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Lunes, 25 Junio 2018

“Corte Penal Internacional puede intervenir si JEP no arranca”:Congresista Penagos

Por Sania Salazar

Como lo dice el representante a la Cámara del partido de la U, es cierto que la Corte Penal Internacional puede intervenir en Colombia, pero no hay señales de que esa situación sea inminente, pues esa corte lo haría en el caso extremo de falta de justicia. Además, no hay términos de tiempo establecidos para dicha intervención internacional.

El Representante a la Cámara por Caldas, Hernán Penagos, llamó la atención en la W Radio sobre que una consecuencia de que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no empiece a funcionar pronto sería que la Corte Penal Internacional, CPI, inicie las investigaciones judiciales.

 

 

 

Colombiacheck califica la afirmación como Inflada, pues hay que aclarar que si bien es cierto que la CPI tiene la competencia para intervenir en Colombia, la conclusión de la verificación que hicimos es que no hay motivos para pensar que esto sea inminente, pues esa corte actúa en casos extremos en los que pruebe que los Estados no tienen ni la capacidad ni la voluntad de impartir justicia, caso que todavía no es el de Colombia. Esta intervención no tiene términos de tiempo, es decir, no se sabe cuándo podría suceder. Además, de que la estrategia de la actual fiscal de la CPI en el caso de Colombia ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que impartan justicia, antes que actuar.

Penagos, quien habló del asunto en un debate sobre los problemas que se han dado en el Senado para aprobar la reglamentación de la JEP y por lo cual el Presidente Santos citó a sesiones extras, le dijo a Colombiacheck que no tiene claridad sobre cuándo podría intervenir la Corte Penal Internacional. El Representante recordó que hace varios meses la fiscal de ese organismo advirtió que si no se juzgaba a quienes habían cometido delitos relacionados con el conflicto se podía activar esa institución.

“Hoy lo que está ocurriendo es que la justicia ordinaria no puede investigar a nadie que haya cometido delitos relacionados con el conflicto llámese militares (entre quienes hay investigados por falsos positivos), guerrilleros o particulares porque esta competencia le fue asignada a la JEP. Si la Jurisdicción Especial para la Paz no se reglamenta y no inicia sus tareas, nos vamos a quedar sin juez para esas personas, lo que podría dar lugar a esa activación (de la CPI)”, explicó.

Penagos indicó que si la CPI interviene dejaría un claro mensaje al Estado colombiano de que no tiene la suficiente estructura jurídica para investigar y juzgar a sus ciudadanos, lo que, advirtió el representante, dejaría muy mal parado al país.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (tribunal de justicia internacional), en 2002, que entró en vigencia ese año para crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En la mira por ejecuciones extrajudiciales

Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional, indicó que el riesgo más inminente de que la CPI haga una investigación en Colombia surge entorno a los casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como falsos positivos, algunos de los cuales podrán llegar a la JEP.

La Fiscalía de la Corte concluyó en 2012 que se habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia en el contexto del conflicto armado, entre ellos, las ejecuciones extrajudiciales, recordó Vargas Niño.

El artículo 15 del Estatuto de Roma dice que la Fiscalía de la CPI puede iniciar una investigación de oficio basada en información sobre crímenes de competencia de esa Corte y que si encuentra fundamento, puede pedir un estudio a la Sala de Cuestiones Preliminares, que, finalmente, autoriza una investigación formal para definir si la Corte admite el caso para administrar justicia.

En Colombia no se ha abierto la investigación formal. Vargas Niño precisó que la etapa en la que se encuentra el examen preliminar en Colombia es, precisamente, en la que la CPI define si debe intervenir debido a que el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad de impartir justicia.

“Sino se reglamentan rápido las normas de procedimiento de la JEP y si los militares deciden no someterse a este procedimiento especial la CPI bien podría determinar que no se están adelantando investigaciones a nivel nacional y por lo tanto admitiría el caso para investigarlo”, aseguró.

Vargas Niño aclaró que Colombia está en examen preliminar desde el 2004, pero que en 14 años no se ha decidido abrir una investigación formal, “por lo que es difícil determinar qué podría suceder en términos de una investigación de la CPI en caso de que la reglamentación de la JEP no sea adoptada con prontitud”.

Además, indicó que en Colombia lo que ha intentado hacer la fiscalía de la CPI antes que realizar ella misma las investigaciones que puedan conducir en un juicio en La Haya ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que actúen, por lo que cree que la fiscal, Fatou Bensouda, continúe en esa lógica.

