Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Lunes, 01 Agosto 2022

Informe final no impone “obligatoriedad de negociar con bandas criminales” como dijo la periodista Salud Hernández

Por Pablo Navarrete

La periodista, una de las voces más críticas en contra del informe final de la Comisión de la Verdad, afirmó en su columna de la revista Semana, que además en el documento se obligaba a la reforma de las FF.MM y la Policía, así como a eliminar el ESMAD.

A raíz de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, la periodista Salud Hernández, opositora del acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en su columna de la revista Semana del 2 de julio, titulada ‘La Comisión, la oposición y la desvergüenza’, cuestionó duramente algunos de los apartes de dicho documento.

Hernández empieza su argumentación diciendo: “No será un documento para el debate, menos aún para someterlo al escrutinio público. Lo que fue quedó para siempre. Lo convirtieron en la verdad absoluta, la que enseñará Fecode en los colegios”.

La columna, que Hernández compartió a través de este trino en su cuenta de Twitter, alcanzó en esta red social más de 2.100 me gusta y 1.430 compartidos, por lo que en Colombiacheck decidimos verificar una de las afirmaciones que ella hace.

Hernández aseguró que “La comisión impone obligatoriedad de negociar con bandas criminales, reformar las FF. MM. y la Policía, eliminar el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] o gabelas para los líderes de las protestas”.

Sin embargo, encontramos que la afirmación de la reportera es cuestionable  por varias razones. Vamos por partes: 

Primero, revisamos el artículo 4 del decreto 588 de 2017, por el cual se constituyó la Comisión para El Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y en la que, además, se establecen los términos del mandato de la CEV. En el documento, no se hace referencia alguna a acciones de imposición y obligatoriedad de aplicación de las recomendaciones sugeridas por la entidad.

Lo que sí quedó establecido en el mencionado decreto es que la CEV busca “lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios”.

De ahí que vale la pena señalar que lo establecido en los criterios orientadores del Acuerdo de Paz (página 132), dice: “los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad”. A partir de allí, vale la pena preguntarse, ¿para qué sirven las recomendaciones?

Para responder esta pregunta, contactamos a Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares),  él señaló que la CEV tiene 3 ejes de trabajo sobre los que se formularon las mencionadas recomendaciones: 

“Uno, contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, generando explicaciones que promuevan un entendimiento sobre lo sucedido en la sociedad en su conjunto. Dos, promover el reconocimiento de las víctimas y la participación directa e indirecta de los responsables de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno. Y tres, la promoción de la convivencia. En ese sentido, la Comisión de la Verdad se encarga de promover, a través de una serie de recomendaciones, la reconciliación, la convivencia y la no repetición de la violencia estructural en el marco del conflicto armado interno”. 

Según el investigador, estas recomendaciones adscritas dentro del informe final del conflicto armado en Colombia entregado por la CEV se hacen “teniendo como punto de partida el proceso de investigación y las voces de miles de víctimas que fueron tenidas en la cuenta para la formulación de estas situaciones, con el fin de que busquemos no repetir esta historia. Por lo que es falso que sean de aplicación obligatoria”. 

Ahora bien, en el Acuerdo de Paz (página 132) se afirma que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se formulan para que “puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera”.  

Y, frente a ello, Restrepo aclara que, aunque las recomendaciones no tienen un carácter obligatorio, “sí es necesario que las instituciones hagan un esfuerzo con el propósito de generar las condiciones para que la violencia estructural ocurrida en el conflicto armado interno no se repita. Y por eso, han encontrado unos cuellos de botella en el nivel institucional para que se generen esas condiciones. Entonces, aunque no tienen un carácter obligatorio, en el nivel ético y político sí debería ser una lectura necesaria e indispensable en el marco de la política pública, en función de la no repetición”. 

Luego de hablar con el investigador de Pares, profundizamos en el capítulo de ‘Hallazgos y Recomendaciones’ del informe final. En primer lugar, no encontramos en el mencionado capítulo la recomendación en la que, según la periodista Hernández,  se sugiere la “obligatoriedad de negociar con bandas criminales”.

Sin embargo, en su página 535, el capítulo hace referencia al sistema carcelario al indicar que este ha combinado escenarios de “extrema precariedad con burbujas de lujo para los presos de renombre”, haciendo de ellas, “un lugar donde se tasa la justicia y se negocia la guerra, donde se cruzan los intereses de la política y del conflicto armado. Los escenarios creados para el castigo del delito, han sido también espacios para negociar impunidades”. 

Pero, reiteramos, no hay una referencia a hacer procesos de negociación con bandas criminales en este capítulo. Por eso, consultamos con Salud Hernández la fuente de su frase ó un documento público al que pudiéramos tener acceso para verificar lo mencionado por ella, y al momento de publicar este chequeo, no obtuvimos respuesta. 

