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Martes, 22 Mayo 2018

La acusación de María Fernanda Cabal a Fajardo

Por James Estiven Alzate

La senadora uribista acusó al candidato de la Coalición Colombia de haber quebrado a Antioquia y denunció una investigación de la Procuraduría por un contrato en ese departamento. Encontramos la investigación en proceso, pero no las pruebas de la supuesta quiebra.

La actual carrera por la Presidencia ha estado marcada por acusaciones que han ido subiendo de tono entre los candidatos, en los debates y, sobre todo, entre simpatizantes de las diferentes campañas en redes sociales. La más frecuente contra el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, es la de la supuesta bancarrota en la que dejó a Antioquia.

A ese señalamiento se sumó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pero le añadió datos sobre una investigación en la Procuraduría, a los cuales les hicimos seguimiento.

En su blog, la parlamentaria publicó un artículo titulado De matemáticos y contratistas en el que se despachó, no solo contra Fajardo, sino también contra Antanas Mockus, luego de su importante resultado en las elecciones legislativas de marzo, cuando fue el segundo senador electo más votado, después de Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, al candidato presidencial lo acusó de tener varias investigaciones por irregularidades en la contratación durante su periodo como gobernador y contribuir así a dejar el departamento en quiebra.

“Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

En parte, la senadora tiene razón. El contrato fue adjudicado a Ingecom S.A.S. para dicha obra por un valor de $5.640 millones, a un plazo de 7 meses a partir del 24 de julio de 2012. Luego tuvo ocho adiciones por $31.526 millones y 23 meses que, según el documento de apertura de investigación en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal “desbordan la finalidad de la urgencia manifiesta, con la cual se pudo haber impedido acudir a un procedimiento de selección, que de acuerdo con las obras ejecutadas y su cuantía, podría ser una licitación pública”.

Además, el ente de control presume que la Gobernación pudo haberse saltado una de las condiciones que impone la ley para la contratación pública, respecto a que no se pueden adicionar los contratos en más del 50% de su valor inicial. Lo mismo consideró con respecto a las seis adiciones que se le hicieron al contrato de interventoría de la obra.

Para constatar estas sospechas, la Procuraduría abrió, el 16 de diciembre de 2015, una investigación disciplinaria contra Sergio Fajardo -exgobernador de Antioquia-, Mauricio Valencia -exsecretario de Infraestructura de Antioquia-, Rafael Nanclares -exsecretario (e) de Infraestructura de Antioquia-, y Gabriel Jaime Trujillo Ochoa -interventor-. El proceso está actualmente en etapa probatoria, según la herramienta de consulta en línea de la Procuraduría General.

Al final, el viaducto La Ceja — Abejorral, terminó costando $37.166.671.654 y fue entregado en marzo de 2015.

Si bien el hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo no tiene antecedentes ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Policía; el entonces secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Correa, sí presenta antecedentes en la Procuraduría. Fue suspendido por 8 meses pero no por este proceso del viaducto La Ceja – Abejorral. Tras su suspensión fue reemplazado por Rafael Nanclares, quien tampoco presenta antecedentes.

Luis Pérez, actual gobernador de Antioquia, en su discurso de posesión dijo que recibía un departamento camino a la bancarrota y de ahí se han generado videos, artículos y noticias falsas en redes que dan por cierta esta información y la exageran, como contó recientemente Colombiacheck.

Sergio Fajardo se ha defendido de estas acusaciones diciendo que todo fue una jugada política de Pérez para desprestigiar su tarea como mandatario y se sustenta en el fallo de la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública que considera que “en los hechos investigados, es muy probable que la conducta del gobernador electo —Luis Pérez—, en el proceso de empalme, a raíz de las declaraciones que dio en la Asamblea Departamental, en otros escenarios públicos, y ante la presión, haya sembrado el temor en los comercializadores de los productos de la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia) de ser afectados en sus contratos de distribución en el futuro inmediato, fue lo que determinó el incumplimiento de las cuotas pactadas con ellos, para el año 2015, y en tal virtud amerita el inicio de una investigación disciplinaria en su contra; sin embargo, como el gobernador electo no ostenta la calidad de servidor público en ese momento, no puede ser objeto de investigación disciplinaria”. En el fallo absuelve a Fajardo y a su entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar.

En conclusión, la afirmación de la senadora Cabal es engañosa porque, si bien existe una investigación por el caso que ella menciona, por una parte, el proceso aún no ha concluido y no desprende de allí un acto de corrupción; y por otra parte, no se puede afirmar que por ese contrato o por el de la FLA se dejó al departamento de Antioquia en quiebra.

 

Las investigaciones de los otros candidatos

En aras de ampliar la información, aprovechamos la herramienta de consulta de la Procuraduría e investigamos en qué procesos actuales del ente de control se encuentran implicados todos los candidatos:

- Sergio Fajardo: dos procesos, uno en recolección de pruebas y otro en espera de cierre.

- Gustavo Petro: cinco procesos; dos investigaciones disciplinarias en recolección de pruebas, uno en indagación preliminar, otro en estudio preliminar y un último en el que se está evaluando la apertura de investigación.

- Germán Vargas: un proceso en estudio preliminar.

- Humberto de la Calle: ningún proceso abierto.

- Iván Duque: ningún proceso abierto.

 

Tip: haz clic aquí para ver un video sobre las herramientas de rastreo de datos en Internet que usamos para este artículo.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

    Autor de la frase: María Fernanda Cabal

    Fuentes consultadas y expertos: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Policía Nacional de Colombia, campaña de Sergio Fajardo (no respondió)

    Contexto: La frase fue publicada en el blog personal de la senadora en un artículo titulado De matemáticos y contratistas.

