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Falso

Miércoles, 01 Febrero 2023

Aunque Petro trinó que debate sobre apps de transporte son “falsas informaciones”, sí existe un borrador del proyecto de su gobierno

Por Jhoandry Suárez

El documento que sanciona aplicaciones digitales de transporte sí lo publicó la SuperTransporte y fue reconocido por el ministro de Transporte. Muchos medios, el día que se conoció la noticia, aclararon que se trataba de un borrador.

Tras la polémica y protestas generadas por posible suspensión de plataformas digitales de transporte, el presidente Gustavo Petro, en un trino, acusó a la prensa de “falsas informaciones” sobre el borrador del proyecto.

En su tuit, Petro dijo: “Pregunta: ¿la movilización de ayer en Bogotá, e incluso la violencia que allí se produjo, se originó en falsas informaciones de prensa sobre un borrador que no es política oficial de mi gobierno? ¿No es lo mismo de la época de la supuesta toma de conjuntos residenciales?”. 

El Presidente publica este trino justo en el momento en el que la Fundación Libertad y Prensa, FLIP, alerta, en un comunicado, sobre los riesgos a la libertad de expresión por los tuits del mandatario en los que menciona, incluso llamando informaciones falsas o mentirosos a medios de comunicación.

Por estas razones y su importancia en el debate público, Colombiacheck verificamos esta afirmación de Petro y encontramos que es falsa, ya que el borrador del proyecto de ley sí existe y hasta el mismo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lo reconoció. Gran parte de la cobertura informativa de los medios el día que se conoció, el 30 de enero de 2023, fue en términos de que era una propuesta que alistaba el Gobierno y no como una medida vigente, por lo tanto, tampoco cabría la comparación con la falsa toma de conjuntos residenciales que se viralizó durante el paro en 2019. 

Como un paso de nuestra metodología nos comunicamos con su equipo de prensa pero no nos respondieron.

Además, revisamos las fuentes oficiales y encontramos dos versiones del proyecto de ley (1, 2) en el portal de la Superintendencia de Transporte, un ente que, según su sitio web (1, 2), se encarga de la vigilancia, inspección y control en materia de tránsito, transporte y su infraestructura y se encuentra adscrito al Ministerio de Transporte.  

Actualmente, el texto, que aún no ha sido radicado en el Congreso, se encuentra disponible en su tercera versión en la página de la Superintendencia de Transporte para su socialización bajo el nombre de “Proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio” y ciertamente tiene varios apartados dedicados a sanciones contra las aplicaciones digitales de trasporte. 

En el portal se indica: “Se publica versión tres del Proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio, documento que recoge algunas de las observaciones que fueron realizadas en el proceso de socialización, no obstante, se aclara que el mismo sigue en construcción, pues se recibieron comentarios y observaciones hasta el pasado 27 de enero del presente año y se está evaluando lo recibido para entregar versión a ser presentada al Ministerio”.

En su artículo 68, por ejemplo, habla de la “desconexión” de estos servicios cuando no cuenten con la autorización debida ya que “pueden llegar a comprometer la eficiente prestación del servicio público de transporte esencial y afectar la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio público básico esencial de transporte”. 

En el segundo borrador, sin embargo, se mencionó tácitamente bloquear este tipo de aplicaciones cuando no contaran con autorización porque constituían una “competencia desleal”.

Segundo borrador:

artículo 65

Tercer borrador (una precisión importante, el cambio del número del artículo se debe a que en esta versión se agregaron otros artículos al borrador): 

artículo 68

También otros puntos clave son la inmovilización por uno a tres meses de los vehículos vinculados a estos servicios (artículo 35 de la versión más reciente del proyecto), multas de hasta 250 unidades de valor tributario, más de 10 millones de pesos, para quienes los contraten (artículo 51) y sanciones económicas de más de 20 millones de pesos, el equivalente a 500 unidades de valor tributario, para los operadores, administradores y agentes de las plataformas (artículo 68).  

sanciones 1

sanciones 2

Artículo 68:

sanciones 3

En una búsqueda en Google revisamos de qué manera los medios de comunicación manejaron las informaciones en torno a este borrador cuando se conoció principalmente su contenido, el 30 de enero. La mayoría se refirió a la medida como un proyecto que alistaba o preparaba el Gobierno, un borrador:

titulares 1

titulares 2

titulares 3

El ministro Reyes, al día siguiente, dijo (1, 2) que el objetivo del texto era “regular” las plataformas digitales para una competencia “más justa” con los taxistas, pero que no pretendía restringirlas. “En ningún caso se prohíben las plataformas para la prestación del servicio de transporte, lo que buscamos es regularizar la prestación del servicio", enfatizó, reconociendo a su vez la existencia de la iniciativa en borrador. 

Sobre esta iniciativa legislativa reiteró que está en construcción y quieren llegar a un consenso con las plataformas antes de presentarlo en el Congreso. 

