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Domingo, 16 Abril 2017

El Fiscal y Claudia López, rajados al hablar de impunidad en Colombia

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ambas figuras públicas dicen que este flagelo alcanza cifras entre el 98% y el 99%. Colombiacheck verificó y encontró que si bien nuestro país figura en los primeros lugares del escalafón mundial, esas cifras no son exactas y fomentan que la gente no denuncie.

Se anunció la visita del papa Francisco a Colombia y ello le sirvió a varios políticos para proponer una Ley del Jubileo, idea de varios congresistas que básicamente busca reducir las penas y sacar de la cárcel a distintas personas que se encuentran en prisión por diversos delitos.

La iniciativa no cayó bien por el lado de Claudia López, senadora y precandidata presidencial por el partido Alianza Verde, quien expresó su inconformidad por la iniciativa por Twitter, red social donde es bastante prolífica.

 

 

Desde el pasado 24 de marzo Colombiacheck buscó a la senadora López para saber el origen de la cifra pero nunca pudimos conocer de dónde sacó ese dato. Su oficina de prensa y ella misma, a pesar de conocer el requerimiento de Colombiacheck, nunca contestaron nuestras solicitudes.

Colombiacheck emprendió el camino para comprobar la veracidad del dato y encontró que la misma cifra fue repetida por Néstor Humberto Martínez, nada más ni nada menos que durante su posesión como Fiscal General de la Nación en agosto de 2016, “la impunidad ronda por el 99%”, dijo en su momento (ver minuto 05:20). Es decir, nuestro chequeo ya no era solo a la congresista del partido Alianza Verde sino también a un alto funcionario del Estado, como el Fiscal General.

Entre los documentos revisados para este chequeo, encontramos un estudio académico de la actual viceministra de Defensa, Mariana Martínez Cuéllar, y de la hoy profesora en la Universidad de Miami, Elvira María Restrepo, quien además es asesora en pedagogía de paz del presidente Juan Manuel Santos.

En coautoría Martínez y Restrepo publicaron en 2004 “Impunidad Penal: Mitos y Realidades”, un estudio de tesis doctoral de la Universidad de los Andes en el que cuestionaron sin tregua la cifra de 90% a 99% de impunidad que frecuentemente se repite en la opinión pública.

Uno de los fragmentos iniciales de aquella investigación dice: “El tema de la impunidad se ha manejado tradicionalmente en Colombia a través de cifras que provienen de encuestas de percepción que sugieren niveles de impunidad del orden del 90% a 99%. Estas cifras son mitos pues como se mostrará en este documento, hoy por hoy es casi imposible saber cuál es la verdadera magnitud de este fenómeno, de ahí que sean mitos. Además son cifras peligrosas, porque en últimas generan más impunidad dado que alejan a las personas de acudir a la justicia y colaborar con ella”.

Cualquier desprevenido podría argumentar que el estudio no tiene vigencia debido a que fue realizado hace casi 13 años. Sin embargo, en su momento tanto Martínez como Restrepo señalaron los errores metodológicos que terminan haciendo llegar a la conclusión de una impunidad entre el 90% ó 99%, el método embudo, el mismo método que se sigue empleando en la actualidad.

Esta metodología consiste en que se toma en cuenta los datos de delitos cometidos que reporta el Dane y eso se compara con el número de sentencias condenatorias. Esa misma metodología la usó Martínez en su posesión como Fiscal para anunciar la cifra de impunidad cercana al 99%.

“La encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Dane en 2015, estableció que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%. Es decir, los colombianos solo denuncian 24 de cada 100 delitos”, dijo el Fiscal y agregó: “Extrapolando el número de denuncias recibidas el año anterior, con base en la tasa de criminalidad negra, en el 2015 se habrían cometido en el país 3.5 millones de delitos. Las 51.000 condenas proferidas, representan escasamente el 1,4% de los mismos. Lo que quiere decir que la impunidad en Colombia ronda por el 99%”.

Embudo con salida a la impunidad

En su investigación Martínez y Restrepo demuestra la inconveniencia de tomar los delitos reportados por el Dane y compararlos con sentencias condenatorias para concluir una cifra de impunidad por varias razones.

