Comenzando 2019, el ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Luciano Marín (conocido como “Iván Márquez”) reapareció en la escena política. Lo hizo el 12 de enero, a través de un video en el cual criticó la implementación del acuerdo de paz.

Marín dijo que en solo dos años que tiene de vigencia el acuerdo (desde el 24 de noviembre de 2016), “los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado han sido desalentadores. En ese lapso han sido asesinados más de 400 líderes sociales y más de 85 guerrilleros” (vea: Explicador: ¿Qué es un líder social?).

Ese mismo día, en la noche, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, publicó en la página web de la entidad una carta titulada “Iván Márquez no dice la verdad”.

En ella señaló que es mentira que exista desprotección de los excombatientes y que “las condiciones en que han fallecido alrededor de 85 excombatientes muestra que la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas”. La fuente de Archila, según cuenta en el comunicado, es el último informe publicado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, un día después, Archila fue entrevistado en revista Semana, donde se le preguntó por su desacuerdo con Marín y, en particular, sobre los 85 excombatientes de la guerrilla que han sido asesinados.

Según Archila, “ninguno ha sido asesinado por su condición de excombatiente. La absoluta mayoría han sido asesinados por otros grupos ilegales ELN, EPL, Los Pelufos, el Clan del Golfo, eso lo que nos dice es que muy posiblemente se trataba de personas que habían vuelto a la ilegalidad”.

Puesto que al día siguiente, el 14 de enero, Archila fue nuevamente interrogado sobre el tema, pero ahora en RCN Radio, y una vez más afirmó que “no hay ninguno de ellos [los excombatientes] que haya sido evidenciado que hubiera sido muerto en razón de su condición de excombatiente”, en Colombiacheck decidimos verificar qué tanta verdad había en esa afirmación y en otra que mencionó Archila en la entrevista radial: “más de la mitad han sido muertos a manos de grupos armados y en enfrentamientos, lo cual da el indicio de que estaban dedicados nuevamente a actividades delictivas”.

Naciones Unidas

Acudimos directamente a la oficina de prensa del Alto Consejero para el Posconflicto para consultar cuál fue la fuente en la cual se basó Archila en su afirmación y nos confirmaron que se trata del informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia publicado el 26 de diciembre de 2018.

En referencia a la seguridad de los excombatientes de las Farc, el informe señala que “las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguen prestando servicios de seguridad en el perímetro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y las zonas circundantes”.

Pero el informe también asegura que, a pesar de ello, “continúan existiendo problemas significativos de seguridad en los nuevos puntos de reagrupamiento de exmiembros de las FARC-EP participantes en el proceso de reincorporación fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, muchos de los cuales se encuentran en zonas con una fuerte presencia de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”.

A su vez, el informe confirma que desde la firma del acuerdo de paz y hasta el 26 de diciembre de 2018 (fecha de su publicación), 85 excombatientes de las Farc fueron asesinados.

Señala, además, que en las investigaciones “de un total de 87 casos, incluidos los 85 asesinatos, la Unidad Especial de Investigación ha informado de avances significativos en 48. Se ha dictado sentencia en 3 casos; 8 se encuentran en la etapa de enjuiciamiento, 17 están siendo investigados y se han practicado las detenciones, 18 están siendo investigados y las detenciones están pendientes y 2 se encuentran en otras etapas de indagación”.

De esos 48, “36 están vinculados al Clan del Golfo, al ELN, a grupos disidentes de las FARC-EP y al Ejército Popular de Liberación”.

Es decir que, a diferencia de lo que señala Archila, el informe de Naciones Unidas confirma que solo 36 de 85 de los asesinatos, en las investigaciones preliminares, están relacionados con Grupos Armados Organizados (GAO como los llama el gobierno). Se trata de menos de la mitad de los asesinatos y no de la “inmensa mayoría”, como dijo el consejero.

Por otro lado, el informe no confirma que, de los casos ya investigados o de los que aún están en proceso de investigación, alguno de los excombatientes haya sido asesinado por el hecho de haber pertenecido a la guerrilla de las Farc.