"Eliminar al ESMAD"

En cuanto a lo indicado por Hernández, cuando dice que el informe recomienda “reformar las FF. MM. y la Policía, eliminar el Esmad”, encontramos que eso es inexacto, pues aunque en el capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ del informe final sí se menciona de manera clara lo escrito por la periodista en la columna, la recomendación no tiene un carácter de aplicación obligatoria, por lo que es una recomendación no vinculante.

En el ya mencionado capítulo del informe, el punto 6 se titula ‘Para una nueva visión de seguridad para la paz’, en este aparte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad plantea que entre los esfuerzos necesarios para la construcción de paz está el de “reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, en particular la fuerza pública, como un elemento fundamental para la paz territorial y el fortalecimiento institucional”. De ahí que en esta parte del documento, se señala: 

“La Comisión considera fundamental que se haga una reflexión sobre la visión y el sector de seguridad y defensa que se requieren para responder de mejor manera al propósito de la construcción de paz, teniendo en cuenta los procesos ya iniciados al interior de las Fuerzas Militares y la Policía. Dar respuestas adecuadas a esto supone, además, reconocer las diferentes necesidades de seguridad y adaptarse al propósito de la construcción de paz, comprender el escenario de violencia que vive el país tras la firma del Acuerdo de Paz” (página 841). 

Entonces, lo indicado en la columna de Salud Hernández en cuanto a las reformas de las Fuerzas Militares y Policía eso también es inexacto, porque el informe final escribió 10 recomendaciones de cara a los temas de seguridad que implican a las fuerzas militares, Policía y Esmad. Aquí mencionamos varias de ellas:  

Por una parte, advierte en la necesidad de construir y diseñar “nueva visión de seguridad como bien público, centrada en las personas, en el ser humano, que nos permita superar las lógicas del conflicto armado”.

Y, a su vez, propone ajustes institucionales, “normativos, políticos, educativos y culturales necesarios para que el sector se adapte a la nueva visión de seguridad”.

La Comisión recalca también varios aspectos que proponen una transformación dentro de las mencionadas instituciones: 1, garantizar el liderazgo y direccionamiento civil de las Fuerzas Militares y la Policía. 2, “controles penales, disciplinarios, fiscales y políticos que garanticen estándares de independencia y transparencia en las investigaciones, en particular en materia de Justicia Penal Militar así como en procesos disciplinarios”. 3, replantear los roles y misiones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

El cuarto punto precisa, “poner en el centro el cuidado de la vida, lograr que el proceso tenga publicidad y transparencia suficientes para que la sociedad en general tenga plena confianza sobre los principios que guían el actuar de la fuerza pública y la manera como se garantiza su difusión y seguimiento”, esto a razón de la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 5, “Necesidad de un marco legal estatutario y de política claro para el uso de la fuerza tanto para las Fuerzas Militares como para la Policía Nacional”. 6, generar estrategias de cambio dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que ambas instituciones actúen bajo el rol y la misión de “la visión de seguridad” (página 852).  

Asimismo, estas recomendaciones sugieren “el uso adecuado de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares y la Policía en sus respectivas operaciones, operativos, actividades y procedimientos, teniendo en cuenta la nueva visión de seguridad, así como el ajuste en roles y misiones. Lo anterior sobre la base de los principios del DIH, los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas y la complementariedad y convergencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en escenarios de conflicto armado”.

Dentro de los puntos que más han llamado la atención está el de sugerir la eliminación gradual de la obligatoriedad del servicio militar y separar la Policía del Ministerio de Defensa. Y propone eliminar las alianzas entre Fuerzas Militares y empresas privadas. Por último, la Comisión recomienda reconocer a las guardias indígenas como mecanismos autónomos de protección, convivencia y cuidado. 

Para entender por qué es importante y legítimo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad haga recomendaciones frente al funcionamiento que debería tener las Fuerzas Militares y la Policía de cara a un escenario de construcción de paz, consultamos a Elvira Sánchez Blake, ella es escritora colombiana con experiencia en asuntos de paz y docente de Michigan State University.

Según ella, “todas las recomendaciones de la CEV son necesarias y posibles, porque parten de una visión de seguridad que pone en el centro el cuidado de la vida para transformar la doctrina del enemigo interno, que ha justificado tantos abusos de la Fuerza Pública. La Comisión de la Verdad tiene toda la autoridad para hacer estas recomendaciones, si se piensa y se tiene en cuenta que la fuerza pública no genera confianza en la ciudadanía, y esta confianza se tiene que restablecer dentro de un marco jurídico de respeto y dignidad”.

