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Lunes, 01 Agosto 2022

Informe final no impone “obligatoriedad de negociar con bandas criminales” como dijo la periodista Salud Hernández

Por Pablo Navarrete

La periodista, una de las voces más críticas en contra del informe final de la Comisión de la Verdad, afirmó en su columna de la revista Semana, que además en el documento se obligaba a la reforma de las FF.MM y la Policía, así como a eliminar el ESMAD.

A raíz de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, la periodista Salud Hernández, opositora del acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en su columna de la revista Semana del 2 de julio, titulada ‘La Comisión, la oposición y la desvergüenza’, cuestionó duramente algunos de los apartes de dicho documento.

Hernández empieza su argumentación diciendo: “No será un documento para el debate, menos aún para someterlo al escrutinio público. Lo que fue quedó para siempre. Lo convirtieron en la verdad absoluta, la que enseñará Fecode en los colegios”.

La columna, que Hernández compartió a través de este trino en su cuenta de Twitter, alcanzó en esta red social más de 2.100 me gusta y 1.430 compartidos, por lo que en Colombiacheck decidimos verificar una de las afirmaciones que ella hace.

Hernández aseguró que “La comisión impone obligatoriedad de negociar con bandas criminales, reformar las FF. MM. y la Policía, eliminar el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] o gabelas para los líderes de las protestas”.

Sin embargo, encontramos que la afirmación de la reportera es cuestionable  por varias razones. Vamos por partes: 

Primero, revisamos el artículo 4 del decreto 588 de 2017, por el cual se constituyó la Comisión para El Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y en la que, además, se establecen los términos del mandato de la CEV. En el documento, no se hace referencia alguna a acciones de imposición y obligatoriedad de aplicación de las recomendaciones sugeridas por la entidad.

Lo que sí quedó establecido en el mencionado decreto es que la CEV busca “lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios”.

De ahí que vale la pena señalar que lo establecido en los criterios orientadores del Acuerdo de Paz (página 132), dice: “los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad”. A partir de allí, vale la pena preguntarse, ¿para qué sirven las recomendaciones?

Para responder esta pregunta, contactamos a Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares),  él señaló que la CEV tiene 3 ejes de trabajo sobre los que se formularon las mencionadas recomendaciones: 

“Uno, contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, generando explicaciones que promuevan un entendimiento sobre lo sucedido en la sociedad en su conjunto. Dos, promover el reconocimiento de las víctimas y la participación directa e indirecta de los responsables de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno. Y tres, la promoción de la convivencia. En ese sentido, la Comisión de la Verdad se encarga de promover, a través de una serie de recomendaciones, la reconciliación, la convivencia y la no repetición de la violencia estructural en el marco del conflicto armado interno”. 

Según el investigador, estas recomendaciones adscritas dentro del informe final del conflicto armado en Colombia entregado por la CEV se hacen “teniendo como punto de partida el proceso de investigación y las voces de miles de víctimas que fueron tenidas en la cuenta para la formulación de estas situaciones, con el fin de que busquemos no repetir esta historia. Por lo que es falso que sean de aplicación obligatoria”. 

Ahora bien, en el Acuerdo de Paz (página 132) se afirma que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se formulan para que “puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera”.  

Y, frente a ello, Restrepo aclara que, aunque las recomendaciones no tienen un carácter obligatorio, “sí es necesario que las instituciones hagan un esfuerzo con el propósito de generar las condiciones para que la violencia estructural ocurrida en el conflicto armado interno no se repita. Y por eso, han encontrado unos cuellos de botella en el nivel institucional para que se generen esas condiciones. Entonces, aunque no tienen un carácter obligatorio, en el nivel ético y político sí debería ser una lectura necesaria e indispensable en el marco de la política pública, en función de la no repetición”. 

Luego de hablar con el investigador de Pares, profundizamos en el capítulo de ‘Hallazgos y Recomendaciones’ del informe final. En primer lugar, no encontramos en el mencionado capítulo la recomendación en la que, según la periodista Hernández,  se sugiere la “obligatoriedad de negociar con bandas criminales”.

