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Martes, 28 Agosto 2018

Casi todas las cifras de Claudia López sobre la consulta anticorrupción son ciertas

Por José Felipe Sarmiento Abella

La votación de 11,6 millones y 99 por ciento a favor es un resultado histórico, a pesar de que otras jornadas similares han tenido mayor participación en sufragios y en proporción.

Aunque ninguna de las propuestas de la consulta anticorrupción que se votó el pasado domingo superó en el preconteo el umbral de participación de 12,1 millones de votos (un tercio del censo electoral), quienes promovieron este mecanismo de participación buscarán que el presidente Iván Duque y el Congreso las aprueben con los argumentos de que estuvieron muy cerca y obtuvieron una votación histórica: casi 11,7 millones de votos, 99 por ciento a favor.

Colombiacheck revisó algunas de las comparaciones frente a otras jornadas similares que hicieron las principales promotoras de los mandatos consultados, la excandidata vicepresidencial Claudia López y la senadora Angélica Lozano, luego de recibir los resultados tres resultaron verdaderas; una fue aproximada y otra, falsa según los datos históricos de la Registraduría y la Base de Datos de Democracia Directa (SUDD, por sus siglas en alemán), entre otras fuentes.

Más votos que Duque

“Superamos la votación que hace pocos meses eligió al presidente Duque, de lejos lo superamos”, señaló la exsenadora López. Verdadera.

El actual presidente de la República, Iván Duque, fue electo en la segunda vuelta de este año con 10’383.080 votos, más que cualquiera de sus antecesores (aunque no en porcentaje).

La consulta lo superó por cerca de 1,4 millones de votos, a pesar de que la participación estuvo 20 puntos por debajo de la segunda vuelta presidencial. El pasado domingo la participación no llegó al 33 por ciento, mientras que en la jornada del 17 de junio hubo una participación del 53 por ciento.

Más votos que el referendo de Uribe

Desde su cuenta de Twitter, Lozano dijo que el referendo promovido en 2003 por el entonces presidente Álvaro Uribe “obtuvo MENOS votos que la consulta” y además, que Uribe lo promovió “usando a TODO el Estado”. López afirmó que “casi (lo) duplicamos” en votación. Esta segunda afirmación es Verdadera.

 

 

Es difícil determinar qué tanto usó Uribe al Estado para influir en los resultados de ese referendo constitucional convocado por su gobierno en 2003. Lo que sí es seguro es que la consulta del pasado domingo logró casi el doble de votación, como lo afirmaron Lozano en Twitter y López en su discurso posterior a los resultados.

De 15 preguntas propuestas por el mandatario y avaladas por la Corte Constitucional, en la más votada participaron 6’267.443 personas. Otras diez preguntas estuvieron por encima de los seis millones de votos marcados y solo una quedó por debajo de cinco millones.

Además, aunque en 2003 el censo electoral era mucho más pequeño (25 millones de votantes), la proporción de la participación fue menor también. En el referendo votó el 26,67 por ciento del censo, mientras que en la consulta del domingo lo hizo el 32 por ciento.

De todas maneras, con esos resultados la primera pregunta del referendo de 2003 fue aprobada, porque el umbral de participación de los referendos es menor que el de las consultas: 25 por ciento. Fue así como se introdujo la “muerte política” para funcionarios condenados por corrupción en el artículo 122 de la Constitución, que superó el límite por solo 26.364 votos (0,1%). Es decir que apenas participó poco más de la cuarta parte del censo electoral de entonces.

Hay que decir también que la diferencia por debajo del umbral de las preguntas que no fueron aprobadas fue mucho menor en el referendo de Uribe que en la consulta. En 2003 casi todas perdieron por menos del uno por ciento. Solo cuatro lo hicieron por más: la séptima, por 2,24 puntos; la sexta, por 2,15; la última, por 1,69 y la penúltima, por 1,09. Mientras que la distancia que les faltó a las de la consulta del domingo estuvo entre 1,29 y 1,32 puntos.

No obstante, en 2003 la proporción del ‘Sí’ fue mayoritaria pero no alcanzó el 99 por ciento, como sí pasó el pasado domingo. La proporción de votos positivos más alta de ese referendo fue del 94,7 por ciento. Así que los votos a favor nunca llegaron a seis millones. La propuesta que más tuvo fue la primera: 5’874.193.