La profesora Sánchez-Blake explica que tanto las recomendaciones como los hallazgos que hacen referencia a las Fuerzas Militares y Policía hacen parte del necesario reconocimiento que “ellos deben hacer como actores del conflicto armado en Colombia. Es que la seguridad ha sido concebida como seguridad para unos sectores privilegiados del país, pero nunca se habla de la seguridad de las poblaciones que viven en riesgo permanente por los actores armados. No hay seguridad para estas poblaciones. Por eso es importante que existan estas recomendaciones que proponen una nueva visión de seguridad, pluralismo, diversidad y el principio de dignidad humana ”. 

Por último, en cuanto a “eliminar el Esmad”, y otorgar “gabelas para los líderes de las protestas”,  encontramos que ambas afirmaciones están basadas en el aparte ‘Para consolidar democracia incluyente, amplia y deliberativa’ del capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’  (página 807). En este segmento se proponen ajustes institucionales, políticos, sociales y culturales necesarios para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización:

“Como parte esencial de una sociedad democrática que avanza en la protección de derechos. Estos buscan acabar con la represión violenta y su estigmatización, que están conectadas con medidas de limitación y definición de roles de la fuerza pública, y hacen énfasis en el rol de la Policía como garante del derecho a la protesta”, (página 810)

Entonces, hallamos que, aunque, como lo asegura Hernández, sí se propone la eliminación del Esmad, también se contempla en el documento (página 817) la posibilidad de diseñar una reforma dentro del Escuadrón Móvil Antidisturbios para incorporar procesos formativos que ayuden a prevenir la estigmatización y criminalización de organizaciones y movimientos sociales.

También buscamos en el informe la palabra ‘gabela’ (palabra utilizada por la periodista Hernández en su columna) que, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española significa “provecho o ventaja”, pero no logramos encontrar nada en lo que se señalara algo relacionado con ventajas o provechos otorgados a los líderes de las protestas. 

Lo que sí se recomienda frente a la protesta social es el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz: “Garantías plenas para la movilización y la protesta pacífica como parte del derecho constitucional a la libre expresión”, “garantías a los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas”, (página 45). Entonces, lo que se recomienda en el informe respecto a la protesta es la creación de un sistema político con garantías de participación “para los grupos minoritarios, la movilización y la protesta social”. (Página 807)

Entre las recomendaciones del informe están: Respaldar las manifestaciones legítimas de protesta social, acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, prohibición de intervención militar así como gestos de rechazo del alto gobierno respecto a la violencia como mecanismo planteado para la resolución de conflictos. Más allá de una “gabela”, lo que el informe plantea en este sentido es comprometerse con la certeza de la no violencia en medio de manifestaciones. 

Frente a esto, Sánchez-Blake comenta que “es innegable que la violaciones a los derechos humanos han sido evidentes en los excesos de la Policía en contra de la población civil en las recientes protestas ciudadanas, sin mencionar los ataques en contra de las poblaciones minoritarias”. 

Por todo lo anterior, podemos decir que: el mandato de la Comisión reconoce las múltiples versiones para intentar construir el camino para una paz completa, estable y duradera. Además de todo, las recomendaciones de la CEV, contrario a lo señalado por Salud Hernández, no son de aplicación obligatoria, pero sí buscan promover, a través del reconocimiento de distintos actores de la sociedad civil y de la institucionalidad, la reconciliación nacional. 

Y, aunque es cierto lo que dijo Hernández en relación a la recomendación que hace la CEV de modificar las Fuerzas Militares y la Policía, no es cierto que se recomienda categóricamente la eliminación del ESMAD, ya que también sugiere hacer modificaciones al mencionado escuadrón antidisturbios, así como tampoco es cierto que sugiera gabelas para los líderes de las protestas y negociaciones con bandas criminales. En ese sentido, calificamos esta afirmación de Salud Hernández como cuestionable.

 

Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple

Chequeo Múltiple

Viernes, 01 Julio 2022

María Fernanda Cabal dice una verdad y dos falsedades sobre el informe de la Comisión de la Verdad

Por Isabel Caballero, Pablo Navarrete y Oscar Agudelo

La senadora del Centro Democrático, desde la publicación del informe final, se ha convertido en un crítica acérrima del mismo. Verificamos tres de sus afirmaciones.

El pasado martes, el país recibió el informe final de la Comisión de la Verdad, lo que ha desatado una serie de reacciones, unas a favor de lo allí revelado acerca del conflicto armado entre 1958 y 2016 y otras en contra de las afirmaciones que en el primer capítulo publicado, Hallazgos y recomendaciones, arrojó.

Y una de las principales voces que se ha manifestado en contra del mencionado informe ha sido la de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien en su cuenta de Twitter y en diferentes medios de comunicación manifestó sus cuestionamientos al trabajo que durante casi cuatro años adelantó la Comisión.

