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Jueves, 07 Junio 2018

Duque insiste en posición del Estado sobre 'falsos positivos'

Por José Felipe Sarmiento Abella

Igual que lo han hecho las autoridades en los gobiernos Uribe y Santos, el candidato presidencial del Centro Democrático considera que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política pública.

Entre los muchos escándalos del gobierno de Álvaro Uribe por los que la periodista Patricia Janiot le preguntó al candidato presidencial Iván Duque, ficha del exmandatario, el aspirante del partido Centro Democrático empezó por referirse al de los ‘falsos positivos’ para desestimar los cuestionamientos de su interlocutora.

“Los falsos positivos los he rechazado siempre y además no fueron una política de Estado”, contestó el exsenador. De paso recordó que hubo una “purga” en las Fuerzas Militares tan pronto estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, a raíz del caso de los jóvenes reclutados con engaños en Soacha (Cundinamarca) que luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander).

De hecho, hace cerca de un mes se viralizó un trino que Duque publicó en diciembre de 2010, en el que afirmaba que Uribe había actuado “con firmeza” para ponerle fin a ese fenómeno. El entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apenas había empezado a tener cercanía directa con el recién salido jefe de Estado, llamaba “difamadores” a quienes negaban esa versión de la historia.

 

 

El candidato también señaló que las investigaciones por los ‘falsos positivos’ avanzan en el país.

Su posición coincide con la teoría de que son “casos aislados”. Así se ha defendido el Estado ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pasó ante la Corte IDH un proceso contra Colombia por las denuncias de impunidad en cuatro de esas ejecuciones.

Es cierto que hasta ahora no existe una decisión judicial que ratifique la existencia de una política pública para asesinar civiles y presentarlos como muertes en combate. No obstante la Nación sí ha sido condenada por casos independientes en los que se ha reconocido el carácter sistemático de esas acciones, que las convierten en crímenes de lesa humanidad, mas no los tipifica como una política de Estado.

En mayo pasado el Consejo de Estado le ordenó pagar una indemnización por un montaje de esas características que le hicieron a un adolescente de 15 años en 2005. El comunicado del Alto Tribunal reconoce que el joven fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos”. El fallo no menciona nada sobre esta, aunque afirma que el objetivo del pelotón responsable era aumentar su registro de bajas y que a cambio la institución les reconocía recompensas.

La historia ya es conocida. “Por esas bajas les daban medallas, vacaciones, plata”, recuerda Jaqueline Castillo, vocera de las Madres de Soacha. Su hermano Jaime fue uno de los 19 hombres que desaparecieron en agosto de 2008 en ese municipio y después fueron asesinados por militares 650 kilómetros al norte, para hacerlos pasar como guerrillero muertos en combate.

Más que una directiva

Una de las claves de esos premios que recibían los militares está en la directiva 29 de 2005 que expidió el ministro de Defensa, Camilo Ospina.

El documento secreto ofrecía dinero por las muertes de miembros grupos armados ilegales y narcotraficantes. Pero su papel dentro de la historia es más complejo de lo que parece.

En 2010 el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, publicó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en el que descartó la teoría de la política de Estado pero reveló el entramado criminal con mayores detalles.

Concluyó, por ejemplo, que esos pagos oficiales no iban dirigidos a los militares sino a “reclutadores” que conseguían las víctimas. Entretanto, cada brigada podía decidir si premiaba de alguna manera, con cargo a los gastos reservados, a sus integrantes por las bajas que produjeran.

Así lo registró también el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a 267 organizaciones sociales.

Con base en las declaraciones que algunos militares le dieron a la Fiscalía, la ONG estableció también que estos buscaban a sus víctimas por medio de la “red de cooperantes” civiles -una política que promovió de forma abierta el presidente Uribe- y en alianza con grupos paramilitares.

El propio Ministerio de Defensa admitió fallas en los controles en las recompensas, los ascensos y los gastos militares. A raíz de ese diagnóstico, este fue uno de los principales puntos dentro de las 15 medidas que impulsaron el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, en 2008 para tratar de acabar con la práctica de los falsos positivos.