Más votos que el ‘Sí’ y el ‘No’

“De lejos superamos la votación que tuvo el Sí o el No en el plebiscito en 2016”, dijo Claudia López tras el preconteo. Verdadera.

La consulta obtuvo más votos que cada una de las dos opciones del plebiscito para la refrendación del Acuerdo de Paz con las Farc de 2016. En ese entonces, el ‘No’ ganó con 6,4 millones de votos (50,2%), una mínima diferencia por encima del ‘Sí’. Es decir que ambas opciones estuvieron 5,3 millones por debajo de la consulta anticorrupción.

Sin embargo, la votación total del plebiscito fue mayor, como explicamos a continuación.

La mayor votación en la historia

“(Colombianos) libres depositaron hoy la mayor votación en la historia de Colombia con un mecanismo de participación ciudadana”, afirmó en su discurso la excongresista. Falsa.

Si bien la votación favorable a las propuestas sí fue las más alta de la historia de los mecanismos de participación ciudadana en el país, el total de los sufragios depositados fue inferior a los del plebiscito de 2016.

En esa ocasión fueron 13’066.047 votos en total, una participación del 37,43 por ciento, cinco puntos y casi millón y medio de sufragios por encima de la consulta.

Sin embargo, en el caso del plebiscito por el acuerdo de paz se utilizó un umbral especial de aprobación (por lo menos el 13 por ciento del censo electoral debía votar por el ‘Sí’), no de participación en general.

Este cambio en las reglas buscaba desestimular la abstención activa, es decir, la estrategia de no asistir a las urnas para derrotar las consultas por medio del umbral en lugar de votar en contra, como lo explicó el jurista Rodrigo Uprimny en una columna cuando se empezaba a discutir esa posibilidad.

Por otro lado, aunque el plebiscito de 1957 (en el que la Junta Militar que reemplazó al dictador Gustavo Rojas Pinilla buscó la aprobación de una reforma constitucional) tuvo 4’397.090 votos depositados, esta participación representó un 72,3 por ciento del censo electoral de la época (hombres y, por primera vez, mujeres mayores de 21 años).

La proporción es casi el doble de la que hubo en el de la paz, más del doble que en la consulta anticorrupción y casi el triple que en el referendo de Uribe.

Además, el 95,3 por ciento de los votos válidos le dieron el ‘Sí’ al conjunto de reformas acordadas entre los partidos Liberal y Conservador para darle fin a la violencia política de mediados del siglo XX.

Jornada limpia y en paz

“Hoy por primera vez en la historia de Colombia tuvimos una jornada electoral que no tuvo un solo hecho violento, una sola denuncia de fraude electoral de trasteo y compra de votos”, aseguró López en el auditorio del centro comercial Gran Estación de Bogotá, donde recibió los datos finales del día. Aproximada.

El único lunar que reportó el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, en su balance de la jornada fue un hostigamiento a una patrulla de Policía en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca) que dejó un uniformado muerto.

De resto ninguna autoridad reportó denuncias por delitos electorales ni otro tipo de incidentes.

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Miércoles, 07 Marzo 2018

Chequeos express a candidatos a la Cámara por Bogotá

Por Juan Sebastián Jiménez

En un debate encontramos a Sergio Marín (Farc) equivocado con cifras de violencia partidista y pobreza, a María José Pizarro (Decencia) cercana a los datos de impunidad en feminicidios y a Juan Carlos Losada (Liberal) apresurado sobre el fin de las corridas de toros.

Durante el debate Por Bogotá Preguntamos, realizado por el Grupo de Debate del Gimnasio Moderno en alianza con El Tiempo, el pasado 21 de febrero, en las instalaciones de este centro educativo, los candidatos a la Cámara hablaron sobre corridas de toros, violencia de género, el Congreso y Venezuela, entre otros temas. Colombiacheck tomó cuatro de sus afirmaciones y las verificó en chequeos breves, para ver qué tan cercanas a la realidad son. Aquí los resultados:

♦ María José Pizarro: “Es lamentable que en Colombia el 90% de los feminicidios quede impune”.

♦ Sergio Marín: “En este país hubo, entre 1948 y 1953, 300 mil muertos, que son responsabilidad de los directorios del Partido Conservador y del Liberal”.

♦ Sergio Marín: “En el país hay 22 millones de pobres y 15 millones de personas bajo la línea de indigencia”.

♦ Juan Carlos Losada: “En un año la plaza de toros no va a poder ser usada para corridas”.