Así que en Colombiacheck decidimos verificar tres de las afirmaciones de la Senadora, dos de las afirmaciones, objeto de esta verificación, las hizo la senadora en una entrevista que concedió al programa Hoy X Hoy de Caracol Radio y en ella dijo: 

“No existió ningún comisionado víctima de las FARC o representante de víctimas de las FARC” y agregó, en referencia directa al informe, “Aquí no aparece responsabilidad de las Farc por ningún lado”, y tras revisar las evidencias encontramos que ambas son falsas.

La otra frase que verificamos la hizo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter y en el que cuestiona el costo de la Comisión: “Cuatro años que costaron 400 mil millones de pesos, waoo”.

 

Empecemos.

“No existió ningún comisionado víctima de las FARC o representante de víctimas de las FARC” 

En entrevista con Gustavo Gómez del programa 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio la senadora Maria Fernanda Cabal comienza con la afirmación de que “No existió ningún comisionado víctima de las FARC o representante de victimas de las FARC”. Colombiacheck encontró que esto es falso ya que siete de los 13 comisionados fueron directamente victimizados por esta guerrilla o trabajaron con comunidades víctimas de ésta.

 De las 13 personas que en algún momento fueron comisionados de la Comisión de la Verdad, cinco fueron victimizados durante el conflicto armado por parte de la guerrilla de las FARC (además, en algunos casos, de otros grupos armados). Dos comisionadas más trabajaron con organizaciones de víctimas que incluían a víctimas de las FARC sin ser ellas mismas víctimas directamente.

 

De izquierda a derecha: los comisionados, Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, perpetarada por la FARC; Patricia Tobón Yagarí, indígena Embera-Chamí (su comunidad fue muy golpeada por la violencia de las Farc en Jardín, Antioquia). Comisionado, Alejandro Valencia; comisionadas, Alejandra Miller, trabajó con víctimas de las FARC en el Cauca y la comisionada, Lucía Gonzalez, víctima de la FARC por el secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria.

El detalle es así: el comisionado Leyner Palacios, sobreviviente de la Masacre de Bojayá y líder de los desplazados que ésta causó, es víctima directa de uno de los crímenes más terribles y emblemáticos de las FARC. Cuando el jueves 2 de mayo del 2002 un cilindro bomba lanzado por las FARC en un combate contra los paramilitares de El Alemán cayó sobre la iglesia del casco urbano de Bojayá, Palacios y su esposa Mercedes Rentería estaban resguardados muy cerca, en la Casa de las Hermanas Agustinas de Bellavista. 

Al menos 30 de sus parientes cercanos estaban entre los casi 120 fallecidos de ese día. Posteriormente Palacios empezó su activismo con la Asociación Dos de Mayo que crearon los más de 5.000 desplazados que llegaron a Quibdó después de la masacre.

 La comisionada Ángela Salazar (q.e.p.d)  fue víctima de desplazamiento en la región del Urabá, por la violencia de los enfrentamientos entre las FARC y otros grupos armados. “Yo viví lo que fue el Urabá, estando en embarazo perdí a mi hijo, tuvimos que dejar todo, sufrimos desplazamiento forzado. Vi morir a infinidad de muchachos hijos de mis amigas, sobrinos, paisanos, conozco el sufrimiento”, contó en una entrevista a Semana Rural

Además, Salazar comenzó su trabajo con víctimas del conflicto armado cuando llegó a Apartadó y en 1996 se convirtió en la secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Barrio Obrero, antes conocido como el barrio La Chinita donde el 23 de enero de 1994 un comando del Frente Quinto de las Farc asesinó a 35 personas durante una fiesta. Salazar además ayudó a crear la Asociación de mujeres víctimas del Urabá (ASOMOVIU) y de la Mesa Departamental de Víctimas Civiles en Antioquia y después de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz de 2005 documentó 500 casos de violencia sexual de los cuales más de la mitad fueron cometidos por las guerrillas.

 Otro de los comisionados, el médico Saúl Franco, se identifica como víctima de todos los bandos del conflicto, incluyendo de las FARC que asesinaron a su tío en una finca en Antioquia cuando lo intentaron secuestrar a finales de los años ochenta. Poco antes Franco había tenido que exiliarse en Brasil durante un año porque su nombre había aparecido en la misma lista de amenazados circulada por los paramilitares en la que apareció Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987. Y en 1985 la guerrilla del ELN asesinó a su primo hermano por defender como abogado al sector empresarial.

 También la comisionada Lucía González se identifica como víctima de las FARC, y exigió que le pidieran perdón, por el secuestro del ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria con quien ella estaba en una marcha simbólica por el Movimiento de la No Violencia en el municipio de Caicedo el 21 de abril de 2002 cuando fue raptado. Pastor Alape, excomandante del Bloque Magdalena Medio, lideró el acto de reconocimiento por el secuestro y posterior asesinato de Gaviria y el exministro Gilberto Echeverry.