Sin embargo, en su página 535, el capítulo hace referencia al sistema carcelario al indicar que este ha combinado escenarios de “extrema precariedad con burbujas de lujo para los presos de renombre”, haciendo de ellas, “un lugar donde se tasa la justicia y se negocia la guerra, donde se cruzan los intereses de la política y del conflicto armado. Los escenarios creados para el castigo del delito, han sido también espacios para negociar impunidades”. 

Pero, reiteramos, no hay una referencia a hacer procesos de negociación con bandas criminales en este capítulo. Por eso, consultamos con Salud Hernández la fuente de su frase ó un documento público al que pudiéramos tener acceso para verificar lo mencionado por ella, y al momento de publicar este chequeo, no obtuvimos respuesta. 

"Eliminar al ESMAD"

En cuanto a lo indicado por Hernández, cuando dice que el informe recomienda “reformar las FF. MM. y la Policía, eliminar el Esmad”, encontramos que eso es inexacto, pues aunque en el capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ del informe final sí se menciona de manera clara lo escrito por la periodista en la columna, la recomendación no tiene un carácter de aplicación obligatoria, por lo que es una recomendación no vinculante.

En el ya mencionado capítulo del informe, el punto 6 se titula ‘Para una nueva visión de seguridad para la paz’, en este aparte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad plantea que entre los esfuerzos necesarios para la construcción de paz está el de “reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, en particular la fuerza pública, como un elemento fundamental para la paz territorial y el fortalecimiento institucional”. De ahí que en esta parte del documento, se señala: 

“La Comisión considera fundamental que se haga una reflexión sobre la visión y el sector de seguridad y defensa que se requieren para responder de mejor manera al propósito de la construcción de paz, teniendo en cuenta los procesos ya iniciados al interior de las Fuerzas Militares y la Policía. Dar respuestas adecuadas a esto supone, además, reconocer las diferentes necesidades de seguridad y adaptarse al propósito de la construcción de paz, comprender el escenario de violencia que vive el país tras la firma del Acuerdo de Paz” (página 841). 

Entonces, lo indicado en la columna de Salud Hernández en cuanto a las reformas de las Fuerzas Militares y Policía eso también es inexacto, porque el informe final escribió 10 recomendaciones de cara a los temas de seguridad que implican a las fuerzas militares, Policía y Esmad. Aquí mencionamos varias de ellas:  

Por una parte, advierte en la necesidad de construir y diseñar “nueva visión de seguridad como bien público, centrada en las personas, en el ser humano, que nos permita superar las lógicas del conflicto armado”.

Y, a su vez, propone ajustes institucionales, “normativos, políticos, educativos y culturales necesarios para que el sector se adapte a la nueva visión de seguridad”.

La Comisión recalca también varios aspectos que proponen una transformación dentro de las mencionadas instituciones: 1, garantizar el liderazgo y direccionamiento civil de las Fuerzas Militares y la Policía. 2, “controles penales, disciplinarios, fiscales y políticos que garanticen estándares de independencia y transparencia en las investigaciones, en particular en materia de Justicia Penal Militar así como en procesos disciplinarios”. 3, replantear los roles y misiones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

El cuarto punto precisa, “poner en el centro el cuidado de la vida, lograr que el proceso tenga publicidad y transparencia suficientes para que la sociedad en general tenga plena confianza sobre los principios que guían el actuar de la fuerza pública y la manera como se garantiza su difusión y seguimiento”, esto a razón de la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 5, “Necesidad de un marco legal estatutario y de política claro para el uso de la fuerza tanto para las Fuerzas Militares como para la Policía Nacional”. 6, generar estrategias de cambio dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que ambas instituciones actúen bajo el rol y la misión de “la visión de seguridad” (página 852).  

Asimismo, estas recomendaciones sugieren “el uso adecuado de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares y la Policía en sus respectivas operaciones, operativos, actividades y procedimientos, teniendo en cuenta la nueva visión de seguridad, así como el ajuste en roles y misiones. Lo anterior sobre la base de los principios del DIH, los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas y la complementariedad y convergencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en escenarios de conflicto armado”.

