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Viernes, 26 Abril 2019

Derecho a abortar: no está en tratados, pero sí en comités

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Rafael Nieto dijo que “no existe ningún instrumento internacional” para que las mujeres puedan abortar. Y aunque no hay ningún tratado donde se diga expresamente, sí lo dicen los comités internacionales. Se trata de un debate de interpretaciones.

Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial del partido Centro Democrático, y ex viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, fue tendencia esta semana por una declaración que hizo en la III Cumbre Internacional Transatlántica (una convención que reúne a distintos partidos de derecha en el mundo), realizada entre el 4 y 5 de abril de 2019 en el Congreso de la República de Colombia.

Nieto estaba sirviendo como mediador de las intervenciones de los distintos participantes a la cumbre y la alocución, en la que dijo que “no existe ningún instrumento internacional del derecho a la autonomía de la mujer ni del derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos”, se volvió viral en las redes luego de que fuera presentada en el programa La Tele Letal, del canal Red+.

En la mañana del 11 de abril, Nieto Loaiza fue entrevistado en Blu Radio y tuvo la oportunidad de aclarar el contexto en que fue dicha la frase pues, según él, en ningún momento se refirió a que las mujeres tuvieran menos derechos que los hombres; “estaba hablando fundamentalmente del aborto”, dijo.

“Lo que sostuve, y lo sigo sosteniendo, es que tal cosa no existe ni en los tratados internacionales, ni en la Constitución Política de Colombia. Usted no va a encontrar ningún tratado internacional de derechos humanos (...) donde se diga que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, o donde se diga que la mujer puede abortar y que eso es un derecho”, afirmó el exviceministro en medio de la entrevista.

Colombiacheck consultó a Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; Isabel Jaramillo, profesora de Derecho y Género de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Red Alas; Camilo Navas, asesor en derechos humanos, y a Francisco Bernate, abogado penalista. Todos ellos coinciden, y le dan la razón a Nieto, en que efectivamente no hay ningún tratado internacional que hable expresamente y con esas palabras sobre “el derecho al aborto” ni “la autonomía de la mujer para disponer de su cuerpo”.

Sin embargo, el tema tiene varias interpretaciones y por eso calificamos la frase como Cuestionable.

En principio, porque “los tratados de derechos humanos no se agotan en su tenor literal, ni es la función del derecho internacional de los derechos humanos establecer todos y cada uno de los derechos de las personas”, según Navas.

Pero además, y de acuerdo con los expertos consultados por Colombiacheck, aunque el derecho al aborto no esté en los tratados internacionales, los comités (que son los organismos oficiales encargados de interpretar las normas internacionales) sí han reconocido en varias ocasiones el derecho a la autonomía de la mujer, a disponer de su cuerpo y a interrumpir voluntariamente el embarazo como una manera de hacer efectivo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad. Ponemos algunos ejemplos de tratados y comités de Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que vigila el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) ha dicho que: “debido a la capacidad reproductiva de las mujeres, la realización del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva (y esto incluye la autonomía para decidir si tener o no hijos, cuándo, cuántos y con qué espaciamiento) es esencial para la realización de todos sus derechos humanos”. Así como que “la igualdad de género requiere que se tengan en cuenta las necesidades en materia de salud de las mujeres, distintas de las de los hombres, y se presten servicios apropiados para las mujeres en función de su ciclo vital”.

El Comité contra la tortura (que monitorea la Convención contra la tortura) “ha dicho que para una mujer llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implicaría un trato cruel, inhumano y degradante. Y que los países deben revisar restricciones al aborto para evitar abortos inseguros”, explica Rosero.

El Artículo 12 de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dice que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

El informe “Derechos reproductivos: Una herramienta para monitorear las obligaciones del Estado” publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que en 1994, los gobiernos reunidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo “reconocieron que, en los casos en que es legal, el aborto debe ser accesible y seguro. Desde entonces, los organismos de derechos humanos han fortalecido y ampliado este consenso, catalogando las prohibiciones absolutas del aborto como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos e instando a garantizar el acceso al aborto”.

El Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el derecho a la vida del no nacido y, en sus observaciones finales a los informes de los Estados, ha señalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. “Estas decisiones permiten afirmar que del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión”, dice el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº4.

Diferencias frente a los comités

No obstante, el pasado lunes 22 de abril, Rafael Nieto publicó una columna de opinión, que fue replicada en varios medios nacionales, titulada ‘¿Derecho de la mujer a disponer de su cuerpo?’. En ella dice: “Sí hay declaraciones de algunos organismos de Naciones Unidas y de funcionarios de esos organismos que hablan de un supuesto derecho de las mujeres a abortar, casi siempre expresado eufemísticamente como ‘interrupción voluntaria del embarazo’. Pero tales declaraciones son solo opiniones, no normas jurídicas. No son ‘derecho’, no crean derechos y no obligan a nadie”.

