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Jueves, 25 Febrero 2021

‘Incentivos Ospina’ por información que condujera a capturas y bajas en combate sí se aplicaron

Por Laura Rodríguez Salamanca

Contrario a lo dicho por Uribe en una entrevista en la que señaló que la directiva, que se considera que ayudó a incrementar los casos de falsos positivos durante su gobierno, nunca se aplicó.

El pasado 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció que “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, los primeros seis años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

A raíz de este hecho, el expresidente concedió una serie de entrevistas para tratar el tema, en algunas de las cuáles los periodistas le preguntaron sobre la Directiva Ministerial Permanente 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, llamada directiva Ospina, firmada el 17 de noviembre por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina. 

Esta orientación, que reglamentó el pago de recompensas en dinero o en especie a personas “indeterminadas” por información que condujera a capturas y abatimientos en combate de guerrilleros o cabecillas del narcotráfico (además de la ubicación de material de guerra, intendencia y comunicaciones), era secreta. Fue revelada en octubre de 2008 por el periodista Félix de Bedout luego del escándalo de los jóvenes de Soacha.

La directiva es considerada por muchas organizaciones como una de las razones por las que se incrementaron los casos de ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Uribe. Según el comunicado de la JEP, entre 2002 y 2008 se presentó el “78% del total de la victimización histórica”. 

Volviendo a las declaraciones de Uribe, durante la entrevista que el ex senador tuvo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el pasado 19 de febrero, la periodista Mabel Lara le preguntó sobre este tema: 

“Usted ha dicho que no dio una orden militar. Pero lo que sabemos es que en su gobierno el ministro de Defensa, Camilo Ospina, firmó la directriz 29 de 2005, donde sí creó incentivos que se denominaron perversos para dar recompensas por información o bajas directamente y que sería uno de los pilares de la Seguridad Democrática. Esa es una de las razones que dice la JEP, y muchos de sus detractores, que justificarían esos falsos positivos. ¿Qué dice usted puntualmente?”.

Uribe contestó: “Puntualmente, lo siguiente: eso nunca se aplicó. (...) Esos incentivos del doctor Camilo Ospina, eso se derogó, nunca se dejaron aplicar”.

Pero en Colombiacheck calificamos como falsa su respuesta porque encontramos varias evidencias públicas de que el gobierno sí pagó incentivos por información que condujo a capturas y a bajas, algunas de las cuales se demostró posteriormente que se trataron de falsos positivos. 

El 21 de febrero le enviamos un cuestionario a Laura Medina, jefe de prensa del exsenador Uribe, para solicitarle información que sustentara la afirmación sobre los incentivos y para otro chequeo sobre una trino del Centro Democrático que anunciaba la “verdad sobre los falsos positivos”.

Nos contestó que las respuestas a nuestras preguntas estaban en un hilo de Twitter de la cuenta de Centro Democrático, en el comunicado publicado por Uribe después del anuncio de la JEP y dos comunicados (1 y 2) emitidos por el partido sobre el tema. Pero al revisar el material, no encontramos respuestas directas a las preguntas.

En los comunicados del Centro Democrático hay dos referencias a la directiva, que no presentaban ninguna prueba ni fuente que sustentara lo que le dijo Uribe a Caracol Radio. 

Por ejemplo, en el que se publicó el 21 de febrero, dice: 

“Se reitera, la Directiva 029 de 2005 expedida por el Ministerio de Defensa para definir los criterios de pago de recompensa tuvo como destinatario a los particulares, no a los miembros de las Fuerza Pública como equivocadamente afirma Vivanco [José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch] quien asume que el término “personas indeterminadas” incluía personal militar. Falso. Nunca se ha pagado recompensas a miembros de la Fuerza Pública”. 

Aquí, las evidencias de que los incentivos sí se aplicaron. 

1) La recompensa de Alzate

El narcotraficante y miembro del Cartel del Norte del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, perdió gran parte de su fortuna debido a la información proporcionada a la Dijin de la Policía por José Orlando Alzate Alzate, un exmilitar que lo conoció en la cárcel e hizo parte de su organización. 

Según escribió El País de Cali, en 2008, “la información que entregó Alzate llevó a las autoridades a encontrar US$81 millones y 309 lingotes de oro, escondidos en caletas en seis viviendas de Cali” y permitió desmantelar una red clandestina de testaferros. 

