Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso
Falso
En las pasadas elecciones presidenciales, Iván Duque arrasó en Antioquia, sin embargo, Gustavo Petro le ganó cinco municipios en el departamento, lo que la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, le atribuyó en parte a presiones del ELN a los votantes.
“En Antioquia nosotros tuvimos un problemita y fue que perdimos en cinco municipios. A nosotros nos ganó en Segovia, Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte. Logramos recuperar Turbo, que lo habíamos perdido en la primera vuelta, Giradota y Remedios, pero no pudimos con esos cinco. En Segovia yo le denuncié a la gente de la Policía, el ELN presionando en la zona rural y urbana, que tenían que votar por Petro; y nos dicen que una cosa similar pasó en Urabá, pasó ahí en Vigia del Fuerte”, dijo la senadora en el programa La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño.
“Segovia, yo le denuncié a la Policía que el ELN estaba presionando en el área rural y urbana que tenían que votar por Petro” en #LaHoraDeLaVerdad
— Paola Holguín (@PaolaHolguin) 21 de junio de 2018
Al conocer esa afirmación, Colombiacheck se comunicó con la senadora del Centro Democrático. La congresista afirmó que la información le llegó por medio de un tercero (de quien no va a revelar su identidad).
“Yo misma le denuncié, por ejemplo, lo de Segovia a la Policía de Antioquia”, nos dijo y agregó que el nombre del denunciante y los datos se los dio a la Policía.
“En otros municipios se hizo otras denuncias, pero eso las hizo públicas el senador Álvaro Uribe”, agregó.
Al buscar estas denuncias en medios de comunicación y revisar la cuenta de Twitter del senador Uribe se encontró que el Centro Democrático sí denunció presiones y amenazas del ELN para votar por un candidato en varios municipios chocoanos, en ninguna parte mencionan las poblaciones antioqueñas nombradas por Holguín. Tampoco está Bojayá, municipio chocoano ubicado frente al antioqueño Vigia del Fuerte.
Denuncian en el Chocó presiones y amenazas del ELN para votar por un candidato pic.twitter.com/3fHJtklBc4
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 12 de junio de 2018
Colombiacheck verificó las supuestas presiones con la Policía, la Fiscalía, la Misión de Observación Electoral, MOE, la Defensoría, un líder social y las autoridades locales de las poblaciones mencionados y encontró que, de acuerdo a las fuentes en esos municipios no se reportó ningún caso de presiones. Con estos elementos, se calificó la afirmación de la senadora como Falsa.
Al consultar a la Fiscalía de Antioquia, un vocero de la entidad le aclaró a Colombiacheck que, hasta el momento, no han recibido ninguna denuncia de presiones para votar por algún candidato por parte de un grupo ilegal en las elecciones presidenciales.
El comandante de la Policía Antioquia, coronel Mauricio Sierra, (comprende 100 municipios de este departamento, entre ellos Segovia) también aseguró que no se dio ninguna denuncia de presiones por parte del ELN en Segovia.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), manifestó que estuvo en constante comunicación con las autoridades en Antioquia y en ningún momento recibió reporte de influencia del ELN en ningún sector, pues en estas zonas (especialmente las poblaciones del Urabá antioqueño) operan, mayoritariamente, bandas criminales.

¿Qué pasó en Segovia?
En la población de Segovia, donde la senadora aseguró que el ELN presionó a los pobladores a votar por Petro, votaron en segunda vuelta 7.330 personas, el 54,25 % de ellas por Gustavo Petro.

No solo la Policía y la Fiscalía negaron la información de las presiones del ELN, tanto el Secretario de Gobierno como la concejal del Centro Democrático Luz Estella Vanegas le aseguraron a Colombiacheck que no tenían conocimiento de estas denuncias.
“Es irresponsable decir eso. Aquí no tuvimos ningún incidente, la gente votó libremente. Además, en el casco urbano no hay presencia del ELN sino en la zona rural. Y al revisar la votación, según el reporte que me dio la Inspectora de Policía, en la mesa de votación de la zona rural ganó Duque, mientras que en la parte urbana, Petro”, agregó el secretario Johan Esteban Pulgarín.