    Calificación de la afirmación: Engañosa

Viernes, 22 Marzo 2019

No, si un ‘rappitendero’ se accidenta no debe responder el consumidor

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Según una publicación de Facebook, un domiciliario de Rappi se accidentó y quien hizo el pedido a través de la aplicación está demandado. Se trata de una desinformación porque Rappi les paga ARL y dos pólizas de seguro.

Desde hace varias semanas ha circulado en redes sociales una desinformación relacionada con Rappi (la aplicación que permite comprar alimentos y bebidas, y adquirir servicios a domicilio):

Captura de pantalla desinformación Rappi

Colombiacheck revisó los términos y condiciones de uso de la plataforma para los consumidores y no encontró en ellos referencia alguna a lo que menciona la publicación.

Pero además, nos comunicamos con la empresa a través de la agencia de comunicaciones FTi consulting para preguntarle por este tema, y lo que nos dijeron es que es falso que un rappitendero se accidentó y una persona está demandada.

Señalaron, asimismo, que esto nunca podría pasar debido a la información contenida en esta comunicación:

Respuesta Rappi

Preguntamos a FTi consulting quién cubría el pago de la ARL (administradora de riesgos laborales) y nos dijeron que lo asume Rappi como empresa. Además, pedimos si podrían darnos el nombre de la aseguradora con la cual Rappi tiene contratados los servicios de pólizas y ARL y mostrarnos algún documento que así lo compruebe, pero dijeron que no es una información que puedan compartir.

Por otro lado, hablamos con un rappitendero que no quiso darnos su nombre (por lo cual nos referiremos a él como Juan) que nos contó que en diciembre de 2016 tuvo un accidente en su bicicleta mientras se encontraba activo en la aplicación (aunque no estaba prestando ningún servicio en el momento del accidente).

Se fracturó la clavícula y fue llevado al Hospital San Ignacio. Estando allá, según cuenta Juan, al no tener ningún servicio de salud, recordó que en la aplicación para los rappitenderos, Soy Rappi, existe una opción para reportar un accidentes.

Plataforma Soy Rappi

A través de ese botón le informó a la compañía de su situación y logró que le autorizaran los servicios con la ARL Sura, servicios que incluían cirugía, terapias y dos meses de sueldo (por el valor del mínimo legal para ese momento) por incapacidad.

Consultamos a Rappi, nuevamente, para saber si efectivamente existía entre empresa y rappitenderos un contacto a través de la aplicación para reportar accidentes, como señaló Juan, y esto fue lo que nos dijeron:

Rappi cuenta con varios canales abiertos y disponibles para comunicarse con los rappitenderos, en este sentido, ante cualquier accidente pueden acudir a estas opciones.

  • El primero, la Casa del Rappitendero, en donde de manera presencial, realizamos las capacitaciones en movilidad y cultura vial, solucionamos temas de la operación y recibimos todas sus sugerencias y comentarios.

  • Por otro lado, la aplicación “Soy Rappi”, tiene un Centro de Ayuda de la APP. Este es un medio de comunicación permanente que está disponible 24/7. El promedio de tiempo de respuesta es de 2,5 minutos.

Luego del accidente, Juan siguió trabajando con la aplicación y años más tarde tuvo dos accidentes más (aunque menos graves) hace ocho y cinco meses, según calcula. En estos dos casos, nuevamente, acudió a la ARL porque, al igual que otros rappitenderos que consultamos, no paga seguridad social y Rappi tampoco se lo exige ni garantiza.

El 3 de marzo de este año, el periódico El Espectador publicó un artículo que incluía apartes de una entrevista que le hizo a un rappitendero y que en una de sus respuestas coincide con lo que le dijo Juan a Colombiacheck: “Lo único que nos cubre la compañía es un seguro médico, por si nos pasa algo en el ejercicio de nuestro trabajo, pero si nos enfermamos o sufrimos un accidente por fuera de Rappi, no podemos hacer nada”.

Cuando preguntamos a otros rappitenderos antes de Juan por un seguro o ARL, ninguno tenía conocimiento de esta cobertura ni de ningún tipo de protección por parte de la empresa (por ejemplo, en caso de que les roben el dinero).

Señalaron, en cambio, que el contacto directo entre los empleados de Rappi y los rappitenderos solo se realiza una vez; en el momento en que se les da la capacitación para ser parte de la app. Allí solo les hablan de una póliza de seguro que pueden adquirir con ellos (pagando una mensualidad) para proteger la bicicleta; no se trata ningún otro tema con respecto a su seguridad o su salud, según nos comentaron otros rappitenderos que tampoco quisieron dar su nombre.

Rappi es una plataforma virtual que pretende ser una “herramienta que te resuelve prácticamente lo que quieras”, como la definió Sebastián Mejía, uno de sus creadores.

No es una empresa que contrata personas para que realicen domicilios, sino que se concibe a sí misma únicamente como el puente que permite resolver dos necesidades: la del consumidor, que solicita un bien o servicio, y la de un mandatario, quien acepta realizar la gestión del encargo “a riesgo propio a cambio de recibir una remuneración como contraprestación”, como indica en sus términos y condiciones. En eso consiste la llamada economía colaborativa.

Es por esta razón que Rappi sostiene que no existe un compromiso contractual entre la aplicación y los rappitenderos (la relación contractual será directamente entre el consumidor y el mandatario) frente al cual deban responder con el pago de la seguridad social para los rappitenderos. Y, técnicamente, tienen razón. Hasta que no exista una norma que reglamente los trabajos de la economía colaborativa, como el de los domiciliarios de Rappi o los conductores de Uber, no tienen la obligación de hacerlo y la situación para estos trabajadores informales seguirá siendo la misma.