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Jueves, 13 Junio 2019

Duque y el Banco de la República: los dos tienen la razón con peros

Por José Felipe Sarmiento

Para cuestionar el estancamiento económico del que habló el gerente del Emisor, basado en un dato cierto, el presidente usó cifras que, siendo también verdaderas, no lo refutan.

Luego de que el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, declarara que “la economía se estancó frente al último trimestre del año pasado”, el presidente Iván Duque le respondió, desde el Congreso de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), que eso no es así y que “Colombia no para, porque este país lo que tiene son ganas de crecer y ganas de transformarse”.

El principal argumento que dio el mandatario fue que “el crecimiento del primer trimestre del año 2019 supera el de Perú, Chile, México y Brasil”. Enseguida agregó que “la inversión extranjera directa creció al 68 por ciento” y enumeró resultados específicos para algunos sectores: petróleo, al 60 por ciento; minería, al 40 y manufactura, al 301 por ciento.

Colombiacheck verificó tanto la afirmación de Echavarría como la respuesta de Duque en este tema.

“La economía se estancó frente al último trimestre del año pasado”

Verdadera pero...

Echavarría hizo su afirmación ante el Congreso de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) en Cartagena. Su presentación de ese día, colgada en la página del Banco de la República, señala que la fuente de los datos en los que se basó fue el propio Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El gerente del Emisor se refería, en particular, al 0 por ciento de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de enero a marzo de 2019 frente a los últimos tres meses de 2018. Este dato fue publicado por el organismo gubernamental, ya desestacionalizado y ajustado. 

Estos términos técnicos quieren decir que le descontaron los factores que generan cambios abruptos, como las huelgas o los desastres naturales; los asociados al calendario o las temporadas, como vacaciones y festivos o los ciclos del clima; así como ciertas tendencias de largo plazo.

El economista José Roberto Acosta explica que quitarle los factores estacionales “es una metodología que permite hacer los periodos más comparables”. Por ejemplo, la actividad económica de diciembre es muy distinta a la de enero en cualquier año; ese efecto estacional se elimina para poder comparar los dos meses con menor distorsión.

Por su parte, el decano de Economía de la Universidad Javeriana, Andrés Rosas Wulfers, coincide en que el banco central “está teniendo en cuenta que cada momento del año tiene sus picos y bajos diferentes”. Pero aclara que siempre hay revisiones posteriores de esos datos del DANE, por lo que pueden tener variaciones más adelante. Además, considera que la estacionalidad es más útil a la hora de hacer predicciones a futuro que análisis de lo que ya ha pasado.

En todo caso, el 0 por ciento de crecimiento entre los dos últimos trimestres documentados que presentó el gerente es idéntico al que publicó el Gobierno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también retoma la cifra a partir del DANE, no del banco central. De modo que el pronunciamiento del gerente es verdad: no hubo variación en el PIB entre estos dos periodos. Se quedó quieto. Se estancó.

Pero Rosas advierte que es mejor comparar periodos de tiempo más largos, años completos, porque “entre más corta la serie, más ruido”. En economía, como ya lo ha explicado Colombiacheck en otros casos, las tendencias son más difíciles de ver en lapsos cortos. En este caso, el docente considera que “la preocupación a largo plazo es que haya una desaceleración, es decir menor crecimiento, no que se detenga o sea negativo”.

Por esa razón, aunque la afirmación de Echavarría de que en el primer trimestre del año “la economía se estancó frente al último del año pasado” está basada en datos entregados por el mismo DANE, su aseveración tiene un pero, en el que coinciden los analistas, ya que la tendencia a largo plazo sigue siendo a crecer, solo que a menor velocidad de la esperada.

“El crecimiento del primer trimestre de 2019 supera el de Perú, Chile, México y Brasil”

Verdadera pero...

Duque tiene razón sobre el crecimiento anual del PIB acumulado en los tres primeros meses, frente al mismo periodo del año anterior, sin ajuste. Los cálculos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística dieron una variación favorable de 0,5 por ciento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, este país creció un 1,3 por ciento. El Banco Central de Chile dio cuenta de un aumento del 1,6 por ciento. En Perú, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) reportó un crecimiento de 2,3 por ciento. Todos son inferiores al 2,8 reportado por el DANE en Colombia.