 Y el comisionado y mayor retirado del Ejército, Carlos Ospina Galvis, quien renunció a la Comisión el pasado 2 de mayo, fue víctima del conflicto y además lideró desde 2013 la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado.

 Patricia Tobón Yagarí cuenta que le tocó vivir la guerra como indígena embera-chamí y que por eso trabaja desde hace muchos años representando a organizaciones indígenas, una de las poblaciones más victimizadas por todos los grupos armados, incluyendo a la extinta guerrilla de las FARC. En una entrevista con Cerosetenta la comisionada contó cómo le “tocó vivir combates, bombardeos, ver morir gente, recoger muertos”.

El municipio de Jardín, Antioquia, donde queda el resguardo Karamanta Rúa, al que pertenece la comisionada,está en la subregión del suroeste antioqueño cerca de los límites con los departamentos de Caldas y Chocó. 

Esta región fue una de las más golpeadas por el conflcito armado por la presencia de el Frente 34 de las FARC, el el Frente Che Guevara del ELN, el EPL, el M-19 y el Bloque Suroeste de las AUC. Es más, durante la reciente audiencia de la JEP sobre el secuestro Pastor Alape se comprometió a hacer un evento de perdón público por la Toma de Jardín del 8 y 9 de diciembre de 2001, cuando la guerrilla utilizó las fiestas de la Virgen de la Inmaculada para poner retenes en los que secuestraron a decenas de personas y asesinaron a cinco hombres. 

La comisionada Alejandra Miller tampoco se identifica como víctima, pero trabajó con la organización Ruta Pacífica de las Mujeres como coordinadora del departamento del Cauca y como investigadora del informe de esa organización sobre mujeres víctimas del conflicto armado, que incluyó a numerosas víctimas de las FARC.

En todo caso es relevante mencionar que el Decreto 588 de 2017 definió en su artículo 24 el “Proceso de escogencia de los Comisionados” los criterios que se debían tener en cuenta y entre ellos no incluyó que hubiera representantes de distintos victimarios ni de distintos hechos victimizantes, aunque sí dejó explícito que las organizaciones de víctimas pudieran postular candidatos. En cambio, los criterios de diversidad que debían tenerse en cuenta para la elección de los comisionados eran “la participación equitativa entre hombres y mujeres, la diversidad étnica, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional”.

De tal manera que la afirmación de la senadora Cabal, en el sentido de que en la Comisión de la Verdad no “No existió ningún comisionado víctima de las FARC o representante de víctimas de las FARC”, es falsa.

“Aquí no aparece responsabilidad de las Farc por ningún lado”

En la misma entrevista del miércoles 29 de junio, un día después de la publicación del informe final del conflicto armado entregado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, (CEV) la senadora María Fernanda Cabal aseguró en el mencionado programa radial que “Aquí no aparece responsabilidad de las Farc por ningún lado” (Min 2:15), refiriéndose al documento de la CEV.  

Contactamos a la senadora Cabal para saber cuál fue la fuente en la que se basó para afirmar lo dicho en el programa radial, pero al momento de la publicación de este chequeo, no obtuvimos respuesta de ella ni de su jefe de prensa. 

En Colombiacheck decidimos verificar la afirmación de la senadora por el Centro Democrático y encontramos que lo asegurado por ella es falso por las siguientes razones: 

Lo primero que hicimos fue remitirnos a 2 de los 3 tomos del informe ya publicados por la Comisión en los que, a diferencia de lo aseverado por Cabal, se advierte y se profundiza acerca de las responsabilidades que tuvieron las insurgencias, y concretamente la extinta guerrilla de las Farc EP, en el conflicto armado colombiano. 

Vamos por partes: en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones, se  desglosa la participación de las FARC-EP en el conflicto colombiano de distintas maneras. 

En el punto de Violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, uno de los ejes temáticos se centra en el secuestro, extorsión y pillaje (página 160). Allí, el informe señala que:

“Los secuestros y la toma de rehenes han sido sobre todo llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras y muchas veces durante muchos meses o años. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40 % de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el ELN con 19 % (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9%). En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado. Esta violación se presentó durante los diferentes periodos del conflicto armado, en la década de los sesenta sobre todo por el M-19, y en las décadas de los ochenta y noventa principalmente por las FARC-EP y el ELN. De 1995 a 2004 se incrementó el número de casos de manera vertiginosa: Se calcula que en esos 10 años hubo aproximadamente 38.926 víctimas (77 % del total de secuestros) y que solo entre 2002 y 2003 fueron 11.643 (23 % del total). Estas cifras demuestran la masividad de estos hechos, lo que permite calificarla como una práctica generalizada desde mitad de los años noventa hasta 2004, cuando empieza a descender sustantivamente”.

