El representante a la Cámara por la circunscripción afro Miguel Polo Polo publicó en su cuenta de Twitter, el pasado 27 de abril, el siguiente mensaje: “6402? Dame los nombres, apellidos, fotos, identificación, ubicación, lugar de deceso…. El cura de Roux y su comisión de la mentira no han podido dar ni 500 nombres” (sic). El trino fue una respuesta a una usuaria de esa misma red social, @saraygiraldo17, que escribió: “Porque polo polo se burla de las  madres de sohacha y las  6402 víctimas!? No hay quien frene a este cabron !?” (sic).

Con el mensaje del congresista, quien tiene en Twitter más de 235.000 seguidores, se volvió a mover en redes sociales el tema en torno a la cifra revelada al país en 2021 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que fue citada en el informe final de la Comisión de la Verdad (CEV) en junio de 2022.

Otra de las personas que ha escrito sobre el tema es Rafael Nieto Loaiza, exprecandidato presidencial del Centro Democrático y quien publicó en Twitter una noticia de Caracol Radio, sobre la que trinó lo siguiente: “200 homicidios que Petro y Guillén le atribuyen al clan de Golfo parecen ser solo 20. Son como los 6.402 falsos positivos. Se los inventan, no los justifican, jamás los prueban. Les importa su aprovechamiento político, no la justicia ni la verdad”.

Lo afirmado por Polo Polo y Nieto se suma a lo reiterado por la senadora María Fernanda Cabal, como lo dicho por ella el 23 de agosto de 2022 en una entrevista que le hicieron en la emisora Tropicana: “Los 6.402 es un invento de la JEP. Le pregunto yo a la JEP que me pase el nombre de las víctimas y me dice que es reserva. Tan chistositos. Y le pregunto a la Fiscalía y me dice que hay 2.200 investigaciones, ¿y cuál es la diferencia? La creación de narrativas falsas va a terminar destruyendo la posibilidad de un país viable y la JEP se inventó una cifra que se inventaron oenegés de extrema izquierda y  crean un auto 033 donde lo que dicen no es comprobable”.

La senadora también lo había dicho el 6 de octubre de 2021 durante un foro de precandidatos del Centro Democrático, donde dijo que “la izquierda necesita crear una narrativa que destruya el honor de la Fuerza Pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos. Pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos, sus piernas y su vida por este país”.

Colombiacheck ya había publicado el explicador ‘Así fue que la Comisión de la Verdad consolidó las cifras del conflicto armado en Colombia’, el 11 de noviembre de 2022, donde se indicaba que la CEV adelantó, junto a la JEP y al Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), un proyecto que se denominó ‘Integración de datos y estimaciones estadísticas de víctimas en el marco del conflicto armado’, el cual inició a mediados de 2020 entre las dos entidades estatales y la organización internacional. En el texto se lee que la iniciativa inició el 18 de diciembre de 2020 y terminó el 2 de agosto de 2022, con la publicación del documento metodológico. 

El objetivo de la iniciativa, como se indicó en el explicador, era recoger, analizar y procesar toda la información disponible en bases de datos sobre violaciones de derechos humanos en los siguientes cinco ejes: homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado. HRDAG realizó, durante el trabajo de datos, cuatro pruebas de verificación para revisar el cruce de bases de datos: “posibles errores humanos”, “el esquema de los datos”, “las expectativas” y “la correcta identificación de pares correferentes”.

Una de las bases de datos que está relacionada en el informe metodológico del proyecto de datos es la que fue entregada por la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, CCEEU, sobre víctimas de ejecuciones extrajudiciales de 1990 a 2015 por parte de agentes estatales. La JEP recibió 6.885 registros, de los cuales 5.517 fueron procesados por corresponder a la variable relacionada con los casos de ‘falsos positivos’. 

Así lo explicó Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la CCEEU, quien indicó que la base de datos de la entidad a la que pertenece fue la que más registros aportó por la antigüedad que tiene esta red que agrupa a 285 organizaciones en el país. 

“La JEP hizo su proceso de deduplicación y depuración y por eso registraron esos más de cinco mil casos que corresponden solo al periodo de 2002 a 2008, porque nosotros también tenemos registros de antes del 2002 y después del 2008 que fue cuando estalló el escándalo con las madres de Soacha, con Naciones Unidas y demás. La depuración la hizo la JEP al cruzar también otras bases de datos, como la de la Fiscalía, donde probablemente tuviéramos algunos datos repetidos porque digamos que a nosotros nos reportaban una ejecución en El Tambo y otra en Argelia (Cauca), y como los dos son limítrofes, a veces no teníamos certeza si la víctima había muerto en El Tambo o en Argelia, las organizaciones nos reportaban y no se sabía si era la misma persona”, explicó Yepes. 