Juntos, con el viceministro Sergio Jaramillo, promovieron también la investigación interna que llevó a la “purga” que menciona Duque, que empezó con el despido de 27 altos mandos, incluido el comandante del Ejército, general Mario Montoya, tras el escándalo de Soacha. Sin embargo, esto no bastó para evitar que la ONU le reprochara al Estado la desestimación de otras denuncias y las críticas a decisiones judiciales en su contra.

No tan firmes

Es que los pecados de Colombia en los ‘falsos positivos’ son de acción, pero también de omisión.

No de otra forma se explica que las víctimas se cuentan por millares. Un estudio sociológico publicado este año por dos expolicías calcula que fueron 10.000 las personas asesinadas en los ocho años de mandato de Uribe. Las Madres de Soacha estiman la cifra por encima de 6.000. La Fiscalía contaba 4.190 en 2016. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registra al menos 1.034 casos desde 1984, unos individuales y otros con múltiples víctimas.

Los datos de esta institución y un estudio de las universidades de La Sabana y el Externado demuestran un aumento vertiginoso entre 2002 y 2010, sobre todo desde la directiva de 2005 hasta las medidas de choque tras el escándalo en 2008. Pero la práctica de las ejecuciones extrajudiciales era de vieja data y su proliferación se había hecho evidente mucho antes de que el Estado la reconociera.

La política de seguridad democrática que planteó en 2003 la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez (ahora fórmula vicepresidencial de Duque), ya contemplaba reformas a la manera en que se medía el éxito operativo de las Fuerzas Militares y la necesidad de lograr una “disminución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Pero Ospina, su sucesor, permitió que se diera todo lo contrario.

En 2006, la CIDH advertía sobre el aumento en las ejecuciones extrajudiciales; la ONU lo había hecho ya en sus informes anuales sobre derechos humanos en el país de 2004 y 2005. En los medios también parecían casos con cada vez mayor frecuencia, en especial cuando algunos militares investigados por ellas resultaron también implicados en la masacre de Jamundí y los montajes de atentados previos a la segunda posesión de Uribe.

Las investigaciones aparecieron en la revista Semana desde septiembre de 2006 y el analista Alfredo Rangel, actual senador uribista, denunciaba esa práctica en su columna de Cambio en junio de ese mismo año.

Mientras, la Cancillería protestaba por las críticas internacionales y el Ministerio de Defensa hacía lo mismo ante el control político de los senadores Gustavo Petro, ahora candidato presidencial por la coalición Colombia Humana, y Juan Manuel Galán.

El ministro Santos empezó a tomar medidas en 2007. Aun así, solo fue al año siguiente cuando el caso de Soacha llevó a un gran revolcón de las políticas de Defensa en favor de los derechos humanos. Desde entonces las cifras de ‘falsos positivos’ cayeron de manera estrepitosa con el reconocimiento de la ONU y otros organismos internacionales.

El trino de Duque en el que exalta la “firmeza” de Uribe para hacer esos cambios y expulsar a los oficiales implicados se dio, de hecho, cuando los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks pusieron en entredicho esa mano dura.

Al embajador William Brownfield le preocupaba la influencia que el general Montoya y otros altos mandos cuestionados mantenían sobre el presidente y su resistencia a aceptar las reformas propuestas por Santos, Padilla y Jaramillo, así como a sancionar a quienes salían nombrados en la investigación administrativa interna de las Fuerzas Militares. Algunos funcionarios hablaron incluso de saboteo.

Para la abogada Carolina Daza, del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que defiende a muchas de las víctimas, además ha habido revictimización por parte del Estado y del expresidente.

Sobre todo porque, diez años después de los hechos, la justicia todavía no llega a muchos responsables y la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido que algunos condenados salgan de la cárcel de manera provisional. “Están buscando que esto quede en la impunidad”, se queja Castillo.

Además, es célebre la frase, con la que periodistas como Julián Martínez o Daniel Samper le respondieron a Duque, en la que Uribe señaló que los jóvenes asesinados “no estarían recogiendo café” y la retractación que tuvo que hacer en un proceso en su contra por calumnia luego de señalarlos como “delincuentes”.

 

 

Pero nada de esto ha llevado todavía un pronunciamiento judicial que concluya, de manera general, que los ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado, porque tanto los procesos penales como los administrativos se han centrado en casos específicos. Hasta ahí podría considerarse verdadera la afirmación de Duque.