 

Gráfica. Víctimas de secuestro por año, según la integración final de datos

 

Fuente: Proyecto de integración de datos JEP-CEV-HDRAG. Junio de 2021. Publicado en Informe Final del conflicto CEV. Capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. 

En el mismo punto, también se advierte acerca de la participación que tuvo el entonces grupo guerrillero en el marco de las violencias sexuales. Según el documento, las FARC-EP cometía este tipo de “violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado. Aunque las FARC-EP penalizaron en sus filas la violación sexual, incluso con «ajusticiamientos»”.

Además, precisa la Comisión que pudo acceder a testimonios de violencias sexuales dentro de las distintas filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como a “testimonios de mujeres víctimas civiles que sufrieron violaciones sexuales por miembros de este grupo”.

En este mismo apartado, la Comisión no rehúye en indicar las responsabilidades de las diferentes organizaciones guerrilleras en las graves infracciones del DIH, así como los “abusos de derechos humanos de forma extensiva”. De acuerdo con esto, la Comisión asevera que las guerrillas en Colombia son responsables,  “por haber tomado decisiones de orden político y estratégico que llevaron a un crecimiento y expansión de su violencia en el territorio nacional con un gran impacto en la población civil”.

El informe reconoce que todas las guerrillas “consideraron en algún momento que se estaban dando las condiciones para una insurrección general de las mayorías en Colombia”, pasando así a resaltar la política implementada por las FARC-EP desde el año 1997 haciendo del secuestro, cometido en contra de policías y militares, un arma de guerra, para “presionar un canje por guerrilleros recluidos en las cárceles del país y también de secuestrar y/o asesinar a líderes políticos, congresistas, gobernadores, alcaldes, y miembros de asambleas departamentales y concejos municipales. La vida, la libertad, y la dignidad humana fueron subordinadas a la guerra”.

El informe también profundiza en que, bajo el marco de los hechos cometidos por la extinta guerrilla de las FARC-EP en contra de la población civil, “convirtieron barrios, veredas y comunidades en espacios de guerra o lugares de reclutamiento”. Y en lo que la misma Comisión describe como el “todo vale” entre los actores involucrados en el conflicto armado,  recalcan la simbiosis que existió entre el mencionado grupo insurgente y el narcotráfico  “donde el desprecio por la vida de la gente considerada parte del enemigo fue parte de su modus operandi”. 

Además, el documento es categórico al señalar a los combatientes de la otrora guerrilla de ser “responsables porque, a pesar de la masividad y sistematicidad de la violencia guerrillera, no tomaron decisiones ni implementaron políticas que frenaran y previnieran de manera efectiva la comisión de graves infracciones al DIH”.

Según el informe,  las Farc EP y el ELN, usaron métodos y medios “prohibidos” como minas antipersonales o cilindros bomba, como ocurrió en la masacre de Bojayá, perpetrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2002, hecho cruento enmarcado en el conflicto colombiano, que también es mencionado en este informe.  “que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes con muertes de pobladores de todas las edades. Cometieron asesinatos de personas puestas fuera de combate, mantuvieron a las personas secuestradas en condiciones que constituyen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en varios casos las asesinaron por querer escapar o ante la inminencia de un rescate por las Fuerzas Militares”.

Y claro, también se hace énfasis en los hechos que dieron como resultado el reclutamiento forzado de niñas y niños “que no estaban en condiciones de decidir sobre reclutamiento y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y grave desprotección social del Estado y la sociedad”. 

Más allá de lo que diga el informe entregado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en Colombiacheck quisimos saber por qué fue importante mencionar las responsabilidades de las FARC-EP en la formulación del documento que aglutina casi 60 años de conflicto; para eso, acudimos a Diego Arias, analista político y experto en temas de paz y conflictos armados, según él, “Este informe tiene como apoyo los testimonios de las propias víctimas de la guerrilla y es la descripción profunda de un universo en el que todos tenemos responsabilidades por acciones y por omisiones”. 

Precisa Arias, “Y, aunque las responsabilidades son diferenciadas, cada una de ellas está perfectamente bien atribuida en relación al papel de las FARC-EP en la debacle humana que tuvimos en el conflicto armado. Tener las responsabilidades claras de la guerrilla en el informe, hace del documento una interpelación pública a las Farc para preguntarles cómo no se dieron cuenta de que al prolongar una guerra durante tantos años, el sufrimiento iba a ser enorme, al igual que la responsabilidad por no haberla terminado antes. En un conflicto tan complejo como el colombiano, el informe debía dar cuenta de las responsabilidades grandes, ineludibles y sustentadas debidamente de la participación de todos los actores en el conflicto”. 

