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Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.

Domingo, 28 Agosto 2016

“A las curules aseguradas les suma otras 16 que salen de circunscripciones exclusivas de Farc”, Uribe

Por Miriam Forero

Pese a que todas las señales indican que el expresidente Álvaro Uribe se equivoca en su interpretación de esta parte del Acuerdo Final, el exmandatario sigue insistiendo y su 'ejército' de seguidores en las redes sociales, lo replica.

La afirmación la hizo el líder de la oposición en el comunicado que dio a conocer con ocasión de la firma del acuerdo final. Pero su aseveración es falsa, pues no se trata de curules para las Farc ni para personas afines a ellas, sino precisamente de curules para las víctimas, para quienes se han visto afectados por el conflicto.

El punto 2.3.6 del acuerdo, en el apartado de Participación en Política, que se puede leer en la página 48 del Acuerdo Final, establece la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para ocupar igual número de sillas en la Cámara de Representantes por dos periodos electorales, es decir, de 2018 a 2026. Este acuerdo busca compensar a las regiones del país que han sido más afectadas por el conflicto -zonas aún por definir-, con el fin de devolverles, en alguna medida, el acceso a sus derechos políticos, económicos, sociales, etc.

El mismo punto explica quiénes podrán acceder a esas curules: “Los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos y candidatas podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y desplazadas), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros”.

Así mismo, lo explicó Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en la alocución que dio el miércoles 24 de agosto, una vez concluido el acto de cierre de las negociaciones en La Habana.

Aunque puede ocurrir que las Farc busquen cooptar parte de esas curules o influenciar a organizaciones cercanas para que se presenten a la contienda electoral por algunas circunscripciones especiales, no existe la exclusividad para candidatos de las Farc de la que habla Uribe.

Actualización

En el Nuevo Acuerdo, que contiene ajustes basados en las propuestas de la oposición, que ganó con su opción del No en el plebiscito refrendatorio, se hizo una aclaración sobre el punto de las circunscripciones especiales, con la cual queda ratificado lo que dijo Colombiacheck en este chequeo. El numeral 2.3.6 indicaba que ningún partido político con representación en el Congreso podría presentar candidatos a dichas circunscripciones; el nuevo texto -anunciado el 12 de noviembre y dado a conocer dos días después- aclara que esta prohibición incluye al "partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal".

El documento refuerza aún más el blindaje de estas cururles especiales en la Cámara de Representantes, al ordenar que el gobierno deberá poner en marcha "procesos de fortalecimiento de las organizaciones sociales en estos territorios, en especial de las organizaciones de víctimas de cara a su participación en la circunscripción [especial]"; y al establecer que se deberán "promover mecanismos adicionales -ya estaba mencionado el de la autoridad electoral- de control y veeduría por parte de organizaciones especializadas, como la Misión de Observación Electoral (MOE) y de partidos y movimientos políticos”.

Estas dos adiciones más la aclaración hecha, fueron medidas para darle mayor tranquilidad a los partidarios del No, quienes temen que las Farc infiltren a posibles candidatos y terminen dominando algunas de las 16 curules especiales. Pero, evidentemente, nunca se trató de "circunscripciones exclusivas de las Farc”, como lo afirmó el expresidente Álvaro Uribe.

Otras frases del discurso de Uribe

Dentro del pronunciamiento que hizo el exmandatario dos días después del anuncio del acuerdo final, Colombiacheck identificó otras afirmaciones cuya veracidad vale la pena conocer. Las temáticas de esas aseveraciones ya han sido abordadas en chequeos previos que realizó el equipo de Colombiacheck:

- "El proceso ha estado signado por la cadena de mentiras del Gobierno que pasó de negar la impunidad a justificar que los máximos responsables no vayan a la cárcel". En este chequeo Colombiacheck verificó que tan cierto es el tema de la no cárcel para las Farc.

- "El gobierno, que propuso el referendo y para eludir su umbral y la obligación de una pregunta por cada tema, adoptó el plebiscito de una sola pregunta, con umbral reducido al 13%". A raíz de un trino del senador Roy Barreras, Colombiacheck aclaró cuál fue el cambio que aprobó el Congreso para el plebiscito por la paz que, a fin de cuentas, ni subió ni bajó el umbral.

- "Mentiras del Gobierno que aceptó que Timochenko pueda ser Presidente de la República". Aquí está lo que encontró Colombiacheck sobre esa posibilidad de que el hoy máximo jefe de las Farc llegue a ser el máximo mandatario de Colombia.