De acuerdo con Isabel Jaramillo, eso que dice Nieto depende de qué cree cada uno que quiere decir “obligatorio”, “porque en el derecho nacional que una cosa sea obligatoria quiere decir que si se incumple te meten a la cárcel o te quitan tu dinero (a través una multa o una indemnización)”. Pero en el derecho internacional, no funciona de esta manera, “y las represalias económicas solo se han utilizado frente a severas vulneraciones de derechos humanos”, dice Jaramillo.

Las interpretaciones que hacen los comités de los tratados son necesarios en tanto que estos últimos son documentos que suelen ser muy generales “porque son tratados en consenso con muchos estados que no llegan a un nivel de especificidad”, dice Rosero. No permiten que cualquier ciudadano los entienda y, por lo tanto, contribuya a la vigilancia de ellos en caso de violación de algún derecho, de acuerdo con Navas.

De modo que, al ser los comités los organismos oficiales con poder para hacer las interpretaciones, “las decisiones de los comités obligan en cuanto son interpretaciones autorizadas del tratado”, sostiene Jaramillo. Y sería extraño que un Estado suscriba un tratado, pero luego no hiciera cumplir ningún acuerdo del comité, señala Rosero, “porque al final los alcances de tratado no dan para la interpretación y el tratado es extremadamente limitado porque son unas normas sumamente generales”.

La discusión podría quedarse en estas dos posiciones. Sin embargo, un ejemplo interesante fue dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 en el caso de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica.

Entonces se discutió si al descartar embriones fecundados para dar lugar a la procreación por vía de fecundación in vitro (FIV) se vulneraba el derecho a la vida. “La Corte Interamericana decidió que no se viola y para ello revisó los trabajos preparatorios sobre el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), las decisiones del Comité Interamericano de derechos humanos (Baby BOY contra Estados Unidos), de la CEDAW (L.C. v. Perú) y las de la Corte Europea de Derechos Humanos, que alegaban que los estados que permiten el aborto incumplen sus obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la vida. En todos los casos quienes presentaron la demanda perdieron, pues se les dijo que permitir el aborto no es violar el derecho a la vida”, cuenta Jaramillo.

Esto es importante porque la decisión fue dada por una corte judicial (más no por un comité) en cumplimiento a un tratado y como parte de una interpretación frente a la normatividad internacional. La corte, a través de su sentencia, dice que el Estado de Costa Rica “debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados”.

Caso colombiano

Para Colombia, la Constitución Política es la norma de normas y la Corte Constitucional es el intérprete autorizado. En este caso, ocurre lo mismo (aunque con diferencias) que mencionábamos a nivel internacional: la carta magna no dice que el aborto es un derecho ni que las mujeres tienen autonomía para disponer de su cuerpo. Pero la Corte Constitucional sí lo ha referido en más de una ocasión (es por ello que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia).

La primera vez que lo dijo fue a través de la sentencia C-355 de 2006, famosa por despenalizar el aborto en tres causales. A partir de entonces lo ha repetido a lo largo de los años e incluso, ha sido considerado como un derecho fundamental “y por eso es que las mujeres pueden poner una tutela en caso de que una EPS les niegue el procedimiento”, dice Rosero.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la C-355.

Pero además, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

“Si no reconocemos eso, pues simplemente estamos desconociendo el papel de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y eso sería gravísimo en una democracia”, concluye Rosero.

La pelea por las interpretaciones entre qué es norma y qué es opinión en este caso no es tan clara, porque además el artículo 94 de la Constitución dice que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Es decir, de acuerdo con Rosero, “que puede haber derechos no contemplados expresamente en la Constitución y que la Corte Constitucional, como la autorizada para interpretar y salvaguardar, puede determinar si lo son”. Como ya lo hizo en el caso del aborto.

Martes, 16 Octubre 2018

Marta Lucía Ramírez da cifras ligeras sobre participación de mujeres en elecciones cafeteras

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

La vicepresidenta trinó una información sin contexto sobre el aumento porcentual de la participación femenina en el liderazgo cafetero.

Hace poco, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, puso un trino en su cuenta de Twitter en el que se refirió a la “buena noticia” que significa que la participación de mujeres en el liderazgo cafetero haya aumentado “al 24% en las últimas elecciones del gremio”, ocurridas el pasado mes de septiembre.

Ramírez señala que “aunque falta más, reconocemos la importancia de la estrategia de equidad de género de la Federación Nacional de Cafeteros”.

Colombiacheck revisó la veracidad de este trino de la vicepresidenta y encontró que su afirmación es Ligera, pues aunque sus datos coinciden con lo presentado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), ella no brinda ningún contexto sobre a qué hace referencia en particular el porcentaje que da, ni cuál fue su fuente de información.

