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Viernes, 22 Febrero 2019

El día sin carro sí empeora la calidad el aire, pero depende de la zona

Por José Felipe Sarmiento

Ante la alerta ambiental en Bogotá por la mala calidad del aire y las medidas de la Alcaldía para enfrentarla, un usuario de Facebook citó un estudio del 2018 con un descache de interpretación.

En medio de la emergencia por contaminación del aire que vivió Bogotá el pasado fin de semana, un usuario de Facebook publicó una opinión que se hizo viral en la que criticaba al alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, por varias decisiones que ha tomado su administración en materia ambiental.

El hombre manifestaba su desacuerdo con que el mandatario “a las malas nos baje del carro con la excusa de la contaminación” porque, dijo, “la Universidad de Los Andes aseveró que el día sin carro no disminuye los niveles de contaminación”. La afirmación, en efecto, salió de un estudio de esa institución, por lo que es verdadera, pero fue el año pasado y se refiere a dos puntos específicos, no a toda la ciudad.

Publicación en Facebook que cita el estudio de Los Andes (frase resaltada)

El artículo del grupo de investigación en Salud Pública, Educación y Profesionalismo (SEP) de la Facultad de Medicina, publicado en la página de la universidad, comparó los datos de dos observatorios de la calidad del aire (Kennedy y Carvajal-Sevillana en el suroccidente de la ciudad) en el día sin carro de 2018 (que, por primera vez, aplicó también para las motos) frente a los del día anterior.

El resultado fue que “el jueves (Día sin carro y sin moto), en comparación con el miércoles, registra una elevación en todos los monitoreos realizados durante la jornada”. Es decir que la contaminación aumentó en ambos lugares para la fecha de la actividad pedagógica.

El SEP repitió el estudio este año, pero no ha publicado los resultados. Sin embargo, el médico y profesor Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública e investigador del grupo, adelantó esta conclusión: “hay estaciones de medición donde la calidad del aire empeora, en otras se mantiene y en otras aumenta”. De este modo, la desactualización de la cita en Facebook es salvable pero el error de interpretación es más grande.

El artículo de la universidad se refiere solo a dos de las 13 zonas donde tiene medidores la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá, a pesar de que el SEP les hace seguimiento a todas en tiempo real. Incluso maneja el portal Gobernanza del Aire, donde también se puede acceder a esos datos, en convenio con la Secretaría de Ambiente.

“Lo que pasa es que usted no debe quedarse con los datos agregados, eso es simplificar demasiado la realidad. Hay que mirar punto por punto”, explicó Hernández. Él mismo le ha hecho esa crítica al Distrito. Señaló que “no es que esté mal lo que ellos hacen, sino que sacan un promedio de toda la ciudad en todo el día y así se pierde mucha complejidad”.

Tras el día sin carro y sin moto de 2018, la Secretaría informó de una reducción de 21 por ciento en la presencia de partículas de polvo gruesas (PM10, es decir, de hasta 10 micras -milésimas de milímetro- de diámetro) y de 26 por ciento en las PM2,5, que son más pequeñas y provienen sobre todo de los procesos de combustión en vehículos y fábricas, frente a un día normal reciente.

Luego del mismo ejercicio comparativo en 2019, la entidad distrital tasó en 28 por ciento la disminución general en microgramos de partículas por metro cúbico de aire en la ciudad. Sin embargo, el diario El Tiempo contrastó este dato con un análisis de Hernández, quien dio a ese medio argumentos similares a los que compartió con Colombiacheck para esta nota.

Por su parte, el ingeniero civil Luis Ángel Guzmán, director del grupo en Sostenibilidad Urbana y Regional de Los Andes, dijo que no conoce los estudios del SEP. No obstante, coincidió con él en que la contaminación no necesariamente baja con las restricciones a los carros particulares.

Guzmán, que es doctor en Planeación de Transporte Urbano, explicó que “quienes salen de circulación (el día sin carro y sin moto) son quienes menos producen material particulado”. Por el contrario, señaló que los vehículos que usan diésel como combustible (camiones y buses) siguen transitando pese a que son los mayores productores de PM2,5 junto con las industrias.

De hecho, aunque ya se levantó el pico y placa de emergencia tras un descenso del 50 por ciento en la polución (según la Secretaría de Ambiente), los vehículos de carga sí quedaron con una nueva restricción: si pesan más de dos toneladas, no podrán circular por el suroccidente de Bogotá y, de lunes a viernes entre las 6 y las 8 de la mañana, tampoco podrán hacerlo por el resto de la ciudad.

Precisamente el tránsito continuo de vehículos a diésel por el suroccidente de la ciudad (y por Soacha) sería, según Hernández, una de las causas de que haya mayor contaminación en esa zona y de que empeore en los días sin carro. Pero el problema quedaba oculto al promediar con el resto de la ciudad, porque la reducción en estaciones como las del corredor oriental compensa esos datos y por eso la Secretaría da balances de descenso.

Entre tanto, la publicación de Facebook se descachó porque asumió el aumento en dos medidores ubicados allí como si fuera información de toda la ciudad. El error pudo surgir del titular que usó la misma universidad, en el que tampoco aclara que se trata de un balance localizado y no general, aunque en el cuerpo del texto sí está claro.