Pero, al poner en contexto las votaciones en Segovia, población afectada por el conflicto y que tiene, según la Unidad de Víctimas, 9149 víctimas reportadas, Al consultar en la Registraduría se encontró que en el plebiscito por la paz de 2016, perdió por un amplio margen.
Sin embargo, en esta población minera del nordeste antioqueño, en primera vuelta ganó Sergio Fajardo. De acuerdo con un análisis realizado por La Silla Paisa, el senador Jorge Robledo tiene mucha influencia en ese gremio (en las legislativas de marzo, fue el senador más votado en Segovia, con el 20 % de los votos), y aunque él en segunda vuelta votó en blanco los mineros acompañaron a Petro.
En el informe de la Silla, el concejal verde y cofundador de la Mesa Minera del Nordeste de Antioquia, Gustavo Lezcano, les explicó que el apoyo a Petro, en segunda vuelta, se debió a que el gremio esperaba que Robledo se fuera en contra del candidato uribista porque durante el segundo gobierno Uribe la multinacional Gran Colombia Gold obtuvo un título minero en zonas que ellos han trabajado hace décadas.

Y, de acuerdo con datos de la Registraduría, en las elecciones presidenciales de 2014, en segunda vuelta, el presidente Juan Manuel Santos ganó en los cinco municipios mencionados por la senadora, por encima del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga.
Ariel Ávila, subdirector de de la Fundación Paz y Reconciliación, indicó que “la votación se puede explicar porque este fue un fortín en el pasado de la Unión Patriótica y movimientos de izquierda y ahora, con todo el tema minero, hay muchos sindicatos en este sector que se inclinaron por el candidato de la Colombia Humana.
Ávila también explicó que en esta población hay injerencia de una compañía de 200 hombres del ELN, pero que es una compañía de 200 hombres, pero no tienen mayor control territorial.
“La votación se puede explicar porque este fue un fortín en el pasado de la Unión Patriótica y movimientos de izquierda y ahora, con todo el tema minero, hay muchos sindicatos en este sector que se inclinaron por el candidato de la Colombia Humana”, dijo Ávila.
La presencia del ELN ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo, con su sistema de alertas tempranas, que el pasado 14 de junio advirtió el creciente riesgo de violaciones de derechos humanos por cuenta de la agresiva expansión y el fortalecimiento militar del ELN y las Autodefensas Gaitanistas en el nordeste antioqueño.
El Urabá antioqueño
La Defensoría también había alertado que tanto Vigía del Fuerte como Murindó, poblaciones ubicadas en el río Atrato, tienen presencia del ELN. Y ha emitido alertas en la primer población (ubicada frente a Bojayá) por las disputas entre ELN y Autodefensas Gaitanistas.
Sin embargo, un vocero de la Defensoría le manifestó a Colombiacheck que en las elecciones de segunda vuelta ni en las de primera tuvieron reportes de presión para votar en estas poblaciones, ni en Segovia. Además, el defensor Carlos Negrete dijo en una rueda de prensa que “en las 38 regionales que está la Defensoría no hay reporte de ningún inconveniente”.
Además de esto, la información de las presiones fue desmentida por Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura, gremio que agrupa a los bananeros del Urabá, quien manifestó que en ningún momento se escuchó presiones del ELN.
Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, habló de la presencia de grupos ilegales, bacrim y carteles de la droga en los cuatro municipios del Urabá antioqueño, en los que ganó Petro.
“En estas zonas votaron por Petro porque las víctimas quieren que les devuelvan las tierras que les robaron, en donde ahora hay cultivos de palma y banano. Por eso Petro ganó en esos municipios, porque se sienten identificados con la restitución de tierras”, agregó.