Sin embargo, esta entidad reconoce en su boletín que su cifra se quedó corta frente a la mayoría de las proyecciones que había para el crecimiento del país hasta marzo. El Banco de la República esperaba 3,2 por ciento; el tanque de pensamiento Fedesarrollo y el área de investigaciones del Grupo BBVA, 3 por ciento y la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), hasta 3,4 por ciento. Solo superó el 2,7 por ciento previsto por Bancolombia.

De hecho, los informes de la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los que se basó Presidencia también se refieren es a previsiones. Con las cifras disponibles, esos organismos calculan lo que se puede esperar que cada economía crezca en términos reales al final de 2019, no lo que lleva hasta ahora. A Perú le proyectan 3,8 o 3,9 por ciento de aumento. Le va mejor que a Colombia y Chile, que empatan con 3,4 o 3,5 por ciento. México y Brasil sí están por debajo, con 1,6 o 1,9 para el primero y una variación entre 1,4 y 2,1 para el segundo.

El 2,8 por ciento también hizo parte de la polémica con Echavarría, quien dijo ante Asobancaria que el crecimiento en el primer trimestre fue de 2,3 por ciento con la desestacionalización que los investigadores del banco central calcularon sobre el reporte del DANE. Según la confirmación de Acosta, uno de los factores que hace la diferencia en este caso es que la Semana Santa de 2018 cayó en marzo, que pertenece al primer trimestre, mientras la más reciente fue en abril, ya en el segundo. El Gobierno no descuenta este efecto, mientras que el reporte del gerente sí.

Pero, más allá de este debate técnico, es una comparación diferente entre periodos distintos a los que se refería Echavarría cuando habló de estancamiento. El gerente hablaba de enero-marzo frente a octubre-diciembre. El presidente le contestó con el crecimiento acumulado para cada año en los primeros tres meses, que es otra cifra aparte.

La base de datos de la OCDE compara el crecimiento nulo de Colombia, entre los dos trimestres de los que habla el Emisor, con el de otros países entre los mismos dos periodos. Chile también marcó un 0 por ciento, mientras que México y Brasil decrecieron 0,2 por ciento cada uno. Perú no aparece en la tabla del organismo internacional, pero el INEI calculó una disminución de 0,5 por ciento.

Es decir, Colombia sí está mejor que los vecinos mencionados por Duque. No obstante, la cifra a la que se refería el gerente es real y el argumento del presidente no lo rebate, sino que se refiere a mediciones distintas. Al hacer la comparación con los datos de los que hablaba el jefe del Banco, Chile está en la misma situación de estancamiento intersemestral y los otros mencionados, en lugar de crecer, se encogieron levemente.

“La inversión extranjera directa creció al 68 por ciento”

Verdadera pero...

La fuente de las cifras que da Duque sobre la inversión extranjera directa por sectores es, precisamente, la balanza de pagos del Banco de la República. Esta le da la razón al presidente. El flujo total fue de 1.980 millones de dólares de enero a marzo de 2018 y pasó a 3.335 millones de dólares en los mismos meses de este año. Ese aumento, en efecto, equivale a 68,4 por ciento.

La variación del sector petrolero fue de 484 a 845 millones de dólares, igual a 74,8 por ciento. Incluso estuvo 15 puntos por encima de lo dicho por el primer mandatario. El 60 por ciento que le atribuyó en su discurso ante Fedepalma corresponde, en realidad, a la minería, que subió de 387 a 618 millones de dólares. Duque le había calculado 20 puntos menos a este rubro.

La cifra que dio para manufactura corresponde casi exacta. El aumento allí fue de 301,8 por ciento, de 128 a 515 millones de dólares. En general, los sectores diferentes al petróleo recibieron un flujo a favor desde el exterior que fue 66,4 por ciento más alto en los primeros tres meses de 2019 frente a los mismos del año anterior. Las únicas reducciones se presentaron para los servicios financieros, con 11,3 por ciento, y el comercio, con 7,2 por ciento.

Las cifras positivas en esta materia forman parte del cálculo del PIB, explica Acosta. Pero tampoco rebaten el 0 por ciento de aumento del que habló el gerente, que es igual de cierto. Las variables, aunque se relacionan, son diferentes y por eso una no contradice a la otra, como pretendió hacerlo ver el presidente.

