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Cuestionable

Viernes, 26 Abril 2019

Derecho a abortar: no está en tratados, pero sí en comités

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Rafael Nieto dijo que “no existe ningún instrumento internacional” para que las mujeres puedan abortar. Y aunque no hay ningún tratado donde se diga expresamente, sí lo dicen los comités internacionales. Se trata de un debate de interpretaciones.

Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial del partido Centro Democrático, y ex viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, fue tendencia esta semana por una declaración que hizo en la III Cumbre Internacional Transatlántica (una convención que reúne a distintos partidos de derecha en el mundo), realizada entre el 4 y 5 de abril de 2019 en el Congreso de la República de Colombia.

Nieto estaba sirviendo como mediador de las intervenciones de los distintos participantes a la cumbre y la alocución, en la que dijo que “no existe ningún instrumento internacional del derecho a la autonomía de la mujer ni del derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos”, se volvió viral en las redes luego de que fuera presentada en el programa La Tele Letal, del canal Red+.

En la mañana del 11 de abril, Nieto Loaiza fue entrevistado en Blu Radio y tuvo la oportunidad de aclarar el contexto en que fue dicha la frase pues, según él, en ningún momento se refirió a que las mujeres tuvieran menos derechos que los hombres; “estaba hablando fundamentalmente del aborto”, dijo.

“Lo que sostuve, y lo sigo sosteniendo, es que tal cosa no existe ni en los tratados internacionales, ni en la Constitución Política de Colombia. Usted no va a encontrar ningún tratado internacional de derechos humanos (...) donde se diga que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, o donde se diga que la mujer puede abortar y que eso es un derecho”, afirmó el exviceministro en medio de la entrevista.

Colombiacheck consultó a Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; Isabel Jaramillo, profesora de Derecho y Género de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Red Alas; Camilo Navas, asesor en derechos humanos, y a Francisco Bernate, abogado penalista. Todos ellos coinciden, y le dan la razón a Nieto, en que efectivamente no hay ningún tratado internacional que hable expresamente y con esas palabras sobre “el derecho al aborto” ni “la autonomía de la mujer para disponer de su cuerpo”.

Sin embargo, el tema tiene varias interpretaciones y por eso calificamos la frase como Cuestionable.

En principio, porque “los tratados de derechos humanos no se agotan en su tenor literal, ni es la función del derecho internacional de los derechos humanos establecer todos y cada uno de los derechos de las personas”, según Navas.

Pero además, y de acuerdo con los expertos consultados por Colombiacheck, aunque el derecho al aborto no esté en los tratados internacionales, los comités (que son los organismos oficiales encargados de interpretar las normas internacionales) sí han reconocido en varias ocasiones el derecho a la autonomía de la mujer, a disponer de su cuerpo y a interrumpir voluntariamente el embarazo como una manera de hacer efectivo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad. Ponemos algunos ejemplos de tratados y comités de Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que vigila el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) ha dicho que: “debido a la capacidad reproductiva de las mujeres, la realización del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva (y esto incluye la autonomía para decidir si tener o no hijos, cuándo, cuántos y con qué espaciamiento) es esencial para la realización de todos sus derechos humanos”. Así como que “la igualdad de género requiere que se tengan en cuenta las necesidades en materia de salud de las mujeres, distintas de las de los hombres, y se presten servicios apropiados para las mujeres en función de su ciclo vital”.

El Comité contra la tortura (que monitorea la Convención contra la tortura) “ha dicho que para una mujer llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implicaría un trato cruel, inhumano y degradante. Y que los países deben revisar restricciones al aborto para evitar abortos inseguros”, explica Rosero.

El Artículo 12 de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dice que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

El informe “Derechos reproductivos: Una herramienta para monitorear las obligaciones del Estado” publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que en 1994, los gobiernos reunidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo “reconocieron que, en los casos en que es legal, el aborto debe ser accesible y seguro. Desde entonces, los organismos de derechos humanos han fortalecido y ampliado este consenso, catalogando las prohibiciones absolutas del aborto como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos e instando a garantizar el acceso al aborto”.

El Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el derecho a la vida del no nacido y, en sus observaciones finales a los informes de los Estados, ha señalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. “Estas decisiones permiten afirmar que del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión”, dice el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº4.

Diferencias frente a los comités

No obstante, el pasado lunes 22 de abril, Rafael Nieto publicó una columna de opinión, que fue replicada en varios medios nacionales, titulada ‘¿Derecho de la mujer a disponer de su cuerpo?’. En ella dice: “Sí hay declaraciones de algunos organismos de Naciones Unidas y de funcionarios de esos organismos que hablan de un supuesto derecho de las mujeres a abortar, casi siempre expresado eufemísticamente como ‘interrupción voluntaria del embarazo’. Pero tales declaraciones son solo opiniones, no normas jurídicas. No son ‘derecho’, no crean derechos y no obligan a nadie”.

