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Miércoles, 07 Marzo 2018

Chequeos express a candidatos a la Cámara por Bogotá

Por Juan Sebastián Jiménez

En un debate encontramos a Sergio Marín (Farc) equivocado con cifras de violencia partidista y pobreza, a María José Pizarro (Decencia) cercana a los datos de impunidad en feminicidios y a Juan Carlos Losada (Liberal) apresurado sobre el fin de las corridas de toros.

Durante el debate Por Bogotá Preguntamos, realizado por el Grupo de Debate del Gimnasio Moderno en alianza con El Tiempo, el pasado 21 de febrero, en las instalaciones de este centro educativo, los candidatos a la Cámara hablaron sobre corridas de toros, violencia de género, el Congreso y Venezuela, entre otros temas. Colombiacheck tomó cuatro de sus afirmaciones y las verificó en chequeos breves, para ver qué tan cercanas a la realidad son. Aquí los resultados:

♦ María José Pizarro: “Es lamentable que en Colombia el 90% de los feminicidios quede impune”.

♦ Sergio Marín: “En este país hubo, entre 1948 y 1953, 300 mil muertos, que son responsabilidad de los directorios del Partido Conservador y del Liberal”.

♦ Sergio Marín: “En el país hay 22 millones de pobres y 15 millones de personas bajo la línea de indigencia”.

♦ Juan Carlos Losada: “En un año la plaza de toros no va a poder ser usada para corridas”.

 


Feminicidios impunes: María José Pizarro destaca la alta impunidad en este delito

APROXIMADA. Un estudiante le preguntó a la candidata a la Cámara de Representantes por la Lista de la decencia, María José Pizarro, que qué pensaba respecto a la violencia contra la mujer. En medio de su respuesta, Pizarro, hija del asesinado comandante guerrillero Carlos Pizarro, aseguró que es lamentable que en Colombia el 90% de los feminicidios quede impune.

Hay que aclarar, primero, que antes de que se promulgara la ley Rosa Elvira Cely, en homenaje a esta mujer asesinada en mayo de 2012, el feminicidio no se consideraba un delito independiente sino un agravante penal. Por lo que no fue sino hasta que entró en vigor, en julio de 2015, que se empezó a investigar y procesar de manera separada este delito.

Antes de esto hubo, según un informe de la Fiscalía citado por medios de comunicación pero que no se encuentra en la red, 34.571 procesos relacionados con feminicidios, de los cuales 3.658 resultaron en condenas. Lo que da una impunidad cercana al 90%. Una cifra similar a la que dio la jueza 35 de Conocimiento de Bogotá, Liliana Bernal Moreno, durante la lectura de fallo en contra de Rafael Uribe Noguera por el feminicidio de Yuliana Samboní, quien llamó la atención por la poca celeridad que tienen casos similares, de los cuales menos del 10% llega a etapa de juicio. El año pasado, en otro informe, que tampoco se encuentra en Internet, se habla de 53 condenas en 345 procesos desde 2013; es decir: una impunidad cercana al 85%.

Las cifras actualizadas se encuentran en las bases de datos de la Fiscalía. De acuerdo con estas, entre julio de 2015 y el año pasado se presentaron 178 condenas y un total de 894 procesos. Es decir: una impunidad del 80.1%%. Pizarro le dijo a este medio que se basó, para esta afirmación, en la Secretaría de la Mujer, la Casa de la Mujer y prensa; las dos primeras, aunque cuentan con cifras sobre feminicidios, no tienen un consolidado de casos impunes. Sea como sea, la candidata se descacha por menos del 10% por lo que la cifra que da, además de alarmante, es bastante aproximada.


 


¿300 mil muertos por la violencia partidista? Una cifra histórica en entredicho

FALSA. Con escándalo se inició el debate. Uno de los asistentes, el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, se retiró del lugar al ver entre los otros invitados al candidato por la Farc, Sergio Marín, asegurando que no podía estar en el mismo lugar con alguien que no hubiera pasado por la Justicia Especial para la Paz.

El resto de candidatos asistentes reprochó la actitud de Rodríguez, hasta que le llegó el turno a Marín, quien aprovechó para lamentar que sólo se le pida verdad a la Farc cuando otros grupos también han tenido que ver con el conflicto armado colombiano. Marín dijo, puntualmente, que “en este país hubo, entre 1948 y 1953, 300 mil muertos, que son responsabilidad de los directorios del Partido Conservador y del Liberal”.

