Una acción precipitada y casi secreta de la Registraduría Nacional anuló documentos de identidad a casi 43 mil colombianos de origen venezolano. La maniobra, presentada como parte de la depuración del censo electoral, violó el debido proceso y restringió derechos como la salud y la educación. Los casos ya llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).