos, gracias a la automatización, en dos frentes. 

El primero es que la Fiscalía podrá asignarles casos automáticamente a sus fiscales (un proceso que, según dicen en varias presentaciones, antes tomaba hasta 40 días). El segundo es que la Fiscalía estará en capacidad de hacer asociaciones entre casos.

Hernán Murcia, uno de los miembros del equipo de Cognitiva, el socio estratégico de IBM en América Latina para inteligencia artificial que asistió en el diseño de los usos de Watson en la Fiscalía, explica esta capacidad: “El sistema es capaz de correlacionar los hechos de todas las denuncias de todos los delitos. Si tú fueras la persona que lee todas las denuncias que le llegan a la Fiscalía y ves que en varias denuncias se ve que una persona gorda con chaqueta roja robó un celular en la Carrera 7 con Calle 67, automáticamente estarías haciendo en tu mente una correlación de los hechos que te están contando”. 

Es decir que el sistema logra crear asociaciones entre información que, si fuera procesada por humanos, quizás no serían tan evidentes bien sea por el tamaño de los datos o por la falta de conexión entre sistemas informativos.

“Esto es lo que el sistema puede hacer automáticamente, correlacionar todos esos hechos”, aclara Murcia, “es un volumen de más de cinco mil denuncias diarias”.

Por su parte Luis Enrique Aguirre, el director de Planeación y desarrollo de la Fiscalía, explicó en un video de diciembre de 2018 que “es imposible, de manera manual, hacer asociaciones. Si hay un caso que se presenta hoy en día como, por ejemplo, el que sucedió con el “violador de Ibagué”, era imposible que alguien recordara de memoria 10 años de sucesos de este estilo”.

Los resultados

Martínez dio el mismo ejemplo que citó Aguirre en su video como caso de éxito. En 2018, la Fiscalía usó su nuevo software (que comenzó a ser implementado en las seccionales de Bogotá, Cali, Bucaramanga e Ibagué en julio de ese año) para relacionar a una persona denunciada con denuncias previas.

 

En abril de 2018, un hombre llamado Walter Matiz Ramírez fue denunciado en el municipio de Honda, Tolima, por abuso sexual (Ibagué es la capital del departamento del Tolima, por lo que Aguirre mencionó esta ciudad en su intervención). Tras recibir esta denuncia, el Fiscal Watson comparó el modus operandi, las características morfológicas del victimario, los vehículos, los números de teléfono de este caso con las demás entradas en su sistema y los relacionó con los datos de otras nueve denuncias por abuso sexual en varios municipios. 

Tras este proceso, la Fiscalía acusó a Matiz de ser el responsable en todos los casos relacionados, que databan desde 2009. Luego, un juez decidió encarcelar a Matiz mientras esperaba una decisión judicial en su caso.

Este es el caso que más se ha repetido como ejemplo del éxito de la implementación del sistema. Ha habido otros, como un caso en el que al comparar reclamos por dinero del sistema de salud se identificó un desfalco de 724.000 millones de pesos (o unos 210 millones de dólares). También se publicitó otro caso en el que, gracias a la asociación de datos que hizo Watson del modus operandi de varias denuncias, se desmanteló a una red de personas que engañaban a sus víctimas diciéndoles que tenían “caletas” (o dinero escondido) de la desmovilizada guerrilla de las Farc para llevarlos a un lugar aislado y luego robarlos.  

Sin embargo, Aguirre dice que ha habido más de 500 casos de éxito. Según el acta de liquidación del contrato entre la Fiscalía e IBM, el proceso completo de diseñar, desarrollar e implementar esta herramienta tuvo un costo de 10.243 millones de pesos, lo que equivale a unos 3 millones de dólares a cambio de diciembre de 2019. El presupuesto anual de la Fiscalía en 2019 fue de 24,7 billones de pesos, lo que equivale a 7.318 millones de dólares. 

Los planteos que hacen organizaciones de derechos civiles

Aunque los expertos consultados están de acuerdo en que Watson, en general, es una herramienta necesaria, algunos de ellos expresaron preocupación por los nuevos sistemas que se puedan implementar gracias a la información consolidada en el flamante “Fiscal”.

En particular, hay preocupación por Prisma, una herramienta que la Fiscalía presentó en mayo de 2018, pero sobre la cual se ha compartido poca información. Joan López, otro investigador de la Fundación Karisma, dijo que a 2019 lo único que se conocía del proyecto es una presentación que compartió la Fiscalía. A enero de 2020, en una respuesta que le dieron a la fundación, la entidad dijo que el proyecto todavía no estaba activo mientras se hacían pruebas, protocolos de capacitación, metodología de implementación y evaluación de impacto de Prisma.

