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Jueves, 12 Julio 2018

Mitos y verdades de la nueva Ley de sometimiento a la justicia

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Después de la sanción de la ley que busca el sometimiento de las bandas criminales, se han difundido afirmaciones engañosas sobre los supuestos beneficios que esta otorga. Colombiacheck aclara algunas de ellas.

El lunes de esta semana el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1908 de 2018, conocida como Ley de sometimiento a la justicia, “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.”

Al día siguiente se convirtió en el tema del día de la mayoría de medios de comunicación y de muchos usuarios en las redes sociales. Tanto así que algunos de ellos, probablemente por desconocimiento, formularon preguntas e hicieron afirmaciones engañosas sobre el contenido de la ley. Particularmente, frente a los supuestos beneficios que otorga a quienes se sometan.

Colombiacheck buscó en las redes sociales cuáles son las dudas que más repetían y más impacto generaban, y habló con dos expertos para resolverlas.

La ley va a darle beneficios a los criminales.

Como su nombre lo indica, esta es una ley de sometimiento a la justicia, lo que quiere decir que solo aquellos que se entreguen y colaboren con las autoridades dando información, nombres, rutas del narcotráfico y liberando a los menores de edad que tienen en sus filas, tendrán una disminución del 50% en su condena. Y si se trata de crímenes transnacionales (de lesa humanidad, por ejemplo) obtendrán el 30%.

Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, sin embargo, explica que este recurso existe en muchas naciones. “Los Estados normales tienen las dos opciones: o reprimen, o dan sometimiento a la justicia” y afirma que el ejemplo más claro son los narcotraficantes que se entregan a las autoridades estadounidenses.

“Los narcos entregan rutas, nombres, bienes, pagan cinco años de cárcel y luego las autoridades les devuelven el 5% de la plata que ellos había entregado para que puedan sobrevivir. En algunos casos, les entregan hasta la ciudadanía estadounidense”, sostiene Ávila.

Por otro lado, Iván Cepeda, senador del Polo, en entrevista con Blu Radio aclaró que en esta nueva ley “no hay beneficios”, pues “repite exactamente lo mismo que hay en el código penal, con el principio de oportunidad”. La diferencia, es que con la nueva ley se prevé el sometimiento de grupos y no de individuos.

Pero además, en el Título II de la ley se fortalecen las medidas para la investigación y judicialización de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), se endurecen las sanciones para algunos delitos y se castiga a quienes no hacen parte del grupo pero colaboran en actos con fines ilícitos.

La ley habla de sometimiento colectivo pero no de sometimiento individual.

 

 

Precisamente, y continuando con el punto anterior, la nueva ley de sometimiento a la justicia es un mecanismo que aplica solo para la judicialización de grupos, porque para individuos ya existe el principio de oportunidad.

Y la razón para crear un mecanismo colectivo se halla en lo ocurrido con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac. Este grupo narcoparamilitar quiso entregarse a la justicia en 2012 y para ello se concentró en una zona a la espera de las autoridades. “La Fiscalía no tenía información de nadie y a los dos días todos quedaron libres”, cuenta el subdirector de Pares, “para evitar cosas como esa es que se crea esta ley”.

Según el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la creación de esta ley era necesaria porque hoy las mayores fuerzas criminales están conformadas en grandes grupos, como el Clan del Golfo, y “estábamos ante una impotencia para judicializar de manera colectiva”, dijo a W Radio.

En la ley pueden entrar disidencias de las Farc, asesinos de líderes sociales y todas las bandas criminales.

 

 

Esto es cierto, si hacen parte de un grupo conformado por tres o más personas, que exista desde hace cierto tiempo (que tendrá que definirse cuando se reglamente la ley) y que actúe de forma concertada para cometer uno o más delitos, explicó Gil Botero.

El artículo 2 de la nueva ley, no obstante, define qué son los GAO y los GDO y explica que para establecer si un grupo puede considerarse en alguna de estas dos categorías, “será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional”. Solo después de establecida la calificación un grupo puede entrar a hacer parte del proceso judicial.

Gustavo Duncan, investigador y profesor del departamento de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, dice que ve poco probable que en el corto plazo las disidencias de las Farc vayan a hacer parte de esta ley, “si no, se hubieran metido al proceso de paz de La Habana”.

Y para Cepeda, “lo mejor para los líderes sociales es que una organización que los amenaza se desmovilice y desaparezca”, dijo en la misma entrevista.

También podrán entrar los corruptos.

Ariel Ávila explica que la razón por la cual se da cabida para que entren los corruptos es que las organizaciones criminales tienen contactos con agentes estatales, con fuerzas militares, con políticos. “Lo que llaman la bacrimpolítica”, dice.

Como se señaló en el punto anterior, dentro de la ley pueden entrar todos los grupos criminales que sean catalogados como tales (no hay distinción alguna) y que acepten entregar toda la información de su accionar delictivo.