La Unidad de Víctimas tiene reportadas en Apartadó 84.008 víctimas; en Vigía del Fuerte, 6520; en Murindó, 1770, y en Chigorodó, 46.102.
Precisamente, Leyner Palacios, líder de víctimas de Bojayá (ubicado frente a Vigía del Fuerte), le dijo a Colombiacheck que los señalamientos de la senadora son falsos y “me sorprende porque aquí en esta región las condiciones de pobreza son extremas. La clase política tradicional poco ha hecho y la gente ha estado decepcionada de ellos. Por eso a la gente la propuesta de Petro le gusto. Ví gente cogiendo su bote, que antes no había votado, y fue a votar”.
Palacios también aseguró que la campaña de Petro “constituyó un equipo con sede en Quibdó y hacía un trabajo político en la región del Medio Atrato, incluyendo Vigía hasta Murindó. Y en esa población conocí de un bote de indígenas que se vinieron a canalete a votar por Petro desde su comunidad, eran como 15. Es que el MAIZ (movimiento político indígena que apoyó a Petro) los aglutina”.
La Silla había explicado que en el caso de Murindó la fuerza de los indígenas, que son el 40 % de la población, fue vital para el triunfo del candidato de la Colombia Humana.
Indígenas de Murindó, Antioquia, salen a votar por la Colombia Humana. Es la fuerza de la Esperanza. pic.twitter.com/VQkAu3LJuP
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 17 de junio de 2018
El propio alcalde de Murindó, Jorge Eliécer Maturana, nos confirmó que a su despacho no llegó ninguna queja de presiones por parte del ELN para votar por algún candidato.
Colombiacheck también habló con secretaría de Gobierno de Apartadó, Leanis Yepes, que aclaró, primero que en su municipio no hay presencia del ELN y que “la Defensoría no decretó una alerta, como si lo hizo en las elecciones del Congreso cuando se alertó por posible presión de las AUC”.
“Es importante revisar cómo votó esta población en las elecciones pasadas y como lo hizo en el plebiscito”, agregó.
Frase: “En Antioquia nosotros tuvimos un problemita y fue que perdimos en cinco municipios. A nosotros nos ganó en Segovia, Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte. Logramos recuperar Turbo, que lo habíamos perdido en la primera vuelta, Giradota y Remedios, pero no pudimos con esos cinco. En Segovia yo le denuncié a la gente de la Policía, el ELN presionando en la zona rural y urbana, que tenían que votar por Petro; y nos dicen que una cosa similar pasó en Urabá, pasó ahí en Vigia del Fuerte
Autor: senadora Paola Holguín, del Centro Democrático
Fuentes: Alejandra Barrios, MOE; Áriel Ávila, Fundación Paz y Reconciliación; Registraduría Nacional, Policía de Antioquia; senadora Paola Holguín; Defensoría del Pueblo; La Silla Paisa; Leyner Palacios, líder de víctimas; Jorge Eliécer Maturana, alcalde de Murindó; concejal del Centro Democrático en Segovia Luz Estella Vanegas; Johan Pulgarín, secretario de Gobierno de Segovia, y secretaría de Gobierno de Apartadó, Leanis Yepes.
Contexto: La senadora le dio una entrevista a Fernando Londoño en la Hora de la Verdad. La frase la dijo cuando este le dijo que en Caldas Duque tuvo un marcador mejor, en las elecciones de segunda vuelta. Y le preguntó en cuántos municipios de Antioquia ganó y en cuántos perdió.
Calificación: Falsa
Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso
Falso
Marta Lucía Ramírez, integrante del Partido Conservador y exministra de Defensa, recicló una frase falsa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una entrevista que le hicieron el pasado 28 de noviembre en Canal Capital en su calidad de precandidata presidencial.
“El hecho de tener hoy una jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el tratado de Roma, ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente”, dijo Ramírez.
La precandidata, de quien se ha dicho en los últimos días que sería la ficha a la presidencia de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana, dijo además que “hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar condenados, mientras que los de las Farc están todos por fuera”. Esto en clara alusión a la aplicación de Ley de Amnistía pactada en el Acuerdo Final.