Para poner en contexto lo primero que hay que indicar es que la Jurisdicción Especial para la Paz comunicó al país la cifra de 6.402 “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008” en el Auto No. 033 del 12 de febrero de 2021, documento en el que la entidad dio a conocer la priorización del caso 03 para investigar los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En el Twitter de la JEP quedó constancia de ello cuando, el 18 de febrero de 2021, compartieron toda la información al respecto. 

En dicha decisión, el alto tribunal indicó que la cifra 6.402 corresponde al “universo provisional de hechos” y que el interés de abrir un macrocaso solo para investigar las ejecuciones extrajudiciales en Colombia nació en 2018, cuando la Sala de Reconocimiento constató que un informe reservado de la Fiscalía daba cuenta de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate de, por lo menos, 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, concentrándose el 59,3 % entre los años 2006 y 2008, hechos que ocurrieron en 29 de los 32 departamentos. “Más del 90% de los miembros de la Fuerza Pública que se han acogido voluntariamente a la JEP, presuntamente habrían participado en este tipo de hechos”, indicó la entidad en el documento.

En ese contexto la JEP ordenó dar inicio al llamado a versiones voluntarias e iniciar una investigación en seis  zonas del país (Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta) en períodos críticos que representan el universo global preliminar de la “práctica macrocriminal” de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

La magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, durante 2021 y 2022 reiteró en varios momentos las explicaciones en torno a la cifra de los 6.402 como respuesta a lo afirmado por la senadora María Fernanda Cabal. El 5 de octubre de 2021, durante el reconocimiento nacional a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que hizo en Cali la Comisión de la Verdad, la funcionaria dijo: 

“Luego de revisar varias bases de datos oficiales, todas las que remitió la Fiscalía, las que remitió el Centro Nacional de Memoria Histórica, todos los archivos de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, montamos con un equipo experto en estadística un gran motor de contrastación de todas las bases de datos y llegamos a esta cifra que me aterró: 6.402. No es una cifra, son nombres, apellidos, lugares, víctimas acogidas en la JEP reclamando, la historia de vida, el trabajo que ejercía, el liderazgo en la comunidad que se fue, el hijo que no volvió a la casa, la hija que tenía 14 años, el muchacho que veía a pesar de su juventud por sus hijos chiquitos”.

Durante su intervención, la magistrada fue clara en decir que este fenómeno tuvo un “patrón macro criminal” porque “son crímenes, desapariciones forzadas y asesinatos que se repitieron una y otra vez, una y otra vez, de manera muy parecida, hasta acumular, por lo menos, 6.402. ¿Por qué también es un patrón? Porque los perpetradores actuaron de manera muy similar desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca hasta el Chocó, en el Magdalena Medio, en Puerto Berrío, Parque Berrío… construyeron todo un montaje de decisiones oficiales. Cada persona asesinada tiene casi que una carpeta donde está el anexo de inteligencia donde decían falsamente que era supuestamente una persona involucrada con actividades ilegales, todo está documentado”.

Díaz, en ese mismo espacio, dijo que “el único lugar donde no ocurrieron este tipo de asesinatos fue en San Andrés”. Para el 30 de agosto de 2022, volvió a responder a los cuestionamientos de la senadora Cabal del Centro Democrático, como lo recoge una noticia de Caracol Radio publicada en la web, donde se indica que la magistrada dijo que las 6.402 víctimas tienen “nombre, un apellido y un número de cédula” y que además “tienen un cruce de las bases de datos oficiales, como los de la Fiscalía, y tienen un registro que está soportado en las investigaciones”.

Colombiacheck consultó uno de los documentos de la JEP donde se lee de forma clara la metodología para establecer la cifra. Se trata del Auto 219 del 11 de octubre de 2021, publicado siete meses después de que se dio a conocer el número de 6.402 víctimas. El texto fue expedido por la entidad para resolver un recurso de reposición interpuesto contra el auto mediante el cual se hizo de público conocimiento el caso 03 de ejecuciones extrajudiciales, diligencia que no fue fallada favorablemente para el abogado que había instaurado el recurso, el jurista Jhon Fernando Vásquez Orjuela, apoderado de varios comparecientes ante la JEP. 

En el texto se lee que, para construir la cifra del “universo provisional de hechos”, los analistas de la Jurisdicción recopilaron toda la información recibida por parte de las instituciones estatales y organizaciones de víctimas que correspondía con “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”.

Como primer resultado, los expertos en datos identificaron tres grandes bases de datos con información detallada de presuntas víctimas de estos hechos; una base de datos de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y otra del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), sumadas a otra de organizaciones víctimas, que corresponde a la CCEEU.

