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Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.

Domingo, 02 Julio 2017

El desmonte del Esmad: ¿una exigencia de las Farc a Santos?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación es del abogado Jaime Restrepo, quien trabajó para Álvaro Uribe, y fue calificada como falsa luego de verificar que si bien las Farc intentaron durante la etapa de negociación el desmonte de esa fuerza estatal, en el Acuerdo Final no quedó establecido ese compromiso.

El exabogado del senador Álvaro Uribe, Jaime Restrepo, conocido en las redes sociales como “El Patriota” y quien adquirió cierta connotación mediática por haber retado a un duelo a tiros al congresista Iván Cepeda, dijo que “el desmonte del Esmad es una exigencia de los bandidos de las Farc que será cumplida seguramente por @JuanManSantos”. Una aseveración que hizo desde su cuenta de Twitter el 17 de junio, el mismo día del atentado en el Centro Comercial Andino.

 

 

Colombiacheck buscó contactarlo para conocer la fuente de su afirmación pero hasta el momento Restrepo no respondió a nuestros llamados. Sin embargo, luego de revisar las 310 hojas del Acuerdo Final no hay nada que sustente su aseveración.

Durante la verificación Colombiacheck pudo establecer que las Farc sí tuvieron la intención de incluir en el Acuerdo el desmonte del Esmad, pero según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp, esa petición fue algo que no se concedió.

La solicitud de las Farc se dio en el punto octavo de las nueve propuestas mínimas que en 2013 presentó sobre “Cultura Política para la Participación, la Paz y la Reconciliación Nacional y Derecho a la Protesta y la Movilización Social y Popular”.

“Se prohibirá de manera expresa y taxativa cualquier tratamiento militar y de guerra a la legítima movilización o protesta social y popular. En especial, se procederá al desmonte del Escuadrón Antimotines y Disturbios, Esmad”, propuso las Farc en las negociaciones de La Habana.

Colombiacheck también habló con Jesús Santrich, vocero de las Farc, y éste explicó que aunque propusieron el tema en la mesa de negociación el gobierno finalmente no accedió.

Santrich negó que el desmonte del Esmad sea una exigencia de las Farc hacia el presidente Santos aunque aceptó que hay una posición unánime del grupo en proceso de dejación de armas de querer desmontar ese escuadrón móvil.

Por el lado del gobierno, el respaldo al Esmad ha sido de frente, por lo menos así lo evidenció el presidente Juan Manuel Santos en junio de 2016. “El papel del Esmad se vuelve especialmente importante para preservar la seguridad en todo el territorio, es otra prioridad”, dijo Santos en un artículo realizado por revista Semana en el que se conoció la importancia que tiene el Esmad para el presidente Santos en el posconflicto.

En definitiva, por cuanto Restrepo no soportó sus afirmaciones y ni en el Acuerdo Final o en algún otro documento oficial se establece el desmonte del Esmad, Colombiacheck califica la afirmación de "El Patriota" como falsa.