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Viernes, 29 Noviembre 2019

‘Holding’ financiero sí existe, pero es menos privatizador de lo que parece

Por José Felipe Sarmiento

Duque sí firmó el decreto 2111 que circula por redes, que tiene que ver con uno de los puntos del paro nacional, pero es inexacto decir que “abre la puerta para privatizar 16 empresas públicas”.

Por redes sociales circulan imágenes de un decreto firmado por el presidente, Iván Duque, el pasado 24 de noviembre en el que se crea un conglomerado financiero estatal para agrupar las empresas del sector en las que participa la Nación, una medida cuestionada por los convocantes del paro nacional y que, según estas publicaciones, “abre la puerta para privatizar al menos 16 empresas públicas”.

Captura de pantalla de publicación en Facebook sobre el 'holding' financiero

Colombiacheck encontró que el mensaje es “verdadero pero…” porque sí existe la nueva norma, decretada en el cuarto día consecutivo de protestas contra el gobierno. No obstante, su contenido tiene menos impacto “privatizador” de lo que parece, porque muchas de las entidades que agruparía esta nueva ‘sombrilla’ empresarial ya están establecidas como sociedades por acciones, incluso con participación de privados.

Origen y motivos

El decreto es el 2111 de 2019, firmado por Duque, su ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Antonio Grillo, el pasado 24 de noviembre. Pero su base jurídica es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo de Duque que le da facultades para “crear una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional responsable de la gestión del servicio financiero público”.

El objetivo, según esta ley, debe ser una “mayor eficiencia”. Según las consideraciones de la nueva norma, esto se refiere a la “colaboración y coordinación en el funcionamiento de las empresas del Estado que prestan servicios en el sector financiero”. Aunque no cita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este organismo internacional sí le ha hecho recomendaciones en este sentido a Colombia.

Por ejemplo, en un informe de 2015 sobre políticas prioritarias para el desarrollo del país, el ente multilateral advertía que “el actual sistema de propiedad fragmentada conduce a una descoordinación y no aprovecha bien las sinergias existentes”. Además, sugería disminuir la participación de integrantes políticos (como los ministros) en las juntas directivas de las compañías estatales.

Pero ni la OCDE ni el decreto habla de privatizar. El el mismo documento, la primera afirma que la proporción del valor de las empresas del Estado frente al producto interno bruto es cercana al promedio de los países miembros. El segundo señala que las 18 que pertenecen al sector financiero valen 15,4 billones de pesos, en los que la Nación es dueña de 14,9 billones (96,7 por ciento), y presenta a la nueva sociedad, el Grupo Bicentenario, como uno de los grupos financieros más grandes de Colombia para competir con los privados.

El decreto

En ese orden de ideas, lo que hace el decreto es crear el Grupo Bicentenario como “una sociedad de economía mixta de régimen especial, regida por el derecho privado”. Esto quiere decir que funcionará como una empresa privada y estará constituida por acciones, pero el texto aclara que todas quedarán a nombre del Ministerio de Hacienda, al que está adscrita, y que no se podrá vender total ni parcialmente sin autorización del Congreso.

Su objetivo será actuar como casa matriz de las instituciones financieras de la Nación en los términos del Código de Comercio, o sea como una compañía más grande que las controlará a todas de forma coordinada. Este control puede ser directo (como filiales) o indirecto (como subsidiarias). La segunda posibilidad es una de las críticas de los convocantes del paro, pero no es seguro si será así o en qué casos.

Otra de las críticas de los convocantes a las protestas es que esto podría generar una masacre laboral. No obstante, el parágrafo del Artículo 8 prohíbe que esa medida se traduzca en recortes de personal o afecte las condiciones laborales en las empresas cobijadas por ella.

Por otro lado, Colpensiones y Nueva EPS quedaron excluidas de este ‘holding’ estatal de manera explícita.

Finalmente, la norma establece que “todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de la sociedad Grupo Bicentenario se regirán por las reglas del derecho privado”. Pero esto esto no es nuevo para muchas de las entidades que podrían entrar en el conglomerado, como tampoco lo es, en algunos casos, la participación de socios privados.

Puertas abiertas

Un debate reciente en torno al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es ilustrativo de lo que los convocantes del paro llaman “abrir la puerta a la privatización”.

Consultado por el diario Portafolio en agosto pasado, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, hizo ese mismo pronóstico sobre esa entidad, que hoy es legalmente una empresa comercial del Estado de carácter financiero. Lo dijo porque en el Congreso se propuso convertirla en una sociedad mixta, a través de la introducción de un nuevo artículo en un proyecto de ley del gobierno (fue aprobado en primer debate y la ponencia para segundo propone eliminarlo).