Otras organizaciones

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) también ha hecho seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y en su informe ‘Cómo va la paz. La reestructuración unilateral del acuerdo de paz’, publicado en noviembre del año pasado, registró la situación de los excombatientes de las Farc asesinados.

Según Pares, “los obstáculos del proceso de reincorporación también se manifiestan en las fallas a la seguridad física de los y las ex combatientes de FARC, que también incluyen a sus familiares… de ahí que se tenga registro de 83 excombatientes asesinados y 24 familiares, desde la firma del Acuerdo hasta el 10 de noviembre de 2018”.

Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política de Pares, sin embargo, confirmó a Colombiacheck que para este momento, el número de asesinados del cual tienen registro es 85, el mismo número señalado por Naciones Unidas.

Jiménez, además, dijo que hasta el momento no tienen información concluyente sobre las razones o motivaciones de los asesinatos, pero que se mantienen algunas hipótesis.

“La primera de ellas tiene que ver con la negativa de parte de estas personas a engrosar las filas de nuevos grupos ilegales, o de los ya existentes, en las regiones donde antiguamente ejercían algún control armado durante su paso por la guerrilla”, dice el informe de Pares. Esto porque, según Jiménez, son personas que tienen entrenamiento militar, conocen el territorio y por eso son muy útiles para engrosar otras filas.

Sobre este mismo punto Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma que esto se debe también a que los desmovilizados están en zonas de economías ilegales donde el tema de la violencia es importante, por eso “se presentan amenazas a exmiembros para presionarlos a que se involucren a bandas delincuenciales”.

En ese sentido, los dos investigadores coinciden en que no se puede decir que los exmiembros de las Farc asesinados por bandas delincuenciales necesariamente estaban incurriendo en actividades ilícitas, como señaló Archila.

Por el contrario, según Garzón, esto “libera la responsabilidad del Estado en términos de seguridad para los excombatientes, que es compleja, pero que el gobierno no ha podido resolver”.

La segunda hipótesis de Pares tiene que ver con situaciones de venganza particulares o por su antigua filiación a la insurgencia armada. “En algunas regiones hay cuentas pendientes en términos de lo que sucedió en la guerra entre ellos o fuera de la organización”, agrega Garzón.

Y estos hechos hacen que en este punto no haya total claridad de si los asesinatos se dieron por asuntos personales o familiares, de acuerdo Jiménez. O si por el contrario, refutando lo dicho por Archila, sí tienen que ver con el hecho de que estas personas hayan pertenecido a las Farc.

¿Qué dice la Farc?

Camilo Ernesto Fagua, miembro de la Comisión Nacional de derechos humanos del partido Farc, le dijo a Colombiacheck que desde la primera firma del Acuerdo Final han registrado 93 exintegrantes asesinados y que han podido establecer que detrás de esos homicidios están grupos paramilitares, fuerzas estatales, grupos de narcotraficantes y el Ejército de Liberación Nacional ELN.

(Lea: El ELN no aumentó acciones violentas durante mesa de negociación)

Aunque no han podido determinar cuántos de los homicidios han tenido como móvil la calidad de reinsertado de la víctima,“hemos encontrado que la principal causa de esas muertes es el incumplimiento en materia de garantías de seguridad y protección porque a mucha gente no se le ha cumplido con la puesta en marcha de los proyectos productivos o el proceso de la reincorporación integral, lo cual hace que mucha gente se disperse del proceso colectivo y se vuelva vulnerable a hechos como retaliaciones por hechos anteriores como por hechos relacionados con el proceso de conformación del partido”, indicó el abogado.

En este sentido hay coincidencias con lo que le dijo Garzón a Colombiacheck, pues según él los lugares adónde están llegando los exguerrilleros (que pueden ser sus lugares de origen o donde se encuentra su familia y que no hacen parte de las zonas establecidas en el marco de la implementación del acuerdo) son espacios de alta vulnerabilidad para ellos, pues no cuentan con la protección que establece el acuerdo de paz. Y ese hecho puede estar incidiendo en los homicidios de los cuales están siendo víctimas.