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Martes, 28 Mayo 2019

Cablenoticias se equivocó de editorial del NYT sobre la paz en Colombia

Por José Felipe Sarmiento

En lugar de la reciente crítica del medio estadounidense al gobierno Duque, el pasado 24 de mayo, la web del canal reseñó una opinión que el mismo periódico publicó en 2016 sobre el senador Uribe.

Una nota del sábado pasado en el portal del canal de televisión Cablenoticias se titula "Uribe es el hombre que bloquea la paz de Colombia, según NYT". El primer párrafo asegura que, con esa afirmación, "el diario norteamericano The New York Times sigue mostrando su posición sobre la situación actual de Colombia en cuanto a la paz".

Captura de pantalla de la nota de Cablenoticias del 24 de mayo de 2019

Captura de pantalla de un tuit del canal que promociona la misma nota

Pero el titular y todas las citas textuales que trae a colación el artículo provienen de la editorial que el medio neoyorquino publicó del 14 de octubre de 2016, cuando se cumplían 12 días del apretado triunfo del 'No' en el plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo de Cartagena. La página colombiana incluso entrecomilla la sugerencia que el Times le hizo en ese entonces al expresidente y senador Álvaro Uribe en el sentido de que "debería enviar una delegación a La Habana para buscar compromisos en temas como justicia y participación política".

La publicación del canal también interpreta que el periódico califica como "poco realistas" los intentos de cambiar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En cambio, la referencia original es a las peticiones que buscaban "deshacerse del sistema de justicia transicional y del tribunal especial al corazón del acuerdo" en el contexto de la renegociación posterior a la derrota en las urnas de lo pactado inicialmente con la guerrilla, proceso que avanzaba en ese momento y que terminó en noviembre de ese año con la firma del Acuerdo del Teatro Colón.

El NYT sí se ha referido a Colombia varias veces desde el pasado 18 de mayo, cuando una investigación del periodista Nicholas Casey denunció la existencia de nuevas órdenes y sistemas de evaluación en el Ejército con características similares a los que impulsaron los asesinatos de civiles para presentarlos como bajas en combate ('falsos positivos') en el gobierno de Uribe. Pero ninguno de estos artículos recientes contiene las expresiones citadas por Cablenoticias.

Lo que expresó la editorial reciente del diario, del 24 de mayo de este año, fue una serie de críticas a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc por parte del presidente actual, Iván Duque. El NY Times señaló, además del retorno de las cuestionadas prácticas de guerra, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, el incumplimiento de las promesas sobre desarrollo rural, la falta de recursos para la sustitución de cultivos ilícitos y, ahora sí, las presiones para reformar la JEP, entre otros argumentos para advertir una posible crisis de la paz.

Es decir que la nota reciente en la web del canal colombiano es cuestionable, porque fue hecha con base a la editorial equivocada. En lugar de basarse en la de ese mismo día, reseñó otra del New York Times, pero de hace casi tres años.

Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.