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Miércoles, 10 Abril 2019

En el archivo: ley estatutaria de JEP no da impunidad para reincidentes

Por Colombiacheck

Paloma Valencia repitió un argumento falso en contra de la JEP, diciendo equivocadamente que las objeciones a su ley estatutaria son necesarias para que reincidentes sean investigados por la Fiscalía.

Este 9 de abril, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia trinó un mensaje en apoyo a las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, enviadas por el presidente Iván Duque al Congreso. En ese mensaje, dijo:

"¿Ud está de acuerdo con que quienes reincidan en crimen habiendo recibido beneficios de las JEP, sean investigados por la Fiscalía? Si es así ud está #DeAacuerdoConLasObjeciones".

Trino Paloma Valencia

Sin embargo, como ya habíamos explicado en un chequeo reciente titulado "Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir", este argumento es falso.

En esa publicación escribimos que, 

en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”. 

Además, precisamos que

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Sábado, 18 Noviembre 2017

¿Extranjeros del Comité de Escogencia cercanos a grupos terroristas?

Por David Tarazona

El pasado 8 de noviembre el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, hizo unas declaraciones en la W Radio que cuestionaron la idoneidad de tres de los cinco miembros del Comité de Escogencia, encargados de seleccionar a los integrantes de la Comisión de la Verdad. Colombiacheck las verificó.

“El comité seleccionador estaba conformado por tres extranjeros. Un español muy cercano a la ETA. Un peruano muy cercano a Sendero Luminoso. Un argentino muy cercano a los Montoneros”. Esta fue la frase dicha por el general (r) Jaime Ruiz Barrera, en la W Radio cuando lo entrevistaron sobre las molestias de los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), por la falta de representación de las Fuerzas Armadas en la Comisión de la Verdad, a pesar de la presencia de Carlos Ospina Galvis, un ex oficial del Ejército, por 21 años. En dichas declaraciones, Ruiz Barrera se refería al español Álvaro Gil-Robles, al peruano Diego García-Sayán y al argentino Juan E. Méndez.

Tras un trabajo de contrastación, que incluyó una entrevista al general (r) Ruiz Barrera, la revisión de documentos y las hojas de vida de los extranjeros del Comité de Escogencia, Colombiacheck calificó esas afirmaciones como Engañosas.

¿Por qué? Vamos a demostrarlo caso por caso.

Juan E. Méndez
Juan E. Méndez. Crédito: Comité de Escogencia

Juan E. Méndez

Según dijo el general (r) Ruiz Barrera a Colombiacheck, el jurista argentino Méndez “fue encarcelado por su relación con los Montoneros en un gobierno militar. Durante el tiempo que fue encarcelado fue objeto de muchos vejámenes, torturas”. Para Ruiz Barrera, desde entonces Méndez odia a los militares. Los Montoneros fue un grupo guerrillero argentino que existió en la década de los setenta con una orientación de izquierda peronista.

De acuerdo con nuestra consulta, Méndez es un jurista argentino especialista en derechos humanos. Es el designado para el Comité de Escogencia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), del cual fue presidente entre 2004 y 2009. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ocupó cargos como el de relator especial para las Naciones Unidas, sobre la tortura y el de asesor especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, sobre la prevención del genocidio.

Juan Méndez respondió sobre su supuesta animadversión hacia los militares diciendo que es “totalmente falso”, en entrevista con el periódico El Tiempo, el pasado viernes 10 de noviembre.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera que diera las pruebas de los supuestos vínculos de Méndez con la extinta guerrilla argentina, éste dijo: “pregúntele por qué estuvo preso, no fue por otra cosa distinta que su relación con los Montoneros”. De acuerdo con los datos recabados de su biografía como profesor en la Universidad Americana, Méndez fue a la cárcel en la dictadura argentina por defender presos políticos, no por ser miembro de los Montoneros. Por esto, Colombiacheck calificó la afirmación “Méndez es cercano a los Montoneros”, del general (r) Ruiz Barrera, como Engañosa, ya que no existen pruebas que lo vinculen a este grupo.

Diego García-Sayán
Diego García-Sayán. Crédito: Comité de Escogencia

Diego García-Sayán

Sobre el abogado peruano, el general (r) Ruiz Barrera dijo en la W Radio que “no debieron postular a un señor de Sendero Luminoso”, en referencia a sus supuestos vínculos con la guerrilla peruana. También dijo que García-Sayán: “fue ministro de Justicia y en su condición promovió una serie de resoluciones absolutorias a miembros de Sendero Luminoso”.

Colombiacheck consultó la hoja de vida y supo que García-Sayán fue designado por el secretario general de Naciones Unidas para el Comité de Escogencia.

García-Sayán fue relator especial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados. También, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tiene experiencia en procesos de paz como el de El Salvador, en el que fue director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de Naciones Unidas. Durante ocho meses, entre 2000 y 2001, fue Ministro de Justicia de Perú, cargo que dejó para ser Ministro de Relaciones Exteriores, desde julio de 2001 y hasta julio de 2002.

Cuando le preguntamos al general (r) Ruiz Barrera de dónde sacó la información contra el abogado peruano, dijo que las pruebas están en un artículo llamado “Las perlitas de Diego García-Sayán” publicado en el periódico de Acore, el 3 de febrero de 2017. La principal acusación de esta pieza periodística dice que García-Sayán indultó de 31 a 36 “sentenciados por terrorismo”, durante su periodo como Ministro de Justicia.

Colombiacheck encontró que el párrafo incluido en el periódico es idéntico a uno de un blog con el nombre de voltairenet.org, llamado “El Poder Judicial y las ONG neomarxistas en el Perú”, publicado por Jorge Serrano Torres, el 1 de noviembre de 2006.