Sobre este caso, el Tribunal Superior de Bogotá explicó en una providencia de septiembre de 2009 que Alzate recibió uno de los incentivos de la directiva Ospina. Así lo explicó en el texto el magistrado ponente Jorge Enrique Ortíz Gómez: 

“Es claro que JOSÉ ORLANDO ALZATE ALZATE, con la información que dio a la policía para el hallazgo y desmantelamiento de las caletas, así como para la captura de 18 personas, hizo méritos para el reconocimiento de la recompensa establecida por la Directiva Ministerial 029 [de 2005], según lo reconoció el Comité Central de la Policía Nacional en el Acta 02 del 4 de junio de 2007, y por ello se le pagaron dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), mediante giros fraccionados que se hicieron el 6 de junio del mismo año, según comprobante de egreso de la misma fecha (...)”. 

Este documento demuestra, entonces, que por lo menos se hizo el pago de un incentivo a un civil amparado en la directiva que Uribe negó en Caracol Radio que se hubiera aplicado.

2) Revelaciones de Human Rights Watch 

De acuerdo con una publicación de 2019 y un informe 2015 de Human Rights Watch (HRW), esta organización no gubernamental accedió a un documento firmado el 17 de marzo de 2008 por Jorge Enrique Navarrete Jadeth que certifica un pago por 2 millones de pesos a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas NN masculino al parecer integrantes de las bandas criminales al Servicio del narcotráfico de los reductos del Frente Cacique Pipinta de las AUC”. 

Navarrete fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. 

Sin embargo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales concluyó en 2012 que los supuestos “terroristas” reportados eran en realidad Darbey Mosquera Castillo y Álex Hernando Ramírez, dos civiles desarmados que fueron reclutados con promesas de trabajo en la ciudad de Pereira y ejecutados extrajudicialmente. Siete personas fueron condenadas por los homicidios. 

2) Más pruebas

Nuestros colegas de La Silla Vacía le pusieron la lupa a las afirmaciones de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un hilo de Twitter en el que desmentía a Uribe. 

En su Detector de Mentiras explicaron que hay documentos y pruebas que demuestran que “esos incentivos fueron a militares”. Por ejemplo, “en un libro militar de la Trigésima Brigada, un comandante señaló en marzo de 2006: ‘la unidad que de 6 bajas o más en una sola acción $30.000.000’”. 

Así mismo, La Silla Vacía escribió que “otro documento, de la misma brigada, incluye este mensaje radial de abril de 2006: ‘por dar de baja 2.000.000 de pesos por fusil, 500.000 por pistola, y se cancelará 30.000.000 por la baja de seis enemigos en adelante’”.

3) Informe Suárez 

Después del escándalo de la desaparición de los jóvenes en Soacha (en 2008), el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, ordenó crear una comisión transitoria para analizar las circunstancias operacionales que rodearon estos hechos y  presuntos homicidios que se denunciaron en los municipios de Yondó (Antioquia), Ocaña (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander). 

La comisión, que estuvo a cargo del general Carlos Arturo Suárez Bustamante, jefe de operaciones de las Fuerzas Militares en 2007 y 2008 e inspector general del Ejército en 2009, generó el llamado informe Suárez, en el que se describen varios casos de muertes en combate reportadas por el Ejército que fueron denunciadas por personas de la comunidad como ejecuciones extrajudiciales. 

El informe resultó en separación del mando a 27 oficiales del Ejército por corrupción en los gastos de inteligencia que se usaban para pagar recompensas. En el documento, que se puede consultar completo aquí, hay referencias a varios pagos por información que resultó en supuestas bajas en combate. 

Aquí, algunas capturas de referencias a recompensas y de algunas irregularidades que se reportaron en el informe.

Pago recompensa

pago_recompensa_Ejército

irrgularidad_pagos_recompensas

Esto  quiere decir, una vez más, que contrario a lo que dijo Uribe, sí había pagos por información. 

Así mismo, como escribió Semana en un artículo sobre el informe que publicó en enero de 2009, “en el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas”. 

¿La directiva sigue vigente?

Hay que aclarar que Colombiacheck no pudo establecer la fecha de derogación de la llamada directiva Ospina. Consultamos a varios abogados que llevan casos de ejecuciones extrajudiciales y todos señalaron que no tenían conocimiento de otra directiva que hubiera derogado a la 029 de 2005. Algunos expresaron que es posible que nunca haya sido derogada. 