En la presentación a la que hace referencia López, la Fiscalía explicó que Prisma es una herramienta “para lograr de manera más efectiva que personas con alto riesgo de reincidencia criminal sean cobijadas con medida de aseguramiento”.

Daniel Mejía, quien era el director de Políticas y estrategias de la Fiscalía durante el lanzamiento de Prisma, explicó su funcionamiento: “Cuando una persona es capturada y se le imputan cargos, un juez debe decidir si a esa persona se le otorga una medida de aseguramiento”, es decir, el juez dispone si esa persona debe esperar en la cárcel (o en detención domiciliaria) mientras se resuelve su situación judicial, o si puede esperar en libertad. 

“El principal argumento que se da para otorgar esas medidas de aseguramiento”, dice Mejía, “es el riesgo de reincidencia”, es decir el riesgo de que alguien acusado de un crimen cometa otro crimen. Prisma usa machine learning para calcular ese riesgo de reincidencia.

Según explica Mejía, Prisma toma información de las bases de datos de la Fiscalía, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Con esos datos arma una “hoja de vida criminal” de cada persona que está analizando y, a través de un algoritmo, “en 4 segundos” le aporta los datos sobre el riesgo de reincidencia de una persona a los jueces, para que ellos tengan información más exacta sobre la cual tomar sus decisiones. De esta manera, Prisma busca que se eviten dos errores: que se les otorguen medidas de aseguramiento a personas con bajo riesgo de incidencia y que se deje en libertad a personas con alto riesgo de reincidencia.

Mejía enfatiza que el proyecto por ahora tan solo es un piloto que fue probado en junio del año pasado durante un mes en cinco seccionales de la Fiscalía, y que no busca reemplazar a los jueces, tan solo entregarles mejores herramientas. Por ahora no es claro si el piloto se volverá a implementar, o si se convertirá en un programa más grande. 

Los expertos consultados para esta investigación opinan que para determinar su efectividad, debería haber más discusiones públicas al respecto y sobre todo, transparencia sobre los algoritmos del sistema.

César Valderrama, investigador de Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales, por ejemplo, cree que el algoritmo sobre el que se basa el sistema “debería pasar por un escrutinio público”, pues el sistema podría crear sesgos o reproducir otros sesgos que ya existan en la administración de la justicia. “Ese sesgo puede darse por las características mismas del software, o por la forma en la que se esté introduciendo la información, o por condiciones estructurales de la sociedad”, dice Valderrama.

Por su parte, López sostiene que simplificar “un universo tan complejo como la criminalidad a tres o cuatro factores individualiza el delito demasiado, lo que podría llevar a que no entendamos bien el fenómeno del delito”. Pero en cualquier caso cree que no se podría pronunciar sobre sus efectos hasta que no se conozca públicamente cómo funciona.

Según Mejía, esta fue una discusión dentro de la Fiscalía y su posición personal es que el algoritmo debería ser público, bajo ciertos protocolos. De lo contrario, “podríamos tener una situación como en Estados Unidos, donde muchas veces los algoritmos son vistos como ‘cajas negras’”.

Los dilemas hacia futuro

Los casos ocurridos en Estados Unidos pusieron en alerta a muchos investigadores de la intersección entre tecnología y justicia puesto que en los últimos años varios estudios han revelado que varios algoritmos que se usan en el sistema judicial estadounidense reproducen y amplifican sesgos racistas. 

Por ejemplo, en el artículo “Machine Bias” de ProPublica de 2016 se describen varios sistemas de inteligencia artificial usados por las cortes estadounidenses para predecir futuros criminales y determinar quiénes pueden acceder a penas alternativas. Uno de ellos, desarrollado por la empresa privada Northpointe, consistentemente mostraba a las personas negras con un mayor nivel de riesgo de reincidencia, incluso cuando eran comparadas con personas blancas con historias criminales similares.

En varios de los algoritmos usados en los Estados Unidos, los sistemas no tienen en cuenta la larga historia de racismo del sistema judicial de ese país que ha generado datos sesgados. Esos datos luego son usados como la base de los análisis de inteligencia artificial y por lo tanto reproducen esos mismos sesgos.

