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Sábado, 18 Noviembre 2017

¿Extranjeros del Comité de Escogencia cercanos a grupos terroristas?

Por David Tarazona

El pasado 8 de noviembre el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, hizo unas declaraciones en la W Radio que cuestionaron la idoneidad de tres de los cinco miembros del Comité de Escogencia, encargados de seleccionar a los integrantes de la Comisión de la Verdad. Colombiacheck las verificó.

“El comité seleccionador estaba conformado por tres extranjeros. Un español muy cercano a la ETA. Un peruano muy cercano a Sendero Luminoso. Un argentino muy cercano a los Montoneros”. Esta fue la frase dicha por el general (r) Jaime Ruiz Barrera, en la W Radio cuando lo entrevistaron sobre las molestias de los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), por la falta de representación de las Fuerzas Armadas en la Comisión de la Verdad, a pesar de la presencia de Carlos Ospina Galvis, un ex oficial del Ejército, por 21 años. En dichas declaraciones, Ruiz Barrera se refería al español Álvaro Gil-Robles, al peruano Diego García-Sayán y al argentino Juan E. Méndez.

Tras un trabajo de contrastación, que incluyó una entrevista al general (r) Ruiz Barrera, la revisión de documentos y las hojas de vida de los extranjeros del Comité de Escogencia, Colombiacheck calificó esas afirmaciones como Engañosas.

¿Por qué? Vamos a demostrarlo caso por caso.

Juan E. Méndez
Juan E. Méndez. Crédito: Comité de Escogencia

Juan E. Méndez

Según dijo el general (r) Ruiz Barrera a Colombiacheck, el jurista argentino Méndez “fue encarcelado por su relación con los Montoneros en un gobierno militar. Durante el tiempo que fue encarcelado fue objeto de muchos vejámenes, torturas”. Para Ruiz Barrera, desde entonces Méndez odia a los militares. Los Montoneros fue un grupo guerrillero argentino que existió en la década de los setenta con una orientación de izquierda peronista.

De acuerdo con nuestra consulta, Méndez es un jurista argentino especialista en derechos humanos. Es el designado para el Comité de Escogencia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), del cual fue presidente entre 2004 y 2009. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ocupó cargos como el de relator especial para las Naciones Unidas, sobre la tortura y el de asesor especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, sobre la prevención del genocidio.

Juan Méndez respondió sobre su supuesta animadversión hacia los militares diciendo que es “totalmente falso”, en entrevista con el periódico El Tiempo, el pasado viernes 10 de noviembre.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera que diera las pruebas de los supuestos vínculos de Méndez con la extinta guerrilla argentina, éste dijo: “pregúntele por qué estuvo preso, no fue por otra cosa distinta que su relación con los Montoneros”. De acuerdo con los datos recabados de su biografía como profesor en la Universidad Americana, Méndez fue a la cárcel en la dictadura argentina por defender presos políticos, no por ser miembro de los Montoneros. Por esto, Colombiacheck calificó la afirmación “Méndez es cercano a los Montoneros”, del general (r) Ruiz Barrera, como Engañosa, ya que no existen pruebas que lo vinculen a este grupo.

Diego García-Sayán
Diego García-Sayán. Crédito: Comité de Escogencia

Diego García-Sayán

Sobre el abogado peruano, el general (r) Ruiz Barrera dijo en la W Radio que “no debieron postular a un señor de Sendero Luminoso”, en referencia a sus supuestos vínculos con la guerrilla peruana. También dijo que García-Sayán: “fue ministro de Justicia y en su condición promovió una serie de resoluciones absolutorias a miembros de Sendero Luminoso”.

Colombiacheck consultó la hoja de vida y supo que García-Sayán fue designado por el secretario general de Naciones Unidas para el Comité de Escogencia.

García-Sayán fue relator especial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados. También, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tiene experiencia en procesos de paz como el de El Salvador, en el que fue director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de Naciones Unidas. Durante ocho meses, entre 2000 y 2001, fue Ministro de Justicia de Perú, cargo que dejó para ser Ministro de Relaciones Exteriores, desde julio de 2001 y hasta julio de 2002.