También solicitamos información sobre el tema a la oficina de prensa del Ministerio de Defensa, pero hasta el momento no nos han respondido. 

Además, Colombiacheck consultó a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien respondió a través de WhatsApp que ésta “se derogó en la Directiva Permanente N° 208 del Comando General de las Fuerzas Militares del 20 de noviembre de 2008”. 

Encontramos referencias a esta directiva en un informe sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa luego de la revelación del caso de la desaparición de jóvenes de Soacha, en 2008. También en el Informe del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias del 25 de mayo de 2012. 

En los dos documentos se refiere que a través de la directriz se buscaba aplicar normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario en las operaciones de las Fuerzas Armadas. Pero en ningún caso se menciona la derogación de la directiva Ospina. 

Al solicitar el documento al Comando General de las Fuerzas Militares, nos señalaron que esa referencia correspondía a una directiva sobre el otorgamiento de medallas de 15, 20 y 25 años de antigüedad.

Es más, en el Informe de seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, Coljuristas, en febrero de 2012, se anotó: 

“Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que haya sido derogada la directiva ministerial permanente n° 29 de 17 de noviembre de 2005 (...). 

En el informe presentado por el Estado colombiano sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos el 8 de agosto de 2011, se dice al respecto: ‘El Estado colombiano quiere dejar claro ante el Comité de Derechos Humanos que no existe ninguna Directiva, política o instrucción por parte del Ministerio de Defensa Nacional que pueda propiciar o inducir a la comisión de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH’.
 
Sin embargo, en esta respuesta no hay una manifestación expresa sobre la derogatoria de la directiva”. 

Y en el resumen ejecutivo del informe Coljuristas escribió que “aun cuando el Ministerio de Defensa afirma en la respuesta a un derecho de petición remitido por la Comisión Colombiana de Juristas, que ‘La Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005, no se encuentra vigente’, no proporciona la información acerca de la norma a través de la cual se deroga dicha directiva”. 

En todo caso, esta aclaración no cambia la calificación sobre la respuesta de Álvaro Uribe a Caracol Radio. Reiteramos que es falso que nunca se aplicaron los incentivos de la Directiva Ministerial Permanente 029 de 2005 porque, como ya dijimos, hay varias pruebas públicas del pago de este tipo de recompensas. 

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Miércoles, 14 Octubre 2020

Contratos de familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no fueron sobornos de Santos

Por Mónica Ospino Orozco

Un trino de la cuenta de Twitter @DenunciaJulio asegura que una serie de contratos de diferentes entidades del Estado con familiares de dos magistrados de la Sala de Instrucción Especial de la CSJ, fueron sobornos de Juan Manuel Santos. Encontramos que sus afirmaciones son falsas.

‘Magistrados de la corte reciben sobornos a través de sus familiares’, es el titular con el que este portal web hace eco de algunos de los trinos de la cuenta @DenunciaJulio y en los que se acusa a dos de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de haber recibido contratos del Estado, a través de terceras personas, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

Cabe recordar que fue esta sala la que el pasado 4 de agosto de 2020 decidió enviar a  detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal, que en este momento está en la justicia ordinaria a cargo de la Juez 30 de Bogotá y que decidió el pasado sábado 10 de octubre dejarlo en libertad, mientras el proceso sigue en su contra.

La nota publicada en Oiga noticias, un portal del que ya hemos verificado varias desinformaciones, se menciona a los magistrados Héctor Javier Alarcón Granobles y Marco Antonio Rueda Soto.

También encontramos que esta página de Facebook replica la misma información, acudiendo a la igual fuente e incluso copia, sin modificaciones, los enunciados y fotos de los mencionados trinos. 

En Colombiacheck nos dimos a la tarea de verificar estas publicaciones y encontramos que sus afirmaciones son falsas, así como las que contiene la única fuente a la que acude que es la mencionada cuenta de Twitter.

Los contratos y su relación con los magistrados

El jurista Héctor Javier Alarcón Granobles fue elegido como magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 17 de septiembre de 2018, tal como lo registró una nota del diario El Tiempo que se titula ¿Quiénes son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

Alarcón Granobles es hoy el presidente de la Sala de Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en donde se decidió la detención domiciliaria, el 4 de agosto pasado, del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, caso que posteriormente pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación con la renuncia de Uribe al Senado.