Incluso, en algunos casos no se incluye la raza de las personas en estas bases de datos, pero sí se cargan datos que pueden ser representativos de su raza, como por ejemplo el barrio en el que viven.

Pero no es claro si este es el caso del software de Northpointe. Según ProPublica, “la compañía no publica los cálculos usados para concluir los niveles de riesgo de una persona, así que no les es posible ni a los acusados ni al público ver qué es lo que crea esta disparidad [del sistema]”. Además, en algunos casos de procesos de machine learning, sólo las máquinas entienden este funcionamiento de sus lógicas internas.

Esto es a lo que Mejía se refería con “cajas negras” y la razón por la que apoya que el algoritmo de Prisma se publique. 

Juanita Durán, la actual directora de Políticas públicas y estrategia de la Fiscalía, aclara que aún se está haciendo una evaluación de impacto sobre el piloto ya realizado para descifrar los pasos a seguir. Así que aún no es claro si Prisma se seguirá usando o de qué manera.

Por el momento, Mejía dice que Prisma no caerá en los sesgos de los sistemas que han sido criticados en los Estados Unidos, pues las variables que entran a la “hoja de vida criminal” no registran raza, lugar de residencia, ni nada que no esté relacionado con los hechos criminales asociados a una persona (cuántas veces ha sido acusada o arrestada, por qué delitos, etc.), con una excepción: el género de la persona acusada.

¿Servirá para mejorar la justicia?

Aunque quedan muchos interrogantes sobre Prisma, lo que sabemos por ahora es que el Fiscal Watson sigue marchando y que ya está comenzando a cambiar la manera en la que se administra la justicia en Colombia.

Según Valderrama, Watson ha ayudado a mejorar el acceso de las personas al sistema de justicia y a resolver sus necesidades jurídicas, pues ayuda a “agilizar procesos que quizás de manera manual no se puedan resolver”.

Además de esto, para Castañeda tanto Watson como Prisma pueden tener un efecto positivo inesperado: “Una base de datos y un algoritmo podrían obligar a que un juez racista tenga un obstáculo más para saltar”.

Este artículo forma parte del proyecto “Investigación sobre inteligencia artificial en América Latina” de Chequeado, en Argentina, que busca investigar el campo de la ética de los algoritmos en la región y sus particularidades frente al resto del mundo.

Sábado, 28 Octubre 2017

De inocentes a victimarios, el reto de no condenar a las personas equivocadas

Por Mónica Vecino y Paula Vásquez

Una decisión judicial o el señalamiento de un grupo armado puede catalogar a una persona como victimaria sin serlo, como lo muestran las historias de Camila y Patricia.

“Apenas llegué a la cárcel de Bellavista, me metieron a una celda mientras me asignaban patio y ahí sufrí la primera violación por parte de los guardias. En adelante, podía ser en cualquier momento del día: ocho de la mañana, una de la tarde, en la madrugada. Los mismos internos y guardias, me llamaban para que fuera a yo no sé qué y me metían en un baño entre varios para abusar de mí”.

El 4 de noviembre del 2000, a Camila Úsuga, o como aparece en su cédula, Harrison Úsuga Vásquez, la detuvieron la Policía y la Fiscalía en su pueblo natal, Dabeiba, Antioquia. Tenía 18 años. Ellos la sindicaron de ser la culpable de la muerte de dos policías, 17 soldados y de derribar un helicóptero. Para las autoridades, Camila era una comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Yo era un falso positivo, a los policías que denunciaban que yo supuestamente era de la guerrilla, les daban vacaciones, los subían de rango, tenían una cantidad de beneficios. Pero lo que me hicieron fue por prejuicios”, afirma Camila.

Pasó 15 meses en la cárcel Bellavista, en Bello, Antioquia, donde padeció violaciones de guardias y reclusos, agresiones que ella atribuye a su condición de transexual.

“Mi hermano menor, el niño de la casa que me seguía a mí, lo desaparecieron en el 2001 y hasta el momento no hemos recibido su cuerpo. Mi hermano mayor fue asesinado en abril antes de lo mío. A sus 12 años recibió dos impactos de bala por un enfrentamiento de la guerrilla. Tengo otro hermano que está en la calle y que quedó viudo porque a su mujer la mataron”, recuerda.

Usúga ha tenido que ver durante su vida cómo es estar dentro de la guerra sin haber utilizado nunca un arma, afrontó la desaparición forzada de familiares y tuvo que huir de su pueblo natal siendo inocente.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) narró la historia de Camila en la investigación ‘Aniquilar la diferencia’. Para este estudio buscaron durante dos años a personas de la comunidad LGBTI afectadas por el conflicto armado colombiano.