Lunes, 13 Agosto 2018

María Victoria Angulo no ocultó la contratación de la empresa de las pechugas de 40.000 pesos

Por José Manuel Cuevas

Las redes sociales le cobraron a la nueva Ministra de Educación la polémica de finales del año pasado del contrato que la Secretaría de Educación de Bogotá firmó con Coosuacol.

La ibaguereña María Victoria Angulo pasó en julio de encabezar la Secretaría de Educación de Bogotá a ser nombrada nueva ministra de Educación por el entonces presidente electo, Iván Duque.

En medio del repaso de la hoja de vida de Angulo que hicieron los medios tras su nombramiento, muchas personas compartieron una imagen de diciembre que publicó el medio 180° a la verdad (presente sólo en redes sociales).

Imagen viral sobre María Victoria Angulo

La imagen recordaba que, en su paso por la Secretaría de Educación de Bogotá, Angulo había adjudicado un contrato para la alimentación de los colegios de la capital a la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia (Coosuacol).

En la imagen, además, se asegura que “la representante legal de esta cooperativa es la misma que cobró pechugas de pollo a 40 mil pesos para la alimentación de los niños en Cartagena” y que “a pesar del escándalo, Angulo señala que la cooperativa cumplió todos los requisitos para ganar la licitación”.

Colombiacheck investigó y encontró que estas afirmaciones son VERDADERAS.

En efecto, en noviembre del año pasado la Contraloría denunció el sobrecosto en un contrato de Coosuacol por suministro de alimentos pero en Cartagena, que incluía la compra de pechugas de pollo a 40.000 pesos por unidad.

Con el escándalo en la opinión pública, después se supo que en Bogotá se le había adjudicado el 30 de noviembre un contrato para el suministro de alimentos de los colegios públicos a Coosuacol, Consorcio Logístico Catalimentos 2017, UT MS 3-60, Aerodelicias LTDA, Fabio Doblado Barreto, UT Agrosocial II y a UT Unidos por los niños de Bogotá.

El contrato mediante licitación, que se hizo a través de Colombia Compra Eficiente (organismo creado para unificar los procesos de la contratación pública) es, como dice la imagen que circula por redes sociales, por 177.461 millones de pesos. Además, tiene una vigencia mínima de 24 meses (de enero de este año a diciembre de 2019).

Frente a los cuestionamientos, en particular a los de la videocolumna La Pulla del periódico El Espectador, María Victoria Angulo aclaró a mediados de diciembre mediante una carta en el mismo diario que, aunque hubiera investigación, Coosuacol no había sido sancionada, con lo cual no había impedimento para su contratación.

No obstante, RCN reveló también en diciembre que Coosuacol tenía el mismo NIT (800185713-9, registrado en la Cámara de Comercio de Cartagena) de la antigua Cooseheroica, empresa que había contratado con la Alcaldía de Bucaramanga en marzo de 2014 y que la Contraloría denunció en ese entonces por haber encontrado alimentos en descomposición, entre otras irregularidades.

Si bien no hubo sanción, de acuerdo con su resolución 2018330002485 del 10 de abril de 2018, la Superintendencia de Economía Solidaria intervino Coosuacol para “administrar los bienes, haberes y negocios”, por deficiencias en el cumplimiento de requisitos legales para su funcionamiento, que van desde actas incompletas hasta inconsistencias en su estructura financiera.

Sin embargo, en la revisión de la entidad a la actividad de la empresa en los dos últimos años, el documento señala que el contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá “es operado en condiciones normales y (...) se tiene evidencia de una buena gestión en su ejecución”.

El Programa de Alimentación Escolar, tarea difícil

El escándalo de las pechugas de 40.000 pesos no es un hecho aislado. En varios colegios y sedes del ICBF se han denunciado sobrecostos en contrataciones, así como escasez y mala calidad en los alimentos. Todo esto ha puesto en la mira la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Incluso la Contraloría General de la República afirmó informe de gestión que pudo “evidenciar las falencias (…) en cuanto a valores de las raciones, sobrecostos y falta de objetividad en la selección de los contratistas”.

De hecho, el contralor general Edgardo Maya se pronunció sobre el tema el pasado 2 de agosto en en medio del lanzamiento del libro de la Contraloría Una mirada a las políticas públicas de Colombia 2014-2018, pidiéndole a María Victoria Angulo que, en su nuevo cargo como ministra de Educación, le hiciera reformas estructurales al PAE.

Con esas reformas estructurales se busca corregir la falta de ejecución de los recursos del programa, que según el documento se debe, “por una parte, a situaciones inherentes a la prestación del servicio (calamidades públicas, ausentismo de los niños, condiciones climáticas o geográficas que impiden llevar los alimentos) y, por otra, a debilidades en la unificación y articulación de recursos, en la planeación financiera y en los procesos de presupuestación, como se ha mencionado”.

Según el máximo órgano de control fiscal, el PAE ha presentado irregularidades en 17 departamentos, afectando la salud de unos ocho millones de niños.