Cuando le preguntamos al general (r) Ruiz Barrera de dónde sacó la información contra el abogado peruano, dijo que las pruebas están en un artículo llamado “Las perlitas de Diego García-Sayán” publicado en el periódico de Acore, el 3 de febrero de 2017. La principal acusación de esta pieza periodística dice que García-Sayán indultó de 31 a 36 “sentenciados por terrorismo”, durante su periodo como Ministro de Justicia.

Colombiacheck encontró que el párrafo incluido en el periódico es idéntico a uno de un blog con el nombre de voltairenet.org, llamado “El Poder Judicial y las ONG neomarxistas en el Perú”, publicado por Jorge Serrano Torres, el 1 de noviembre de 2006.

Cuando le insistimos al general (r) Ruiz Barrera por las pruebas, éste dijo que si las acusaciones no fueran ciertas ya lo hubieran demandado. “Si lo que aparece ahí (en el periódico de Acore) no es cierto, me rectifico”, agregó.

Aunque el presidente de Perú Pedro Pablo Kuscinsky acusó al jurista peruano, en 2012, de estar “muy a favor de liberar gente que había sido condenada por terrorismo”, no existen sentencias ni documentos oficiales que cuestionen las actuaciones de García-Sayán. En entrevista con el diario La República de Perú, en noviembre de 2007, García-Sayán respondió a esas denuncias: “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales[...] acreditó que actué en sujeción a las disposiciones legales y administrativas vigentes”. Aunque sí hubo indultos a inocentes y conmutación de penas, García-Sayán dijo que se dieron “a cambio de información”.

Contrario a lo que dice el general (r) Ruiz Barrera, el peruano García-Sayán ha sido crítico frente a las violaciones de derechos humanos por parte de Sendero Luminoso, incluso se ha referido al grupo con el término de “terrorista”. También su compañero en el Comité, el jurista argentino Juan E. Méndez, desmintió las acusaciones en entrevista con El Tiempo: “Del doctor García-Sayán, Acore dijo que había liberado senderistas (integrantes de Sendero Luminoso), y eso es falso”.

Tras contrastar lo dicho por el general (r) Ruiz Barrera sobre el peruano García-Sayán, Colombiacheck también calificó de Engañoso sostener que García-Sayán es cercano a Sendero Luminoso.

Álvaro Gil-Robles
Álvaro Gil-Robles. Crédito: Comité de Escogencia

Álvaro Gil-Robles

Sobre la participación del español Gil-Robles en el Comité de Escogencia, el general (r) Ruiz Barrera puntualizó en la W Radio: “No debieron escoger a alguien con relación con la ETA”. En referencia a lo anterior, Ruiz Barrera le dijo a Colombiacheck que Gil-Robles “trató de crear unos tribunales especiales para juzgar a la Guardia Nacional en acciones que se dieron contra miembros de la ETA. Quería sacarlos de la jurisdicción ordinaria y procesarlos en una especial [pero] el Estado español no lo permitió”.

Como la acusación sobre Gil-Robles ha circulado desde febrero de 2017 en páginas web, éste respondió el 5 de julio del 2017, en una entrevista para El Espectador: “A mí me hubiera gustado que ETA supiera eso antes [que supuestamente era miembro], porque me han hecho vivir con escolta muchísimos años para que no me mataran”.

De hecho, en su trabajo en la Comisión para el Reconocimiento de las Víctimas de Violencia Policial en el País Vasco, Gil-Robles encontró que ETA era uno de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. En 2005, como comisario de los Derechos Humanos, reiteró su posición: la “acción de ETA constituye una interferencia directa en el disfrute de los más fundamentales Derechos Humanos”.

Entre 1988 y 1993 Gil-Robles se desempeñó como defensor del pueblo en España. Es un especialista en derechos humanos y cuenta con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, donde además ha sido profesor. Fue elegido en 1999 como comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. La designación del abogado español para que hiciera parte del Comité de Escogencia en Colombia fue hecha por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos.

El jurista argentino Juan E. Méndez también defiende al abogado español. “Del doctor Gil-Robles (Acore) dijo que había liberado gente de la ETA, también (es) falso”, dijo a El Tiempo.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera sobre los fundamentos de sus frases, dijo: “dejemos así entonces”.

En definitiva, Colombiacheck tampoco encontró pruebas que demuestren una relación de Gil-Robles con ETA, por lo que calificó dicha declaración del general (r) Ruiz Barrera como Engañosa.

