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Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.

Sábado, 09 Septiembre 2017

¿Sabía que hace cinco años morían dos campesinos diarios por minas antipersonas?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

En un solo trino Ernesto Samper dijo dos cosas falsas. No es cierto que en Colombia murieran dos campesinos al día por minas antipersonal, ni que haya terminado el desminado de 10.000 kilómetros cuadrados. En este último caso replicó, sin verificar, una información de El Tiempo.

El pasado jueves 17 de agosto el presidente Juan Manuel Santos estuvo en Cocorná, Antioquia. Allí anunció que catorce municipios ya están libres de sospecha de minas antipersonal y que en otros 152 se avanzó en la liberación de territorios a través de la cualificación de información, actividad en la cual, por medio de consejos de seguridad en cada municipio, se verifica o se completa la información registrada en el Sistema de Gestión sobre Minas Antipersonal, de esa forma se descarta la sospecha o presencia de minas antipersona, permitiendo declararlos libres de reporte de contaminación.

Según el anuncio del Presidente, en el último año, “a través de operaciones de despeje y de cualificación de información, el país logró liberar 1.593.411 metros cuadrados. A la fecha, los metros cuadrados liberados alcanzan 4.233.687, frente a una estimado total de 52 millones de metros cuadrados”.

 

 

El anuncio fue replicado desde las cuentas de Twitter no solo de Santos, sino también de Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto. Ambos funcionarios publicaron datos sobre el avance en desminado humanitario que adelanta el Gobierno para dar cumplimiento a uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, específicamente el 3.1.7.1 que menciona “la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal”.

 

 

Para cumplir con el compromiso sobre desminado el Gobierno se ha puesto la meta de tener el territorio libre de esos artefactos antes del 2021, así está explícito en el sitio web del programa Descontamina Colombia, el cual está a cargo de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entidad que depende de la Presidencia de la República pero que coordina el Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, es decir, el propio Pardo.

 

 

Un día después de este anuncio el expresidente liberal, Ernesto Samper Pizano, se sumó a los buenos comentarios que sobre el panorama de la erradicación de las minas antipersonal en Colombia se hacían por las redes sociales y trinó:

 

 

Samper, quien también fue Secretario General de Unasur, no solo se refirió al número de kilómetros cuadrados que se terminaron de desminar sino que hizo referencia al supuesto costo, en términos de vidas humanas, que este flagelo generaba en Colombia hace cinco años, es decir, en 2012.

Varios usuarios de Twitter como Tania Vargas y César Burgos, entre otros, reaccionaron a su trino con incredulidad. Colombiacheck decidió verificar qué tan cierto es lo que afirmó Samper.

 

 

Para ello consultamos al expresidente sobre la fuente que respalda su aseveración pero no obtuvimos una respuesta clara. A través de su vocero de comunicaciones dijo que tomó las cifras de un artículo de El Espectador, sin embargo, no pudimos encontrarlo.

Actualización

Una vez publicado este chequeo, el domingo 10 de septiembre en horas de la mañana contactó a Colombiacheck la oficina de comunicaciones de Samper, ellos aclararon que la publicación referida fue realizada en el diario El Tiempo y nos enviaron el enlace a un artículo publicado por esa casa editorial el pasado 17 de agosto (firmado por los periodistas Michelle Quiñones y Javier Forero), cuyo título es: Santos declara a 14 municipios del país libres de minas antipersonal.

En el quinto párrafo de dicho texto se lee lo siguiente: "En total, la brigada de desminado humanitario del Ejército liberó a nivel nacional 10.000 kilómetros cuadrados. En desarrollo de la labor en estos 14 municipios se encontraron 39 minas, de las cuales solo en Cocorná se destruyeron 26; las otras 13 se destruyeron en Sabana de Torres". Así las cosas, es claro que al expresidente liberal esta publicación lo indujo al error, pero también que ni él ni su equipo de comunicaciones se tomaron el tiempo para revisar los datos disponibles y replicaron la información sin verificarla, una práctica reprochable dada su importancia como figura pública (expresidente de Colombia, exsecretario general de Unasur) y formador de opinión.

Sobre el dato errado en la publicación de nuestros colegas de El Tiempo, no conocemos los pormenores, pero esperamos que los revisen y aclaren.