En conclusión, aunque Echavarría y Duque hicieron luego las paces, según contó el mandatario en su propia intervención ante Asobancaria días después, lo cierto es que el gerente dio un dato verdadero (aunque menos alarmante de lo que sonaba). Por otro lado, las cifras con las que el mandatario defendió su gestión también son ciertas y amplían el panorama, pero en realidad no contradicen lo que dijo el jefe de la banca central.

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Viernes, 29 Noviembre 2019

‘Holding’ financiero sí existe, pero es menos privatizador de lo que parece

Por José Felipe Sarmiento

Duque sí firmó el decreto 2111 que circula por redes, que tiene que ver con uno de los puntos del paro nacional, pero es inexacto decir que “abre la puerta para privatizar 16 empresas públicas”.

Por redes sociales circulan imágenes de un decreto firmado por el presidente, Iván Duque, el pasado 24 de noviembre en el que se crea un conglomerado financiero estatal para agrupar las empresas del sector en las que participa la Nación, una medida cuestionada por los convocantes del paro nacional y que, según estas publicaciones, “abre la puerta para privatizar al menos 16 empresas públicas”.

Captura de pantalla de publicación en Facebook sobre el 'holding' financiero

Colombiacheck encontró que el mensaje es “verdadero pero…” porque sí existe la nueva norma, decretada en el cuarto día consecutivo de protestas contra el gobierno. No obstante, su contenido tiene menos impacto “privatizador” de lo que parece, porque muchas de las entidades que agruparía esta nueva ‘sombrilla’ empresarial ya están establecidas como sociedades por acciones, incluso con participación de privados.

Origen y motivos

El decreto es el 2111 de 2019, firmado por Duque, su ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Antonio Grillo, el pasado 24 de noviembre. Pero su base jurídica es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo de Duque que le da facultades para “crear una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional responsable de la gestión del servicio financiero público”.

El objetivo, según esta ley, debe ser una “mayor eficiencia”. Según las consideraciones de la nueva norma, esto se refiere a la “colaboración y coordinación en el funcionamiento de las empresas del Estado que prestan servicios en el sector financiero”. Aunque no cita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este organismo internacional sí le ha hecho recomendaciones en este sentido a Colombia.

Por ejemplo, en un informe de 2015 sobre políticas prioritarias para el desarrollo del país, el ente multilateral advertía que “el actual sistema de propiedad fragmentada conduce a una descoordinación y no aprovecha bien las sinergias existentes”. Además, sugería disminuir la participación de integrantes políticos (como los ministros) en las juntas directivas de las compañías estatales.

Pero ni la OCDE ni el decreto habla de privatizar. El el mismo documento, la primera afirma que la proporción del valor de las empresas del Estado frente al producto interno bruto es cercana al promedio de los países miembros. El segundo señala que las 18 que pertenecen al sector financiero valen 15,4 billones de pesos, en los que la Nación es dueña de 14,9 billones (96,7 por ciento), y presenta a la nueva sociedad, el Grupo Bicentenario, como uno de los grupos financieros más grandes de Colombia para competir con los privados.

El decreto

En ese orden de ideas, lo que hace el decreto es crear el Grupo Bicentenario como “una sociedad de economía mixta de régimen especial, regida por el derecho privado”. Esto quiere decir que funcionará como una empresa privada y estará constituida por acciones, pero el texto aclara que todas quedarán a nombre del Ministerio de Hacienda, al que está adscrita, y que no se podrá vender total ni parcialmente sin autorización del Congreso.

Su objetivo será actuar como casa matriz de las instituciones financieras de la Nación en los términos del Código de Comercio, o sea como una compañía más grande que las controlará a todas de forma coordinada. Este control puede ser directo (como filiales) o indirecto (como subsidiarias). La segunda posibilidad es una de las críticas de los convocantes del paro, pero no es seguro si será así o en qué casos.

Otra de las críticas de los convocantes a las protestas es que esto podría generar una masacre laboral. No obstante, el parágrafo del Artículo 8 prohíbe que esa medida se traduzca en recortes de personal o afecte las condiciones laborales en las empresas cobijadas por ella.

Por otro lado, Colpensiones y Nueva EPS quedaron excluidas de este ‘holding’ estatal de manera explícita.

Finalmente, la norma establece que “todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de la sociedad Grupo Bicentenario se regirán por las reglas del derecho privado”. Pero esto esto no es nuevo para muchas de las entidades que podrían entrar en el conglomerado, como tampoco lo es, en algunos casos, la participación de socios privados.