“En este momento la CPI está pasando por un situación muy difícil porque hay una enorme demanda de justicia en muchas situaciones en el mundo e iniciar una investigación en Colombia sería gastar recursos que la Fiscalía necesita ahora en otras partes en situaciones que tal vez son más urgentes en la medida en que los sistemas jurídicos de otros países no son tan maduros como el colombiano y que no podrían hacer las investigaciones y juicios que solicita la fiscalía bajo el Estatuto de Roma”, indicó Vargas Niño.

Aunque son casos muy distintos al colombiano, hay ejemplos como el de Georgia, que quiso investigar por su cuenta crímenes sucedidos en 2008, pero en 2016 se dio cuenta de la imposibilidad de acceder a testigos que estaban en Osetia del Sur, que en ese entonces, (y ahora), estaba bajo ocupación militar rusa. Por eso pidió la intervención de la CPI. En el caso de Kenia, las ONG locales y la comunidad internacional pidieron la intervención de la CPI, organismo que concluyó que en ausencia de investigaciones penales contra los seis individuos que tenían la mayor responsabilidad por crímenes de lesa humanidad decidió intervenir. La investigación formal inició dos años después de la solicitud. Vargas Niño resaltó que estos son solo casos de referencia, pues la situación colombiana debe entenderse en su contexto y no se parece en nada a las demás situaciones bajo examen preliminar o investigación formal de la CPI.

Para Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia, el temor del representante Penagos no es infundado en la medida en la que la Fiscalía de la CPI ha estado demasiado atenta a la situación de Colombia, pero, según ella esa intervención ocurriría en el caso de que la JEP no esté impartiendo justicia ni el Estado muestre voluntad de hacerlo. “La Fiscalía de la Corte interviene, en la última instancia, cuando el Estado no investiga ni demuestra voluntad para hacerlo, se ha agotado todo el chance en el caso interno y no hay ninguna muestra de que se atenderán los casos con seriedad”, indicó.

Güiza Gómez resaltó que demorar el funcionamiento de la JEP no solo le enviaría un mensaje a la CPI, si no también a la comunidad internacional pues la confianza para establecer relaciones internacionales con Colombia aumentó con el proceso de paz y si esa comunidad internacional evidencia que se deshonra la palabra empañada en el acuerdo de paz eso tendrá serias consecuencias en las relaciones internacionales del Estado y, en especial en materia inversionista, una de las políticas a las que más le ha dado trascendencia el presidente electo Iván Duque.

Para Vargas Niño, en todo caso, la mínima garantía para que la CPI no intervenga en Colombia es que la JEP funcione.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Si la Jurisdicción Especial para la Paz no arranca su tarea de investigación y juzgamiento de quienes han cometido delitos relacionados con el conflicto tenemos un grave problema, que se puede activar la Corte Penal Internacional”.

    Autor de la frase: Hernán Penagos, representante a la Cámara del partido de la U

    Fuentes: Estatuto de Roma. Hernán Penagos. Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia.

    Calificación: Inflada

Miércoles, 14 Junio 2017

Rafael Nieto, enredado al hablar de la financiación del partido de las Farc

Por Paula Vásquez

Bastante imprecisas resultaron las afirmaciones lanzadas por el precandidato presidencial del Centro Democrático cuando aseveró que las Farc tendrán ventaja sobre los demás partidos políticos del país en las elecciones de 2018.

Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro de Justicia de Álvaro Uribe y ahora está en la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, aprovechó su participación en la celebración del cumpleaños de Cartagena para hablar sobre la financiación del partido político que surja luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc.

 

 

Colombiacheck habló con Nieto, quien argumentó su trino diciendo que, “lo que dice el Acuerdo es que las Farc van a recibir financiación estatal sin haber sacado un solo voto, el promedio de lo que reciben todos los partidos políticos más un 5% adicional para su centro de pensamiento, y más un 5% adicional para la difusión de sus ideas, eso te da un 10% más. Es decir, reciben "el promedio" más un 10% adicional. De manera que las Farc van a recibir más financiación estatal que cualquiera de los partidos políticos hoy y más que varios de ellos juntos”.

La frase de Nieto tiene dos afirmaciones, la primera, que “las Farc harán política con la financiación privilegiada del Estado” y la segunda, que “las Farc harán política con dineros ilícitos”.

Luego de revisar el Acuerdo Final y de consultar varias fuentes expertas en el tema, calificamos de engañosas las afirmaciones de NIeto porque omite detalles necesarios para entender el tema y porque se aventura a pronosticar hechos que no hay cómo determinar que pasarán o no.

El primer paso en la ruta de este chequeo fue revisar el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc, donde quedó pactado que: “con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política (3.2.2.2), así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”.