Empecemos por la cifra de muertos. “No parece, pues, posible la cifra de 300 mil muertos por la violencia entre 1949 y 1958, que ha venido apareciendo en diversas publicaciones dentro y fuera del país. Esta cifra tuvo origen probable en la estimación hecha por las directivas del Partido Liberal y en especial por el expresidente Alfonso López Pumarejo en 1953, cuando calculó en 240 mil los muertos por violencia política entre 1946 y 1953”. Esta advertencia hace parte del libro la Violencia en Colombia, de Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, publicado en 1964.

Los autores aseguran que aunque no hay un acuerdo respecto al número de muertos, este se acerca, con base en varios informes regionales, a 180 mil hasta 1958 y 200 mil hasta 1962. Por su parte, Paul Oquist, en su libro Violencia, conflicto y política en Colombia, cifra en 193 mil la cantidad de muertos entre 1947 y 1966. Ninguna de las dos cifras se acerca a la que da Marín, por lo que calificamos la afirmación como falsa. Distintas a estas, no hay cifras oficiales y, por ejemplo, el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, empieza su conteo en 1958.

Ahora, respecto a lo que concierne a la responsabilidad de los directorios liberal y conservador, aunque no pueden achacárseles todas las muertes, hay pruebas de que tuvieron alguna incidencia en la violencia de esos años. Pero hay un estudio, en particular, de Lukas Rehm que muestra cómo, desde el discurso, los jefes liberales y conservadores promovieron la violencia contra sus opositores, al pintarlos de fascistas o de comunistas, según el caso y, en general, de bárbaros que debían ser eliminados para el progreso nacional. Eso no significa que se los pueda responsabilizar por todas las muertes, pero tampoco se les puede eximir del todo.



 


Los pobres datos de Sergio Marín sobre pobreza

FALSA. Los estudiantes les preguntaron a todos los candidatos asistentes al evento qué pensaban sobre el llamado castrochavismo. Entre los presentes estaba el aspirante por la Farc, Sergio Marín, quien fue, precisamente, el último en responder y lo hizo criticando que “en un país de 22 millones de pobres y 15 millones de personas bajo la línea de indigencia, nos están poniendo a mirar al vecino”, en referencia a Venezuela.

Antes que todo, valga la pena una aclaración: en Colombia hay varias formas de medir la pobreza, pero dos se destacan en particular: una, con base en los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria; y otra que es la pobreza multidimensional, para la que se tienen en cuenta las condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, la salud, el trabajo, y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y a las condiciones de la vivienda.

Respecto a la monetaria, hay una línea de pobreza y una de pobreza extrema o indigencia. La primera, según el DANE, está determinada por lo que le cuesta a cada persona la canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios), mientras que la línea de pobreza extrema la establece el costo mínimo por persona de una canasta que garantice solo las necesidades básicas alimentarias.

Según el más reciente informe del DANE, de marzo de 2017, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $241.673 y la de pobreza extrema fue de $114.692. De acuerdo con esto, la cifra de pobres en Colombia, en 2016, fue de 13.268.000 personas y la de personas en condición de pobreza extrema fue de 8.586.000. Por su parte, la cifra de personas pobres, tomando en cuenta lo que se considera pobreza multidimensional, fue de 8.586.000. Muy por debajo de lo mencionado por Marín.

Colombiacheck intentó comunicarse con el candidato para ver si es que utilizó otra fuente de datos, pero fue imposible.


 


¿Se acerca el final de las corridas de toros?

LIGERA. “En un año la plaza de toros no va a poder ser usada para corridas”. Así lo aseguró el candidato a representante por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada.

Durante su paso por el Congreso, del que salió en virtud de un fallo del Consejo de Estado que indicó que se le asignaron votos de más sin razón alguna, Losada fue uno de los ponentes de la ley contra el maltrato animal, la 1774 de 2016. En esta se establecen penas y sanciones para quienes maltraten a los animales, con algunas excepciones.

Por ejemplo: quienes practiquen el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y las riñas de gallos. Por ello, esta ley fue demandada y pasó a revisión de la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-041 de 2017 declaró inconstitucional esta excepción, aunque con una salvedad: que el Congreso tiene un plazo de dos años para legislar respecto a las corridas; es decir, hasta el 10 de mayo de 2019. De lo contrario, cumplido el plazo, un torero podría ir a la cárcel, por ejemplo. Así se lo explicó el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, a El Espectador, en enero pasado.