Vale recordar que tanto ETA, como Sendero Luminoso –más allá de ciertos sectores disidentes– y los Montoneros son grupos extintos sin acciones de guerra en la actualidad.

¿De dónde sale el Comité de Escogencia?

El acuerdo de paz del Teatro Colón creó el Comité de Escogencia, encargado de seleccionar a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los miembros de la Comisión de la Verdad. Según el acuerdo de paz y el decreto 587 de abril 5 del 2017, los miembros del Comité de Escogencia son independientes, escogidos por Naciones Unidas, la Corte Suprema, entre otros. Precisamente, uno de los criterios fue que los elegidos debían generar confianza.

La Comisión de la Verdad –un ente sin poder judicial que busca rescatar la memoria del conflicto– junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son los tres ejes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creados en el Acuerdo de paz.

Las críticas a la elección de los once miembros de la Comisión de la Verdad no se hicieron esperar, tanto así que Acore anunció a Colombiacheck la creación de su propia comisión de la verdad para escribir la memoria de la guerra sin “rendir cuentas ante el enemigo”, que sería conformada por los nueve miembros postulados por esta asociación ante el Comité de Escogencia, que no fueron seleccionados. Su meta será controvertir los informes de la Comisión de la Verdad y, según el general (r) Ruiz Barrera, será financiada con recursos propios.

En un clima de acusaciones, tanto a los miembros de la Comisión como al Comité de Escogencia, Colombiacheck le preguntó al general (r) Ruiz Barrera si había contemplado la idea de que sus declaraciones llegaran a poner en riesgo la integridad de los miembros del Comité de Escogencia. “No, están más que protegidos. Los protege la misma extrema izquierda de este país”, respondió.

Para Colombiacheck este ejercicio de verificación también indicó que la experticia en derechos humanos, por parte de los extranjeros del Comité de Escogencia, no se convierte per se en una prueba de cercanía a grupos armados o terroristas como lo fueron Sendero Luminoso, los Montoneros y ETA. No hay que perder de vista que, de acuerdo con la presunción de inocencia en la legislación colombiana, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Miércoles, 14 Junio 2017

Rafael Nieto, enredado al hablar de la financiación del partido de las Farc

Por Paula Vásquez

Bastante imprecisas resultaron las afirmaciones lanzadas por el precandidato presidencial del Centro Democrático cuando aseveró que las Farc tendrán ventaja sobre los demás partidos políticos del país en las elecciones de 2018.

Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro de Justicia de Álvaro Uribe y ahora está en la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, aprovechó su participación en la celebración del cumpleaños de Cartagena para hablar sobre la financiación del partido político que surja luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc.

 

 

Colombiacheck habló con Nieto, quien argumentó su trino diciendo que, “lo que dice el Acuerdo es que las Farc van a recibir financiación estatal sin haber sacado un solo voto, el promedio de lo que reciben todos los partidos políticos más un 5% adicional para su centro de pensamiento, y más un 5% adicional para la difusión de sus ideas, eso te da un 10% más. Es decir, reciben "el promedio" más un 10% adicional. De manera que las Farc van a recibir más financiación estatal que cualquiera de los partidos políticos hoy y más que varios de ellos juntos”.

La frase de Nieto tiene dos afirmaciones, la primera, que “las Farc harán política con la financiación privilegiada del Estado” y la segunda, que “las Farc harán política con dineros ilícitos”.

Luego de revisar el Acuerdo Final y de consultar varias fuentes expertas en el tema, calificamos de engañosas las afirmaciones de NIeto porque omite detalles necesarios para entender el tema y porque se aventura a pronosticar hechos que no hay cómo determinar que pasarán o no.

El primer paso en la ruta de este chequeo fue revisar el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc, donde quedó pactado que: “con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política (3.2.2.2), así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”.

El Acuerdo no habla de los porcentajes a los que se refirió Nieto al explicar la fuente en la que basó su afirmación inicial.

Además, el Acuerdo aclara que esta medida obedece al objetivo de facilitar el tránsito de esa guerrilla a la actividad política legal y que lo que recibirá este grupo es “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final”. En el documento se resalta también que el uso de esos recursos será acorde con las reglas que aplican a los partidos y movimientos políticos en Colombia.