En primer lugar porque los delitos publicados por el Dane son los denominados “cifra negra”, es decir, los delitos que se cometen pero nunca llegan al sistema penal porque no son denunciados. ¿Cómo puede la justicia responder por lo que no se denuncia?

“Es prácticamente imposible que este tipo de impunidad sea responsabilidad del sistema penal”, sostiene la página tres de la investigación doctoral y lo reafirmó la misma Elvira María Restrepo, 13 años después, en entrevista con Colombiacheck, “no se puede juzgar la impunidad por lo que no llega al sistema”.

La investigación en su página cuatro señala que “hay que diferenciar entre el crimen reportado o conocido por las autoridades, y la cifra negra o criminalidad oculta” a la hora de hablar de impunidad. Algo que palpablemente no hace el Dane, la fuente que usó el Fiscal General.

Respecto al hecho de solo tomar sentencias condenatorias para medir la impunidad, la investigación también hace un llamado a la cordura y explica que las sentencias condenatorias no son el único mecanismo indicativo para medir la impunidad.

En referencia a las sentencias condenatorias dice que “tampoco tiene en cuenta los diferentes tipos de terminación de los procesos que no siempre pueden definirse como impunidad, tales como las preclusiones por inexistencia del delito y otros aspectos”. En referencia al tema, Restrepo explicó a Colombiacheck que hay una cantidad de autos inhibitorios (terminación de procesos penales) que se dan porque las personas no aportan pruebas o simplemente dejan ‘morir’ los procesos.

Para lograr más luces frente al tema, este medio contactó a Sergio Chaparro Hernández, investigador del Colectivo Latinoamericano de Estudios de Drogas y Derecho, quien explicó cómo podría ser una adecuada medición de la impunidad que en todo caso no resulta una tarea sencilla.

Según Chaparro Hernández, lo primero que habría que hacer es tener en cuenta “el nivel de subregistro de denuncias para calcular el universo posible de delitos cometidos. Segundo, con base en eso tendría que tener en cuenta que el sistema judicial puede tener distintos tipos de cierre de los casos y que no necesariamente el hecho de tener una sentencia condenatoria significa que haya impunidad”, aclaró Chaparro, quien afirmó que esto sería solo el inicio de una extensa y compleja metodología para medir la impunidad.

El investigador fue más allá y manifestó que “lo que los políticos hacen es tomar las cifras que ven en los medios como cifras correctas y no entran a preguntarse cuál es el proceso de producción de esas cifras. Una vez que salen a medios se convierte en una especie de caja negra que los políticos dan por verdadero. Yo diría que no es producto de un estudio riguroso (la cifra del 98% y 99%) aunque sin duda los niveles de impunidad en Colombia son muy altos”.

Para tener un dato mucho más riguroso en cuanto a la impunidad, Colombiacheck tuvo acceso a Índice Global de Impunidad México 2016 de la Universidad de las Américas Puebla. La investigación hace una escala del nivel de impunidad en 59 países, explica en qué consiste el índice y también sin vacilaciones critica el método embudo.

“Es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables. Para nosotros la impunidad debe ser explicada en su complejidad y no simplemente por el cociente que resulta al dividir delitos cometidos entre sentencias condenatorias”, manifiesta la investigación en la página trece.

En su página 23 el índice de la Universidad de la Américas Puebla muestra que Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar de países con mayor impunidad, posición que solo superan Filipinas y México. Es decir, sí es importante hacer énfasis en que el país tiene problemas de impunidad, lo que pasa es que el diagnóstico debe hacerse con mayor rigurosidad y no basado en mitos que desinforman.

En referencia a cifras de impunidad de 99% o similares, las investigadoras Martínez y Restrepo señalaron en sus 37 páginas de tesis doctoral, la inconveniencia de hablar de cifras de ese calibre, además, señalaron los diferentes tipos de impunidad que existen en el sistema judicial colombiano.

Una de las conclusiones de la investigación es que el tipo de datos obtenidos con el método del embudo sobre impunidad “podrían ser verdad o simplemente mitos peligrosos”, pero no son comprobados. Esa fue la principal alerta que las investigadoras hicieron hace 13 años pero que ni la senadora López, ni el fiscal Martínez tuvieron en cuenta para que sus trinos y discursos sobre el tema fueran exactos y, sobre todo, responsables frente a los colombianos quienes los reconocen como líderes y orientadores de la opinión pública.