Es una segunda oportunidad para las disidencias de las Farc.

En parte podría serlo, porque finalmente lo que busca la ley es acabar con todas las formas de violencia y criminalidad que quedan en el país. Sin embargo, como ya se señaló, si las disidencias de las Farc no se sometieron al acuerdo, que les brindaba más garantías, es poco probable que se sometan a esta ley.

Como explicó el Ministro de Justicia en la misma entrevista, “las disidencias que no aceptaron la reincorporación dejaron de pagar cinco años para pagar 30 o 40 en el evento de que se les clasificare como GAO. No es un buen negocio el que están haciendo o un beneficio adicional que se les esté dando”.

Los grupos criminales que se sometan tendrán los mismos beneficios que les dieron a las Farc con el acuerdo de La Habana.

Esto es completamente falso. Principalmente porque los GAO no tienen un reconocimiento de estatus político como sí lo tienen las guerrillas. Pero además, porque esta ley no equivale a un proceso de paz, no contiene una amnistía generalizada, no hay temas de participación política y no se va a judicializar a través de una justicia especial de paz, según sostiene Ávila. Se trata, nuevamente, de una ley de sometimiento.

La ley le dará reconocimiento político a las Bacrim.

Nuevamente falso. La ley no contempla esto en ninguna parte. El presidente Santos publicó en su cuenta de Twitter un trino aclarándolo:

 

 

No habrá verdadero sometimiento para quienes se entreguen porque no pagarán en la cárcel sino en colonias agrícolas.

El artículo 59 de la ley habla de las “condiciones especiales de reclusión”, las cuales serán “carcelarias e intramurales en colonias penales agrícolas de que trata el artículo 28 de la ley 65 de 1993” (el código penitenciario).

En este punto es importante aclarar que, como dijo Cepeda, “las colonias no son ningún lugar de esparcimiento”. Se trata de un centro carcelario que conforme a los estándares de la privación de la libertad puede ser de máxima, mediana o mínima seguridad, aclara Ávila.

Y de acuerdo con el ministro Gil Botero, obedecen dentro del sistema de la estructura carcelaria, a unas condiciones de otra naturaleza que buscan dar oportunidades de reintegración y resocialización. “Se trata de un derecho penal que proteja la sociedad y castigue al infractor, pero que también le permita oportunidades de reintegración”, dijo.

Ávila concluye diciendo que este modelo existe en otras naciones del mundo y no tiene nada de extraño porque, finalmente, también se trata de cárceles.

Lunes, 02 Abril 2018

Duque le hereda a Uribe su pelea con las cortes

Por José Felipe Sarmiento Abella

La polémica propuesta de acabar con las cuatro cortes para crear una sola es una vieja batalla que tiene el uribismo con la justicia colombiana.

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tomó partido y apoyó la propuesta del máximo jefe de esa colectividad, el expresidente y senador Álvaro Uribe, de fusionar las cuatro altas cortes que existen en Colombia (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) y crear una sola con salas especializadas.

Esta iniciativa, que implicaría una reforma constitucional, no aparece en el programa del aspirante del CD. Sin embargo, encendió el debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación, ya que un grueso número de exfuncionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) y personas cercanas al uribismo han sido procesadas y condenadas por la Corte Suprema, por una variedad de delitos que van desde corrupción hasta parapolítica y homicidio, lo que ha sido calificado por ese partido como una persecución política.

El mismo Uribe tiene investigaciones pendientes en la Corte Suprema. La más reciente, abierta por supuestamente haber manipulado testigos en un proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Además, está el expediente por su presunta responsabilidad en dos masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) cuando era gobernador.

También hay una investigación estancada en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones ilegales realizadas en su gobierno contra periodistas, políticos de oposición y la misma Corte Suprema, conocidas como las “chuzadas”. Por este escándalo fueron condenados en este tribunal dos de sus directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera (quien también fue encontrado culpable de homicidio y paramilitarismo) y su secretario general Bernardo Moreno.

En esa misma corte se dieron otras condenas, por ejemplo, contra su primo Mario Uribe, exsenador parapolítico; su ministro Andrés Felipe Arias, por desviar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro; Sabas Pretelt y Diego Palacio, también exministros, y su secretario Alberto Velásquez, por ofrecer dádivas a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial por primera vez (la ‘yidispolítica’). La Constitucional, por su parte, ‘tumbó’ el referendo que le hubiera permitido postularse a un tercer mandato consecutivo.

 

 

 

 

 

Lo que dijo Uribe

A sabiendas de estos antecedentes, Uribe sugirió hace seis meses, en declaraciones a los medios que luego publicó en Twitter, la creación de “una sola corte de magistrados visibles, bien conocidos, (…) con una gran trayectoria”.