El problema es que la conclusión definitiva no está dada. La ONG internacional Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se han pronunciado a favor de la tesis de que hubo una política, como mínimo, a nivel de las brigadas implicadas.

Entonces la interpretación que hace el candidato es ligera, porque en el marco de la justicia transicional o con una eventual intervención de un tribunal internacional podría darse un pronunciamiento contrario a su aseveración, con base en las evidencias ya existentes y conocidas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Los falsos positivos no fueron una política de Estado”.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático.

    Fuentes: Fallos del Consejo de Estado que condenan al Estado por el asesinato de José Lorenzo Taborda y un adolescente de 15 años, comunicado sobre este último; tesis de maestría en Estudios Políticos de Alejandra Bonilla Mora en la Universidad Javeriana, informes de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en 2012 y 2016, informe de Human Rights Watch sobre responsabilidad de altos mandos en ‘falsos positivos’, informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de fondo sobre cuatro casos y comunicado sobre el paso a la Corte de ejecuciones extrajudiciales; cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá filtrados por WikiLeaks (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Twitter de Álvaro Uribe e Iván Duque y su campaña (que no respondió), política pública de seguridad democrática y su balance 2002-2006; Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha; Carolina Daza, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo; informes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) sobre ‘falsos positivos’ y su banco de datos sobre el conflicto armado, informe del Ministerio de Defensa de 2010 sobre la implementación de las 15 medidas para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales y sus directiva 29 de 2005 (derogada) y 19 de 2007; informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, sobre su visita a Colombia en 2009; estudio de las universidades de La Sabana y el Externado sobre el aumento de los ‘falsos positivos’ en el gobierno Uribe, reseña del diario británico The Guardian sobre estudio de expolicías, ediciones 1.273 a 1.283 de la revista Semana y 677 de Cambio; Facebook de Daniel Samper Ospina.

    Contexto: Entrevista con la cadena informativa Univisión al día siguiente de la primera vuelta presidencial, ante pregunta de la periodista Patricia Janiot sobre los escándalos del gobierno Uribe.

    Calificación: Ligera.

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Verdadero pero...

Miércoles, 05 Julio 2017

“El 60% de los colombianos no tiene partido político”, Jorge Robledo

Por Óscar Felipe Agudelo B.

El dato, casi exacto, revela el peso de los electores sin partido al decidir quién será el próximo Presidente en 2018. ¿Podrá continuar o parar la implementación del Acuerdo de Paz?

El periodo de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia culmina en agosto de 2018, dentro de trece meses, y los candidatos a sucederlo ya se comienza a perfilar. Si Santos pasará a la historia como el mandatario que firmó la paz con las Farc, su sucesor tendrá la enorme tarea de culminar la implementación del Acuerdo Final pactado con las Farc y podrá pasar a la historia como quien consolidó la paz o la hizo trizas.

Entre los primeros nombres de precandidatos a suceder a Santos en el solio de Bolívar ya suena Germán Vargas Lleras de Cambio Radical y quien fuera vicepresidente por dos años y siete meses (renunció en marzo de 2017 para no inhabilitarse) del segundo mandato santista.

Finalizando junio el mundo político se conmocionó con el anuncio de una alianza entre los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con miras a la contienda electoral de 2018. Se trata pues de unir fuerzas entre una parte del conservatismo, la que tiene como posible aspirante a la exministra Marta Lucía Ramírez, y el Centro Democrático donde esperan en fila Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Oscar Iván Zuluaga.

Otro de los políticos que pretende ser presidente es el senador Jorge Enrique Robledo, miembro del Polo Democrático Alternativo, quien en entrevista con Yolanda Ruiz en RCN Radio explicó sus razones para ser el primer mandatario de los colombianos en 2018.

Robledo dijo que los colombianos “están remamados de los mismos nombres en la política nacional” y como antídoto a ese aburrimiento dijo que existen posibilidades de una alianza con Claudia López y Sergio Fajardo para buscar unidos la presidencia.

Entre muchas cosas mencionó que “el 60% de los colombianos no tienen partido político”, dato que usó para explicar y sostener su tesis respecto a que los colombianos están cansados de los partidos tradicionales.