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Lunes, 28 Junio 2021

Encontrar a personas desaparecidas no implica que denuncias sean falsas como dice Paloma Valencia

Por José Felipe Sarmiento

Este artículo forma parte del chequeo múltiple a un video en el que la senadora del Centro Democrático hizo varias críticas al Paro Nacional 2021.

“Claro que todos rechazamos el abuso de la fuerza, si es que se presenta, pero también tenemos que respetar los derechos que tienen los policías a ser juzgados en debido proceso y con presunción de inocencia. Nos dijeron que había un montón de desaparecidos, ya más de 300 han aparecido porque no estaban tan desaparecidos, eran falsas denuncias”.

Estas declaraciones forman parte de un video publicado en las redes sociales de la senadora Paloma Valencia en el lanza críticas al Paro Nacional 2021, que Colombiacheck decidió verificar en un chequeo múltiple.

Aunque la cifra es correcta. La interpretación que hace la congresista del Centro Democrático para descalificar las denuncias de desapariciones en el marco del Paro Nacional 2021 es errónea. Por tanto, la afirmación es cuestionable.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación ha dicho que ha encontrado a más de 300 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en las protestas contra el gobierno de Iván Duque. La vicefiscal, Martha Mancera, le dijo a Caracol Radio el 11 de junio de 2021 que el organismo ha conseguido localizar a 335 ciudadanos.

Esto no quiere decir que hayan sido denuncias falsas. Incluso, en caso de que lo fueran, podrían ser consideradas un delito que les da hasta tres años de cárcel a los denunciantes de conductas que en realidad nunca se cometieron.

Sin embargo, la misma Fiscalía General de la Nación ha dicho que en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la base de datos donde se registran las noticias criminales, apenas hay cuatro denuncias formales de desapariciones forzadas relacionadas con las protestas a corte del 16 de junio de 2021. No ha informado del archivo de ninguna.

Como se detalló en otro chequeo reciente a declaraciones similares del presidente, los datos citados por Valencia se refieren a los resultados de la activación del mecanismo de búsqueda urgente, una herramienta legal que está diseñada precisamente para encontrar a “las personas que se presume que han sido desaparecidas”.

El hallazgo de la persona no implica que no haya existido desaparición. Así lo explicó Colombiacheck en la verificación anterior:

El abogado y defensor de derechos humanos [Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz] advierte que el hecho de encontrar una persona (en algunos casos, las han hallado muertas) tampoco quita el hecho de que, por un lapso de tiempo, su paradero haya sido desconocido. “Cuando a una persona la detienen y no la dejan ver, se declara como desaparecida”, dice. En pocas palabras, lo que cambia es que ya no lo está, pero lo estuvo.

La penalista y docente universitaria Diana Muñoz Castellanos coincide en que la desaparición forzada se configura independientemente de si la persona aparece al poco tiempo viva o muerta. “Lo que importa es que el Estado negó la información sobre su paradero”, asegura.

En efecto, el Código Penal establece que este delito consiste en someter a una persona “a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. No pone tiempos mínimos.

La definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigencia en Colombia en 2012 tras su aprobación en la Ley 1418 de 2010, es similar aunque especifica que de ser “obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Tampoco especifica la duración.

Aunque hay casos en los que no se cumplen las condiciones para el delito, porque la persona aparece sin haber sido privada de la libertad, eso no descalifica todas las denuncias. De hecho, al 17 de junio todavía había 84 búsquedas activas según la Fiscalía, que utiliza el eufemismo de “personas no localizadas”; la cifra es la misma que informó la vicefiscal una semana antes.

Indepaz ha registrado al menos 346 casos en total. Sin embargo, como también se explicó en el chequeo pasado, no todas las solicitudes al mecanismo de búsqueda han sido aceptadas porque en algunos casos ha sido insuficiente la información disponible sobre las identidades de las personas desaparecidas.

La congresista del Centro Democrático usó la cifra aislada de personas encontradas para negar una práctica que organizaciones de la sociedad civil han calificado como “sistemática” en el actuar de la Policía durante el paro, como lo reportaron en un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre la cual todavía hay mucha incertidumbre. Su argumento es, por tanto, cuestionable.