Dentro de los puntos que más han llamado la atención está el de sugerir la eliminación gradual de la obligatoriedad del servicio militar y separar la Policía del Ministerio de Defensa. Y propone eliminar las alianzas entre Fuerzas Militares y empresas privadas. Por último, la Comisión recomienda reconocer a las guardias indígenas como mecanismos autónomos de protección, convivencia y cuidado. 

Para entender por qué es importante y legítimo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad haga recomendaciones frente al funcionamiento que debería tener las Fuerzas Militares y la Policía de cara a un escenario de construcción de paz, consultamos a Elvira Sánchez Blake, ella es escritora colombiana con experiencia en asuntos de paz y docente de Michigan State University.

Según ella, “todas las recomendaciones de la CEV son necesarias y posibles, porque parten de una visión de seguridad que pone en el centro el cuidado de la vida para transformar la doctrina del enemigo interno, que ha justificado tantos abusos de la Fuerza Pública. La Comisión de la Verdad tiene toda la autoridad para hacer estas recomendaciones, si se piensa y se tiene en cuenta que la fuerza pública no genera confianza en la ciudadanía, y esta confianza se tiene que restablecer dentro de un marco jurídico de respeto y dignidad”.

La profesora Sánchez-Blake explica que tanto las recomendaciones como los hallazgos que hacen referencia a las Fuerzas Militares y Policía hacen parte del necesario reconocimiento que “ellos deben hacer como actores del conflicto armado en Colombia. Es que la seguridad ha sido concebida como seguridad para unos sectores privilegiados del país, pero nunca se habla de la seguridad de las poblaciones que viven en riesgo permanente por los actores armados. No hay seguridad para estas poblaciones. Por eso es importante que existan estas recomendaciones que proponen una nueva visión de seguridad, pluralismo, diversidad y el principio de dignidad humana ”. 

Por último, en cuanto a “eliminar el Esmad”, y otorgar “gabelas para los líderes de las protestas”,  encontramos que ambas afirmaciones están basadas en el aparte ‘Para consolidar democracia incluyente, amplia y deliberativa’ del capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’  (página 807). En este segmento se proponen ajustes institucionales, políticos, sociales y culturales necesarios para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización:

“Como parte esencial de una sociedad democrática que avanza en la protección de derechos. Estos buscan acabar con la represión violenta y su estigmatización, que están conectadas con medidas de limitación y definición de roles de la fuerza pública, y hacen énfasis en el rol de la Policía como garante del derecho a la protesta”, (página 810)

Entonces, hallamos que, aunque, como lo asegura Hernández, sí se propone la eliminación del Esmad, también se contempla en el documento (página 817) la posibilidad de diseñar una reforma dentro del Escuadrón Móvil Antidisturbios para incorporar procesos formativos que ayuden a prevenir la estigmatización y criminalización de organizaciones y movimientos sociales.

También buscamos en el informe la palabra ‘gabela’ (palabra utilizada por la periodista Hernández en su columna) que, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española significa “provecho o ventaja”, pero no logramos encontrar nada en lo que se señalara algo relacionado con ventajas o provechos otorgados a los líderes de las protestas. 

Lo que sí se recomienda frente a la protesta social es el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz: “Garantías plenas para la movilización y la protesta pacífica como parte del derecho constitucional a la libre expresión”, “garantías a los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas”, (página 45). Entonces, lo que se recomienda en el informe respecto a la protesta es la creación de un sistema político con garantías de participación “para los grupos minoritarios, la movilización y la protesta social”. (Página 807)

Entre las recomendaciones del informe están: Respaldar las manifestaciones legítimas de protesta social, acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, prohibición de intervención militar así como gestos de rechazo del alto gobierno respecto a la violencia como mecanismo planteado para la resolución de conflictos. Más allá de una “gabela”, lo que el informe plantea en este sentido es comprometerse con la certeza de la no violencia en medio de manifestaciones. 