 


Feminicidios impunes: María José Pizarro destaca la alta impunidad en este delito

APROXIMADA. Un estudiante le preguntó a la candidata a la Cámara de Representantes por la Lista de la decencia, María José Pizarro, que qué pensaba respecto a la violencia contra la mujer. En medio de su respuesta, Pizarro, hija del asesinado comandante guerrillero Carlos Pizarro, aseguró que es lamentable que en Colombia el 90% de los feminicidios quede impune.

Hay que aclarar, primero, que antes de que se promulgara la ley Rosa Elvira Cely, en homenaje a esta mujer asesinada en mayo de 2012, el feminicidio no se consideraba un delito independiente sino un agravante penal. Por lo que no fue sino hasta que entró en vigor, en julio de 2015, que se empezó a investigar y procesar de manera separada este delito.

Antes de esto hubo, según un informe de la Fiscalía citado por medios de comunicación pero que no se encuentra en la red, 34.571 procesos relacionados con feminicidios, de los cuales 3.658 resultaron en condenas. Lo que da una impunidad cercana al 90%. Una cifra similar a la que dio la jueza 35 de Conocimiento de Bogotá, Liliana Bernal Moreno, durante la lectura de fallo en contra de Rafael Uribe Noguera por el feminicidio de Yuliana Samboní, quien llamó la atención por la poca celeridad que tienen casos similares, de los cuales menos del 10% llega a etapa de juicio. El año pasado, en otro informe, que tampoco se encuentra en Internet, se habla de 53 condenas en 345 procesos desde 2013; es decir: una impunidad cercana al 85%.

Las cifras actualizadas se encuentran en las bases de datos de la Fiscalía. De acuerdo con estas, entre julio de 2015 y el año pasado se presentaron 178 condenas y un total de 894 procesos. Es decir: una impunidad del 80.1%%. Pizarro le dijo a este medio que se basó, para esta afirmación, en la Secretaría de la Mujer, la Casa de la Mujer y prensa; las dos primeras, aunque cuentan con cifras sobre feminicidios, no tienen un consolidado de casos impunes. Sea como sea, la candidata se descacha por menos del 10% por lo que la cifra que da, además de alarmante, es bastante aproximada.


 


¿300 mil muertos por la violencia partidista? Una cifra histórica en entredicho

FALSA. Con escándalo se inició el debate. Uno de los asistentes, el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, se retiró del lugar al ver entre los otros invitados al candidato por la Farc, Sergio Marín, asegurando que no podía estar en el mismo lugar con alguien que no hubiera pasado por la Justicia Especial para la Paz.

El resto de candidatos asistentes reprochó la actitud de Rodríguez, hasta que le llegó el turno a Marín, quien aprovechó para lamentar que sólo se le pida verdad a la Farc cuando otros grupos también han tenido que ver con el conflicto armado colombiano. Marín dijo, puntualmente, que “en este país hubo, entre 1948 y 1953, 300 mil muertos, que son responsabilidad de los directorios del Partido Conservador y del Liberal”.

Empecemos por la cifra de muertos. “No parece, pues, posible la cifra de 300 mil muertos por la violencia entre 1949 y 1958, que ha venido apareciendo en diversas publicaciones dentro y fuera del país. Esta cifra tuvo origen probable en la estimación hecha por las directivas del Partido Liberal y en especial por el expresidente Alfonso López Pumarejo en 1953, cuando calculó en 240 mil los muertos por violencia política entre 1946 y 1953”. Esta advertencia hace parte del libro la Violencia en Colombia, de Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, publicado en 1964.

Los autores aseguran que aunque no hay un acuerdo respecto al número de muertos, este se acerca, con base en varios informes regionales, a 180 mil hasta 1958 y 200 mil hasta 1962. Por su parte, Paul Oquist, en su libro Violencia, conflicto y política en Colombia, cifra en 193 mil la cantidad de muertos entre 1947 y 1966. Ninguna de las dos cifras se acerca a la que da Marín, por lo que calificamos la afirmación como falsa. Distintas a estas, no hay cifras oficiales y, por ejemplo, el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, empieza su conteo en 1958.

Ahora, respecto a lo que concierne a la responsabilidad de los directorios liberal y conservador, aunque no pueden achacárseles todas las muertes, hay pruebas de que tuvieron alguna incidencia en la violencia de esos años. Pero hay un estudio, en particular, de Lukas Rehm que muestra cómo, desde el discurso, los jefes liberales y conservadores promovieron la violencia contra sus opositores, al pintarlos de fascistas o de comunistas, según el caso y, en general, de bárbaros que debían ser eliminados para el progreso nacional. Eso no significa que se los pueda responsabilizar por todas las muertes, pero tampoco se les puede eximir del todo.