Las tres bases de datos recibidas pasaron por un proceso de verificación inicial que consistió en establecer si la organización que construyó la respectiva base de datos utilizó alguna categoría, que por definición fuera compatible con los hechos investigados en el Caso 03 (como es el caso de CCEEU y CNMH) o si debía la JEP construir la categoría (como fue el caso de la FGN). En relación con los datos de la FGN que componen este universo preliminar, la JEP tuvo en cuenta, además de la base de datos del Informe 5 (que es el que señala la cifra de 2.248 víctimas a nivel nacional y que se concentra en 30 unidades militares), el inventario que la propia FGN remite a la jurisdicción actualizado periódicamente (SPOA y SIJUF). Al revisar la información del inventario se encontró que la FGN contenía la categoría de ‘Homicidio presentado como baja por fuerza pública’. 

Los analistas de la JEP, aunque encontraron en el “inventario de hechos del conflicto armado” de la Fiscalía casos de “muertes ilegítimamente presentadas como bajas por la fuerza pública”, estas no estaban clasificadas en la base de datos como tal. 

“Por esto, el equipo asignado al caso realizó una revisión rigurosa de cada uno de los registros que contaban con características comúnmente asociadas a eventos de muertes ilegítimamente dadas como bajas en combate, como, por ejemplo, registros que tuvieran el delito de homicidio u homicidio en persona protegida, junto a alguno de los delitos de desaparición forzada, secuestro extorsivo, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público”, se cita en el Auto. 

Una vez identificado lo anterior, el equipo de expertos en datos leyó cada uno de los relatos de los hechos de cada registro de la base de datos de la FGN y los clasificó como “homicidio presentado como baja por fuerza pública”, esto en los casos en que “el relato tenía suficiente información para inferir que se trataba presuntamente de una muerte ilegítimamente presentada como baja en combate por agentes del Estado”.

Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz explicó en el texto que las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica se encuentran organizadas por caso y víctimas, cada una según las distintas modalidades de violencia. 

“En el documento de Marco Conceptual del CNMH, se define los falsos positivos como ‘el homicidio intencional y premeditado perpetrado por agentes del Estado bajo cualquiera de las modalidades de ataque señaladas (incursión, asalto, ruta, retención/ejecución, engaño, interceptación, entre otras), pero que se distingue por la presentación que se hace de la víctima como miembro de algún grupo al margen de la ley dado de baja en un combate’. Para el propósito de este estudio, de la base de datos se extrajeron los registros con dicha modalidad. Incluye ejecuciones extrajudiciales bajo dos modalidades. La primera modalidad se refiere a muertes de civiles a manos de agentes estatales por uso indebido o excesivo de la fuerza; y la segunda modalidad, denominada expresamente como ‘falsos positivos’. Los registros de ambas modalidades fueron incluidos en la base de datos que conforma este análisis”, dio a conocer la entidad en el Auto 219 del 11 de octubre de 2021.

La JEP, con el fin de calcular el número de víctimas relacionadas con los mal llamados ‘falsos positivos’, puso en marcha un ejercicio que ellos llaman “triangulación de las bases de datos de la FGN, CNMH y CCEEU”. Con ello, indican, integraron la información de esas fuentes a través de técnicas automatizadas llamadas RecordLinkage (conjunto de herramientas de vinculación de registros) y función Jarowinkler (algoritmo), sin dejar a un lado una revisión manual de cada uno de los registros por parte de los analistas.

Fuentes consultadas en la JEP insistieron en que los casos están sistematizados bajo reserva y tienen nombres, apellidos, identificación, municipio y departamento de los hechos y otras variables muy detalladas sobre el registro preliminar de 6.402, tal cual como lo ha dicho la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, en distintas ocasiones. También explicaron que se utilizó una metodología que permitió identificar, emparejar y unir registros que correspondieran a una misma persona o entidad y entre diferentes bases de datos a partir de atributos comunes como el nombre, apellido, sexo, fecha y lugar de los hechos, entre otros. 

Colombiacheck accedió a una base de datos con 6.403 registros, uno más que lo comunicado por la JEP en el Auto 033 de 2021, que contiene, además, más de cien columnas para registrar información de las víctimas, donde incluso se consignan datos de batallones y otras unidades militares que están mencionadas en los relatos de los hechos. 

“Esto, teniendo en cuenta que siempre existen limitaciones para emparejar registros; por ejemplo: (i) un mismo nombre tiene diferentes formas de escribirse correctamente (Johanna, Johana, Joana), (ii) una persona puede identificarse con un alias o apodo y no por el nombre que se relaciona en su documento de identidad, (iii) no hay regulación sobre lo que constituye un nombre, (vi) los nombres tienen un amplio arraigo cultural, entre otros”, como se explica en el documento oficial del 11 de octubre de 2021.