De acuerdo con el mencionado portal, el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles “uno de los Magistrados que dio casa por cárcel al presidente Uribe recibió contrato de Santos a través de su hermana Alba Lucero” y a continuación enlaza este trino de la cuenta @DenunciaJulio

En el trino se anexan dos pantallazos de contratos en los que figura Alba Lucero Alarcón Granobles como representante legal. Uno de ellos es un contrato en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Norte de Santander. En el trino se agrega un pantallazo del SECOP con el resumen del contrato,  en el año 2012, es decir, 6 años antes de que su hermano fuera elegido miembro de la CSJ. 

El contrato No. 258 del ICBF tenía como objeto: “Prestar el servicio de exámenes médicos post- ocupacionales y pre-ocupacionales de optometría, audiometría, espirometría, a los servidores públicos de planta, provisionales y supernumerarios y a las personas que ingresen en el 2012 a laborar en el Icbf”, así está registrado en el documento almacenado en la plataforma de contratación Secop.

La contratación se hizo con la empresa Alarcón Prevenir Salud Ocupacional, cuya representante legal, al momento del proceso era Alba Lucero Alarcón. El monto del contrato fue  de $11.628.000. De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación emitido por la Cámara de Comercio de Cúcuta dicha empresa fue registrada el 23 de julio de 1999, es decir, 13 años antes de ganar el contrato en cuestión y entre sus socios capitalistas no figura el magistrado Alarcón Grannobles.

La noticia del mencionado portal publica otro contrato que le fue otorgado a la misma empresa por el SENA en el año 2013 en un proceso de mínima cuantía, en el que participaron 5 proponentes, por un valor de 19.800.000 que al final, y de acuerdo con este documento que reposa en el Secop fue de $11.731.000. 

Captura de pantalla de trino falso de DenunciaJulio

El contrato que fue celebrado el 21 de noviembre de 2013 y tiene como fecha de inicio el 25 de noviembre de 2013, tenía como objeto: “Contratar la realización de exámenes periódicos ocupacionales paraclínicos con el fin de la actualización de historias clínicas ocupacionales y desarrollar los programas de vigilancia epidemiológica que corresponde al subprograma de medicina preventiva y del trabajo, cumpliendo con la normatividad vigente en salud ocupacional”.

Este contrato fue celebrado 5 años antes de que el magistrado Alarcón Grannobles fuera elegido como tal.

En relación con esta denuncia particular de la cuenta de Twitter @DenunciaJulio, queda claro que en este caso los contratos de la empresa de la hermana del magistrado nada tienen que ver con la labor que él desempeña, además fueron otorgados en momentos en que el jurista no era magistrado de la CSJ,  por lo que lo que se pretende hacer ver como un soborno, realmente solo busca confundir a los lectores.

Así lo explica el abogado, especialista en Derecho procesal penal, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, Carlos Hernán Escobar, quien asegura que “si el contrato con el que se dice intentaron cometer cohecho es antes de ser elegido como magistrado y, segundo, es antes de la asignación del caso por reparto, estaríamos frente a un caso de delito imposible”.

De acuerdo con la abogada, especialista en Derecho Administrativo y ex secretaria Jurídica de la Alcaldía de Cali, María Ximena Román, “el cohecho es un delito que sólo se tipifica para los funcionarios públicos. Los jueces y los magistrados lo son. Este consiste en retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales a cambio de algo. La pena se hace extensiva a quien le haga el ofrecimiento al servidor para que desvíe su conducta” explicó.

Así lo consigna el Código Penal colombiano o Ley 599 de 2000 en los artículos 405 al 407 del capítulo 3 del Título XV, en los que se tipifica el delito de cohecho propio, impropio y cohecho por dar u ofrecer.

El hermano médico de Ecopetrol

Caso similar es el del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, a quien en la misma publicación señalan como “otro de los magistrados que persigue al presidente Uribe, recibió a través de su hermano Jorge Gregorio, un contratico de Santos por $ 627.033.846”.

El magistrado Rueda Soto, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga,  fue elegido como miembro de la Sala Especial de Instrucción de la CSJ el 30 de octubre de 2018. 