Los días 8 y 9 de septiembre se realizaron las Elecciones Cafeteras, un evento electoral que ocurre cada cuatro años y por medio del cual se eligen por voto directo a los dirigentes de los comités municipales y departamentales, sus representantes gremiales a nivel regional.

De acuerdo con el ABC de las Elecciones Cafeteras 2018 publicado por la Federación, en las elecciones participan “todos los caficultores federados, es decir, quienes sean propietarios o poseedores de un predio de al menos media hectárea de café con al menos 1.500 árboles y que tengan cédula cafetera”.

Este año, se realizaron en 17 departamentos y 570 municipios cafeteros de Colombia. Y, de acuerdo con un comunicado de la Federación, “se trata de la cita más importante que tienen los caficultores federados para elegir a sus representantes”.

En el ABC se explica que los Comités Municipales están conformados por seis miembros principales con sus respectivos suplentes personales, para un total de 12 representantes por cada municipio.

Y para la elección de los miembros de Comité Departamental, en cada una de las seis circunscripciones que conforman el Comité Departamental, se vota por candidaturas individuales (planchas), cada una conformada por un principal y un suplente.

Ahora bien, según cifras de la FNC, este año el número de personas habilitadas para votar fue de 358.208, de las cuales 100.298 son mujeres; lo que equivale al 28% del censo electoral.

En total para estas elecciones estaban en disputa 4.776 cargos. Pero, después de las votaciones, solo 1.121 terminaron siendo ocupados por mujeres; esto es el 23,47% del total.

En específico, dentro de los comités departamentales resultaron elegidas 27 mujeres para 180 cargos; que representan el 15% del total de los cargos que estaban en disputa. Y en los municipales, fueron 1.094 mujeres para 4.596 cargos, el 24% del total. Esto parece indicar que la vicepresidenta se refería entonces a este último porcentaje que, efectivamente, tuvo un aumento frente a los resultados de hace cuatro años.

En el periodo 2014-2018, de acuerdo con cifras del programa de equidad de género de la dirección de responsabilidad social de la FNC, solo el 8% de los cargos en los comités departamentales fueron ocupados por mujeres (12 mujeres), y en el municipal el porcentaje fue del 16% (696 mujeres).

El programa de equidad de género viene funcionando desde hace aproximadamente 10 años dentro de la Federación, de acuerdo con Claudia Rodríguez, su coordinadora, aunque anteriormente tenía otro nombre. La intención desde entonces ha sido la misma, empoderar a las mujeres y darles mayor participación dentro de los cargos de decisión de la entidad, aunque apenas desde hace un año se comenzaron a emprender acciones claras para promoverlo.

Rodríguez considera que los resultados de este año fueron positivos y que fueron una muestra del trabajo que han venido realizando. “Efectivamente a eso era lo que le estábamos apuntando”.

El mismo gerente general de la Federación, Roberto Vélez Vallejo, lo dijo a través de un comunicado de prensa enviado a Colombiacheck: “Nos complace saber que uno de los grandes propósitos de estas elecciones, la mayor representatividad de mujeres y jóvenes, se cumplió”.

Rodríguez, sin embargo, considera que aún hacen falta más esfuerzos, tal y como señala la vicepresidenta, pues “aún no se ven reflejadas dentro de las instancias electorales la situación real que hay entre los caficultores”. Según las cifras con las que cuenta el programa, el 30% de los caficultores (con tenencia de tierra) son mujeres.

En todo caso, existe un subregistro dentro de la información de la misma Federación. En ese 30%, según nos explicaron, no entran las recolectoras ni las mujeres que no tienen los títulos de la tierra, pero que acompañan y ejecutan las labores de la caficultura a la par de sus esposos.

En ese sentido, Alba Marina Acosta, miembro de la Red Nacional de Mujeres, seccional Caldas, coincide con el avance que muestran los resultados y reconoce que la participación efectiva, es decir la cantidad de mujeres que salieron a votar, fue importante a nivel nacional. Pero también considera que la representación de los espacios departamentales, donde apenas el 15% de las mujeres terminaron elegidas, no fue tan exitosa.

“Llama la atención que esta estructura, que se solventa en el trabajo de las mujeres, y que una entidad con 91 años de trayectoria, no tenga una representación igualitaria en los cargos ni en los espacios en los que se toman las decisiones, como lo son los comités”, según Acosta.

Esto porque una mayor participación de las mujeres dentro de los comités, que son espacios que generan procesos de formación y capacitación, les permitiría ser incluidas en los lugares donde realmente se discuten las políticas públicas del sector en el país, en consideración tanto de Acosta como de Rodríguez.

Según la coordinadora del programa de equidad de la Federación, a través de la participación en estos espacios, “las mujeres pueden manifestar sus necesidades, su manera de ver el mundo y buscar soluciones. Ellas se convierten en un canal”.

Finalmente, la Federación señala que esperan obtener resultados más contundentes para las elecciones de 2022, cuando las acciones del programa se consoliden.