El pasado 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció que “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, los primeros seis años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

A raíz de este hecho, el expresidente concedió una serie de entrevistas para tratar el tema, en algunas de las cuáles los periodistas le preguntaron sobre la Directiva Ministerial Permanente 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, llamada directiva Ospina, firmada el 17 de noviembre por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina. 

Esta orientación, que reglamentó el pago de recompensas en dinero o en especie a personas “indeterminadas” por información que condujera a capturas y abatimientos en combate de guerrilleros o cabecillas del narcotráfico (además de la ubicación de material de guerra, intendencia y comunicaciones), era secreta. Fue revelada en octubre de 2008 por el periodista Félix de Bedout luego del escándalo de los jóvenes de Soacha.

La directiva es considerada por muchas organizaciones como una de las razones por las que se incrementaron los casos de ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Uribe. Según el comunicado de la JEP, entre 2002 y 2008 se presentó el “78% del total de la victimización histórica”. 

Volviendo a las declaraciones de Uribe, durante la entrevista que el ex senador tuvo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el pasado 19 de febrero, la periodista Mabel Lara le preguntó sobre este tema: 

“Usted ha dicho que no dio una orden militar. Pero lo que sabemos es que en su gobierno el ministro de Defensa, Camilo Ospina, firmó la directriz 29 de 2005, donde sí creó incentivos que se denominaron perversos para dar recompensas por información o bajas directamente y que sería uno de los pilares de la Seguridad Democrática. Esa es una de las razones que dice la JEP, y muchos de sus detractores, que justificarían esos falsos positivos. ¿Qué dice usted puntualmente?”.

Uribe contestó: “Puntualmente, lo siguiente: eso nunca se aplicó. (...) Esos incentivos del doctor Camilo Ospina, eso se derogó, nunca se dejaron aplicar”.

Pero en Colombiacheck calificamos como falsa su respuesta porque encontramos varias evidencias públicas de que el gobierno sí pagó incentivos por información que condujo a capturas y a bajas, algunas de las cuales se demostró posteriormente que se trataron de falsos positivos. 

El 21 de febrero le enviamos un cuestionario a Laura Medina, jefe de prensa del exsenador Uribe, para solicitarle información que sustentara la afirmación sobre los incentivos y para otro chequeo sobre una trino del Centro Democrático que anunciaba la “verdad sobre los falsos positivos”.

Nos contestó que las respuestas a nuestras preguntas estaban en un hilo de Twitter de la cuenta de Centro Democrático, en el comunicado publicado por Uribe después del anuncio de la JEP y dos comunicados (1 y 2) emitidos por el partido sobre el tema. Pero al revisar el material, no encontramos respuestas directas a las preguntas.

En los comunicados del Centro Democrático hay dos referencias a la directiva, que no presentaban ninguna prueba ni fuente que sustentara lo que le dijo Uribe a Caracol Radio. 

Por ejemplo, en el que se publicó el 21 de febrero, dice: 

“Se reitera, la Directiva 029 de 2005 expedida por el Ministerio de Defensa para definir los criterios de pago de recompensa tuvo como destinatario a los particulares, no a los miembros de las Fuerza Pública como equivocadamente afirma Vivanco [José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch] quien asume que el término “personas indeterminadas” incluía personal militar. Falso. Nunca se ha pagado recompensas a miembros de la Fuerza Pública”. 

Aquí, las evidencias de que los incentivos sí se aplicaron. 

1) La recompensa de Alzate

El narcotraficante y miembro del Cartel del Norte del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, perdió gran parte de su fortuna debido a la información proporcionada a la Dijin de la Policía por José Orlando Alzate Alzate, un exmilitar que lo conoció en la cárcel e hizo parte de su organización. 

Según escribió El País de Cali, en 2008, “la información que entregó Alzate llevó a las autoridades a encontrar US$81 millones y 309 lingotes de oro, escondidos en caletas en seis viviendas de Cali” y permitió desmantelar una red clandestina de testaferros. 

Sobre este caso, el Tribunal Superior de Bogotá explicó en una providencia de septiembre de 2009 que Alzate recibió uno de los incentivos de la directiva Ospina. Así lo explicó en el texto el magistrado ponente Jorge Enrique Ortíz Gómez: 

“Es claro que JOSÉ ORLANDO ALZATE ALZATE, con la información que dio a la policía para el hallazgo y desmantelamiento de las caletas, así como para la captura de 18 personas, hizo méritos para el reconocimiento de la recompensa establecida por la Directiva Ministerial 029 [de 2005], según lo reconoció el Comité Central de la Policía Nacional en el Acta 02 del 4 de junio de 2007, y por ello se le pagaron dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), mediante giros fraccionados que se hicieron el 6 de junio del mismo año, según comprobante de egreso de la misma fecha (...)”. 

Este documento demuestra, entonces, que por lo menos se hizo el pago de un incentivo a un civil amparado en la directiva que Uribe negó en Caracol Radio que se hubiera aplicado.

2) Revelaciones de Human Rights Watch 

De acuerdo con una publicación de 2019 y un informe 2015 de Human Rights Watch (HRW), esta organización no gubernamental accedió a un documento firmado el 17 de marzo de 2008 por Jorge Enrique Navarrete Jadeth que certifica un pago por 2 millones de pesos a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas NN masculino al parecer integrantes de las bandas criminales al Servicio del narcotráfico de los reductos del Frente Cacique Pipinta de las AUC”. 