Este magistrado además tiene en su haber un largo desempeño como juez de carrera, ha sido:  juez promiscuo municipal, juez de Instrucción Criminal, juez de Orden Público, juez Regional, magistrado del desaparecido Tribunal Nacional, abogado auxiliar y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, y magistrado por concurso de méritos de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Sin embargo, pudimos comprobar que no fue un contrato el que recibió el hermano del magistrado Rueda Soto, sino que la publicación engañosamente suma y lo hace mal, el monto de cuatro diferentes contratos que le fueron otorgados a lo largo de seis años. Dicho contratos suman $437.294.966  y no los $627 millones que asegura la dudosa denuncia y que aquí explicamos en detalle:

Los contratos que este trino de la cuenta @DenunciaJulio pretende vincular con el magistrado y sus actuaciones en el caso contra Álvaro Uribe Vélez, son realmente de su hermano Jorge Gregorio Rueda Soto, quien es médico y ejerce en Bucaramanga, Santander.

Dicho contratos fueron realizados entre el médico Jorge Gregorio Rueda Soto y Ecopetrol y son cuatro los que esta ‘denuncia’ pretende vincular con un soborno de parte del gobierno de Juan Manuel Santos, sin embargo, encontramos que uno de estos contratos fue firmado en octubre de 2018, cuando ya Iván Duque llevaba dos meses en la Presidencia.

Dicho contrato el número 3017886  se firmó el 29 de octubre de 2018 y tiene acta de inicio el 1 de noviembre de 2018, por un monto de $94.715.401 y una duración de 1081 días (poco menos de 3 años). El objeto del mismo es “servicios integrales de salud especializada”, y de acuerdo con la duración, el mismo sigue vigente.

Los otros tres contratos tienen objetos similares, es decir, la prestación de servicios de medicina a los empleados de Ecopetrol en el departamento de Santander. De hecho el médico Jorge Gregorio Rueda Soto figura en la red de prestadores de Ecopetrol. 

El contrato No. 5218951 firmado el 24 de octubre de 2014 por un periodo de 517 días y por lo que se terminó el 1 de abril de 2016 y se liquidó el 16 de julio de 2016. El monto de este contrato, para la “Prestación integral de los servicios de salud en la especialidad médica de medicina general”, fue de $185.588.700 y ocurrió dos años antes de que el magistrado Rueda Soto fuera nombrado como tal en la Sala de Instrucción Especial.

Cabe señalar además que estos contratos de prestación de servicios se hacen siguiendo el Manual de Contratación de Ecopetrol,que a su vez se rige por las normas del derecho privado, pues es una entidad de carácter mixto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1118 de 2006.

Por otra parte, el contrato 5227300 por un monto de $78.865.285 fue celebrado el 30 de marzo de 2016 por un período de 210 días, este en particular tuvo auditoría externa por un costo de $1.634.787. Y también fue firmado dos años y siete meses antes de que el magistrado Rueda Soto llegara a ese cargo en la CSJ.

Otro de los contratos que señala la denuncia del trino en cuestión es del año 2017, este es el No. 3006058 que también tenía como objeto la: “prestación la atención integral de los servicios en medicina general que se encuentra debidamente habilitados ante la autoridad competente a los beneficiarios de Ecopetrol”. Fue firmado el 2 de mayo de 2017, terminado el 28 de octubre de 2017 y liquidado el 18 de enero de 2018.

De nuevo, una contratación que fue hecha más de un año antes de la elección del magistrado Rueda Soto en la Sala de Instrucción Especial.

“En estos caso en particular las conductas no se tipificarían en ninguna de las modalidades de cohecho, porque cuando se suscribieron los contratos, los magistrados no estaban en la posibilidad de saber que iban a estar ocupando esos cargos; que iban a estar en sala de instrucción, cuáles procesos iban a conocer y mucho menos que tendrían que decidir sobre la privación de la libertad del imputado en este proceso en particular. Por lo tanto, tampoco se configura conducta delictiva alguna de su parte con la decisión, desde el punto de vista de ser hermanos de contratistas del estado”, dijo María Ximena Román.

Así queda claro que las contrataciones del médico Rueda Soto y los de la hermana del magistrado Alarcón Granobles, Alba Lucero, se hicieron para prestar sus servicios en los ámbitos de su profesión a diferentes entidades del Estado, pero que nada tienen que ver con sus hermanos magistrados, que ni siquiera ostentaban ese cargo en el momento de la firma de ninguno de los contratos objeto de este chequeo.