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Domingo, 16 Abril 2017

El Fiscal y Claudia López, rajados al hablar de impunidad en Colombia

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ambas figuras públicas dicen que este flagelo alcanza cifras entre el 98% y el 99%. Colombiacheck verificó y encontró que si bien nuestro país figura en los primeros lugares del escalafón mundial, esas cifras no son exactas y fomentan que la gente no denuncie.

Se anunció la visita del papa Francisco a Colombia y ello le sirvió a varios políticos para proponer una Ley del Jubileo, idea de varios congresistas que básicamente busca reducir las penas y sacar de la cárcel a distintas personas que se encuentran en prisión por diversos delitos.

La iniciativa no cayó bien por el lado de Claudia López, senadora y precandidata presidencial por el partido Alianza Verde, quien expresó su inconformidad por la iniciativa por Twitter, red social donde es bastante prolífica.

 

 

Desde el pasado 24 de marzo Colombiacheck buscó a la senadora López para saber el origen de la cifra pero nunca pudimos conocer de dónde sacó ese dato. Su oficina de prensa y ella misma, a pesar de conocer el requerimiento de Colombiacheck, nunca contestaron nuestras solicitudes.

Colombiacheck emprendió el camino para comprobar la veracidad del dato y encontró que la misma cifra fue repetida por Néstor Humberto Martínez, nada más ni nada menos que durante su posesión como Fiscal General de la Nación en agosto de 2016, “la impunidad ronda por el 99%”, dijo en su momento (ver minuto 05:20). Es decir, nuestro chequeo ya no era solo a la congresista del partido Alianza Verde sino también a un alto funcionario del Estado, como el Fiscal General.

Entre los documentos revisados para este chequeo, encontramos un estudio académico de la actual viceministra de Defensa, Mariana Martínez Cuéllar, y de la hoy profesora en la Universidad de Miami, Elvira María Restrepo, quien además es asesora en pedagogía de paz del presidente Juan Manuel Santos.

En coautoría Martínez y Restrepo publicaron en 2004 “Impunidad Penal: Mitos y Realidades”, un estudio de tesis doctoral de la Universidad de los Andes en el que cuestionaron sin tregua la cifra de 90% a 99% de impunidad que frecuentemente se repite en la opinión pública.

Uno de los fragmentos iniciales de aquella investigación dice: “El tema de la impunidad se ha manejado tradicionalmente en Colombia a través de cifras que provienen de encuestas de percepción que sugieren niveles de impunidad del orden del 90% a 99%. Estas cifras son mitos pues como se mostrará en este documento, hoy por hoy es casi imposible saber cuál es la verdadera magnitud de este fenómeno, de ahí que sean mitos. Además son cifras peligrosas, porque en últimas generan más impunidad dado que alejan a las personas de acudir a la justicia y colaborar con ella”.

Cualquier desprevenido podría argumentar que el estudio no tiene vigencia debido a que fue realizado hace casi 13 años. Sin embargo, en su momento tanto Martínez como Restrepo señalaron los errores metodológicos que terminan haciendo llegar a la conclusión de una impunidad entre el 90% ó 99%, el método embudo, el mismo método que se sigue empleando en la actualidad.

Esta metodología consiste en que se toma en cuenta los datos de delitos cometidos que reporta el Dane y eso se compara con el número de sentencias condenatorias. Esa misma metodología la usó Martínez en su posesión como Fiscal para anunciar la cifra de impunidad cercana al 99%.

“La encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Dane en 2015, estableció que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%. Es decir, los colombianos solo denuncian 24 de cada 100 delitos”, dijo el Fiscal y agregó: “Extrapolando el número de denuncias recibidas el año anterior, con base en la tasa de criminalidad negra, en el 2015 se habrían cometido en el país 3.5 millones de delitos. Las 51.000 condenas proferidas, representan escasamente el 1,4% de los mismos. Lo que quiere decir que la impunidad en Colombia ronda por el 99%”.

Embudo con salida a la impunidad

En su investigación Martínez y Restrepo demuestra la inconveniencia de tomar los delitos reportados por el Dane y compararlos con sentencias condenatorias para concluir una cifra de impunidad por varias razones.

En primer lugar porque los delitos publicados por el Dane son los denominados “cifra negra”, es decir, los delitos que se cometen pero nunca llegan al sistema penal porque no son denunciados. ¿Cómo puede la justicia responder por lo que no se denuncia?

“Es prácticamente imposible que este tipo de impunidad sea responsabilidad del sistema penal”, sostiene la página tres de la investigación doctoral y lo reafirmó la misma Elvira María Restrepo, 13 años después, en entrevista con Colombiacheck, “no se puede juzgar la impunidad por lo que no llega al sistema”.

