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Jueves, 07 Diciembre 2017

Excomandante de Fuerzas Militares, desfasado en impacto de minas antipersonal en Cundinamarca

Por Sania Salazar

Por medio de un trino publicado durante sus últimas semanas como comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, anunció que intervendrán 36 municipios de Cundinamarca contaminados con minas antipersonal donde se han registrado 142 víctimas. Pero parece que se equivocó en las cifras.

 

 

Tras comparar las cifras Colombiacheck calificó la afirmación de Ligera, porque la información publicada por el general es imprecisa, sobre todo, en número de municipios afectados.

Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal-Descontamina Colombia- de la Alta Consejería para el posconflicto, son 61 los municipios de Cundinamarca contaminados con minas antipersonal. Es decir, 25 más de las que mencionó el general Rodríguez. En el número de víctimas de estos artefactos también se desfasó, porque en el trino aseguró que eran 142 y, según los datos oficiales, son 146.

Hay que aclarar que las cifras de Descontamina Colombia son de hechos ocurridos entre 1990 y el 31 de octubre de 2017. El trino del general Rodríguez se publicó el 19 de noviembre, pero no dice a qué periodo de tiempo corresponden las estadísticas.

En la entidad explicaron que ellos administran el sistema de información del Estado en esta materia y que las cifras mencionadas por el general Rodríguez Barragán deberían coincidir con las de ellos.

Indicaron, además, que Cundinamarca no está entre los departamentos más afectados por minas, ocupa el puesto 19 entre 31 contaminados, por lo que allí solo se ha realizado desminado militar. El desminado humanitario está priorizado para las zonas más afectadas, en su orden, Antioquia, Meta y Caquetá.

El impacto de las minas antipersonal en Cundinamarca

Los datos de Descontamina Colombia indican que de las 146 víctimas registradas en Cundinamarca, murieron 33: nueve civiles y 24 miembros de las Fuerza Pública. 113 personas quedaron heridas: 38 civiles y 75 uniformados.

El 97% de las víctimas son hombres y el 3% mujeres.

El cálculo de las áreas contaminadas se basa en el número de accidentes que hayan dejado heridos o muertos o de incidentes con explosivos que hubieran podido dejar víctimas en un departamento. Se estima que unos 592.568 metros cuadrados están contaminados en Cundinamarca.

Desde 1990 hasta el pasado 31 de octubre se registraron en Cundinamarca 573 eventos (la suma de incidentes y accidentes). El municipio con más víctimas es La Palma con siete muertos y 17 heridos. Seguido de Cabrera y La Peña con 10 afectados cada uno; en estos dos últimos casos solo miembros de la Fuerza Pública.

En la oficina de comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares dijeron que la información publicada en el trino la tomaron del Ministerio de Defensa, pues es un tema que ellos desconocen. Consultamos entonces en la oficina de prensa del Mindefensa el pasado 23 de noviembre, pero no hemos obtenido respuesta. Pedimos también, en ambas entidades, hablar con la persona que maneja esa cuenta de Twitter o con el entonces comandante general, pero tampoco obtuvimos respuesta.

Domingo, 04 Junio 2017

Sanciones restaurativas de condenados por JEP deben ser consultadas con las víctimas

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc tiene previsto sanciones restaurativas para quienes aporten verdad, pero las víctimas las deben avalar. Además, si no aportan verdad, los sancionados serán privados de su libertad.

“Está previsto que las personas pueden proponer el componente restaurativo de su sanción, está previsto que las víctimas pueden opinar sobre ese componente restaurativo”, resaltó Catalina Díaz, directora de la Oficina de justicia transicional del Ministerio de Justicia en una entrevista con Claudia Palacios en Canal Capital sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Desde el Acuerdo final y así se prevé en la ley estatutaria, se incluye que para quienes reconocen verdad completa, exhaustiva y detallada ante la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad proceden las sanciones propias, sanciones que tienen un componente restaurativo y reparador y un componente de restricción efectiva de la libertad”, indicó Díaz cuando la consultamos al respecto.

La Sala de reconocimiento de verdad de la que habla Díaz hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La funcionara explicó que ese componente restaurativo puede incluir reconstrucción de infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, contribución a proyectos de interés para la comunidad y desminado, entre otros.

“Los que dicen verdad exhaustiva no van a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad porque son de cinco a ocho años en una vereda, o en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero de donde no se van a poder mover porque van a tener restricción a la libertad de movimiento y de domicilio. Si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”, explicó Juan Carlos Henao, Rector de la Universidad Externado y quien hizo parte del equipo que redactó los acuerdos jurídicos de La Habana, al programa Conversemos de Actualidad, de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y, efectivamente, está incluido en el texto pactado entre Gobierno y Farc. En el punto cinco del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto (página 172) dice:
“Los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán. Las sanciones impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”.

El documento aclara además, que “el proyecto deberá establecer un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su opinión y constatar que no se oponen al mismo”.

Según el Acuerdo, el Tribunal para la Paz tendrá plena autonomía para decidir sobre el proyecto propuesto y para ejecutarlo tendrá que haber sido aprobado por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad

Hay que aclarar, además, que estas sanciones restaurativas cobijan también a miembros de las fuerzas militares y policías, agentes del Estado y civiles sobre los cuales tenga competencia la JEP. Pero que quienes no reconocen verdad y son hallados culpables durante un juicio, van a la cárcel y su pena, que oscilará entre 15 y 20 años, no incluye sanción restaurativa.

“En el marco de un modelo de justicia restaurativa, y así quedó definido el acto legislativo, (que la jurisdicción especial para la paz está enmarcada en un modelo de justicia restaurativa), son muy importantes las necesidades de las víctimas, su voz, porque no se trata de que la justicia venga a la sociedad en el sentido de que conduce la venganza, sino que se trata de que los ofendidos son protagonistas en ese escenario de justicia y por eso la opinión de ellos sobre las sanciones es tan importante”, resaltó Díaz.

Por qué justicia restaurativa

Entre los principales argumentos que tienen los opositores del Acuerdo Final con las Farc está el que asegura que no habrá justicia porque los responsables de delitos no irán a una cárcel, lo cual no es del todo cierto, por lo que ya explicamos.

“La idea de la justicia restaurativa es buscar que se reconstruyan los lazos sociales que se pierden con el delito, cuando un delito ocurre no solamente el perpetrador se pone por encima de la víctima, sino por encima de la sociedad. La crítica de la justicia restaurativa a la justicia tradicional es que esta última se enfoca mucho en el delito y en el delincuente y muy poco en la víctima y el daño, por eso lo que busca la justicia restaurativa es crear escenarios en los cuales las personas que se vieron involucradas en el delito puedan tener un escenario de diálogo en donde, por ejemplo, los ofensores les puedan pedir perdón a las víctimas y se comprometan a su reparación”, explicó Nelson Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

El investigador indicó que el proceso debe partir de dos bases, primero, un reconocimiento genuino de aquellos que cometieron las violaciones y en segundo lugar de un compromiso a la reparación. “Dentro de esa lógica, se establece que sean quienes ofendieron los que presenten propuestas para que puedan ser discutidas con las víctimas y dentro de ese diálogo se puedan generar esos espacios de restauración, pero al final, el que va a imponer la sanción es el juez”, aclaró Sánchez.

El objetivo es que quienes cometieron las ofensas presenten propuestas que sean materialmente atractivas para las víctimas y que estas se sientan reparadas, porque si no hay voluntad de las víctimas, difícilmente va a haber un sentimiento de reparación y que eso se genere en una audiencia, resaltó el investigador.