“En enero del 2002, Camila recibió una primera notificación en que la condenaban a cuarenta años, a menos que pagara una indemnización de cien millones de pesos al Estado colombiano. El mismo mes, recibió una segunda notificación dejándola en libertad bajo la inexistencia de pruebas. Después de este hecho llegó a vivir en las calles, a consumir y vender drogas, y durante tres meses, ejerció el trabajo sexual en el centro de la ciudad”, precisa el libro del Centro de Memoria Histórica.

Estas situaciones la han llevado a intentar suicidarse en tres ocasiones. “Cierto día fui y me tiré a ese río Medellín, con esa intención, claro, [llanto], como de todos esos pensamientos, de toda esa cosa, tener una familia y no tenerla, tan mal, de estar en una ciudad que no conozco, nada, tener una vida, así como tan dura. Lo intenté una segunda vez, pero fue en el Metro, tampoco, y la tercera vez fue acá en una esquina de la Avenida Oriental, ahí por Villanueva, ahí, que ya el bus me frenó ahí encima”, relata para el CNMH.

Camila contó su historia en la Defensoría del Pueblo, por lo que la reconocieron en 2002 como víctima de desplazamiento forzado, pero la primera ayuda económica llegó en 2009 luego de que interpuso una tutela. El defensor público que la asesoró nunca le dijo que podía demandar al Estado por haberla juzgado de guerrillera y cuando se enteró ya había vencido el plazo para hacerlo.

“Una persona que es a la vez victimario y víctima puede demandar ante la justicia para su reparación. Por ejemplo, si el Estado fue el que realizó la violación, podría demandar ante el contencioso administrativo”, dice Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional del centro de estudios, DeJusticia.

Camilo Fagua, abogado y asesor jurídico de la Fundación por la Defensa de los Derechos, afirma que para evitar que se puedan presentar estos casos en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se creó una Sala de Reconocimiento de Verdad, que es el primer filtro donde las personas que participaron directa o indirectamente del conflicto podrán acudir, donde tendrán la posibilidad de exponer cuál fue su participación en el conflicto armado,“esta sala podrá definir si dicha conducta es amnistiable o si debe pasar al Tribunal donde se les impondrá la sanción correspondiente”, aseguró Fagua.

La voz de Camila se quiebra al recordar lo que le pasó. Han pasado 17 años sin poder regresar a su tierra natal por miedo a que la maten, porque desde 2002 su pueblo ha estado en manos de los paramilitares y de los grupos posdesmovilización.

Actualmente vive en un asentamiento de víctimas en Bello, Antioquia, en una casa de madera, sin servicios de agua, luz o gas, sinembargo admite no cambiar su tranquilidad por nada.

“Ahora gracias al señor, yo ni fumo, ni consumo drogas. Me la paso estudiando, capacitándome con la ayuda de la Unidad de Víctimas, de la Defensoría del Pueblo, pero fue porque salí de ese hueco. Está en uno querer salir adelante”, explica. Actualmente se capacita en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y en la Corporación Interactuar. Su propósito es enseñar a la comunidad cómo crear sus propios proyectos productivos para que no dependan del dinero del Estado y evitar que se repita lo que ella padeció.

Una líder en busca de sus derechos

Patricia Pérez* siempre caminó de botas pantaneras por La Hormiga, Putumayo. Junto a su esposo organizaba partidos de fútbol a los que invitaban a sus hermanos y a amigos del pueblo. Antes de cada juego, todos se reunían en una casa a la espera de un cuñado de Patricia, que los transportaba por grupos. “Como andábamos más hombres que mujeres y embotados (usando botas pantaneras), cuando los paramilitares llegaron decían que éramos guerrilleros”.

Además, ayudó en la liberación de dos familiares que estuvieron secuestrados. Esto fue suficiente para que los paramilitares la acusaran de ser colaboradora de la guerrilla y fue así cómo esta mujer de 44 años y su familia estuvieron encerrados en su casa durante un año.

Ellos padecían amenazas de muerte, secuestros y desplazamientos a manos de alias ‘El calvo’, cabecilla del Bloque Sur Putumayo en ese momento. En repetidas ocasiones le ordenaron a Patricia salir de su finca, pero ella decidió quedarse.