La investigación en su página cuatro señala que “hay que diferenciar entre el crimen reportado o conocido por las autoridades, y la cifra negra o criminalidad oculta” a la hora de hablar de impunidad. Algo que palpablemente no hace el Dane, la fuente que usó el Fiscal General.

Respecto al hecho de solo tomar sentencias condenatorias para medir la impunidad, la investigación también hace un llamado a la cordura y explica que las sentencias condenatorias no son el único mecanismo indicativo para medir la impunidad.

En referencia a las sentencias condenatorias dice que “tampoco tiene en cuenta los diferentes tipos de terminación de los procesos que no siempre pueden definirse como impunidad, tales como las preclusiones por inexistencia del delito y otros aspectos”. En referencia al tema, Restrepo explicó a Colombiacheck que hay una cantidad de autos inhibitorios (terminación de procesos penales) que se dan porque las personas no aportan pruebas o simplemente dejan ‘morir’ los procesos.

Para lograr más luces frente al tema, este medio contactó a Sergio Chaparro Hernández, investigador del Colectivo Latinoamericano de Estudios de Drogas y Derecho, quien explicó cómo podría ser una adecuada medición de la impunidad que en todo caso no resulta una tarea sencilla.

Según Chaparro Hernández, lo primero que habría que hacer es tener en cuenta “el nivel de subregistro de denuncias para calcular el universo posible de delitos cometidos. Segundo, con base en eso tendría que tener en cuenta que el sistema judicial puede tener distintos tipos de cierre de los casos y que no necesariamente el hecho de tener una sentencia condenatoria significa que haya impunidad”, aclaró Chaparro, quien afirmó que esto sería solo el inicio de una extensa y compleja metodología para medir la impunidad.

El investigador fue más allá y manifestó que “lo que los políticos hacen es tomar las cifras que ven en los medios como cifras correctas y no entran a preguntarse cuál es el proceso de producción de esas cifras. Una vez que salen a medios se convierte en una especie de caja negra que los políticos dan por verdadero. Yo diría que no es producto de un estudio riguroso (la cifra del 98% y 99%) aunque sin duda los niveles de impunidad en Colombia son muy altos”.

Para tener un dato mucho más riguroso en cuanto a la impunidad, Colombiacheck tuvo acceso a Índice Global de Impunidad México 2016 de la Universidad de las Américas Puebla. La investigación hace una escala del nivel de impunidad en 59 países, explica en qué consiste el índice y también sin vacilaciones critica el método embudo.

“Es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables. Para nosotros la impunidad debe ser explicada en su complejidad y no simplemente por el cociente que resulta al dividir delitos cometidos entre sentencias condenatorias”, manifiesta la investigación en la página trece.

En su página 23 el índice de la Universidad de la Américas Puebla muestra que Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar de países con mayor impunidad, posición que solo superan Filipinas y México. Es decir, sí es importante hacer énfasis en que el país tiene problemas de impunidad, lo que pasa es que el diagnóstico debe hacerse con mayor rigurosidad y no basado en mitos que desinforman.

En referencia a cifras de impunidad de 99% o similares, las investigadoras Martínez y Restrepo señalaron en sus 37 páginas de tesis doctoral, la inconveniencia de hablar de cifras de ese calibre, además, señalaron los diferentes tipos de impunidad que existen en el sistema judicial colombiano.

Una de las conclusiones de la investigación es que el tipo de datos obtenidos con el método del embudo sobre impunidad “podrían ser verdad o simplemente mitos peligrosos”, pero no son comprobados. Esa fue la principal alerta que las investigadoras hicieron hace 13 años pero que ni la senadora López, ni el fiscal Martínez tuvieron en cuenta para que sus trinos y discursos sobre el tema fueran exactos y, sobre todo, responsables frente a los colombianos quienes los reconocen como líderes y orientadores de la opinión pública.

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Lunes, 05 Diciembre 2016

Lizcano defendió legitimidad del Congreso con cifra engañosa de votaciones

Por Sania Salazar

El Presidente del Congreso defendió la legitimidad de esa corporación para refrendar el acuerdo de paz con las Farc usando cifras totales de votación y aseguró que fueron mayores a las del plebiscito, lo que no es cierto.

El Congreso refrendó el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, decisión que no estuvo exenta de polémica pues hubo quienes pusieron en duda la legitimidad del legislativo para hacerlo. Mauricio Lizcano, su presidente, defendió la idoneidad de esta corporación para la refrendación argumentando que “para el Congreso hubo más votos que para el Plebiscito”.

 

 

 

 

Los argumentos de Lizcano están claros en estos dos trinos que fueron publicados tanto en su cuenta personal de Twitter como en la de RCN Radio.