 

 

Chequeamos y la propuesta no está entre las que expone el candidato uribista en su página de internet. Lo más cercano que dice el folleto es la unificación de “lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes” -no de las instituciones en sí- para simplificar procesos, generar seguridad jurídica y aumentar la confianza en el sistema judicial.

Según su equipo de campaña, lo que pasa es que ese programa fue elaborado hace más de un año. “No hay un documento completo con sus propuestas actualizadas. Se está construyendo”, explicó su jefe de prensa, Jorge Quintero.

Lo único que hay al respecto en el portal, previo al debate en Estados Unidos, es una columna del congresista en el diario Portafolio del 14 de septiembre de 2017, dos semanas después del tuit de Uribe. Allí concluyó que “una reforma seria a la justicia requiere (…) que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación”.

En el video del trino, el expresidente defendía su iniciativa asegurando que tuvo “dificultades con un sector de la Corte” y que fue él quien presentó denuncias por corrupción “cuando estaba en el Gobierno y esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel”. Esto, en referencia a la cercanía de algunos magistrados con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado entonces de tener vínculos con las Auc y la mafia de su país.

 

 

 

 

 

¿Cómo se les ocurre?

La fusión de las Cortes planteada por el Centro Democrático, generó múltiples rechazos por parte de otros candidatos, como el del partido Liberal, Humberto de la Calle, quien tildó de retroceso la iniciativa y un golpe a los derechos de la gente. El candidato dijo que de prosperar esta reforma se pondría bajo amenaza la acción de tutela, uno de los principales logros de la constitución de 1991.

 

 

 

 

A pesar de la avalancha de críticas, Duque defendió la propuesta de unificación de las Cortes, señalando que esta ya había sido propuesta por una comisión de expertos que precisamente fue conformada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

“No se trata de imponer el criterio de un presidente, sino de abrir un debate. Hay que recordar una cosa: primero, esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bonivento; la Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado muchas veces de ella y muchos países de América Latina tienen corte única, es más, muchos países del mundo también la tienen”, dijo.

Al revisar el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, que encabezó el exmagistrado José Alejandro Bonivento con otros reconocidos juristas, además de Excelencia en la Justicia, en ninguna parte del documento se recomendaba unificar los tribunales. Por el contrario, lo que planteaba era que las Cortes debían trabajar de forma complementaria para que sus posiciones fueran más uniformes y evitar los “choques de trenes”.

La Comisión sugirió una estructura en la que se mantuvieran tres de las cuatro altas cortes: la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero proponía reemplazar el Superior de la Judicatura por un órgano de gobierno unificado de la rama (lo que se intentó hacer con la fallida Reforma de Equilibrio de Poderes del gobierno Santos, que se cayó casi toda en el examen de constitucionalidad).

La Corporación Excelencia en la Justicia, en su cuenta de Twitter, le ha quitado piso a algunas de las críticas y ha reconocido virtudes de la propuesta. Pero también advirtió que un cambio de este tipo requeriría la convocatoria de una asamblea constituyente y señaló que, por la necesidad de crear salas especializadas por temas, no reduciría el número de magistrados ni su burocracia.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el modelo?

Transformar el sistema de justicia colombiano a una corte única tiene sus precedentes y dificultades. En una columna publicada en Ámbito Jurídico en 2017, la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, explicaba los inconvenientes de pasar a un modelo de ese tipo.

La abogada constitucionalista sostenía que había dos sistemas extranjeros de corte única: el estadounidense, que es un tribunal con pocos magistrados, y el venezolano, que cuenta con salas especializadas y es el más parecido a la propuesta que lanzó el candidato del CD.

El estadounidense, según explicaba Botero, está basado en una justicia federal en la que cada estado cuenta con su propio sistema judicial, en el que se resuelven la mayor parte de los casos. Ese es el caso, explicó en otro trino la semana pasada, de la mayoría de países del mundo con corte única.

 

 

En cuanto a los países vecinos, la investigadora Carolina Villadiego Burbano, directora del área de sistema judicial del tanque de pensamiento DeJusticia, en el libro de 2016 ‘La reforma a la justicia en América Latina’, explicó que “las reformas al gobierno judicial en la región usualmente implicaron la adopción de consejos de la judicatura/magistratura encargados de distintas funciones”.

De modo que, aunque no siempre se consideren cortes, en muchos países sí existen entidades como el Consejo Superior o la todavía naciente Comisión de Disciplina de Colombia.

También señala que “las reformas encaminadas a generar un tribunal (constitucional) independiente y diferenciado de los demás sectores judiciales han sido distintas en la región” por el número de magistrados y las funciones que ejercen. Entre 16 países, siete tienen una corte especializada en esta jurisdicción como acá; nueve, no. Pero de estos últimos, cuatro son federados como Estados Unidos: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Así, la propuesta de Duque, de la que falta conocer más detalles, resulta basada en una recomendación que nunca existió y acomoda otros argumentos para dar el debate en defensa de la idea original de su jefe político, el expresidente Uribe.