 


Los pobres datos de Sergio Marín sobre pobreza

FALSA. Los estudiantes les preguntaron a todos los candidatos asistentes al evento qué pensaban sobre el llamado castrochavismo. Entre los presentes estaba el aspirante por la Farc, Sergio Marín, quien fue, precisamente, el último en responder y lo hizo criticando que “en un país de 22 millones de pobres y 15 millones de personas bajo la línea de indigencia, nos están poniendo a mirar al vecino”, en referencia a Venezuela.

Antes que todo, valga la pena una aclaración: en Colombia hay varias formas de medir la pobreza, pero dos se destacan en particular: una, con base en los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria; y otra que es la pobreza multidimensional, para la que se tienen en cuenta las condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, la salud, el trabajo, y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y a las condiciones de la vivienda.

Respecto a la monetaria, hay una línea de pobreza y una de pobreza extrema o indigencia. La primera, según el DANE, está determinada por lo que le cuesta a cada persona la canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios), mientras que la línea de pobreza extrema la establece el costo mínimo por persona de una canasta que garantice solo las necesidades básicas alimentarias.

Según el más reciente informe del DANE, de marzo de 2017, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $241.673 y la de pobreza extrema fue de $114.692. De acuerdo con esto, la cifra de pobres en Colombia, en 2016, fue de 13.268.000 personas y la de personas en condición de pobreza extrema fue de 8.586.000. Por su parte, la cifra de personas pobres, tomando en cuenta lo que se considera pobreza multidimensional, fue de 8.586.000. Muy por debajo de lo mencionado por Marín.

Colombiacheck intentó comunicarse con el candidato para ver si es que utilizó otra fuente de datos, pero fue imposible.


 


¿Se acerca el final de las corridas de toros?

LIGERA. “En un año la plaza de toros no va a poder ser usada para corridas”. Así lo aseguró el candidato a representante por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada.

Durante su paso por el Congreso, del que salió en virtud de un fallo del Consejo de Estado que indicó que se le asignaron votos de más sin razón alguna, Losada fue uno de los ponentes de la ley contra el maltrato animal, la 1774 de 2016. En esta se establecen penas y sanciones para quienes maltraten a los animales, con algunas excepciones.

Por ejemplo: quienes practiquen el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y las riñas de gallos. Por ello, esta ley fue demandada y pasó a revisión de la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-041 de 2017 declaró inconstitucional esta excepción, aunque con una salvedad: que el Congreso tiene un plazo de dos años para legislar respecto a las corridas; es decir, hasta el 10 de mayo de 2019. De lo contrario, cumplido el plazo, un torero podría ir a la cárcel, por ejemplo. Así se lo explicó el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, a El Espectador, en enero pasado.

Al Congreso no le queda sino legislar al respecto. Pero hay que aclarar que la decisión que tome debe estar en concordancia con la sentencia de la Corte. “Es necesario que el legislador adopte la legislación a los mandatos constitucionales y a la jurisprudencia desarrollada respecto de la defensa de los animales, su protección y garantía”, sostuvo el alto tribunal en su fallo de 2017. Es decir que para que las corridas sobrevivan deben cambiar radicalmente. Por ejemplo: que durante las mismas el toro no sufra.

Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley, el 271 de 2017, que busca acabar con las corridas de toros. Este fue presentado por el Ministerio del Interior y lleva apenas dos debates, por lo que el Gobierno le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, en un comunicado del pasado 20 de enero, celeridad en su trámite.

Aunque Losada casi le atina a la fecha en la que, si el Congreso no hace nada, las corridas de toros pasarían a considerarse maltrato animal y ser sancionables, aún es muy pronto para asegurar que van a desaparecer, pues permanece la posibilidad de que el Congreso tramite un nuevo proyecto de ley dentro del plazo que le dio la Corte, ya que el que existe actualmente no busca transformar las corridas para que se acomoden al mandato constitucional, sino abolirlas.

Para el Gobierno, “todo indica que la fiesta brava se está extinguiendo por decisiones judiciales y un cambio en la cultura ciudadana”, pero esto aún no es un hecho seguro que se verá cumplido en un año, como lo afirma Losada.