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Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.

Martes, 15 Mayo 2018

Los dilemas morales de Viviane

Por José Felipe Sarmiento Abella

La excandidata presidencial siempre ha mezclado su cristianismo con las banderas liberales. Ahora se abraza con el uribismo que antes la señalaba como su perseguidora.

En menos de un año, la excandidata presidencial Viviane Morales terminó de perder el difícil equilibrio que había mantenido por 30 años entre la ideología liberal y la agenda cristiana. Primero renunció a su partido de toda la vida cuando le exigieron firmar un manifiesto que chocaba con sus convicciones religiosas y se lanzó a la campaña por Somos, antiguo Alas. Luego se retiró y terminó adherida a la aspiración de Iván Duque por el Centro Democrático, un partido que hace apenas un año la consideraba su enemiga.

El Centro Democrático calificó la actuación de la exfiscal contra exfuncionarios de ese gobierno de “persecución política implacable”. Cuestionaba, sobre todo, su participación en el proceso contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, hoy preso en Estados Unidos y en proceso de extradición a Colombia, donde lo esperan 17 años de cárcel por desviar recursos de apoyo al campo para pagar favores políticos, un escándalo que se conoció como Agro Ingreso Seguro.

El exfuncionario incluso envió una carta a su partido en la que criticaba la alianza con Morales, que todavía estaba sin confirmar en ese momento. En el documento argumentaba que la imputación que ella hizo en su contra fue un “circo”, la acusó de tener vínculos con la ilegalidad y se quejó de que había puesto en peligro a su familia. También calificó como “espurios” otros procesos contra exfuncionarios uribistas y cuestionó la forma en que la excongresista fue ternada y elegida para el cargo (decisión que, de hecho, fue anulada por el Consejo de Estado tras una demanda, lo que la obligó a renunciar).

Morales, en cambio, se jacta de su actuación en el caso de Arias en su página oficial. También destaca, entre otros, su papel en las imputaciones contra el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, por la desmovilización fraudulenta de un inexistente grupo guerrillero, así como la del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, por las interceptaciones telefónicas ilegales a opositores, periodistas y magistrados. Además, recuerda que ella consiguió las primeras declaraciones a distancia para la justicia colombiana de los exjefes paramilitares extraditados por Uribe.

Nada de esto impidió que Duque le aceptara una invitación a desayunar para concretar una alianza antes de la primera vuelta electoral. Después le dio la bienvenida “a pesar de las diferencias del pasado”.

Entre los puntos de acuerdo programático, destacados por Duque, están su política de emprendimiento y “los valores y la formación en principios” como parte de la propuesta educativa, además de la “gran coincidencia” entre los dos sobre el respeto a las libertades de culto, conciencia, expresión y prensa.

 

 

Morales abanderó esas luchas del liberalismo pero con un enfoque religioso desde que fue asesora en la Asamblea Constituyente de 1991. Su jefe, el pastor Jaime Ortiz Hurtado del partido Unión Cristiana, impulsó el fin del Estado confesional católico que fue reemplazado por el laicismo.

Como congresista, defendió el progreso en la defensa de la objeción de conciencia frente al servicio militar, el estatuto de libertad religiosa, la Ley de Cuotas para la participación femenina en política y la de acciones populares.

Pero su confesión empezó a reñir con el partido Liberal desde que la senadora impulsó el referendo ‘Firme con mamá y papá’, que pretendía limitar la posibilidad de adoptar niños solo a parejas heterosexuales.

La iniciativa también fue encabezada por su esposo, el excongresista Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19 que estuvo preso por estafa y falsa denuncia, se convirtió al cristianismo en la cárcel y asesoró a los paramilitares en sus negociaciones con el gobierno Uribe después de quedar libre.

Su rompimiento con el liberalismo se dio cuando les exigieron firmar un manifiesto a los precandidatos presidenciales de la colectividad que los comprometía a “acatar y promover el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional que han reconocido derechos de (...) personas de orientación sexual diversa”, como el matrimonio igualitario.

Ella se sintió excluida y decidió lanzarse a la presidencia por el partido Somos, fundado como Alas en 2005 por el ‘parapolítico’ Álvaro Araújo Castro.

Sin embargo, ante la falta de recursos y de participación en diferentes debates televisivos, desistió a su candidatura a principios de mayo y se unió a la campaña de Duque, quien ha tenido posiciones variables sobre los derechos de las personas LGBTI desde que está en el uribismo, a pesar de que antes los defendía con entusiasmo. En consecuencia, se esperaba que la excandidata le pidiera al aspirante del CD compromisos con la agenda religiosa.

Julián Arévalo, asesor de Morales, le dijo a Colombiachek.com que la alianza “respondió a lo que querían las bases cristianas” y se basó en las libertades mencionadas por el candidato, el emprendimiento y la defensa de la vida frente al aborto. Sobre lo último, el exsenador ha reafirmado que respetará las causales avaladas por la Corte Constitucional (violación, malformación del feto y riesgo para la madre), pero no tratará de ampliarlas.

Es así como el dilema entre libertades religiosas y sexuales terminó alejando a Morales de la colectividad en la que militó desde sus primeros años de vida pública, hasta ponerla en la misma orilla de quienes se habían declarado perseguidos por ella.