También, vale la pena ponerle la lupa al discurso de entrega del informe del presidente de la Comisión, Francisco de Roux, en el que es enfático en señalar a las FARC-EP como un actor vivo y responsable de los hechos acaecidos durante la guerra en Colombia, como cuando señaló en la primera parte de su discurso que “Aunque hay zonas del país donde las comunidades consideran que ahora la inseguridad es peor, somos conscientes de que no estamos en los tiempos cuando las FARC-EP llegaron a controlar la iniciativa de la confrontación violenta”.

 

En la segunda parte de su discurso, el presidente de la comisión recalca: “ojalá Colombia toda escuchara a las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC, el ELN y demás guerrillas (...) Ojalá prestara atención a los relatos de la degradación humana de las mujeres despojadas de todo derecho, y arrebatadas de la selva. La voz de las familias de los diputados del Valle baleados después de cinco años de selva”.  

Más adelante, de Roux señala: “Fueron más de treinta mil niños y niñas vinculados a la lucha armada cuando tenían quince años o menos. La Comisión ha escuchado el testimonio de esta niñez que hoy son jóvenes o adultos. Ha acompañado a las mamás de Argelia, Antioquia, que reclaman a las FARC-EP la forma como llegaban a sus casas a llevarse a los menores”. 

Pero, además de todo, en el capítulo de Hallazgos y recomendaciones, hay un punto titulado ‘Infracciones graves al derecho internacional humanitario y responsabilidad de las

insurgencias en la crisis humanitaria’ (página 231), en este aparte se profundiza en las distintas maneras que los grupos armados insurgentes hicieron de los distintos territorios de Colombia escenarios en los que protagonizaron teatros de la guerra y de la muerte, así se lee: “Los grupos guerrilleros, en desarrollo de sus objetivos militares y de control del territorio y la población, victimizaron a la población civil, en particular a determinados sectores políticos y económicos a los que declararon objetivo militar”.

En el siguiente punto titulado ‘La muerte suspendida del secuestro’ (página 232), se relata cómo, debido al accionar de las Farc EP, el conflicto armado colombiano alcanzó niveles de deshumanización y degradación: “El secuestro es, sin duda, una de las modalidades de violencia que expresa los niveles de deshumanización que alcanzó el conflicto armado colombiano. Muchos secuestrados y sus familias describieron a la Comisión esos meses y muchas veces años en que se prolongó su cautiverio, especialmente en el caso de las FARC-EP, el cual sufrieron como una muerte en vida, como una muerte suspendida en el tiempo, vivida en paralelo entre quienes permanecían secuestrados y sus familias”. 

A su vez, el informe detalla la participación de las FARC-EP en estadísticas, como la que se presenta a continuación, en la que se grafica la participación de esta guerrilla en los homicidios, entre 1985 y 2018 en el marco del conflicto: 



Gráfica responsables de homicidios entre 1985 y 2018

 

Fuente: JEP-CEV-HRDAG, «Proyecto conjunto de integración de datos y estimaciones estadísticas», corte del 26 de junio de 2022. Informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad. (Página 142).

Según la estadística publicada en el informe, los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12 % (56.094 víctimas). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP, el 4 % al ELN y el 2 % a otras guerrillas.  

Ahora bien, en el volumen testimonial, rotulado ‘Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia’, se recogen relatos de personas víctimas de las Farc EP. Para dar un ejemplo, en la página 42, en la narración denominada ‘Ya está para hacer llover’ una voz campesina describe cuando un grupo armado llegó hasta su territorio: “Apareció y nos llevó a una escuela, nos reunió en una escuela de la vereda. Se identificaron como las FARC y pues en la identificación ya comenzaron a propinarnos miedo, terror. Comenzaron a decir «aquí hay sapos y hay que no sé qué; que nosotros somos el ejército del pueblo y que tienen que ir mirando a ver qué grupo van a escoger ustedes. Tienen que ir escogiendo si es por el Ejército o es por la guerrilla, que es el ejército del pueblo”. 

Vale la pena recordar que no todo el informe se ha publicado. Todavía faltan varios tomos, como el de los relatos de las mujeres y la población LGTBIQ+, así como los pueblos étnicos, y el de los niños, niñas y adolescentes en la guerra, en los que habrá nuevas revelaciones de las distintas formas en las que las Farc EP afectaron al país en los años del conflicto.

Y así, el informe es un recorrido por los testimonios, relatos, datos y estadísticas que le otorgan a cada personaje clave en la historia del conflicto en Colombia, la responsabilidad de sus actos. Y a su vez, es un estudio riguroso que pone a la extinta guerrilla de las FARC- EP como un actor trágicamente relevante en la historia de la guerra en Colombia. Por eso calificamos la afirmación de la senadora Cabal como falsa. 