Precisó que buscan que estas aplicaciones cumplan unas reglas mínimas, aunque no detalló cuáles ni si se evalúa asignarles un límite de cupos. El Ministerio de Transporte, desde su cuenta en Twitter, manifestó que trabajan en reformas para los servicios digitales de transporte, “garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la Ley”. 

 

En octubre del año pasado, tras una reunión con taxistas, el titular de la cartera también afirmó que el presidente Petro calificaba de “ilegales” estas aplicaciones porque se llevaban los recursos del país y no pagaban impuestos. Reyes resaltó en ese momento que comenzaba un desmonte de las plataformas, aunque apuntó que el proceso se tendría que definir y buscar una “solución intermedia”. 

“Ese es un tema que tendremos que trabajar entre todos. Yo responsablemente no puedo salir a decir a partir de hoy vamos a perseguir a todos los que hacen actividades de Uber, sino vamos a encontrar una solución intermediaria”, subrayó en ese momento.

 

La regulación de aplicaciones como Uber, Cabify o Didi es de vieja data, desde el mandato de Juan Manuel Santos, quien presentó un decretó para reglamentar los taxis de lujo y exigir a aquellos que presten un servicio de transporte que se conviertan en empresas, pero no fue más allá. 

El expresidente Iván Duque habló de una “regulación inteligente” de estas plataformas y apoyó la salida temporal de Uber del país en 2020 por el fallo de un juez. Sin embargo, su gobierno no dejó en firme ningún marco legal para este asunto. 

En ese entonces, Petro, como senador, le reclamó al mandatario crear una “plataforma que mantuviera a los taxistas de Uber” tras la suspensión de operaciones de la plataforma. 

 

Las reacciones

Luego de que se conociera el proyecto de ley del gobierno Petro, conductores que viven de estos servicios protestaron el mismo lunes 30 de enero en la noche y bloquearon vías, principalmente la que conduce al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá.

En la ciudad capital los trancones abarcaron más de dos kilómetros, desde la calle 26 con Boyacá, de oriente a occidente, hasta llegar al aeropuerto.

 "Estamos cansados de que nos hagan promesas y no nos cumplan. Nosotros también tenemos derecho a trabajar, estos vehículos son el sustento de nuestras familias", expresó Edwin Casas, integrante del gremio de conductores de apps.

José Daniel López, director de Alianza In, un gremio que reúne empresas de aplicaciones e innovación de Colombia, criticó la posible medida gubernamental porque afectaría a 100.000 personas involucradas en estas plataformas. 

“Desde  Alianza  In  hemos  presentado ante  esta  cartera (de Transporte) propuestas  y  ejemplos  internacionales  que  pueden  contribuir  en  esta tarea,  que  vemos  con  entusiasmo.  Pero  en  contraste,  este borrador establece una prohibición tajante para la operación de estas plataformas”, sostuvo en un comunicado. 

Hugo Ospina, representante de los taxistas, declaró que si el gobierno no prohibía las aplicaciones de transporte se movilizarían por todo el país y bloquearían los aeropuertos.

Pero en el Congreso, incluso aliados del gobierno, reaccionaron ante el borrador del proyecto. La representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, anunció que solicitará una audiencia de control político contra el ministro Reyes. 

 

El presidente del Senado e integrante de la coalición gobiernista Pacto Histórico por la ADA, Roy Barreras, por su parte, aplaudió que el Gobierno buscara un consenso para presentar el proyecto de ley. 

 

El presidente de la Cámara de Representante, David Racero, también del Pacto pero por el MAIS, rechazó cualquier intento de prohibir estas aplicaciones. 

 

Mientras que la representante por Bogotá María del Mar Pizarro, del partido Colombia Humana fundado por Petro, pedirá una reunión con el Ministerio de Transporte para revisar la propuesta.

 

“Se nos están metiendo al conjunto”

Durante el paro de 2019, circuló ampliamente una desinformación en la que se apuntaba que vándalos estaban entrando a los conjuntos residenciales. Este rumor llevó a que los residentes de muchos de los edificios hicieran vigilia para defender sus hogares. Al final, todo resultó siendo falso (al respecto puede leer nuestro especial de chequeos sobre el paro aquí). 

Todavía hoy en día se desconoce con precisión cómo nació el rumor y así consta en el informe “Persiguiendo Fantasmas” de Cifras & Conceptos.

Lo cierto es que la comparación del presidente Petro entre este hecho y la información que circuló en torno al borrador de la SuperTransporte no corresponde a la realidad, porque en este último caso sí existe una fuente oficial y el manejo de los medios de la noticia, como ya se explicó, fue en términos de que era una medida en preparación.

Con estos elementos calificamos como falsa la aseveración del mandatario porque sí existió un borrador de proyecto de ley de su gobierno que pretende sancionar las aplicaciones de servicios de transporte. Así que no se trata de “informaciones  falsas”, comparables con las del paro de 2019, y sí es un acto de su gobierno, ya que tanto la Supertransporte como el Ministerio de Transporte hacen parte del gobierno.