Tras consultar diferentes fuentes, Colombiacheck encontró que ninguna de las dos frases de la precandidata presidencial corresponde a la verdad, por lo que califica su intervención con respecto a estos dos aspectos, como Falsa.
La primera frase tiene un elemento falso muy usado durante la campaña por el voto negativo al plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016. Ramírez estuvo entre los líderes políticos que lideraron la campaña por el no. En el Acuerdo Final sí están contempladas restricciones efectivas de la libertad para quienes sean sancionados por la JEP. Colombiachek ya había verificado el tema en el chequeo titulado Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?, donde se explica que si bien las sanciones no implicarán cárcel, sí implicarán limitaciones en la movilidad de los sancionados. Hay que aclarar que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no digan la verdad sobre los delitos en los que participaron tendrán que ir a la cárcel y sus sanciones durarán más tiempo (entre 15 y 20 años).
Quienes aporten verdad desde un principio se someterán a sanciones que durarán entre cinco y ocho años. Los magistrados de la JEP “fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, dice el Acuerdo Final en el punto cinco sobre las víctimas del conflicto (página 165).
Juan Carlos Henao, abogado constitucionalista que participó en la elaboración de la JEP, lo explica de una manera sencilla:
“Van a tener una restricción de movimiento y de domicilio, por decir algo, si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, usted va a estar ahí, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”.
Según el Acuerdo final, las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas.
“No es solamente que le restringen la libertad o lo mandan para la cárcel, es que al mismo tiempo tiene que reparar, por decir algo, reconstruyendo la iglesia de Bojayá, desminando”, agregó Henao.
Marta Lucía insistió en un argumento falso en contra de la JEP y los periodistas que la entrevistaron en Canal Capital no le hicieron notar su error.
Ramírez no tiene razón cuando dice que hay militares que siguen en la cárcel mientras que todos los exguerrilleros que estaban presos ahora están libres, pues en ambos casos faltan personas por beneficiarse de la Ley de Amnistía, lo que incluye recuperar la libertad totalmente o con condiciones.
El balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP sobre aplicación de la Ley de Amnistía y tratamientos especiales (con corte al 24 de noviembre pasado) indica que 3.148 exguerrilleros de los 3.779 que se beneficiarían de esa ley han quedado en libertad condicionada o han sido trasladados a zonas veredales. Eso quiere decir que se sometieron a la JEP y deben comparecer cuando sean llamados.
En el caso de la Fuerza Pública se han beneficiado de la Ley de Amnistía 1.717 uniformados de los 1.751 a los que los cobija la norma.
En la Secretaría Ejecutiva de la JEP resaltaron que la libertad definitiva no es el único beneficio de la amnistía, pues está la libertad condicionada y el traslado a zonas veredales para que exguerrilleros que no han completado cinco años de privación de la libertad lo hagan (ese es el mínimo de tiempo que se fijó para beneficiarse de la ley). Este cambio de sitio de reclusión también aplica para militares, caso en el que pasan de cárceles militares a unidades de reclusión militar.
En dicha Secretaría indicaron además, que hay casos de miembros de la Fuerza Pública que están inmersos en varios procesos judiciales en muchos de los cuales no han cumplido el tiempo mínimo de reclusión fijado para ser amnistiado, por lo que sus casos se demoran más.
En cifras exactas han quedado en libertad 2.737 exguerrilleros y 1.011 militares, de los cuales 769 tienen libertad condicionada.
Colombiacheck trató de comunicarse con la candidata por teléfono y vía Whatsapp en repetidas ocasiones, desde el pasado 29 de noviembre, para saber en qué fuentes basaba sus afirmaciones. También habló con su equipo de prensa para explicar la importancia de incluir las explicaciones de la precandidata en esta nota, pero indicaron que Ramírez tenía una agenda muy apretada y solicitaron enviar las preguntas por correo, respuestas que todavía estamos esperando.