Cuando le insistimos al general (r) Ruiz Barrera por las pruebas, éste dijo que si las acusaciones no fueran ciertas ya lo hubieran demandado. “Si lo que aparece ahí (en el periódico de Acore) no es cierto, me rectifico”, agregó.

Aunque el presidente de Perú Pedro Pablo Kuscinsky acusó al jurista peruano, en 2012, de estar “muy a favor de liberar gente que había sido condenada por terrorismo”, no existen sentencias ni documentos oficiales que cuestionen las actuaciones de García-Sayán. En entrevista con el diario La República de Perú, en noviembre de 2007, García-Sayán respondió a esas denuncias: “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales[...] acreditó que actué en sujeción a las disposiciones legales y administrativas vigentes”. Aunque sí hubo indultos a inocentes y conmutación de penas, García-Sayán dijo que se dieron “a cambio de información”.

Contrario a lo que dice el general (r) Ruiz Barrera, el peruano García-Sayán ha sido crítico frente a las violaciones de derechos humanos por parte de Sendero Luminoso, incluso se ha referido al grupo con el término de “terrorista”. También su compañero en el Comité, el jurista argentino Juan E. Méndez, desmintió las acusaciones en entrevista con El Tiempo: “Del doctor García-Sayán, Acore dijo que había liberado senderistas (integrantes de Sendero Luminoso), y eso es falso”.

Tras contrastar lo dicho por el general (r) Ruiz Barrera sobre el peruano García-Sayán, Colombiacheck también calificó de Engañoso sostener que García-Sayán es cercano a Sendero Luminoso.

Álvaro Gil-Robles
Álvaro Gil-Robles. Crédito: Comité de Escogencia

Álvaro Gil-Robles

Sobre la participación del español Gil-Robles en el Comité de Escogencia, el general (r) Ruiz Barrera puntualizó en la W Radio: “No debieron escoger a alguien con relación con la ETA”. En referencia a lo anterior, Ruiz Barrera le dijo a Colombiacheck que Gil-Robles “trató de crear unos tribunales especiales para juzgar a la Guardia Nacional en acciones que se dieron contra miembros de la ETA. Quería sacarlos de la jurisdicción ordinaria y procesarlos en una especial [pero] el Estado español no lo permitió”.

Como la acusación sobre Gil-Robles ha circulado desde febrero de 2017 en páginas web, éste respondió el 5 de julio del 2017, en una entrevista para El Espectador: “A mí me hubiera gustado que ETA supiera eso antes [que supuestamente era miembro], porque me han hecho vivir con escolta muchísimos años para que no me mataran”.

De hecho, en su trabajo en la Comisión para el Reconocimiento de las Víctimas de Violencia Policial en el País Vasco, Gil-Robles encontró que ETA era uno de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. En 2005, como comisario de los Derechos Humanos, reiteró su posición: la “acción de ETA constituye una interferencia directa en el disfrute de los más fundamentales Derechos Humanos”.

Entre 1988 y 1993 Gil-Robles se desempeñó como defensor del pueblo en España. Es un especialista en derechos humanos y cuenta con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, donde además ha sido profesor. Fue elegido en 1999 como comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. La designación del abogado español para que hiciera parte del Comité de Escogencia en Colombia fue hecha por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos.

El jurista argentino Juan E. Méndez también defiende al abogado español. “Del doctor Gil-Robles (Acore) dijo que había liberado gente de la ETA, también (es) falso”, dijo a El Tiempo.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera sobre los fundamentos de sus frases, dijo: “dejemos así entonces”.

En definitiva, Colombiacheck tampoco encontró pruebas que demuestren una relación de Gil-Robles con ETA, por lo que calificó dicha declaración del general (r) Ruiz Barrera como Engañosa.

Vale recordar que tanto ETA, como Sendero Luminoso –más allá de ciertos sectores disidentes– y los Montoneros son grupos extintos sin acciones de guerra en la actualidad.

¿De dónde sale el Comité de Escogencia?

El acuerdo de paz del Teatro Colón creó el Comité de Escogencia, encargado de seleccionar a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los miembros de la Comisión de la Verdad. Según el acuerdo de paz y el decreto 587 de abril 5 del 2017, los miembros del Comité de Escogencia son independientes, escogidos por Naciones Unidas, la Corte Suprema, entre otros. Precisamente, uno de los criterios fue que los elegidos debían generar confianza.

La Comisión de la Verdad –un ente sin poder judicial que busca rescatar la memoria del conflicto– junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son los tres ejes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creados en el Acuerdo de paz.

Las críticas a la elección de los once miembros de la Comisión de la Verdad no se hicieron esperar, tanto así que Acore anunció a Colombiacheck la creación de su propia comisión de la verdad para escribir la memoria de la guerra sin “rendir cuentas ante el enemigo”, que sería conformada por los nueve miembros postulados por esta asociación ante el Comité de Escogencia, que no fueron seleccionados. Su meta será controvertir los informes de la Comisión de la Verdad y, según el general (r) Ruiz Barrera, será financiada con recursos propios.

En un clima de acusaciones, tanto a los miembros de la Comisión como al Comité de Escogencia, Colombiacheck le preguntó al general (r) Ruiz Barrera si había contemplado la idea de que sus declaraciones llegaran a poner en riesgo la integridad de los miembros del Comité de Escogencia. “No, están más que protegidos. Los protege la misma extrema izquierda de este país”, respondió.

Para Colombiacheck este ejercicio de verificación también indicó que la experticia en derechos humanos, por parte de los extranjeros del Comité de Escogencia, no se convierte per se en una prueba de cercanía a grupos armados o terroristas como lo fueron Sendero Luminoso, los Montoneros y ETA. No hay que perder de vista que, de acuerdo con la presunción de inocencia en la legislación colombiana, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.