Con este punto aclarado, Colombiacheck buscó la fuente oficial de los datos por eso recurrimos al programa Descontamina Colombia. Allí nos remitieron las cifras de muertos y heridos por minas antipersonal registrados en el país desde 1990 y hasta julio de 2017.

Las estadísticas sobre este tipo de víctimas se dividen en dos categorías: civiles y miembros de la Fuerza Pública. No aparecen desagregadas las cifras por campesinos, sin embargo, voceros del programa Descontamina Colombia nos explicaron que dentro de los civiles se encuentran registrados los campesinos.

Aunque de acuerdo con los datos oficiales es imposible conocer con exactitud cuántos de los civiles que murieron o fueron heridos por minas antipersonal son campesinos, quisimos conocer el promedio de civiles muertos por la explosión de este tipo de artefactos y compararlo con lo que afirmó Samper.

Según el tuit del expresidente liberal, recordado por la infiltración de dineros del narcotráfico en la financiación de su campaña, “hace 5 años morían dos campesinos diarios”, lo cual significa que en el año 2012 debieron morir 730 campesinos en total, víctimas de las minas antipersonal, cifra que resulta de multiplicar los días del año (365) por dos, tal como dijo Samper.

Pero los datos oficiales tomados del programa Descontamina Colombia dicen una cosa muy diferente: los civiles muertos por minas antipersonal en 2012 fueron apenas 52 personas, guarismo que incluye a los campesinos, lo cual muestra una diferencia abismal con la frase publicada por Samper.

Si además buscamos obtener el promedio de civiles muertos en 2012 por minas antipersonal, y entonces dividimos los 52 casos registrados por los 365 días del año, obtenemos que cada día murieron apenas 0.14 civiles (incluidos los campesinos) por este flagelo en Colombia. Cifra muy lejana a los dos campesinos que según Samper morían a diario en Colombia por ese flagelo.

¿Desminado imaginario?

Colombiacheck verificó si en en el país ya se terminó de desminar el número de kilómetros cuadrados que adujo el expresidente y encontró que, de acuerdo con la información del programa Descontamina Colombia, esa afirmación tampoco es cierta.

Al mencionar la cantidad de territorio desminado, dicho programa no lo hace en kilómetros cuadrados (como lo hizo Samper) sino en metros cuadrados. Pero haciendo una sencilla conversión es posible determinar la cantidad del territorio desminado y expresarla en kilómetros cuadrados.

Los 52 millones de metros cuadrados que se estima es el área total del territorio colombiano que se encuentra contaminada por minas antipersonal, corresponde a 52 kilómetros cuadrados.

De ese universo total el Gobierno informó que ya se han liberado 4.233.687 metros cuadrados, lo que equivale a 4.2 kilómetros cuadrados. Y de acuerdo con el programa Descontamina Colombia, de donde se tomaron todas las cifras para este chequeo, “el último año se logro liberar 1.593.411 metros cuadrados de territorio”, lo cual corresponde tan solo a 1.5 kilómetros cuadrados.

Según el trino de Samper, Colombia habría terminado de desminar un área de 10.000 kilómetros cuadrados que expresados en metros cuadrados son 10.000 millones, lo que equivale a una superficie de terreno equivalente a la suma de las áreas de los departamentos de Caldas (7.888 kilómetros cuadrados) y Quindío (1.845 kilómetros cuadrados), y todavía faltarían 267 kilómetros cuadrados para completar los diez mil.

Por todos los datos aquí consignados, Colombiacheck califica las dos afirmaciones del trino del expresidente liberal como desproporcionadas y falsas.

Con su publicación en Twitter Samper puede confundir a los lectores, por eso vale la pena aclarar que las víctimas por este flagelo en Colombia sí han descendido de manera considerable, como lo corroboran las cifras conseguidas y publicadas por Colombiacheck para esta verificación.

Los resultados muestran que en los primeros siete meses de este año solo se han presentado dos muertos por la explosión de minas antipersonal, un civil y un miembro de la fuerza pública. De mantenerse esa estadística, 2017 sería el año con menos muertos por este flagelo desde 1990, cuando comenzaron a llevarse los registros oficiales.

Precisamente 1990 es hasta ahora el año en el que menos muertos por minas antipersonal hubo. Solo 12 personas, un civil y el resto miembros de la fuerza pública. El año con más víctimas fue 2006, cuando se registraron 1.232 afectados sumando heridos y muertos.