Al Congreso no le queda sino legislar al respecto. Pero hay que aclarar que la decisión que tome debe estar en concordancia con la sentencia de la Corte. “Es necesario que el legislador adopte la legislación a los mandatos constitucionales y a la jurisprudencia desarrollada respecto de la defensa de los animales, su protección y garantía”, sostuvo el alto tribunal en su fallo de 2017. Es decir que para que las corridas sobrevivan deben cambiar radicalmente. Por ejemplo: que durante las mismas el toro no sufra.

Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley, el 271 de 2017, que busca acabar con las corridas de toros. Este fue presentado por el Ministerio del Interior y lleva apenas dos debates, por lo que el Gobierno le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, en un comunicado del pasado 20 de enero, celeridad en su trámite.

Aunque Losada casi le atina a la fecha en la que, si el Congreso no hace nada, las corridas de toros pasarían a considerarse maltrato animal y ser sancionables, aún es muy pronto para asegurar que van a desaparecer, pues permanece la posibilidad de que el Congreso tramite un nuevo proyecto de ley dentro del plazo que le dio la Corte, ya que el que existe actualmente no busca transformar las corridas para que se acomoden al mandato constitucional, sino abolirlas.

Para el Gobierno, “todo indica que la fiesta brava se está extinguiendo por decisiones judiciales y un cambio en la cultura ciudadana”, pero esto aún no es un hecho seguro que se verá cumplido en un año, como lo afirma Losada.


 

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Jueves, 28 Junio 2018

Las mentiras acerca de la consulta anticorrupción

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En la última semana las redes sociales se han inundado de cadenas y trinos que desinforman a la ciudadanía para que se abstenga o marque No a los puntos de la consulta.

El próximo 26 de agosto los colombianos acudirán a las urnas para votar los siete mandatos de la Consulta Popular Anticorrupción. Un mecanismo de participación ciudadana con el que se busca, entre otras cosas, bajarle el salario a los congresistas, limitar los periodos de reelección en las corporaciones públicas y enviar a la cárcel a quienes cometan actos de corrupción.

Este es el tarjetón con los siete puntos que deberán marcar los ciudadanos habilitados que decidan salir a votar.

Tarjetón de la consulta anticorrupción

La iniciativa, impulsada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano -sus principales promotoras-, surgió ante la incapacidad del Congreso de la República de auto reformarse, según Joan Manuel Correa, del proyecto Congreso Visible.

Ahora, para que la consulta sea aprobada se requiere que al menos un tercio del total del censo electoral, es decir 12’075.756 personas, salga a las urnas y que cada uno de los mandatos obtenga mínimo 6’037.878 de votos por el “Sí”.

Si se llegan a cumplir los umbrales y son aprobados los mandatos de la consulta, estos volverán al Congreso, quien tendrá la tarea de hacer su reglamentación, punto a punto, para que salgan como leyes de la República.

En la última semana, no obstante, las redes sociales se han llenado de información engañosa sobre la consulta.

Colombiacheck revisó una cadena y dos trinos para verificar la información que se está difundiendo.

La cadena

En varios grupos y páginas de Facebook se ha difundido una cadena que invita a no votar la consulta anticorrupción e incluye varios motivos que vale la pena revisar.

Cadena en Facebook con mentiras sobre la consulta anticorrupción

Aunque varios de los puntos son especulaciones o agresiones que no tienen datos verificables con la metodología exacta de Colombiacheck, hicimos el ejercicio de analizar los cinco puntos. Para ello consultamos a analistas de universidades u observatorios electorales, así como a las promotoras de la consulta.

“Es una consulta disfrazada de buenas intenciones que lo que busca es utilizar las leyes a favor de quienes las hacen.”

Aunque este punto es una especulación sobre las intenciones que tienen quienes promueven la consulta, Claudia López ha insistido en afirmar que impulsarla no busca el beneficio personal ni político de nadie.

Por su parte, Juan Pablo Milanese, jefe del departamento de estudios políticos de la Universidad Icesi, dice que no se trata de una manipulación sobre las leyes a favor de nadie, “sino de un cambio en las mecánicas y en las leyes que rigen la política colombiana en búsqueda de transparencia”.