Navarrete fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. 

Sin embargo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales concluyó en 2012 que los supuestos “terroristas” reportados eran en realidad Darbey Mosquera Castillo y Álex Hernando Ramírez, dos civiles desarmados que fueron reclutados con promesas de trabajo en la ciudad de Pereira y ejecutados extrajudicialmente. Siete personas fueron condenadas por los homicidios. 

2) Más pruebas

Nuestros colegas de La Silla Vacía le pusieron la lupa a las afirmaciones de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un hilo de Twitter en el que desmentía a Uribe. 

En su Detector de Mentiras explicaron que hay documentos y pruebas que demuestran que “esos incentivos fueron a militares”. Por ejemplo, “en un libro militar de la Trigésima Brigada, un comandante señaló en marzo de 2006: ‘la unidad que de 6 bajas o más en una sola acción $30.000.000’”. 

Así mismo, La Silla Vacía escribió que “otro documento, de la misma brigada, incluye este mensaje radial de abril de 2006: ‘por dar de baja 2.000.000 de pesos por fusil, 500.000 por pistola, y se cancelará 30.000.000 por la baja de seis enemigos en adelante’”.

3) Informe Suárez 

Después del escándalo de la desaparición de los jóvenes en Soacha (en 2008), el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, ordenó crear una comisión transitoria para analizar las circunstancias operacionales que rodearon estos hechos y  presuntos homicidios que se denunciaron en los municipios de Yondó (Antioquia), Ocaña (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander). 

La comisión, que estuvo a cargo del general Carlos Arturo Suárez Bustamante, jefe de operaciones de las Fuerzas Militares en 2007 y 2008 e inspector general del Ejército en 2009, generó el llamado informe Suárez, en el que se describen varios casos de muertes en combate reportadas por el Ejército que fueron denunciadas por personas de la comunidad como ejecuciones extrajudiciales. 

El informe resultó en separación del mando a 27 oficiales del Ejército por corrupción en los gastos de inteligencia que se usaban para pagar recompensas. En el documento, que se puede consultar completo aquí, hay referencias a varios pagos por información que resultó en supuestas bajas en combate. 

Aquí, algunas capturas de referencias a recompensas y de algunas irregularidades que se reportaron en el informe.

Esto  quiere decir, una vez más, que contrario a lo que dijo Uribe, sí había pagos por información. 

Así mismo, como escribió Semana en un artículo sobre el informe que publicó en enero de 2009, “en el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas”. 

¿La directiva sigue vigente?

Hay que aclarar que Colombiacheck no pudo establecer la fecha de derogación de la llamada directiva Ospina. Consultamos a varios abogados que llevan casos de ejecuciones extrajudiciales y todos señalaron que no tenían conocimiento de otra directiva que hubiera derogado a la 029 de 2005. Algunos expresaron que es posible que nunca haya sido derogada. 

También solicitamos información sobre el tema a la oficina de prensa del Ministerio de Defensa, pero hasta el momento no nos han respondido. 

Además, Colombiacheck consultó a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien respondió a través de WhatsApp que ésta “se derogó en la Directiva Permanente N° 208 del Comando General de las Fuerzas Militares del 20 de noviembre de 2008”. 

Encontramos referencias a esta directiva en un informe sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa luego de la revelación del caso de la desaparición de jóvenes de Soacha, en 2008. También en el Informe del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias del 25 de mayo de 2012. 

En los dos documentos se refiere que a través de la directriz se buscaba aplicar normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario en las operaciones de las Fuerzas Armadas. Pero en ningún caso se menciona la derogación de la directiva Ospina. 

Al solicitar el documento al Comando General de las Fuerzas Militares, nos señalaron que esa referencia correspondía a una directiva sobre el otorgamiento de medallas de 15, 20 y 25 años de antigüedad.

Es más, en el Informe de seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, Coljuristas, en febrero de 2012, se anotó: 

“Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que haya sido derogada la directiva ministerial permanente n° 29 de 17 de noviembre de 2005 (...). 

En el informe presentado por el Estado colombiano sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos el 8 de agosto de 2011, se dice al respecto: ‘El Estado colombiano quiere dejar claro ante el Comité de Derechos Humanos que no existe ninguna Directiva, política o instrucción por parte del Ministerio de Defensa Nacional que pueda propiciar o inducir a la comisión de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH’.
 
Sin embargo, en esta respuesta no hay una manifestación expresa sobre la derogatoria de la directiva”. 

Y en el resumen ejecutivo del informe Coljuristas escribió que “aun cuando el Ministerio de Defensa afirma en la respuesta a un derecho de petición remitido por la Comisión Colombiana de Juristas, que ‘La Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005, no se encuentra vigente’, no proporciona la información acerca de la norma a través de la cual se deroga dicha directiva”. 

En todo caso, esta aclaración no cambia la calificación sobre la respuesta de Álvaro Uribe a Caracol Radio. Reiteramos que es falso que nunca se aplicaron los incentivos de la Directiva Ministerial Permanente 029 de 2005 porque, como ya dijimos, hay varias pruebas públicas del pago de este tipo de recompensas.