“Como no se quisieron ir, desde el momento en el que yo esté van a comer mierda”, recuerda Patricia que los amenazó ‘El calvo’. Desde ese momento, perdieron la libertad de salir de su casa.

La tienda que tenía Patricia para sobrevivir también quedó a disposición de los paramilitares. “Estos señores mataban una gallina y me decían: ‘esa la queremos, pélela’. Una, dos, tres, cuatro gallinas. Todos los días me tocaba pelar. El surtido que tenía en la tiendita se lo comieron entre todos”, asegura.

Estando tras las rejas de su finca, de donde no pudieron salir en un año, se preguntaba constantemente por qué nadie los ayudaba. Cuatro días después de que los paramilitares abandonaron la zona, familiares le contaron que ese grupo armado tenía un retén justo en la entrada de La Hormiga, donde impedían la entrada de los visitantes y la salida de la comunidad.

El hambre obligó a su esposo, Diego Montes*, a salir y buscar en las demás fincas algo para alimentarse, pero cuando intentó coger unos plátanos, un vecino lo ahuyentó con una escopeta pensando que era un ladrón. Al no tener más alternativa, Diego salió a la carretera. No sin antes prometerle a su esposa que volvería a las ocho de la mañana, contando las dos horas de ida y dos de regreso.

Pero a las 6:00 a.m., llegó una camioneta a la finca. “Por dentro decía ¡ay Dios mío bendito! Ahora que me pregunten por él, se van a dar cuenta que no está”, recuerda Patricia. Cuando salió de la casa, vio que los paramilitares tiraron un bulto afuera de la camioneta. Era su esposo golpeado. “La próxima vez lo traemos picado”, sentenció uno de los hombres.

Ser señalados como guerrilleros no solo los obligó a encerrarse. Patricia tuvo que vivir la desaparición de dos de sus cuñados. El primero fue Juan Carlos*, el menor de ocho hermanos, a quien se llevaron el 10 de marzo de 2001. “Era la una de la madrugada, me tocó sacar a mis cuñadas de la casa, porque supuestamente a todos los iban a matar”, recuerda Patricia. Los rumores decían que a varios jóvenes les pusieron en el pecho mensajes asegurando que eran guerrilleros y que por guerrilleros los mataban. Juan Carlos estuvo desaparecido nueve años. En 2010 Patricia reconoció sus restos en una fosa común en la que había varias víctimas.

El 29 de julio de 2003 llegaron por segunda vez los paramilitares a su casa en busca de Pedro*, otro cuñado. Ese día se lo llevaron. Patricia reunió el valor necesario y viajó a La Dorada, otra cabecera municipal que limita con La Hormiga, para reunirse con Jhon Edwer Hurtado, alias ‘El paisa’, comandante del Bloque Sur. “Sus hombres estaban cobrando un impuesto de 100 millones de pesos y los duros no sabían”, explica Patricia. Al enterarse, ‘El paisa’ llamó a sus hombres, los insultó y además le dijo a Patricia que no tenía nada de qué preocuparse, que a ella y a su familia no les iba a pasar nada.

Sin embargo, alias ‘El calvo’, el hombre que luego reemplazó en el mando a ‘El Paisa’, amenazó a Patricia por avisar sobre el impuesto que estaban cobrando y le dijo que debía entregarle 50 millones de pesos en ocho días para poder liberar a su cuñado. Para conseguir la cantidad exigida, Patricia y sus suegros vendieron ganado, tierras y casas al precio que fuera. “Yo fui a entregar el dinero a El Placer, me ultrajaron feo, pero me entregaron a mi cuñado”, dice. Sin embargo, en 2004, Pedro desapareció de nuevo cuando fue a buscar trabajo en Samaniego, Nariño.

Víctimas no reconocidas

Luego del sufrimiento que vivieron Patricia y su familia, decidieron pedirle a la Unidad de Víctimas ser reconocidos como afectados del conflicto armado. En 2015 declararon ante la Personería Municipal de San Miguel, en Putumayo, que sufrieron secuestro, tortura y amenaza. Después de la investigación, la Unidad determinó que, en efecto, los grupos armados ilegales violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Putumayo, en la fecha en la que la familia de Patricia padeció en carne propia el conflicto.