 

“Cuatro años que costaron 400 mil millones de pesos” 

 

Cuatro años que costaron 400 mil millones de pesos”, dijo la senadora Cabal en un vídeo publicado (minuto 0:15) en su cuenta de Twitter sobre el presupuesto que se destinó para el informe de la Comisión de la Verdad, CEV. La cifra la dio el mismo día de la presentación del informe, 28 de junio. 

 

El dato es verdadero e, incluso, la fuente es la misma CEV, según le dijo a Colombiacheck una funcionaria del equipo de comunicaciones de Cabal y que ratificó Juan Carlos Rodríguez, funcionario de la comisión quien maneja temas de presupuesto en la entidad. 

Sin embargo, el monto debe darse en contexto porque aunque en efecto se gastó casi el montó que refirió Cabal, si comparamos el presupuesto de la entidad, que tiene como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de los hechos y causas del conflicto armado colombiano, dista mucho de lo que por ejemplo, se presupuesto para el gasto militar. 

Fuente: UTL María Fernanda Cabal con datos de la CEV


La cifra exacta de lo que pagó el Estado colombiano por el informe hecho por la CEV fue 391 mil millones, por los cuatro años, 100 mil por año aproximadamente.  Ese rubro se destinó en el pago de honorarios de aproximadamente 900 personas (450 contratados directamente por la CEV y 450 por prestación de servicios aproximadamente), viajes a terreno, arriendos de las oficinas en las que tuvo presencia la CEV y en general gastos de funcionamiento, explicó Rodríguez. 

Aproximadamente el 20% del gasto se destinó a pagar los sueldos de los comisionados que están en la misma escala de un magistrado en Colombia. Devengan unos 32 millones de pesos, según contó hace cinco años la Corporación Excelencia en la Justicia. 

Pero además, Cabal manifestó su inconformidad por lo que ella considera el alto costo y “la estruendosa contratación de esa entidad. Fueron más de $400 mil millones que hubieran servido para reparar a las víctimas”. 

Rodríguez indicó que es difícil comparar si es un alto, mediano o pequeño costo. “¿Alto costo frente a qué?”. Si se compara frente al presupuesto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sí es más costoso porque el presupuesto de la entidad en 2022 fue de 66 mil millones de presupuesto, según su información financiera. Entre 2018, 2019 y 2022 el CNMH gastó unos 216 mil millones. 

Sin embargo, si se le compara con el gasto militar la diferencia es notoria. El país gastó en 2021 cerca de 40 billones en presupuesto del sector defensa. De acuerdo con esa cartera, el gasto ha ido aumentado en los últimos años siendo 2021 el de mayor suntuosidad para el sector defensa. 

En los últimos cuatro años el presupuesto para ese sector ha sido de 140 billones de pesos, lo que quiere decir que el gasto de los cuatro años de la CEV es apenas un 0,2% del presupuesto en defensa de los últimos cuatro años. 

 

 

De acuerdo con Mindefensa, “en promedio, la asignación presupuestal para el Sector Defensa y Seguridad de los últimos 11 años ha sido del 2,9% como porcentaje del PIB. Asimismo, en promedio el 94% de los recursos asignados se han utilizado en gastos de funcionamiento, que incluye el pago de la nómina del personal activo de la Fuerza Pública, los pagos de pensiones y asignaciones de retiro, así como los gastos para el sostenimiento de operaciones”. 

Además, según el Instituto Nacional de Investigación de Paz de Estocolmo (Sipri) y del Banco Mundial, Colombia en 2018 fue el país de la región con el mayor gasto militar. Ese año el país invirtió US$10.600 millones. Según datos del Banco Mundial de 2020 sobre el gasto militar sobre porcentaje del PIB, Colombia gastó el 3.3%, Ecuador 2.2%, Chile 1.8%, Brasil 1.4% y Perú 1.3%. Países como México y Argentina gastaron menos del 1% del PIB. 

La senadora Cabal no ha sido la única inconforme con el presupuesto de la CEV, hace unos seis meses su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe manifestó que: “Muy difícil la austeridad en Colombia, los costos de La Habana, que no llegan a la ciudadanía, son inmensos”, en relación a los 116 mil millones del presupuesto de la CEV en 2021. 

De tal manera, que tras este análisis calificamos como Verdadero, pero la afirmación de la senadora Cabal frente al costo de la Comisión de la Verdad en sus casi cuatro años de trabajo, pues esta entidad además de ser una de las partes del Sistema de integral de paz, justicia, reparación y no repetición, creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Estado colombiano y las Farc, si se le compara con el gasto militar colombiano representa el 0,2% de lo que el sector gastó en cuatro años.