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Jueves, 07 Septiembre 2017

Nuestros lectores nos chequean

Por Colombiacheck

Tras publicar un chequeo sobre la propiedad de la tierra rural en Colombia, recibimos críticas de lectores, expertos y periodistas independientes quienes señalaron un error de interpretación en los datos. Ofrecemos excusas y aclaramos la información.

Colombiacheck, fiel a su política de aclaraciones, corrige el chequeo realizado a una afirmación de María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, en la cual aseguró que la tierra rural en Colombia “está en manos de los territorios colectivos de comunidades negras y de los resguardos indígenas”, la cual en principio calificamos como verdadera pero que, a la luz de los elementos aportados por algunos lectores, fuentes expertas e independientes, hoy reconsideramos y calificamos como engañosa.

Nuestro error consistió en manifestar que “porcentualmente, las comunidades negras e indígenas juntas sí tienen más tierra rural en promedio que cualquier otro colombiano”.

No debimos mezclar a los propietarios de tierra rural en Colombia con toda la población del país, ya que en su mayoría esta vive en centros urbanos (ciudades) y no es propietaria de tierra en el campo, además, las propiedades colectivas, como las de los negros y los indígenas, tienen profundas diferencias con las de cualquier otro propietario privado de tierra en Colombia.

La gran dificultad para hacer este cálculo es que en Colombia no hay claridad absoluta sobre el número de propietarios privados de las tierras rurales, así lo reseñamos en la investigación: “Formalizar todo el campo, un acuerdo con muchos pendientes”.

Faltaron expertos para profundizar el contexto

Tanto Fedegán como el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural Colombia reseñan que los propietarios privados tienen el 39.7% y 44.7% de la tierra rural respectivamente, mientras que los resguardos indígenas y comunidades negras juntas tienen el 31.6% y 30.5% de la misma clase de tierra. Ambas fuentes de información evidencian que en efecto estos grupos minoritarios tienen en sus manos casi un tercio de la tierra rural en Colombia.

En su primer chequeo Colombiacheck dio prioridad a los datos y no tuvo en cuenta el contexto, por ello no logró revelar el panorama amplio y complejo de la propiedad de la tierra rural de los resguardos indígenas y comunidades negras, así como sus problemáticas.

Si bien mencionamos que “el debate por la calidad de esa tierra, sus posibilidades de aprovechamiento, las condiciones de seguridad e infraestructura entre otros asuntos, son historia aparte” nos faltó mayor profundidad.

Para resarcir este error Colombiacheck consultó a varios expertos en temas de tierras, conocedores de los problemas que afrontan las comunidades negras y resguardos indígenas, para ampliar el contexto y dar luz sobre aspectos clave de uno de los debates más importantes que en la actualidad se dan en Colombia.

Entre otros aspectos se revisó por qué no se debe comparar la tierra de estos grupos minoritarios con el resto de la población de propietarios rurales, la baja calidad de la tierra que poseen, el impacto del conflicto armado en sus territorios, el hecho que esos territorios son colectivos y no de un solo propietario (como pasa con la tierra de los privados), entre otros fenómenos relevantes.

Yamile Salinas, consultora y abogada independiente experta en el tema de tierras, sostuvo que por tratarse de un Estado pluriétnico no es comparable mezclar resguardos indígenas y comunidades negras con el resto de la población en general. Para Salinas, estas comunidades tienen derechos distintos.

Salinas y Diana Güiza, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, coincidieron en que, a la hora de mencionar la cantidad de tierra rural registrada a estas comunidades, resulta de vital importancia tener claro que son de baja calidad y, además, la administran de manera colectiva, esto quiere decir que ningún individuo de esas comunidades puede sacar provecho particular de la propiedad porque es colectiva, lo que no sucede con los privados que pueden negociar sus tierras de manera individual.

Diana Salinas, seguidora de Colombiacheck y periodista independiente reseñó este hecho:

 

 

Lo mencionado por las expertas y la periodista Salinas fue ratificado por Patricia Tobón, abogada de la Organización Indígena de Colombia (Onic) quien explicó que no se puede señalar a los indígenas y comunidades negras como terratenientes porque la tierra de ellos “es inembargable, inalienable y no se puede comprar”, como lo expresa taxativamente el artículo 63º de la Constitución Política de Colombia.

