El desplazamiento forzado no es cosa del pasado, así lo dejó claro la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, cuyo representante en Colombia es Jozef Merkx.

Por medio de un comunicado del 8 de marzo la agencia prendió las alarmas y luego terminado ese mismo mes (información correspondiente a enero, febrero y marzo del presente año) reveló cifras más actualizadas sobre la problemática: 5.479 personas en situación de desplazamiento forzado, el 85.7% (4.931) de los casos se dieron en los cuatro departamentos de la Costa Pacífica, zona en la que la agencia solicitó mayor atención.

“ACNUR manifiesta su alta preocupación frente al incremento de situaciones de desplazamiento forzado y riesgo de desplazamiento que han afectado varias comunidades en las últimas semanas, en particular en la región del Pacífico colombiano”.

Colombiacheck se propuso indagar sobre la veracidad de las cifras y el origen de los datos divulgados por Acnur, y nos topamos con varias sorpresas, por ejemplo, que la información presentada por la agencia de la ONU dista bastante del Registro Único de Víctimas, RUV, una fuente manejada por el Gobierno nacional por medio del sistema Red Nacional de información.

De acuerdo a información del RUV, con corte al 1 de abril de 2017, solo 947 personas habían sido expulsadas (desplazadas) de sus territorios en todo el país en lo que va de este año. De ese número 87 tiene reconocimiento de sentencias por parte de la justicia.

En referencia a información exclusiva de la región del Pacífico, lo sorprendente es que el RUV solo registra 178 personas en desplazamiento forzado en esa región. Nariño tiene 95 afectados, Valle del Cauca 36, Chocó 24 y Cauca solo 13.

Aunque en lo referente a sentencias del presente año Cauca no registra información. Puede ser porque no se presentaron hechos victimizantes, porque las personas no han presentado la declaración (o se encuentra en etapa de valoración) u otra posibilidad es que aún la Corte Constitucional no haya notificado al RUV para hacer el registro de los casos.

¿Por qué las diferencias?

Para conocer el porqué de estas diferencias en el registro de personas desplazadas forzosamente consultamos a la Acnur y a Luis Camilo Cárdenas, de la subdirección de la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas.

Por parte de la agencia de la ONU, la explicación dada a Colombiacheck es que las últimas cifras que han emitido sobre desplazamiento forzado (en específico de la Costa Pacífica) las han recopilado gracias a líderes comunitarios. Por la gravedad del fenómeno publicaron la información.

La agencia explicó además que, las cifras aún no aparecen en el RUV debido a que “el proceso de valoración y registro de la Unidad de Víctimas es muy largo y puede tardar varios meses”. Sin embargo, sostuvieron que el Gobierno nacional y específicamente el RUV, están al tanto de los informes publicados por ellos.

Por el lado del RUV, Luis Camilo Cárdenas explicó que el proceso para emitir cifras sobre personas en situación de desplazamiento forzado es mucho más complejo y se nutre de varias fuentes. Cárdenas añadió que las estadísticas del Gobierno no reflejan el número total de desplazados forzosamente sino que son datos aproximados.

El funcionario también explicó que la información que suministran llega por fuentes internas y otras externas al Gobierno, el informe “Interpretación y Análisis sobre las cifras del Registro Único de Víctimas” detalla con precisión cómo es el proceso de obtención de las cifras del RUV.

Para dar más claridad al tema, Cárdenas enfatizó en que es importante tener en cuenta que en ocasiones las víctimas toman un tiempo determinado en declarar el hecho victimizante. “En ocasiones solo años después manifiestan los hechos, esa podría ser unas de las razones de las estadísticas tan bajas”, sostuvo Cárdenas, quien también enfatizó que en ocasiones las personas pueden ser víctimas de desplazamiento forzado en más de una oportunidad y en diferentes modalidades.

Este chequeo califica la cifra de la Acnur como verdadera porque si bien el Gobierno muestra estadísticas muy diferentes, la Acnur por lo menos en lo que va de 2017, fundamentó los números sobre desplazamiento forzado en un trabajo en terreno combinado con las denuncias que llegan al Ministerio Público y su preocupación es compartida por otra organización experta en el tema como lo es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

Además, y como ya lo referenciamos anteriormente, la información del Gobierno tiene un proceso de depuración que tarda mucho más tiempo.

Desplazamiento en Colombia: ¿mejora o empeora?

Para responder esta inquietud Colombiacheck consultó la información consolidada de los últimos cuatro períodos presidenciales (sumando los casos con y sin sentencias de reconocimiento) y encontró que el panorama sí ha ido mejorando, según las estadísticas disponibles en el RUV y que este portal mapeo y visualizó en el reportaje: Así es el mapa municipal del desplazamiento en Colombia.

El gobierno de Álvaro Uribe afrontó el número más alto de personas expulsadas o en situación de desplazamiento forzado desde que en 1985 se empezó el registro del fenómeno: 745.856 en 2002.

Luego, en la misma era Uribe, la cifra bajó y se mantuvo cercana a los 400.000 desplazados, entre los años 2003 y 2008.

Los últimos dos años de su mandato presidencial el desplazamiento forzado siguió disminuyendo, en 2009 se presentaron 259.634 casos y en 2010 Uribe se fue de la presidencia dejando unas 225.070 personas desplazadas ese año.

Llegó el mandato presidencial de Juan Manuel Santos y de 2011 a 2014 el número de desplazados aumentó, en 2013 y 2014 el número de personas en situación de desplazamiento estuvo muy cercano a los 300.000 casos.

En los primeros cuatro años de Santos el desplazamiento aumentó pero en 2015 y 2016 este problema disminuyó. En 2015 volvió a situarse cercano a las 200.000 personas y luego en 2016 disminuyó notoriamente hasta llegar a 86.220 casos.

Sin duda las cifras del desplazamiento forzado se han reducido en el país, por tal motivo es fundamental prender las alarmas ante esta variación de los registros en el Pacífico colombiano en 2017. El aumento del desplazamiento forzado podría deberse, como lo han denunciado las Farc y otras organizaciones sociales, así como la misma Fuerza Pública, a que organizaciones armadas quieren ocupar los espacios que históricamente tuvieron las guerrillas, especialmente las Farc, y de los que ahora están saliendo para concentrarse y cumplir con el Acuerdo Final de Paz.