Pero aun así, la Unidad de Víctimas les negó la solicitud. “No se encontró indicios (sic) que permitan establecer y concluir, al menos de manera sumaria, que los hechos victimizantes se enmarcan y configuran, no es posible reconocer los mismos deponente y grupo familiar, en el Registro Único de Víctimas, RUV”, dice el documento, fechado el ocho de febrero de 2017.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448 de 2011, especifica que para que una persona entre en el registro oficial debe haber sufrido hechos cometidos a partir del 1 de enero de 1985 y tener la fecha precisa de las violaciones a los derechos. Además, las víctimas también pueden ser “el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Es decir, una persona es considerada víctima en Colombia por el hecho de haber sido directa o indirectamente afectada por el conflicto.

A pesar de que Patricia cumplía estos requisitos, no fue declarada oficialmente como víctima. Los argumentos de la Unidad eran que no había pruebas de tortura, como haber sido amarrada o privada de la libertad encerrada en un cuarto y que por ende no podía recibir indemnización. “Uno para qué abre la boca si no le van a colaborar en nada. Entonces, ¿qué es violencia para los demás?”, se queja Patricia.

Según el concepto de Sánchez, Patricia puede comparecer en los tribunales en busca de su reconocimiento en calidad de víctima. “Una persona que no es considerada víctima por la Unidad, podría eventualmente acudir a la justicia para que un juez así lo declare”, afirma.

Los paramilitares tildaron a Patricia y a su familia como colaboradores de la guerrilla, generalizaciones y señalamientos que son comunes, pero muy delicados, pues pueden poner en riesgo la vida de los señalados o llevarlos a enfrentar procesos judiciales en los que los pueden condenar injustamente.

Este caso, unido al de Camila, muestra cómo el ser señaladas de victimarias realmente termina convirtiendo a las personas en víctimas y en algunos casos, esta simbiosis complica aún más el tratamiento que se les debe dar legalmente. “Para la ley colombiana, una víctima es cualquier persona que haya recibido una violación a los derechos humanos, en ese sentido, si la víctima cometió otras violaciones deberá responder por ellas, pero así mismo deberá tener la protección que se requiere por ser víctima”, explica el experto de DeJusticia.

Ahora que el país inicia el proceso de justicia transicional enmarcado en el acuerdo de paz con las Farc, la JEP arranca con un catálogo de principios que rigen esta jurisdicción con el fin de identificar una verdad plena, que se haga justicia al investigar, identificar, juzgar a los responsables de los hechos. Además, de ofrecer reparación integral a la víctima, es decir, una reparación eficaz y diferenciada. Por último, aportar garantías de no repetición, garantizar a las personas medidas que eviten que estos hechos se repitan.

Para esto, Tania Bolaños, abogada, experta en procesos de justicia transicional, explica el procedimiento que realizará la JEP, frente a los casos de las víctimas que serán analizados durante el proceso de transición, “bajo los principios de la justicia transicional, la JEP tendrá que hacer una revisión detallada de los casos, teniendo en cuenta todas las pruebas que se presenten, los informes de las instituciones publicados, la participación de distintas organizaciones sociales, la experiencia internacional, cómo se ha manejado en otros países este tema, que podría constituir un aporte en la construcción y enriquecimiento de la jurisdicción”.

En Colombia la complejidad del conflicto armado facilitó que una persona tenga la doble condición de víctima y victimario, por está razón, para reparar hay que tener en cuenta el contexto de la víctima. Es difícil saber cuáles son los retos de la JEP frente a los casos de Camila y Patricia, ya que aún no se han debatido ni siquiera en el ejercicio de formulación dentro de la jurisdicción. Se pueden plantear algunos retos, pero no van a ser los definitivos.

Colombia debe aprender de los errores que se han cometido en procesos empleados dentro y fuera del país. Tania menciona algunos casos; “En Colombia debemos tomar el ejemplo de Justicia y Paz, que fue otro proceso especial para los paramilitares. A nivel internacional, en el caso de Ruanda, la ley acogía y tenía vigencia solamente para los hechos cometidos en 1944. Tomó alrededor de 15 años sancionar cerca de 100 personas. Esto representa precisamente la complejidad de los hechos. Por esta razón en Colombia se deben empezar a esclarecer los hechos desde ya”.

Bolaños asegura que la JEP tiene varios retos, empezando por la cantidad de personas que fueron actores del conflicto y tiene el reto de poder vincular y reconocer a las víctimas. Pero el país también tiene un gran desafío, el de intentar reescribir la historia que se ha vivido durante más de cinco décadas, y quizá uno de los más complejos será no condenar a inocentes.

*Estos nombres han sido modificados para proteger la identidad.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.