El dirigente sindical criticaba entonces que, con ese cambio de denominación, el FNA quedaría “bajo la figura del sector privado en términos comerciales e inclusive, en ese mismo criterio, podría llegar a ser absorbido por entidades del sector financiero que le comprarían las acciones”. Pero, por ley, tanto las empresas comerciales e industriales del Estado como las mixtas se rigen por el derecho privado y su capital se puede representar en acciones.

“Habría que revisar cada caso para ver si hay excepciones”, le explicó a Colombiacheck el abogado comercialista Gustavo Piedrahíta, subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si las hay, el FNA no es una de ellas.

Otras entidades que cumplen con pertenecer al Gobierno Nacional y ser vigiladas por la Superintendencia Financiera, los principales requisitos para poder ser cobijadas por el nuevo grupo empresarial, también se rigen hoy en día por el derecho privado. Por ejemplo:

  • El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
  • El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex).
  • La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).
  • El Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario (Finagro).
  • La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
  • El Fondo Nacional de Garantías (FNG).
  • La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (EnTerritorio, antes Fonade).
  • El Banco Agrario.

Además, algunas de ellas incluso ya tienen accionistas privados. En el caso de Finagro, Davivienda posee el 12,67 por ciento y BBVA, el 9,09 por ciento de la empresa. En cuanto a la FDN, el banco japonés SMBC y la Corporación Financiera Internacional (IFC) son dueños de 8,9 por ciento cada uno, mientras la Banca de Desarrollo de América Latina (CAF) controla otro 8,7 por ciento.

En otros casos, la participación privada es más pequeña pero también existe. Una acción del Banco Agrario (que también es dueño de 12,9 por ciento de Finagro) le pertenece a la Bolsa Mercantil de Colombia, donde la Nación tiene apenas 11,8 por ciento de la sociedad, y otra es de Corabastos (que también es accionista de la anterior), en la que el Ministerio de Agricultura también es dueño de un porcentaje minoritario.

Es decir que Finagro, la FDN y el Banco Agrario son empresas mixtas y tienen algún grado de participación privada. Mejor dicho, la puerta de la privatización ya está abierta y se usó hace rato, solo que la Nación conserva la mayor parte de esas sociedades. El solo decreto no crea esa opción.

Se podría sumar Bancóldex, que a su vez tiene 25,7 por ciento del FNG, porque el 0,2 por ciento de sus acciones es de “otros” diferentes a los ministerios de Hacienda y Comercio. Estos dos se reparten el resto.

En todo caso, Bancóldex y el FNG también estaban constituidos como empresas mixtas antes de la creación del Grupo Bicentenario. Lo mismo que Findeter, dueño del 6,7 por ciento del segundo.

Este último también es interesante porque, a pesar de tener esa misma naturaleza, no se ha privatizado. En este caso, el 7,5 por ciento de las acciones que no son de la Nación les pertenecen a los departamentos (en el caso de Norte de Santander, a través de su Instituto Financiero para el Desarrollo, Infinorte). De modo que la puerta no siempre tiene el mismo destino.

Entonces, por más que el decreto exista, las publicaciones en redes que lo presentan como una puerta a la privatización tienen la inexactitud de que esta no es nueva en algunas de las 16 empresas señaladas porque muchas ya están en regímenes que, en teoría, permiten esa posibilidad en algún momento. La nueva norma, en cambio, no modifica esto de forma directa y desvirtúa otra de las críticas de los convocantes al paro (la masacre laboral), aunque deja abierta la posibilidad de otra (la de perder el control directo de las empresas, en el sentido de que se podrían convertir en subsidiarias del grupo).

Lunes, 06 Agosto 2018

Chequeo al balance final de Juan Manuel Santos

Por Colombiacheck

La semana pasada, los periódicos El Tiempo de Bogotá y El País de Cali publicaron entrevistas con el presidente saliente Juan Manuel Santos, en las que el mandatario hizo un balance de sus ocho años de gobierno. En Colombiacheck investigamos y chequeamos buena parte de sus afirmaciones en ambas entrevistas para ver qué partes de su balance fueron verdaderas, falsas, ligeras o aproximadas.

De las 36 afirmaciones de Santos que revisamos entre las dos entrevistas (El Tiempo y El País), encontramos que 19 eran verdaderas, cinco eran falsas, siete eran aproximadas (pues hacen falta datos para comprobarlas por completo) y cinco eran ligeras (pues son técnicamente verdad, pero tienen algún pero).