Colombiacheck consultó a Álvaro Campos, del Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, quien aclaró que el 7% del presupuesto que se entregará a las Farc sale del presupuesto general para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y que el resto de los partidos se seguirán rigiendo por la Ley 1475 del 2011, la cual señala que dependiendo de la cantidad de congresistas y senadores que logre cada partido, se le asignará una cantidad de dinero.

Elisabeth Ungar, hasta hace poco directora de Transparencia por Colombia y quien ahora estará al frente de la Misión Electoral Especial pactada en la mesa de la Habana, explicó que si bien esa financiación inicial para las Farc sí puede ser mayor, va a ser por solo dos periodos.

“Ellos nunca han hecho política, ese es el argumento que se está utilizando, numéricamente sí es mayor, pero ahí la discusión es el costo que tiene hacer el tránsito de la política con armas a la política electoral”, precisó Ungar, quien recordó que los partidos políticos también reciben unos montos importantes para su funcionamiento y que en la propuesta de reforma política que está estudiando el Congreso todos los partidos recibirán más financiación.

“El costo para el país de una guerrilla de 7.000 hombres en armas, lo que eso genera en muertos, en heridos, en destrucción física, en pérdida de legitimidad de las instituciones, porque esto no es cuantificable en términos de recursos, es infinitamente menor a lo que equivale ese 7%”, agregó Ungar.

Sobre la afirmación de Nieto que indica que las Farc harán política con dineros adquiridos ilícitamente Ungar recordó que ese debate lo inició el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por el decreto 903 que expidió el Gobierno. “El fiscal dice que eso va a suceder, el Gobierno insiste en que no va a ser así, es decir, que la guerrilla va a entregar todos los bienes y no va a hacer política con esos recursos, es una especulación decir que eso va a suceder, no es lo que está previsto en los acuerdos no en la normatividad”, concluyó.

El Presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Alexánder Vega, dijo que en el caso de que las Farc se queden con dineros obtenidos de manera ilegal tendrán que responder ante las autoridades. “Una vez se legalicen, las Farc no podrán quedarse con ningún bien de origen ilícito para financiar su partido, porque tendrán las mismas obligaciones de los partidos legales y por lo tanto serán sometidos a sanciones si se les comprueba que han tenido ingresos ilegales”, aseguró.

Anunció que la entidad ya tiene el presupuesto para la financiación del partido político que conformen las Farc, cuando se desmovilicen. $1.866 millones para funcionamiento y $1.698 millones para financiar el Centro de Pensamiento.

Otras imprecisiones de Nieto

Al preguntarle al precandidato presidencial en qué fuente basó su afirmación, Nieto justificó su frase en otro par de argumentos que no son del todo ciertos: Uno de ellos, es que a la fuente directa del Estado se suma la posibilidad de participar activamente en la definición de los presupuestos y las obras que se ejecutarán en los programas especiales de desarrollo territorial y que además hay un conjunto de “incentivos perversos” en el Acuerdo: “como que los amnistiados puedan esconder bienes y que no habrá sanciones para quienes oculten esos dineros o bienes ilícitos”.

Nieto se refiere a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que se pactaron entre Gobierno y Farc y que según el documento, serán el mecanismo de ejecución de los planes nacionales que se derivan del Acuerdo en las zonas priorizadas. En resumen, serán los planes que desarrollen obras de infraestructura en el campo para mejorar las condiciones de vida en zonas alejadas del país, a través de la construcción de obras como acueductos, alcantarillados, vías e infraestructura.

El Acuerdo especifica que los Pdet tendrán una participación activa de las comunidades, en conjunto con las entidades territoriales para lograr la integración de regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. Estos programas serán elegidos bajo los criterios de niveles de pobreza, grado afectación del conflicto, presencia de cultivos ilícitos y debilidad administrativa, entre otros criterios.

Colombiacheck no encontró ninguna fuente que apoyara la afirmación de Nieto, pues como explicamos, la elección de los lugares donde se van a realizar los Pdet tienen ciertas características, sin embargo, lo que sí explica el Acuerdo es que el seguimiento y evaluación de estos planes hará parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), que está compuesta por tres integrantes del Gobierno y tres integrantes de las Farc.