De acuerdo con Isabel Jaramillo, eso que dice Nieto depende de qué cree cada uno que quiere decir “obligatorio”, “porque en el derecho nacional que una cosa sea obligatoria quiere decir que si se incumple te meten a la cárcel o te quitan tu dinero (a través una multa o una indemnización)”. Pero en el derecho internacional, no funciona de esta manera, “y las represalias económicas solo se han utilizado frente a severas vulneraciones de derechos humanos”, dice Jaramillo.

Las interpretaciones que hacen los comités de los tratados son necesarios en tanto que estos últimos son documentos que suelen ser muy generales “porque son tratados en consenso con muchos estados que no llegan a un nivel de especificidad”, dice Rosero. No permiten que cualquier ciudadano los entienda y, por lo tanto, contribuya a la vigilancia de ellos en caso de violación de algún derecho, de acuerdo con Navas.

De modo que, al ser los comités los organismos oficiales con poder para hacer las interpretaciones, “las decisiones de los comités obligan en cuanto son interpretaciones autorizadas del tratado”, sostiene Jaramillo. Y sería extraño que un Estado suscriba un tratado, pero luego no hiciera cumplir ningún acuerdo del comité, señala Rosero, “porque al final los alcances de tratado no dan para la interpretación y el tratado es extremadamente limitado porque son unas normas sumamente generales”.

La discusión podría quedarse en estas dos posiciones. Sin embargo, un ejemplo interesante fue dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 en el caso de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica.

Entonces se discutió si al descartar embriones fecundados para dar lugar a la procreación por vía de fecundación in vitro (FIV) se vulneraba el derecho a la vida. “La Corte Interamericana decidió que no se viola y para ello revisó los trabajos preparatorios sobre el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), las decisiones del Comité Interamericano de derechos humanos (Baby BOY contra Estados Unidos), de la CEDAW (L.C. v. Perú) y las de la Corte Europea de Derechos Humanos, que alegaban que los estados que permiten el aborto incumplen sus obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la vida. En todos los casos quienes presentaron la demanda perdieron, pues se les dijo que permitir el aborto no es violar el derecho a la vida”, cuenta Jaramillo.

Esto es importante porque la decisión fue dada por una corte judicial (más no por un comité) en cumplimiento a un tratado y como parte de una interpretación frente a la normatividad internacional. La corte, a través de su sentencia, dice que el Estado de Costa Rica “debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados”.

Caso colombiano

Para Colombia, la Constitución Política es la norma de normas y la Corte Constitucional es el intérprete autorizado. En este caso, ocurre lo mismo (aunque con diferencias) que mencionábamos a nivel internacional: la carta magna no dice que el aborto es un derecho ni que las mujeres tienen autonomía para disponer de su cuerpo. Pero la Corte Constitucional sí lo ha referido en más de una ocasión (es por ello que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia).

La primera vez que lo dijo fue a través de la sentencia C-355 de 2006, famosa por despenalizar el aborto en tres causales. A partir de entonces lo ha repetido a lo largo de los años e incluso, ha sido considerado como un derecho fundamental “y por eso es que las mujeres pueden poner una tutela en caso de que una EPS les niegue el procedimiento”, dice Rosero.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la C-355.

Pero además, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

“Si no reconocemos eso, pues simplemente estamos desconociendo el papel de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y eso sería gravísimo en una democracia”, concluye Rosero.

La pelea por las interpretaciones entre qué es norma y qué es opinión en este caso no es tan clara, porque además el artículo 94 de la Constitución dice que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Es decir, de acuerdo con Rosero, “que puede haber derechos no contemplados expresamente en la Constitución y que la Corte Constitucional, como la autorizada para interpretar y salvaguardar, puede determinar si lo son”. Como ya lo hizo en el caso del aborto.

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Jueves, 22 Abril 2021

Ángela Robledo acierta: tributaria pasa toallas higiénicas de exentas a excluidas y esto encarecería su valor

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

El proyecto de reforma tributaria modifica el artículo del Estatuto Tributario donde están los bienes que se hallan excluidos del IVA e incluye los productos de gestión menstrual.

El pasado 15 de abril de 2021 el gobierno de Iván Duque presentó el tercer proyecto de ley de la reforma tributaria de su cuatrienio, la llamada “Ley de solidaridad sostenible''.

Ese mismo día, la representante de la oposición Ángela María Robledo publicó un trino invitando a las mujeres a estar en “alerta” frente a las modificaciones que traería la reforma:

Lo dicho por la representante es verdadero, según encontró Colombiacheck al revisar el proyecto y analizarlo con expertos.

El proyecto de reforma tributaria en su artículo 35 modifica el artículo 424 del Estatuto Tributario, donde están los bienes que se hallan “excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas - IVA”.

Al final de la tabla que aparece en el proyecto de reforma, partida 96.19, se incluye: Compresas y tampones higiénicos.