Puertas abiertas

Un debate reciente en torno al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es ilustrativo de lo que los convocantes del paro llaman “abrir la puerta a la privatización”.

Consultado por el diario Portafolio en agosto pasado, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, hizo ese mismo pronóstico sobre esa entidad, que hoy es legalmente una empresa comercial del Estado de carácter financiero. Lo dijo porque en el Congreso se propuso convertirla en una sociedad mixta, a través de la introducción de un nuevo artículo en un proyecto de ley del gobierno (fue aprobado en primer debate y la ponencia para segundo propone eliminarlo).

El dirigente sindical criticaba entonces que, con ese cambio de denominación, el FNA quedaría “bajo la figura del sector privado en términos comerciales e inclusive, en ese mismo criterio, podría llegar a ser absorbido por entidades del sector financiero que le comprarían las acciones”. Pero, por ley, tanto las empresas comerciales e industriales del Estado como las mixtas se rigen por el derecho privado y su capital se puede representar en acciones.

“Habría que revisar cada caso para ver si hay excepciones”, le explicó a Colombiacheck el abogado comercialista Gustavo Piedrahíta, subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si las hay, el FNA no es una de ellas.

Otras entidades que cumplen con pertenecer al Gobierno Nacional y ser vigiladas por la Superintendencia Financiera, los principales requisitos para poder ser cobijadas por el nuevo grupo empresarial, también se rigen hoy en día por el derecho privado. Por ejemplo:

  • El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
  • El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex).
  • La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).
  • El Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario (Finagro).
  • La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
  • El Fondo Nacional de Garantías (FNG).
  • La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (EnTerritorio, antes Fonade).
  • El Banco Agrario.

Además, algunas de ellas incluso ya tienen accionistas privados. En el caso de Finagro, Davivienda posee el 12,67 por ciento y BBVA, el 9,09 por ciento de la empresa. En cuanto a la FDN, el banco japonés SMBC y la Corporación Financiera Internacional (IFC) son dueños de 8,9 por ciento cada uno, mientras la Banca de Desarrollo de América Latina (CAF) controla otro 8,7 por ciento.

En otros casos, la participación privada es más pequeña pero también existe. Una acción del Banco Agrario (que también es dueño de 12,9 por ciento de Finagro) le pertenece a la Bolsa Mercantil de Colombia, donde la Nación tiene apenas 11,8 por ciento de la sociedad, y otra es de Corabastos (que también es accionista de la anterior), en la que el Ministerio de Agricultura también es dueño de un porcentaje minoritario.

Es decir que Finagro, la FDN y el Banco Agrario son empresas mixtas y tienen algún grado de participación privada. Mejor dicho, la puerta de la privatización ya está abierta y se usó hace rato, solo que la Nación conserva la mayor parte de esas sociedades. El solo decreto no crea esa opción.

Se podría sumar Bancóldex, que a su vez tiene 25,7 por ciento del FNG, porque el 0,2 por ciento de sus acciones es de “otros” diferentes a los ministerios de Hacienda y Comercio. Estos dos se reparten el resto.

En todo caso, Bancóldex y el FNG también estaban constituidos como empresas mixtas antes de la creación del Grupo Bicentenario. Lo mismo que Findeter, dueño del 6,7 por ciento del segundo.

Este último también es interesante porque, a pesar de tener esa misma naturaleza, no se ha privatizado. En este caso, el 7,5 por ciento de las acciones que no son de la Nación les pertenecen a los departamentos (en el caso de Norte de Santander, a través de su Instituto Financiero para el Desarrollo, Infinorte). De modo que la puerta no siempre tiene el mismo destino.

Entonces, por más que el decreto exista, las publicaciones en redes que lo presentan como una puerta a la privatización tienen la inexactitud de que esta no es nueva en algunas de las 16 empresas señaladas porque muchas ya están en regímenes que, en teoría, permiten esa posibilidad en algún momento. La nueva norma, en cambio, no modifica esto de forma directa y desvirtúa otra de las críticas de los convocantes al paro (la masacre laboral), aunque deja abierta la posibilidad de otra (la de perder el control directo de las empresas, en el sentido de que se podrían convertir en subsidiarias del grupo).