La exalcaldesa de Policarpa, Nariño, Claudia Cabrera, denunció hace unos días en su perfil de Facebook que Iván Duque incumplió un compromiso que adquirió en un Taller construyendo país realizado en Pasto en mayo de 2019 de hacer un consejo de seguridad en Nariño. La exmandataria sacó a relucir el tema debido a las masacres registradas en Samaniego y Tumaco recientemente. 

Colombiacheck califica la afirmación de Cabrera como falsa, pues encontramos pruebas de que el consejo de seguridad prometido por el gobierno nacional se realizó, aunque no invitaron a Cabrera.

En el equipo de prensa de Presidencia de la República le dijeron a Colombiacheck que cumplieron con ese compromiso el 16 de octubre de 2019 en el municipio de Cachagüí.

Encontramos una nota de Radio Ipiales fechada el 18 de octubre de 2019 en la que se informa sobre la realización de ese consejo de seguridad en la que el secretario de Gobierno, Mario Viteri Palacios, dijo que: “después del compromiso asumido por el señor Presidente en su visita a Pasto, se realiza este consejo de seguridad. Habíamos expuesto desde el Gobierno Departamental la necesidad de hacer una intervención y una evaluación de lo que viene sucediendo en el municipio de Samaniego y la Cordillera, y hoy recibimos con muy buena intensión (sic) la noticia del ministro sobre la presencia de la fuerza pública en esas zonas, donde se adelantarán operativos para contrarrestar y garantizar el orden público”.

La exalcaldesa de Policarpa dijo que a ella no la invitaron a ese consejo de seguridad y explicó que, en representación de los alcaldes de la zona, pidió la realización de uno presidido por el presidente de la República porque los municipios de La Cordillera tenían problemas de seguridad, grupos armados al margen de la ley, homicidios, masacres, e incluso desmembramiento de personas. Indicó que tampoco invitaron a los mandatarios de los demás municipios de la zona en mención.

Carlos Chaves Pay, funcionario de la Secretaría de Gobierno de Nariño, le aseguró a Colombiacheck que cabe la posibilidad de que la entonces alcaldesa no hubiera sido invitada a ese consejo de seguridad, pero resaltó que eso no quiere decir que se dejara de evaluar la situación de orden público del departamento y de las zonas más complejas, incluida La Cordillera. Agregó que para evaluar la situación de seguridad de esa zona no era completamente necesario que estuviera Cabrera, pues la situación está suficientemente descrita en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y la secretaría de Gobierno del departamento recibe información de las fuerzas militares, así como de la comunidad, de líderes de la misma y de los personeros.

Pero no es la primera vez que Cabrera se queja por falta de atención del gobierno central por los problemas de seguridad de la región de La Cordillera. Una nota de Verdad Abierta de diciembre de 2018 recoge una queja de los alcaldes de esa zona debido a que en una reunión de la instancia nacional de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) los funcionarios de orden nacional de las entidades que deben participar en esa comisión delegaron a funcionarios de las instancias departamental y local sin capacidad de decisión para afrontar la situación de esos municipios, por lo que los alcaldes se levantaron de la mesa.

Los mandatarios publicaron un comunicado en el que manifestaron que sucesos como ese “ratifican el desinterés nacional frente la superación de la situación actual y condenan a la población humilde del departamento a pasar de agache frente a las injusticias cometidas por los actores ilegales y el Estado mismo”, documento firmado por los alcaldes de la zona, entre ellos Cabrera.

La Cordillera es una zona integrada por los municipios de Policarpa, Leiva, Cumbitara, El Rosario y Taminango, en donde el conflicto se recrudeció en los últimos años, como lo han denunciado varias autoridades y organizaciones. En el informe Inseguridad, violencia y economías ilegales en las fronteras, los desafíos del nuevo gobierno, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, recordó que “desde 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido seis Informes de Alerta Temprana sobre la situación de violencia y vulnerabilidad de las comunidades en Nariño, principalmente en los municipios de Tumaco, Policarpa, Magüi Payán, Cumbitara y Roberto Payán” y advirtió, entre otras cosas, sobre el riesgo del aumento significativo de los homicidios.

Según el mismo informe, en Nariño delinquen disidencias de las Farc, el ELN, bandas delincuenciales y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y específicamente en la zona costera y en las zonas más altas de La Cordillera se registraban enfrentamientos del ELN y el FOS (Frente Oliver Sinisterra).

El informe señala también que en ese departamento hay narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y tráfico de personas.

La alerta temprana número 082-18, (noviembre de 2018) de la Defensoría del Pueblo, recuerda que la zona de Cordillera “ha sido empleada, durante décadas, como corredor estratégico para el dominio territorial, de economías ilícitas y control social por diferentes grupos armados ilegales, que desde la década de los 80’s se han desplegado a lo largo del río Patía y el sector montañoso de su cuenca”.

Esa alerta temprana señala que desde la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc esa zona se encuentra vulnerable al despliegue de grupos armados ilegales como el ELN, grupos posdesmovilización paramilitar y grupos constituidos por disidentes al proceso de paz. “El recrudecimiento de la violencia armada, pese a lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto radica, entre otros aspectos, en las deficiencias durante la implementación del acuerdo en materia de infraestructura, seguridad y adecuaciones locativas del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR- Aldemar Galán, anteriormente ubicado en la finca la Paloma, corregimiento de Madrigal, municipio de Policarpa”.

Preveía esa alerta temprana un incremento de las acciones violentas en contra de la población civil, “de acuerdo con lo que previamente ha advertido el SAT (Sistema de Alertas Tempranas) en Informes de Riesgo y Alertas Tempranas para este territorio, en especial, contra la población campesina y afrodescendiente de las zonas rurales, por lo que se espera la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados de quienes se opongan a la presencia y control de los grupos armados, combates o enfrentamientos con interposición de la población civil, el uso de métodos y medios para generar terror en la población civil representados en la aparición de panfletos o mediante la ejecución de crímenes ejemplarizantes, igualmente presiones, amenazas y extorsiones, reclutamientos y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”.