3 DATOS CLAVE:

1. Una cadena que que se comparte en redes afirma que el sicario que atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay tiene 20 años y que por eso está en el búnker de la Fiscalía y supuestamente no estaría en manos del ICBF.
2. Esto es falso. Es de conocimiento público que el atacante es un adolescente, resguardado para preservar su vida, y que sí está siendo acompañado por el Bienestar Familiar.
3. Otra versión de la cadena, más larga, agrega otras afirmaciones sin sustento sobre el arma que no corresponden con lo que han dicho las autoridades respecto a su origen.

Una cadena de WhatsApp y otras redes asegura que el joven que le disparó al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay tiene 20 años y que “esa es la razón” por la que permanece en el búnker de la Fiscalía, supuestamente no bajo cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La cadena completa, que llegó al Gato Chequeabot, afirma: “*COLOMBIANOS* Lo último que logramos saber Es que ese asesino *TIENE 20 AÑOS* Y la fiscalia ya lo sabe *Por eso no lo tiene el ICBF* Esa es la razón por la cual lo llevaron al Bunker de la Fiscalia *¡ Vamos a ver cuando sacan la noticia !*” (sic).

Esto es falso. La información que se conoce es que un juez penal para adolescentes le impuso una medida de internamiento preventivo en un centro especializado y se encuentra en el búnker para garantizar su seguridad, como lo anticipó la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Por otra parte, el Bienestar Familiar también ha informado que está acompañando el proceso, precisamente por tratarse de una persona menor de 18 años.

La decisión judicial se tomó durante la audiencia de notificación que se llevó a cabo el martes 10 de junio, en el que la Fiscalía le imputó al adolescente de 15 años los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Ese día también se conoció que él no los aceptó.

El ente investigador emitió un comunicado en el que señaló que un juez penal para adolescentes “le impuso medida de internamiento preventivo en un centro especializado”. Por eso, ese mismo martes, el joven fue trasladado de la clínica donde era atendido al búnker, como reportó El Espectador.

Camargo ya se había referido al asunto en una rueda de prensa en la que expresó que “poner al menor en un centro de detención especializada del ICBF no garantiza su seguridad”. La funcionaria agregó que estaría custodiado en “un lugar que no es una celda y con la posibilidad de acceso del ICBF, que tiene que desarrollar en paralelo un programa de restauración de derechos”.

El Bienestar, la entidad gubernamental que vela por los derechos de las personas menores de 18 años, también publicó un comunicado en el que informó que “ha activado las rutas correspondientes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y acompaña el proceso judicial y de restablecimiento de derechos del adolescente conforme a los protocolos establecidos”. De paso, recordó la protección especial de la que es sujeto precisamente por su edad.

Versión larga

En Facebook circula una versión más larga de la cadena en la que afirman que los vecinos del barrio en donde ocurrió el atentado “confirmaron” que el joven tiene 20 años; que las armas del atentado son de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que al momento de la captura sí se había encontrado un celular. No aporta ningún sustento de tales afirmaciones ni de cómo los supuestos testigos sabían la supuesta edad.

Una búsqueda de palabras clave en Google no arroja ningún resultado que indique que el sicario tiene 20 años. En cambio, diferentes entidades públicas independientes de la Fiscalía, como la Defensoría y la Procuraduría, también se refieren al atacante como menor de edad. Sus datos personales incluso fueron entregados por medios y difundidos en redes sociales los primeros días luego del atentado, lo que viola la prevalencia de sus derechos como adolescente.

Sobre el arma, durante la misma rueda de prensa, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Triana, señaló que un análisis balístico concluyó que fue adquirida legalmente el 6 de agosto de 2020 en Mesa, Arizona, Estados Unidos. No hay ninguna información que demuestre que el arma es de la UNP e incluso, según el mismo reporte, aún ni siquiera se sabe cómo entró a Colombia.

En cuanto al celular, la desinformación se alimenta de otra ya desmentida por Colombiacheck y que fue replicada incluso en grandes medios de comunicación: los supuestos chats del atacante poco antes del atentado, que en realidad resultaron ser de un caso de robo de vehículos en Medellín.

La cadena es falsa y se suma a las narrativas que concentran varias hipótesis infundadas sobre el atentado al senador Uribe Turbay. La Fiscalía recalcó que la investigación se realiza bajo estricta reserva para cuidar la vida de los testigos.