Frente a esto, Sánchez-Blake comenta que “es innegable que la violaciones a los derechos humanos han sido evidentes en los excesos de la Policía en contra de la población civil en las recientes protestas ciudadanas, sin mencionar los ataques en contra de las poblaciones minoritarias”. 

Por todo lo anterior, podemos decir que: el mandato de la Comisión reconoce las múltiples versiones para intentar construir el camino para una paz completa, estable y duradera. Además de todo, las recomendaciones de la CEV, contrario a lo señalado por Salud Hernández, no son de aplicación obligatoria, pero sí buscan promover, a través del reconocimiento de distintos actores de la sociedad civil y de la institucionalidad, la reconciliación nacional. 

Y, aunque es cierto lo que dijo Hernández en relación a la recomendación que hace la CEV de modificar las Fuerzas Militares y la Policía, no es cierto que se recomienda categóricamente la eliminación del ESMAD, ya que también sugiere hacer modificaciones al mencionado escuadrón antidisturbios, así como tampoco es cierto que sugiera gabelas para los líderes de las protestas y negociaciones con bandas criminales. En ese sentido, calificamos esta afirmación de Salud Hernández como cuestionable.

 

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Lunes, 27 Febrero 2017

¿Un ‘orangután’ para favorecer a militares se está colando en JEP?

Por Sania Salazar

Integrante de Voces de Paz, movimiento político de las Farc que acompaña la implementación del Acuerdo Final, asegura que en el proyecto de acto legislativo sobre la JEP que estudia el Congreso, hay una modificación a la regulación de responsabilidad de mando que no debería estar allí. Se une a otras voces que señalan fallas en dicho proyecto.

En la cuenta de Twitter del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, @movicecol destacaron hace un par de semanas una frase de Judith Maldonado, vocera del movimiento político Voces de Paz en el Senado, sobre la responsabilidad de mando.

Se trata de un aspecto algo técnico, pero relevante, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha causado polémica.

Maldonado criticó que en el proyecto de acto legislativo que crea la JEP se hubiera incluido un capítulo sobre responsabilidad de mando.

 

 

Después de revisar documentos y consultar a expertos Colombiacheck califica la afirmación como ligera, pues técnicamente el capítulo se puede incluir.

Pese a esta calificación, es importante esta denuncia y la atención la avalancha de críticas sobre la orientación que se le está dando a esta regulación que, según expertos consultados, buscaría favorecer a los militares y, de rebote, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones en Colombia sobre la implementación del Acuerdo Final.

¿Por dónde se está colando ese ‘mico’?

Llamamos a Maldonado y nos explicó que se refiere, específicamente, al capítulo 7, artículos 21, 22 y 23, del acto legislativo sobre la JEP que están discutiendo actualmente en el Congreso.

“En la página 279 del Acuerdo Final dice que Gobierno y Farc concertaron diez puntos que debe llevar el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ahí no se encuentra ninguna mención a que se resuelva la responsabilidad de mando, en cambio a esta se hace mención en el acto legislativo que ya está en discusión en el Congreso”, especificó Maldonado.

Para comprender mejor el asunto hay que entender, primero, qué es responsabilidad de mando.

¿Eso con qué se come?

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, explica así el concepto en una columna publicada en El Espectador: “es una figura del derecho internacional que existe desde hace décadas y que establece cuándo un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. La tesis central es que, incluso si el comandante no ordenó las atrocidades ni participó en ellas, debe responder por los actos cometidos por sus subalternos si, pudiendo hacerlo, no evitó que éstas ocurrieran o se abstuvo de sancionar a los responsables”.

“El rechazo a este capítulo se debe a que no está incluido en el punto 5 del Acuerdo Final y tampoco en el acuerdo específico de lo que debe contener el acto legislativo y a nosotros eso nos parece un abuso”, detalló Maldonado.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que aunque el Acuerdo no establece que el tratamiento a Fuerza Pública debe incorporarse a la reforma constitucional que cree la JEP “eso no es obstáculo para que esa reforma constitucional lo incluya. No hay motivo”.