Abajo copiamos el extracto de la entrevista de Santos con Yamid Amat en El Tiempo en el que encontramos que había varias afirmaciones chequeables. Haga click en las frases subrayadas para visualizar nuestros chequeos.

Varios de los integrantes del nuevo gobierno han dicho que el suyo fue un gobierno corrupto y derrochón. ¿Qué opina?

¡De qué no me han acusado! Lo último es que estoy confabulado con James Bond, la reina Isabel y la Corte Suprema en un complot. ¡Hágame el favor! Sobre lo de gobierno derrochón y corrupto, mire:el gasto público hoy es inferior al del 2009 como porcentaje del PIB, y no hay un solo alto funcionario condenado por corrupción. En mi gobierno, el combate a la corrupción ha sido frontal.

¿Cuál considera que fue su mayor triunfo?

Sin duda, la paz con las Farc. Pero también me siento muy orgulloso de haber contribuido a reducir la pobreza y las desigualdades como nunca antes; de haber mejorado sustancialmente el acceso y la calidad de la educación al ponerla como prioridad presupuestal. Y la verdadera revolución en infraestructura que logramos... Pero lo importante, que es lo que busca todo gobernante, es que logré dejar un mejor país que el que encontré.

¿A qué se refiere concretamente?

Yo recibí un país en guerra; con asaltos, masacres y secuestros; recibí un país convulsionado por la acción de las Farc como guerrilla; encontré un país con alto déficit fiscal, desempleo en dos dígitos, sin grado de inversión que nos encarecía la deuda, con los principales tratados de libre comercio bloqueados. Aislado internacionalmente y con una desigualdad similar a la de Haití o Mozambique.

Entrego un país con la economía, las inversiones, la confianza y todos los indicadores fundamentales creciendo, en terreno positivo y en franca recuperación. El país de América Latina que más ha reducido la pobreza y las desigualdades.

Por otra parte, los llamados tres huevitos que le encomendó el expresidente Uribe: confianza inversionista, seguridad y cohesión social, ¿en qué estado los entrega?

Esos tres huevitos se convirtieron en gallos de pelea. ¿La confianza inversionista?Duplicamos la inversión extranjera directa y tenemos la tasa de inversión más alta de nuestra historia, 27 por ciento del PIB el año pasado. Es la más alta de América Latina. ¿La seguridad democrática?

No solo acabamos el conflicto más largo y doloroso de nuestra historia, sino que la tasa de homicidios fue el año pasado la más baja en más de 40 años. El Hospital Militar está prácticamente vacío; hemos limpiado de minas antipersona más de 264 municipios. La extorsión y el secuestro están en los niveles más bajos en décadas.

¿La cohesión social?

Redujimos la pobreza como nunca antes. 5,4 millones de personas salieron de la pobreza en estos ocho años. La salud la convertimos en un derecho fundamental, con cobertura universal con los mismos tratamientos para todos. Decretamos la gratuidad de la educación pública del grado 0 al 11 y le dimos, por primera vez en la historia, el primer lugar a la educación en el presupuesto nacional.

Se crearon 3,5 millones de nuevos empleos, la mayoría formales, con lo cual por primera vez hay más empleo formal que informal. Todas esas políticas se tradujeron en que ahora hay menos desigualdad entre los colombianos que hace ocho años. Según la Cepal, fuimos tambiénel país de América Latina que más redujo la desigualdad.

 

Y más abajo copiamos un extracto de la entrevista que hizo Santos con la redacción de El País. De nuevo, haga click en las frases subrayadas para visualizar nuestros chequeos. (Algunas de estas afirmaciones ya quedaron chequeadas en la entrevista con El Tiempo y no las repetimos aquí).

Los hechos están ahí. Entrego un país sin las Farc. Miles de vidas se han salvado gracias al acuerdo de paz. Sacamos a 5,4 millones de colombianos de la pobreza y redujimos la pobreza extrema a la mitad.

Fuimos el país de América Latina que más redujo las desigualdades.

Convertimos la educación en la prioridad y construimos más de 30.000 aulas en todo el país, hicimos de la salud un derecho y alcanzamos la cobertura universal.

Prometí 100.000 viviendas gratis y entregamos 273.000. En total, 1.750.000 casas se construyeron en estos ocho años.

Todo el país está en obra gracias a la revolución de la infraestructura: 1400 kms. de dobles calzadas, el doble de lo que se había construido en toda la historia de Colombia. Dejamos 56 aeropuertos renovados y modernizados. Entrego una economía mucho más sólida, diversificada y competitiva. Creamos 3,5 millones de empleos, de los cuales 70% son formales.