Por esto, el proceso de identificación de personas únicas incorporó técnicas automatizadas bajo el método RecordLinkage que incorpora una función matemática que permite identificar los registros con alta similitud en la identificación de personas y hechos (nombres, apellidos, números de documento, departamentos, municipios y fecha). Por lo dispendioso del trabajo, el ejercicio requirió una revisión manual por parte de los analistas, quienes verificaron si los registros eran o no duplicados.

Después de esta depuración de datos, han explicado desde la JEP, se estableció que “en total se registraron 6.402 víctimas únicas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”.

Como salvedad, se lee en el Auto 033 de 2021, la JEP deja constancia que cada uno de los insumos utilizados seguirán siendo “objeto de contrastación por parte de la Sala de Reconocimiento, por lo que no es posible conocer todavía una cifra definitiva de víctimas. Esta cifra está siendo constantemente actualizada, incluyendo los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar, algunos de los cuales han sido recaudados por la Sala por medio de inspecciones judiciales y otros han sido remitidos por esa Jurisdicción”.

Actualmente, la Sala de Reconocimiento está contrastando esta información en cada uno de los seis subcasos que componen la investigación que adelanta la entidad por las ejecuciones extrajudiciales. La contrastación se lleva a cabo entre la base de datos de los 6.402 y las versiones voluntarias de los comparecientes, también las observaciones de las víctimas con los registros oficiales de las unidades militares mencionadas en los casos. 

A esto se le suman fuentes oficiales como expedientes y distintas informaciones de justicia ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar, como también otras de organizaciones de víctimas y derechos humanos. “Serán los autos de determinación de hechos y conductas de cada subcaso, como ocurrió con los Autos 125 y 128 de 2021, los que presentarán la cifra determinada y plenamente contrastada en cada territorio crítico”, indican desde la Jurisdicción Especial para la Paz en las consultas adelantadas. 

En ese proceso de contraste, según ha informado la JEP para este trabajo, hay 614 hechos confirmados de ‘falsos positivos’ a partir de una revisión judicial de expedientes, versiones libres, documentos de Justicia Penal Militar, órdenes de operaciones, etc. Hay que decir además que en el buscador especializado de la JEP, que recoge toda información pública de las Salas de Justicia o del Tribunal para la Paz de esa entidad, hay anexos documentales del caso 03 donde están consignados los listados de las víctimas confirmadas por la JEP en la revisión judicial de los casos.

Se lee en los cuadros de información que los registros están consignados con fecha de los hechos; nombre completo; municipio y vereda o corregimiento de los acontecimientos; unidad militar; operación o misión donde quedó consignada la supuesta baja en combate y hasta un ítem donde se reistra el compareciente o la evidencia documental que confirma los hechos como un asesinato presentado como baja en combate por agentes del Estado. 

En el marco de las investigaciones por los asesinatos de personas presentadas como bajas en combate, la Jurisdicción Especial ha reportado que 3.482 miembros de la Fuerza Pública, de todos los rangos, han suscrito actas de sometimiento ante la JEP, entre ellos el general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército; el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, y el general Miguel Bastidas, segundo comandante del Batallón de Artillería No. 4. 

Otros miembros de alto rango que fueron citados por la Sala de Reconocimiento de Verdad son el general (r) Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército; el general (r) Guillermo Quiñónez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército. También varios miembros activos, como los generales Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez.

La información que suministren todos los comparecientes ante la JEP es contrastada por los magistrados y los peritos en los territorios, según información obtenida con la Jurisdicción de Paz. Precisamente, fue a partir de los aportes a la verdad entregados por integrantes de la fuerza pública que la Sala de Reconocimiento ordenó cuatro jornadas de exhumación en Dabeiba, Antioquia, dejando como resultado 80 hallazgos forenses que han facilitado la identificación y entrega de 11 víctimas de desaparición forzada.

Después de revisado todo lo anterior, se puede afirmar que es falso lo dicho en Twitter por el congresista Miguel Polo Polo: “6402? Dame los nombres, apellidos, fotos, identificación, ubicación, lugar de deceso…. El cura de Roux y su comisión de la mentira no han podido dar ni 500 nombres”. No solo por las explicaciones que ha dado la JEP sobre el origen de la cifra, sino porque incluso las fuentes del Estado que tuvo en cuenta para el cruce de bases de datos, que son la Fiscalía y el CNMH, ya tenían mucho más que 500 casos registrados con datos individuales.