Colombiacheck decidió verificar la afirmación y por tal motivo contacto a la oficina de prensa del senador Robledo para conocer en qué fundamentó su afirmación y de dónde obtuvo los datos que la sostienen.

Su equipo de prensa y comunicaciones explicó que el dato fue tomado de la encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos de mayo de 2017. Colombiacheck corroboró y encontró que a la pregunta: ¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad? el 59% de los encuestados respondió que no tiene partido.

Calificamos la afirmación del senador Robledo como aproximada porque se equivocó por un punto, aunque reconocemos que aportó el origen de los datos y que no es un error grave ni con el ánimo de engañar a la audiencia; parece más una imprecisión fruto de no tener el estudio a la mano durante la entrevista radial.

¿Podrían ser más los sin partido?

Sin embargo, un estudio del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, aunque menos reciente, reveló información concerniente a 2016 y expuso que el 77% de los colombianos no simpatiza con algún partido político.

La cifra está 18 puntos por encima de lo anunciado por Cifras & Conceptos. Aunque claro, es necesario tener en cuenta que ambas mediciones tienen metodologías, periodos y muestras distintas. Sin embargo, pese a las diferencias en la metodología es contundente sostener que los colombianos no tienen partido político, tal y como lo afirmó el senador Robledo.

Otro dato interesante, que ayuda a entender la magnitud que tendrás los “sin partido” en la próxima contienda, lo reveló la revista Semana en su sección de confidenciales el pasado 1 de julio y hace referencia al partido Liberal:

“Según la última encuesta de Guarumo, la firma del exregistrador Carlos Ariel Sánchez, el Partido Liberal también tiene nubarrones. Los días en que la gente votaba por un candidato por pertenecer al partido rojo quedaron atrás. Esa colectividad ha tenido la siguiente evolución en los últimos años: En 1998 Horacio Serpa obtuvo 46% de los votos; en su segunda candidatura en 2002, el 33%; en su tercera en 2006, 11%; y en 2010, Rafael Pardo sacó el 4.1% de la votación total. La última encuesta de Guarumo registra que menos del 2% de los colombianos están dispuestos a votar por un candidato por el simple hecho de ser el representante del Partido Liberal”, explica Semana.

Precisamente convencer a aquellos que no tienen partido político será una de las tareas de los candidatos presidenciales en 2018, convencer a ese alto porcentaje de la población colombiana. Convencerlos que sus propuestas son las adecuadas para un mejor país. El próximo presidente de Colombia tendrá un papel fundamental en la implementación o no del Acuerdo Final pactado en La Habana, una verdad de perogrullo.

Por ahora, las Farc y el gobierno han hecho esfuerzos notables por blindar el Acuerdo Final de paz y hacer que la implementación sea de obligatorio cumplimiento para cualquier candidato que gane la Presidencia de la República en 2018.

Aunque en el Acuerdo Final no hay nada explícito que mencione el blindaje de lo pactado en La Habana, en el Congreso se aprobó el Acto Legislativo que blinda el Acuerdo Final durante los próximos tres períodos presidenciales y, además, el Consejo de Seguridad de la ONU apoya este blindaje señalando que lo pactado es “irreversible”.

Sin embargo, un precandidato presidencial del Centro Democrático, Fernando Londoño, promete que hará trizas el Acuerdo. Esta idea encuentra acogida entre los inconformes y los opositores al acuerdo, que no son pocos.

En relación al tema Jaime Castro, en entrevista con la revista Semana, señaló que en Colombia “nunca hemos tenido cláusulas pétreas como se llaman las normas constitucionales o legales que son inmodificables”.

Es decir, por ahora hay un blindaje por tres periodos presidenciales de los compromisos alcanzados en el Acuerdo, sin embargo, si se quiere hacer trizas este pacto los opositores tendrán que recorrer un largo camino, de acuerdo a como se menciona en la misma revista Semana “tardarán el doble de tiempo” porque se tendrían que tramitar los mismos mecanismos jurídicos como “actos legislativos, estatutos y proyectos de ley pero esta vez en función de desarmar cada uno de los puntos de la implementación”.