Un acto legislativo, como lo explica la Misión de Observación Electoral, MOE, es “una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales”.

Colombiacheck revisó la página 279 del Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc, allí no encontró menciones específicas a la responsabilidad de mando, como lo asegura Maldonado.

El siguiente paso fue mirar el texto definitivo aprobado en sesión plenaria de la Cámara y, efectivamente, en el capítulo 7, artículo transitorio 23, se determinan cuatro situaciones para aplicar la responsabilidad de mando. Ese texto se está discutiendo también en el Senado, donde pasó a último debate.

“El capítulo siete que nos quieren meter ahí es por cuestión, me imagino, de los intereses de los militares, del Ministerio de Defensa. El debate candente está, sobre todo, en la responsabilidad de mando, porque ellos quieren que esta se haga efectiva cuando ocurran simultáneamente cuatro condiciones que no están en el derecho penal internacional, la responsabilidad de mando está en el artículo 28 del Estatuto de Roma y es todo lo contrario”, precisó Maldonado.

Hay que mencionar que Colombia firmó el Estatuto de Roma en 2002, lo que quiere decir que el país se debe regir por este.

Maldonado criticó además el hecho de que inicialmente, la responsabilidad de mando estaba redactada de manera exacta tanto para las Farc como para miembros de la Fuerza Pública en el Acuerdo entre Gobierno y Farc, "ambas remitían al contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma, pero un día antes de la firma de dicho Acuerdo en el Teatro Colón, el Gobierno modificó unilateralmente el texto sobre la remisión al artículo 28 para militares", aseguró.

Unos a favor, otros en contra

“Es verdad que no hay ninguna referencia expresa al Estatuto de Roma, entre otras cosas, porque no hay ninguna obligación de aplicarlo directamente”, explicó el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en el programa Semana en Vivo y añadió que lo que se debe hacer es respetar los estándares internacionales.

“Los requisitos del artículo 28 del Estatuto de Roma están perfectamente contenidos en la Jurisdicción Especial para la Paz con términos distintos”, sentenció.

En la orilla opuesta está Dejusticia, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad que ha llamado la atención sobre tres inconsistencias en la regulación de la responsabilidad de mando que explican en el video que está en el siguiente trino:

https://twitter.com/Dejusticia/status/832585810998345730

“El problema que tiene la regulación con relación a los miembros de la Fuerza Pública es que se establecen cuatro criterios, como por ejemplo tener mando formal sobre el territorio, como tener la posibilidad formal y material de dar órdenes, son criterios razonables, pero el error es que dicen que para comprobar la responsabilidad de mando tienen que concurrir simultáneamente los cuatro criterios, pero eso no es lo que dice el derecho internacional, eso es contrario al derecho internacional”, indicó Uprimny.

El investigador advirtió que la responsabilidad de mando es un deber que existe en el derecho internacional y que si no se reconoce en la reforma constitucional y no se regula adecuadamente, esto es, conforme al derecho internacional, habrá una debilidad del proceso de justicia transicional en Colombia y se abre el camino para que la Corte Penal Internacional intervenga en el país.

Se está tratando de legislar en contra los acuerdos de paz y contra las obligaciones internacionales del Estado colombiano, creo que ha habido una presión indebida de parte de los militares activos”, aseguró Alirio Uribe, Representante a la Cámara por el Polo Democrático, en el programa Semana en Vivo antes mencionado.

La senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, también ha criticado que el texto que se discute en el Congreso no va acorde con lo que dispone el derecho internacional sobre responsabilidad de mando.

 

 

¿Por qué es importante la responsabilidad de mando?

Uprimny lo explica en la misma columna antes mencionada: “Que la JEP aplique adecuadamente esta responsabilidad del mando, tanto frente a la guerrilla como frente a agentes estatales, es fundamental no sólo para evitar la impunidad de quienes incurrieron en esta responsabilidad, sino además para dar solidez jurídica al proceso de paz”.