Asunto en el que coincide Angélica Lozano, quien añade que “los siete mandatos van a regir para todos los servidores públicos de elección popular. No es para unos sí y otros no”.

Ahora bien, lo que dicen tanto Milanese como Yann Basset, director del observatorio electoral de la Universidad del Rosario, es que será inevitable que si la consulta resulta exitosa, tanto López como Lozano terminen políticamente favorecidas.

Sin embargo, según el investigador del Icesi, eso no es malo porque justamente cuando López se lanzó al Senado en 2014, la lucha contra la corrupción fue uno de sus principales caballos de batalla. “Eso siempre ha hecho parte de su agenda política y lo que está haciendo es cumplir con lo que dijo”, dice Milanese.

“Busca que los senadores solo tengan derecho a dos periodos en el congreso por lo tanto como la piedra en el zapato para la oposición es Uribe, lo que buscan es que este no cuide más los ciudadanos en el congreso” (Sic.).

En primer lugar, la afirmación tiene una imprecisión porque la consulta anticorrupción no habla de limitar a dos los periodos en el Congreso. Plantea “máximo tres periodos para ser elegido en una corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales”.

Y en segundo lugar, Milanese aclara que con esto “no se busca limitar el mandato para un senador específico, sino para todos los senadores y representantes, y en otros cuerpos colegiados”.

Si este punto se aprueba, no es retroactivo y regirá a partir del año siguiente a su aprobación, aclara Lozano. Álvaro Garzón Alarcón, coordinador del área de derecho penal del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, confirma lo dicho por la representante y agrega que la reglamentación de la consulta es la que establecerá a partir de qué momento debe entenderse la entrada en vigencia de la nueva ley.

Es decir que, dado el caso de que el senador Álvaro Uribe, podría hacerlo en tres oportunidades más (2022, 2026 y 2032) aparte de las dos recientes (2014 y 2018). Lo mismo para cualquier otro congresista electo.

En todo caso, lo que busca realmente esta propuesta es evitar que congresistas se ‘atornillen’ en sus puestos “sabiendo que cuando están en el Congreso adquieren las relaciones que les permiten generar recursos para perpetuarse en ese puesto”, explica Basset.

“3. Claudia López y su mujer preparan sus candidaturas a la presidencia durante estos cuatro años con esta consulta populista, así ellas tendrán el camino libre para llegar al poder, quitando después a Duque facultades para que tampoco pueda ser senador en un futuro luego de su mandato y así ellas crear su siniestro plan que consta de:

  1. llegar a la presidencia.
  2. cumplir la agenda homosexual en su gobierno.
  3. sin el doctor Uribe, paloma Valencia, la doctora vivían, Alejandro Ordóñez y sin la doctora María Fernanda cabal, legalizaran el aborto, lo que sería muy contra la moral y nuestras costumbres.
  4. buscarán luego legalizar el matrimonio homosexual y discriminaran al heterosexual.
  5. Querrán educar a nuestros hijos con bases homosexuales.” (Sic.).

Nuevamente se trata de una especulación sobre las intenciones que puedan tener Claudia López y de Angélica Lozano con la consulta anticorrupción. Frente a esos señalamientos, la exsenadora respondió:

“Dijeron que me inventé la consulta para lanzarme a la presidencia. Ya fui candidata y la consulta sigue. Después, que era para lanzarme a la vicepresidencia, ya fui la candidata a la vicepresidencia y esta consulta sigue. Y lo quiero decir con toda claridad: no soy candidata a nada. Soy senadora que está terminando su periodo, ciudadana y vocera en mi condición de ciudadana, de 4 millones 300 mil ciudadanos que firmamos para pedir la consulta”.

Que Claudia o Angélica saquen réditos políticos de la consulta no es algo chequeable, pero el punto de quitarle facultades a Iván Duque sí es falso, porque la consulta anticorrupción no cuenta con el mecanismo para hacerlo, está enfocada a los congresistas y miembros de las corporaciones locales y departamentales. No en el presidente.

Y en ese sentido, ni a Alejandro Ordóñez y ni a Viviane Morales, nombrados en el punto C de la cadena, los afecta en absoluto la consulta, su aprobación, ni su reglamentación. A menos, claro está, que como funcionarios del Estado cometan actos de corrupción, en concordancia con el mandato 2 que ordena “quitarle los privilegios a los corruptos”.