El Acuerdo no habla de los porcentajes a los que se refirió Nieto al explicar la fuente en la que basó su afirmación inicial.

Además, el Acuerdo aclara que esta medida obedece al objetivo de facilitar el tránsito de esa guerrilla a la actividad política legal y que lo que recibirá este grupo es “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final”. En el documento se resalta también que el uso de esos recursos será acorde con las reglas que aplican a los partidos y movimientos políticos en Colombia.

Colombiacheck consultó a Álvaro Campos, del Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, quien aclaró que el 7% del presupuesto que se entregará a las Farc sale del presupuesto general para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y que el resto de los partidos se seguirán rigiendo por la Ley 1475 del 2011, la cual señala que dependiendo de la cantidad de congresistas y senadores que logre cada partido, se le asignará una cantidad de dinero.

Elisabeth Ungar, hasta hace poco directora de Transparencia por Colombia y quien ahora estará al frente de la Misión Electoral Especial pactada en la mesa de la Habana, explicó que si bien esa financiación inicial para las Farc sí puede ser mayor, va a ser por solo dos periodos.

“Ellos nunca han hecho política, ese es el argumento que se está utilizando, numéricamente sí es mayor, pero ahí la discusión es el costo que tiene hacer el tránsito de la política con armas a la política electoral”, precisó Ungar, quien recordó que los partidos políticos también reciben unos montos importantes para su funcionamiento y que en la propuesta de reforma política que está estudiando el Congreso todos los partidos recibirán más financiación.

“El costo para el país de una guerrilla de 7.000 hombres en armas, lo que eso genera en muertos, en heridos, en destrucción física, en pérdida de legitimidad de las instituciones, porque esto no es cuantificable en términos de recursos, es infinitamente menor a lo que equivale ese 7%”, agregó Ungar.

Sobre la afirmación de Nieto que indica que las Farc harán política con dineros adquiridos ilícitamente Ungar recordó que ese debate lo inició el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por el decreto 903 que expidió el Gobierno. “El fiscal dice que eso va a suceder, el Gobierno insiste en que no va a ser así, es decir, que la guerrilla va a entregar todos los bienes y no va a hacer política con esos recursos, es una especulación decir que eso va a suceder, no es lo que está previsto en los acuerdos no en la normatividad”, concluyó.

El Presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Alexánder Vega, dijo que en el caso de que las Farc se queden con dineros obtenidos de manera ilegal tendrán que responder ante las autoridades. “Una vez se legalicen, las Farc no podrán quedarse con ningún bien de origen ilícito para financiar su partido, porque tendrán las mismas obligaciones de los partidos legales y por lo tanto serán sometidos a sanciones si se les comprueba que han tenido ingresos ilegales”, aseguró.

Anunció que la entidad ya tiene el presupuesto para la financiación del partido político que conformen las Farc, cuando se desmovilicen. $1.866 millones para funcionamiento y $1.698 millones para financiar el Centro de Pensamiento.

Otras imprecisiones de Nieto

Al preguntarle al precandidato presidencial en qué fuente basó su afirmación, Nieto justificó su frase en otro par de argumentos que no son del todo ciertos: Uno de ellos, es que a la fuente directa del Estado se suma la posibilidad de participar activamente en la definición de los presupuestos y las obras que se ejecutarán en los programas especiales de desarrollo territorial y que además hay un conjunto de “incentivos perversos” en el Acuerdo: “como que los amnistiados puedan esconder bienes y que no habrá sanciones para quienes oculten esos dineros o bienes ilícitos”.

Nieto se refiere a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que se pactaron entre Gobierno y Farc y que según el documento, serán el mecanismo de ejecución de los planes nacionales que se derivan del Acuerdo en las zonas priorizadas. En resumen, serán los planes que desarrollen obras de infraestructura en el campo para mejorar las condiciones de vida en zonas alejadas del país, a través de la construcción de obras como acueductos, alcantarillados, vías e infraestructura.

El Acuerdo especifica que los Pdet tendrán una participación activa de las comunidades, en conjunto con las entidades territoriales para lograr la integración de regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. Estos programas serán elegidos bajo los criterios de niveles de pobreza, grado afectación del conflicto, presencia de cultivos ilícitos y debilidad administrativa, entre otros criterios.

Colombiacheck no encontró ninguna fuente que apoyara la afirmación de Nieto, pues como explicamos, la elección de los lugares donde se van a realizar los Pdet tienen ciertas características, sin embargo, lo que sí explica el Acuerdo es que el seguimiento y evaluación de estos planes hará parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), que está compuesta por tres integrantes del Gobierno y tres integrantes de las Farc.