Tobón precisó que “no son lo mismo 7.000 hectáreas de un terrateniente acaparador de tierra rural a la misma cantidad que podría poseer un resguardo indígena con varias familias”. En relación al censo poblacional de 2005 del Dane que desagrega las comunidades indígenas y que Colombiacheck citó en su chequeo inicial para sostener la afirmación de Cabal, la experta debatió la pertinencia del mismo porque “aquel censo fue incompleto y faltó censar a indígenas alejados de los cascos urbanos del país”.

Para un análisis más detallado del panorama, Tobón mencionó un aspecto clave que no permite conocer con exactitud el panorama real de concentración de la tierra: el tema de los baldíos.

Según la experta hay baldíos que en el papel pertenecen a la Nación, pero son ocupados por terceros. Además, dijo que hay hectáreas que en el papel aparecen registradas a resguardos indígenas y comunidades negras, pero en la práctica son ocupadas por otras personas debido a distintos motivos, uno de estos, el conflicto armado.

Tobón explicó que “hay resguardos indígenas con territorio únicamente en el papel”, pero seguramente en las estadísticas son tomados en cuenta como propietarios de tierra rural.

En definitiva, tanto Tobón como Güiza manifestaron que estas comunidades no tienen un goce efectivo de sus derechos como propietarios de tierra rural en buena medida por la presencia de grupos armados en sus territorios.

Conclusiones

En relación a la declaración de la representante María Fernanda Cabal, Colombiacheck reconoce que en su primera verificación faltó reportear a fondo el contexto en el que está enmarcada la frase y consultar fuentes alternativas e independientes que permitieran al periodista, Oscar Agudelo, y a su editor, Fabio Posada, una comprensión más amplia del complejo fenómeno al que alude la frase de la congresista del Centro Democrático.

Por las razones expuestas, este medio rectifica su calificación anterior y, luego de ponderar todos los elementos que los lectores y expertos pusieron de presente, la cambia por engañoso debido a que si bien Cabal fundamentó sus declaraciones en un estudio de Fedegán (federación que preside su esposo) y este gremio a su vez empleó cifras oficiales y verídicas, es imposible comparar la propiedad rural de las comunidades negras y resguardos indígenas, que es colectiva, con los propietarios privados de tierras rurales cuyas condiciones de propiedad son muy distintas.

Germán Robayo, politólogo con especialización en estadística, consideró que la afirmación podría ser aproximada porque la investigación se fundamentó en los datos que hay oficiales, sin embargo, el tema clave es que no hay un dato totalmente inapeable respecto al número de propietarios de la tierra rural que hay en Colombia, “todo está disperso”, algo en lo que también coincidió Óscar Ceballos, investigador de Fedegan.

Como esta información es conocida por quienes están adelantando el debate sobre la concentración de la tierra rural el Colombia, es difícil creer que Cabal no la supiera. Lo cierto es que no la puso de presente cuando este medio se comunicó con ella y consultó por el origen de su frase.

Para finalizar resulta importante mencionar que, en varios casos, cuando se abordan estadísticas sobre la tierra rural solo se menciona la de privados (que según Oxfam está concentrada en unos pocos propietarios) y se omite la de resguardos indígenas, comunidades negras y el Estado, entre otros.

Un ejemplo de lo anterior es el tuit de Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático:

 

 

Si bien los expertos indagados por Colombiacheck explicaron que no es conveniente comparar este tipo de comunidades minoritarias respecto a los demás propietarios privados, sí es necesario aclarar que de acuerdo a las cifras disponibles estos grupos minoritarios registran casi un tercio de la tierra de Colombia.

Aunque este dato es irrefutable, verlo en el contexto y las dificultades de dichas comunidades, permite comprender que su acumulación no tiene nada que ver con la que realizan los terratenientes que se mezclan con otra gran cantidad de propietarios privados de tierra rural.

El chequeo original

¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?

¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?

Lo dijo María Fernanda Cabal refiriéndose a la propiedad de la tierra rural. Según datos oficiales al sumarlos, estos dos grupos étnicos sí tienen mayor cantidad que el resto de los colombianos.

Lunes, 22 Abril 2019

El departamento del Cauca es donde más asesinan dirigentes sociales

Por Sania Salazar

El departamento es uno de los más afectados con los asesinatos de líderes sociales, según concluyen diversas fuentes, ¿por qué?

Terminada la Minga indígena que tuvo la vía Panamericana cerrada por 29 días, Darío Tote, vocero de ese movimiento indígena e integrante del Consejo Regional Indígena, Cric, manifestó preocupación por la seguridad de quienes participaron en la protesta.