Pero en todo caso, como se ha podido ver recientemente en varios videos compartidos en redes sociales, el presidente electo Iván Duque apoyó como senador la consulta y se mantuvo en esa posición durante la campaña presidencial y después de su victoria. Este es un trino publicado por el mismo Duque.

 

 

Además, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y una de las mencionadas en la cadena, dijo a Colombiacheck.com que ha ayudado a que la consulta salga y que espera que “la saquen adelante”.

Finalmente, sobre lo que menciona la cadena de “cumplir la agenda homosexual”, legalizar el aborto ㅡdespenalizado en 2006ㅡ y el matrimonio homosexual ㅡposible desde 2016ㅡ y educar a los niños con “bases homosexuales”, Basset es enfático en afirmar que “no hay ninguna pregunta en esta que involucre ninguno de estos temas. Es una consulta que se restringe única y exclusivamente al tema de la corrupción”

Con respecto a este punto de la cadena, Yann Basset, sostiene que en el fondo hay muchos argumentos que no se enfocan en las preguntas que contiene la consulta, sino que descalifica a sus promotoras por otras posiciones que tienen y que no están relacionadas con este tema.

“4. No acabara la corrupción en cambio la ocultara, para hacer creer que no la hay.” (Sic.).

Todos los consultados por Colombiacheck coinciden en que este punto tiene algo de cierto. “En ningún momento hemos dicho que la consulta acaba toda la corrupción”, sostiene Lozano, y agrega: “Lo que busca es hacer cambios institucionales y poner límites y reglas claras que van a hacer más difícil cometer actos de corrupción”.

De acuerdo con Basset, se trata de medidas puntuales para tratar de ayudar a combatir un tipo de corrupción en el Congreso y las corporaciones públicas de elección popular, que pueden ayudar pero que, de hecho, no acaban la corrupción de por sí. “Pero todo esfuerzo que se haga para disminuirla bienvenido”, agrega Milanese.

Y que la “oculte para hacer creer que no la hay”, es dudoso, porque las medidas de transparencia contempladas en el punto seis, por ejemplo, que ordena hacer público a los ciudadanos la declaraciones de bienes, desmiente esta afirmación. “Al contrario, hay una voluntad de transparencia en la consulta”, sostiene el director del observatorio de la Universidad del Rosario.

“5. Perseguirán a la derecha por corrupción, para que está pierda su espacio y fuerza.” (Sic.).

“Esta consulta no persigue ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro, ni a los abstencionistas”, dice Lozano, pues los corruptos se ubican en cualquier parte del espectro político y hacen parte de cualquier partido.

Por su parte, Basset asegura que las preguntas tal como están formuladas no asumen un blanco particular, sino que se trata de medidas que aplicarían a todos los congresistas.

Para Milanese, sin embargo, resulta “curioso” este punto de la cadena porque parece asumir que la derecha es corrupta. “Que la derecha tenga miedo me da la impresión que es rabo paja”, concluye el investigador del Icesi.

Los trinos

En Twitter también circuló información falsa referente a la consulta en la que se decía que los promotores de esta recibirían 5.000 o 5.600 pesos por cada voto a través del mecanismo de la reposición de votos.

Estos fueron los trinos que se difundieron:

Mentira sobre reposición de votos en consulta anticorrupción

Tuit falso sobre reposición de votos en consulta anticorrupción

Para el caso de ambos, Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, sostiene que “en los mecanismo de participación ciudadana no existe reposición de votos, alcance o no el umbral”.

Estos se hacen “a palo seco”, dice Claudia López. “No hay un solo centavo de plata pública. Ni para recoger las firmas, ni para promover la participación, ni reposición de votos. Todo es única y exclusivamente con voluntariado y aporte ciudadano”.

“En la consulta no hay anticipos, tampoco reposición de votos. Eso quiere decir que los promotores no recibirán recursos por los votos obtenidos”, sostiene Fabián Hernández, de la Misión de Observación Electoral, MOE.

Frente al segundo trino que afirma que Claudia López pretendería utilizar el dinero obtenido supuestamente por la consulta para su campaña a la Alcaldía de Bogotá, la exsenadora ha sido reiterativa en afirmar que no es candidata a nada.