Colombiacheck llamó a Lizcano y le dejó un mensaje en WhatsApp solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hemos recibido respuesta. Entonces para saber qué tan cierto es su argumento, revisamos las cifras de ambas votaciones.

Los 14 millones de votos de los que habla Lizcano son el total de sufragios depositados en las elecciones de 2014 para el Senado, que incluyen los nulos y los no marcados. Pero, siendo estrictos, los votos que sirvieron para elegir a los actuales senadores fueron apenas 10.925.592.

En el plebiscito, los votos válidos (los marcados con alguna de las dos opciones posibles, sí o no) fueron 12.808.858. Es decir: la votación por el plebiscito superó a la del Senado por 1.883.266 sufragios, al contrario de lo que dice el senador.

Si comparamos también los votos por la Cámara, encontramos que el total de tarjetones que sirvieron para elegir a los actuales representantes fueron 11.129.722 (sumados votos departamentales, indígenas y afrodescendientes). Son 1.679.136 menos que los sufragios por el plebiscito.

Hay que aclarar que los votos por Senado y Cámara se analizan por separado porque se trata de dos circunscripciones diferentes, la del primero es nacional y la de la segunda es territorial.

Después de comparar ambas cifras y basados solo en números, en Colombiacheck calificamos las frases del Presidente del Congreso como engañosas, pues aunque parten de datos ciertos anuncian una conclusión insostenible.

Ahora bien, ¿la legitimidad del Congreso para refrendar el acuerdo de paz se mide solo en votos?

La encuesta Colombia Opina, realizada por Ipsos Napoleón Franco en marzo de este año, encontró que el 82% de los 1.008 consultados en 13 ciudades del país desconfía del Congreso.

Para Felipe Botero, codirector del observatorio Congreso Visible, la discusión sobre si el Congreso es representativo viene, precisamente, de la decisión de llevar los acuerdos allá para refrendarlos e implementarlos, “la oposición dice que el Congreso no es representativo y por lo tanto tenemos que hacerlo en otro lado o revocarle el mandato. Eso es problemático porque es cuestionar una institución simplemente porque en este momento no nos gusta que sea la que esté tomando esa decisión”.

Botero indica que la historia colombiana ha demostrado que las instituciones son sólidas y que el país tiene una larga trayectoria de elecciones que se consideran, en su mayoría, libres, transparentes y justas.

“La democracia colombiana tiene problemas en su funcionamiento, los partidos son históricamente clientelistas y están alejados del sentir nacional, pero no por ello cuestionamos que el Congreso sea la piedra angular de la democracia; las elecciones se hacen frecuentemente y la gente acude a las urnas a votar de forma libre para elegir un Congreso y un Presidente y eso le da una legitimidad especial al Congreso de la República”, argumenta Botero.

El codirector de Congreso Visible recuerda que en el país ha habido “congresos como el de la parapolítica, que tal vez fue la crisis reciente más aguda de una institución política en el país y en ese momento no nos hicimos la pregunta sobre su representatividad”.

Visto bueno del Consejo de Estado

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que el Congreso puede refrendar el nuevo “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito por el Gobierno y las Farc el 24 de noviembre luego de que el primer acuerdo no pasó en el plebiscito realizado el 2 de octubre.

“De acuerdo con el artículo 133 C.P. –que consagra la representación popular en cabeza de los miembros de cuerpos colegiados de elección directa– y en ejercicio de la función constitucional de control político, la refrendación por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la política al mando en el manejo de la paz, con el fin de que la acción pública y estatal en la materia tenga el mayor grado de legitimación democrática posible, producto de la seria discusión y deliberación acerca de los problemas cuya solución reclama con insistencia la sociedad, por manera que las iniciativas, planes y compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo suscrito con las Farc cuenten con una base sólida de estabilidad política”, indica el concepto.

¿El del Congreso es un respaldo político?

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, se debe partir de que estamos frente a un acuerdo distinto al que se sometió al plebiscito, como lo han dicho Gobierno y Farc, que establece otros mecanismos de refrendación.

“El Congreso tiene la absoluta legitimidad para hacer un debate y aprobar una moción en la que reconoce ese acuerdo como legítimo, lo refrenda y le da vida política”, asegura, y resalta que ese respaldo político del Congreso no tiene ningún otro efecto.

“Los ciudadanos delegamos en el Congreso nuestra representación, si creemos que no es legítimo porque son unos vagos, unos bandidos, el que no puede lo menos no puede lo más, y lo menos, la verdad, es una moción, si no es legítimo para eso, mucho menos es legítimo para hacer actividades legislativas, que es su labor”, concluye Barrios.