“Nos preocupa el derecho a la vida porque el departamento del Cauca es donde más se asesina a dirigentes sociales, a dirigentes de derechos humanos y esta es una de las grandes preocupaciones, que después de la Minga venga esa situación, porque se nos ha señalado como lo peor”, manifestó en entrevista con RCN Radio.

Tote le dijo a Colombiacheck que la situación de violencia contra los líderes es “oficial” y que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional saben que el Cauca es el departamento donde más asesinan líderes sociales de distintas organizaciones.

Después de revisar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de verdadero, pero, porque como ya lo habíamos explicado, hay varias organizaciones que hacen seguimiento a estos asesinatos utilizando diferentes metodologías, por lo que hay varias cifras al respecto y no necesariamente el Cauca aparece en todas como el de mayor número de asesinatos, pero sí en los primeros lugares.

Un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado en diciembre de 2018, indica que según la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total. “Estos asesinatos se concentran principalmente en tres departamentos: el Cauca, Norte de Santander y Antioquia”, puntualiza el informe.

Un trabajo que cruza la información de diversas fuentes el portal de datos Datasketch muestra las cifras que ubican al Cauca como el departamento con mayor número de víctimas, con 114 líderes asesinados desde 2016. Según ese portal, el segundo departamento con mayor número de víctimas es Antioquia, con 73 asesinados.

Gráfico Datasketch

Según el más reciente informe del programa Somos Defensores correspondiente al primer semestre de 2018, en ese periodo asesinaron a 77 líderes. La mayoría de los casos se registraron en Cauca (13), en Antioquia (12) y en Norte de Santander (10).

Un artículo publicado por  la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en febrero pasado indica que el norte del Cauca concentra la mayor cantidad de hechos de victimización a nivel departamental en los últimos años.

“La salida de las Farc-EP de la ecuación de la guerra en 2016, la entorpecida implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de estructuras armadas enfocadas en fortalecer su capacidad de control sobre distintas economías ilegales, han contribuido en gran medida, con el recrudecimiento de los altos niveles de victimización contra líderes y lideresas sociales”, señala Pares en el documento.

Según esa Fundación, los distintos tipos de victimización, incluyendo los no letales, apuntan principalmente a quienes impulsan procesos de defensa de derechos étnicos y colectivos, a líderes y lideresas involucrados en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, a quienes trabajan por la implementación del Acuerdo de Paz y a quienes promueven o participan en candidaturas y procesos políticos alternativos.

“Los indígenas encabezan la lista de líderes asesinados con un poco más del 40% de todos los hechos registrados, la mayoría ocurridos en municipios como Corinto, Buenos Aires y Santander de Quilichao”, señala el informe de Pares, que además explica que los grupos sociales con mayor cantidad de víctimas son las comunidades afrodescendientes, y las comunidades campesinas, así como líderes y lideresas comunitarios que encabezan procesos sindicales, culturales, comunales y de defensa del acuerdos de paz.

“Tristemente, los ataques a líderes y lideresas en el caso del norte del Cauca hay que verlas, por un lado, a través del acumulado histórico de décadas de persecución a los procesos sociales que reivindican el derecho a decidir sobre sus territorios y, por otro, de cara a una realidad histórica que mezcla las nuevas dinámicas sociales y comunitarios y los viejos conflictos que siguen palpitando en la región”, concluye el informe.

Giovanny Yule, dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric y líder de la Minga, explica que el Cauca ha sido fuerte  históricamente en organización social de los pueblos indígenas, campesinos, afros, sindicatos y otros sectores sociales “eso le hace estorbo a quienes quieren perturbar el equilibrio y la armonía de la comunidad como los narcotraficantes y los grupos armados ilegales, pero también a los grandes terratenientes que quieren seguir acumulando más tierras en detrimento de las comunidades indígenas, afros y campesinas”.

Yule dice que en ese territorio los grupos armados se han puesto a la orden de los narcotraficantes y concluye que es una lucha en buena parte territorial, pero también política y cultural.

Durante la presentación del “Tercer informe del estado de la implementación del acuerdo de paz” del Instituto Kroc de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, Borja Paladini, director de la entidad, aseguró que la seguridad de los líderes sociales y los excombatientes es una de las principales preocupaciones que tienen, pues los líderes no se sienten seguros y eso pone en riesgo la implementación territorial del acuerdo de paz.

Foto portada: Fernando Acalo. Tomada de la página del Cric.