El candidato a la presidencia de Colombia y contendiente en la segunda vuelta electoral, Rodolfo Hernández, señala en su programa de Gobierno 2022-2026, en la sección dedicada a su política para la población migrante venezolana, que “más de un millón de los casi 1,8 millones de venezolanos que hay en Colombia, ya están regularizados con la tarjeta de identificación del Estatuto Temporal de Protección. Los otros 800 mil que no han iniciado el proceso, se encuentran en situación de irregularidad y podrán ser deportados”.

En vísperas de los nuevos comicios que se avecinan y tras el cierre de la primera fase del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), decidimos verificar esa afirmación como parte de nuestro proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el que hacemos verificaciones de interés para la población venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida. Nuestra conclusión al finalizar esta investigación es que es falsa. 

Lo primero que hicimos fue contactar al aspirante presencial para consultarle mayores detalles de la procedencia de la cifra y la información sobre una posible deportación; sin embargo, no obtuvimos respuesta después de escribirle a su equipo de prensa (1) y por redes sociales (1, 2), donde se le conoce por ser muy activo. 

Aunque el dato que aporta Hernández en su programa de gobierno, según cita el documento, proviene de Migración Colombia en una nota publicada por el diario Portafolio, no precisa la fecha de publicación y, a pesar de nuestros intentos con una búsqueda avanzada en Google y en la misma página del medio, no la conseguimos.

Consultamos entonces lo que aparece en la propia página de Migración Colombia en su plataforma Visibles, encontrando que, al 1 de junio de 2022, se han entregado un poco más de un millón de Permisos por Protección Temporal (PPT), lo cual coincide con lo que apunta el programa del candidato de que “más de un millón de los casi 1,8 millones de venezolanos que hay en Colombia, ya están regularizados”.

Efectivamente, una de las metas del Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos (EPTV) es regularizar a 1,8 millones de personas venezolanas para agosto de 2022, y así lo anunció el 1 de marzo del año pasado el Gobierno de Iván Duque. Por lo tanto, si ya un millón tiene su documento, ¿qué ha pasado con los otros 800 mil? 

En las estadísticas de Migración aparece que 2.381.537 migrantes tienen su RUMV finalizado (es decir, que ya se inscribieron y completaron todos los pasos requeridos en el proceso), no obstante, de este total el organismo debe hacer una depuración ya que hubo personas que hicieron doble registro o que no eran beneficiarias y se inscribieron, así explicó su director Juan Francisco Espinosa en un Facebook live el 24 de mayo. 

Del total de migrantes con RUMV completado, ya tienen su registro biométrico 1.792.544; si a esta cantidad le restamos las personas con su PPT adjudicado, nos da un total de 792.247 venezolanos, es decir, casi 800 mil, que avanzan en su proceso de regularización. 

De hecho, la cifra anterior se acerca al balance del EPTV que hizo el presidente Duque este 1 de junio de 2022 (1, 2) cuando señaló: “aparte de este millón de tarjetas (entregadas), otros cerca de 800 mil migrantes ya tienen el reconocimiento biométrico y están en el proceso de diligenciamiento del documento”.

Teniendo en cuenta lo anterior, que son las cifras oficiales y actualizadas de las autoridades competentes, no es cierto que 800 mil venezolanos no hayan iniciado su proceso en el RUMV y estén en situación irregular, como dice el candidato Hernández, sino que esos 800 mil (792.247, para ser exactos) ya se inscribieron en el RUMV, completando los pasos requeridos y solo están a la espera de que Migración Colombia termine el proceso y les expida su PPT. 

Sobre las deportaciones 

En una verificación anterior publicada por Colombiacheck acerca de posibles deportaciones a venezolanos sin RUMV después del 28 de mayo de 2022, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, nos aclaró el 24 de mayo que van a evaluar individualmente a quienes no se acojan al Estatuto después de la fecha límite, y a quiénes podrían aplicarles multas o sanciones (incluida la deportación) si permanecen sin regularización, pero no de forma automática ni en todos los casos.

“No todo hermano venezolano que está en Colombia es susceptible del Estatuto. Tenemos herramientas como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para personas que pasan cada cierto tiempo en Colombia para abastecerse de bienes, de servicios, y regresan (a Venezuela). No les va a pasar absolutamente nada. Habrá otros que estén en condición de turismo con los permisos 90 días o 180 días; otros son titulares de visa. Esto es un caso que se revisa de manera individual en donde le damos prioridad a la regularización”, señaló Espinosa a través de un live por Facebook.

También en esa misma transmisión indicó que ya con el solo hecho de que el migrante venezolano comience su proceso del RUMV, sin necesidad de haber asistido aún a su cita biometría, ya tiene “una cobertura de protección”, lo que hace referencia a que no se le aplicarían procedimientos administrativos sancionatorios tal como aparece en el artículo 40 de la Resolución 0971, emitida por la misma institución, y entre los cuales puede estar una deportación. Para más detalles, consulte nuestro chequeo aquí. 

En conclusión, es falso que 800 mil migrantes “no han iniciado el proceso” del RUMV y que estén en situación irregular por lo que “podrán ser deportados”, como asegura el plan de Gobierno del candidato Hernández, sino que esos 800 mil aún no tienen su documento en mano, pero ya tienen su proceso avanzado, ya están en proceso de regularizar su estatus, y por ello, no tiene cabida una medida de deportación.

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

*Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.