Con esta reforma, entonces, las toallas sanitarias y los tampones pasarían de ser exentas del IVA a ser excluidas.

Colombiacheck explicó en un chequeo de 2018 que “un bien exento causa el IVA con una tarifa del 0 %, y sus productores pueden solicitar devoluciones por el IVA que se pagó para insumos en la producción... Un bien excluido, en cambio, no causa el IVA y no permite devoluciones”.

Una información similar nos envió el equipo de prensa de Ángela María Robledo cuando les consultamos por las fuentes en la afirmación de la representante:

“Con los bienes exentos de IVA la tarifa es del 0 %. Pero adicional, en la cadena de producción se devuelve lo pagado en IVA por las materias primas. Mientras que en los bienes excluidos esto no sucede, porque si bien al consumidor no se le cobra el IVA, en la cadena de producción el productor tuvo que pagar IVA por los insumos. Eso quiere decir que se encarece el valor del producto y adicional a eso pues ese incremento en el valor no lo asume el productor sino que lo traslada al consumidor. Indirectamente el consumidor estaría asumiendo el IVA no al bien terminado (toallas higiénicas en este caso) sino a los insumos con los que se hizo ese bien terminado. Es un tecnicismo pero es una forma indirecta de cobrar el IVA”.

Nicolás Carrero, director de la firma Carrero y asociados, especializada en asuntos contables tributarios, le confirmó a Colombiacheck que en efecto por una sentencia de la Corte Constitucional el gobierno nacional no podría gravar las toallas higiénicas. “O si las grava sería con un IVA del 0 %, como están en este momento, incluidas dentro de los bienes exentos”. 

Además, confirmó lo dicho por Robledo: al quedar gravadas se encarece el valor final del producto, porque el fabricante no va a poder pedir la devolución del IVA de los productos y trasladará ese incremento al valor final del producto. Señala: “cualquier punto de la cadena de producción que quede gravado encarece el producto o servicio al usuario final que las use”.

La Corte Constitucional había ordenado en 2018 que las toallas (compresas) y tampones higiénicos deben estar excluidos del IVA, luego de que la iniciativa #MenstruaciónLibreDeImpuestos pusiera una demanda de inconstitucionalidad contra este impuesto.

Lo hizo a través de la Sentencia C-117 de 2018 que declaró inconstitucional un artículo de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos) “que grava las toallas higiénicas y tampones con una tarifa de 5 % de IVA” y ordenó “incluir estos productos en el listado de bienes exentos del impuesto al valor agregado”, artículo 188 de esa norma. Esa misma resolución fue repetida en la sentencia C-383 de 2019.

A partir de entonces estos productos están en el artículo 477 del Estatuto Tributario: Bienes que se encuentran exentos del IVA. La norma dice: “Partida 96.16: Compresas y toallas higiénicas <Texto adicionado en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C-117-18>”

Natalia Moreno Salamanca, integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y del grupo Género y Justicia Económica, organización que logró que implementos de gestión menstrual fueran exentos del IVA, le dijo a Colombiacheck que “trasladar de bienes exentos a bienes excluidos las toallas higiénicas o tampones, o cualquier elemento de la canasta básica, tiene fuertes implicaciones sobre el precio final del producto”.

Moreno Salamanca, agrega además que esta situación es preocupante “porque como lo hemos demostrado en múltiples estudios, las mujeres en Colombia tienen una gran desventaja en materia económica; en ingresos, en la brecha salarial, en desempleo… y ni qué decir en el momento actual de pandemia”. 

En el episodio de Chequeo Amplificado titulado “Nuevo virus, mismos males”, Colombiacheck contó que la Organización Internacional del Trabajo informó el 30 de junio de 2020 que la crisis de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a las mujeres trabajadoras de muchas maneras.

¿Por qué pasar a excluidos los productos de gestión menstrual entonces si, en efecto, la Corte Constitucional dijo que debían estar exentos? De acuerdo con Nicolás Carrero esto suele pasar con muchos bienes y servicios: sacan la reforma con el impuesto y la gente la demanda por inconstitucionalidad. Pero mientras sale la demanda han recibido el dinero porque la decisión se puede demorar varios años y, para entonces, el recaudo ya está hecho.

Por ejemplo, la Ley 1819 de 2016 fue expedida en diciembre de ese año. La sentencia 117 de 2018 que permitió eliminar los impuestos de las toallas y tampones, fue admitida el 17 de mayo de 2017. La sentencia, sin embargo, fue publicada el 14 de noviembre del año siguiente. Para entonces ya se habían cumplido casi dos años de recaudo. Y de acuerdo con Carrero, no es un dinero que devuelvan porque los efectos de las sentencias no son retroactivos.

Esta situación, según Moreno Salamanca, sigue poniendo en riesgo el acceso a las toallas higiénicas y tampones, especialmente de aquellas personas con menores ingresos.

De modo que lo dicho por la representante Ángela María Robledo en su trino es verdadero.