Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Martes, 22 Mayo 2018

La acusación de María Fernanda Cabal a Fajardo

Por James Estiven Alzate

La senadora uribista acusó al candidato de la Coalición Colombia de haber quebrado a Antioquia y denunció una investigación de la Procuraduría por un contrato en ese departamento. Encontramos la investigación en proceso, pero no las pruebas de la supuesta quiebra.

La actual carrera por la Presidencia ha estado marcada por acusaciones que han ido subiendo de tono entre los candidatos, en los debates y, sobre todo, entre simpatizantes de las diferentes campañas en redes sociales. La más frecuente contra el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, es la de la supuesta bancarrota en la que dejó a Antioquia.

A ese señalamiento se sumó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pero le añadió datos sobre una investigación en la Procuraduría, a los cuales les hicimos seguimiento.

En su blog, la parlamentaria publicó un artículo titulado De matemáticos y contratistas en el que se despachó, no solo contra Fajardo, sino también contra Antanas Mockus, luego de su importante resultado en las elecciones legislativas de marzo, cuando fue el segundo senador electo más votado, después de Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, al candidato presidencial lo acusó de tener varias investigaciones por irregularidades en la contratación durante su periodo como gobernador y contribuir así a dejar el departamento en quiebra.

“Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

En parte, la senadora tiene razón. El contrato fue adjudicado a Ingecom S.A.S. para dicha obra por un valor de $5.640 millones, a un plazo de 7 meses a partir del 24 de julio de 2012. Luego tuvo ocho adiciones por $31.526 millones y 23 meses que, según el documento de apertura de investigación en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal “desbordan la finalidad de la urgencia manifiesta, con la cual se pudo haber impedido acudir a un procedimiento de selección, que de acuerdo con las obras ejecutadas y su cuantía, podría ser una licitación pública”.

Además, el ente de control presume que la Gobernación pudo haberse saltado una de las condiciones que impone la ley para la contratación pública, respecto a que no se pueden adicionar los contratos en más del 50% de su valor inicial. Lo mismo consideró con respecto a las seis adiciones que se le hicieron al contrato de interventoría de la obra.

Para constatar estas sospechas, la Procuraduría abrió, el 16 de diciembre de 2015, una investigación disciplinaria contra Sergio Fajardo -exgobernador de Antioquia-, Mauricio Valencia -exsecretario de Infraestructura de Antioquia-, Rafael Nanclares -exsecretario (e) de Infraestructura de Antioquia-, y Gabriel Jaime Trujillo Ochoa -interventor-. El proceso está actualmente en etapa probatoria, según la herramienta de consulta en línea de la Procuraduría General.

Al final, el viaducto La Ceja — Abejorral, terminó costando $37.166.671.654 y fue entregado en marzo de 2015.

Si bien el hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo no tiene antecedentes ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Policía; el entonces secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Correa, sí presenta antecedentes en la Procuraduría. Fue suspendido por 8 meses pero no por este proceso del viaducto La Ceja – Abejorral. Tras su suspensión fue reemplazado por Rafael Nanclares, quien tampoco presenta antecedentes.

Luis Pérez, actual gobernador de Antioquia, en su discurso de posesión dijo que recibía un departamento camino a la bancarrota y de ahí se han generado videos, artículos y noticias falsas en redes que dan por cierta esta información y la exageran, como contó recientemente Colombiacheck.

Sergio Fajardo se ha defendido de estas acusaciones diciendo que todo fue una jugada política de Pérez para desprestigiar su tarea como mandatario y se sustenta en el fallo de la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública que considera que “en los hechos investigados, es muy probable que la conducta del gobernador electo —Luis Pérez—, en el proceso de empalme, a raíz de las declaraciones que dio en la Asamblea Departamental, en otros escenarios públicos, y ante la presión, haya sembrado el temor en los comercializadores de los productos de la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia) de ser afectados en sus contratos de distribución en el futuro inmediato, fue lo que determinó el incumplimiento de las cuotas pactadas con ellos, para el año 2015, y en tal virtud amerita el inicio de una investigación disciplinaria en su contra; sin embargo, como el gobernador electo no ostenta la calidad de servidor público en ese momento, no puede ser objeto de investigación disciplinaria”. En el fallo absuelve a Fajardo y a su entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar.

En conclusión, la afirmación de la senadora Cabal es engañosa porque, si bien existe una investigación por el caso que ella menciona, por una parte, el proceso aún no ha concluido y no desprende de allí un acto de corrupción; y por otra parte, no se puede afirmar que por ese contrato o por el de la FLA se dejó al departamento de Antioquia en quiebra.

 

Las investigaciones de los otros candidatos

En aras de ampliar la información, aprovechamos la herramienta de consulta de la Procuraduría e investigamos en qué procesos actuales del ente de control se encuentran implicados todos los candidatos:

- Sergio Fajardo: dos procesos, uno en recolección de pruebas y otro en espera de cierre.

- Gustavo Petro: cinco procesos; dos investigaciones disciplinarias en recolección de pruebas, uno en indagación preliminar, otro en estudio preliminar y un último en el que se está evaluando la apertura de investigación.

- Germán Vargas: un proceso en estudio preliminar.

- Humberto de la Calle: ningún proceso abierto.

- Iván Duque: ningún proceso abierto.

 

Tip: haz clic aquí para ver un video sobre las herramientas de rastreo de datos en Internet que usamos para este artículo.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
  1. 1

    Frase: “Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

    Autor de la frase: María Fernanda Cabal

    Fuentes consultadas y expertos: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Policía Nacional de Colombia, campaña de Sergio Fajardo (no respondió)

    Contexto: La frase fue publicada en el blog personal de la senadora en un artículo titulado De matemáticos y contratistas.

    Calificación de la afirmación: Engañosa

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Jueves, 10 Mayo 2018

Pinzón se confunde con la Ley de Víctimas

Por Ana María Saavedra

Cuando le preguntaron por el asesinato de líderes sociales, el candidato a la Vicepresidencia aseguró que la Ley 1448 es insuficiente y que estamos más preocupados por “darle beneficios a los victimarios”. Es una afirmación Engañosa.

Durante el debate de vicepresidentes de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Pinzón, fórmula de Germán Vargas Lleras, habló de la necesidad de renovar la Ley 1448 de víctimas.

“Nosotros estamos convencidos de renovar la ley 1448 de víctimas, ha sido una ley valiosa pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”.

Esa fue una de sus respuestas a la pregunta del profesor acerca de su opinión de ¿si los asesinatos de los líderes sociales eran líos de faldas o se trataba de una estrategia de terror y cómo el Gobierno enfrentaría esto?

Pinzón rechazó los asesinatos y dijo que la vida de cualquier colombiano debe ser defendida y no cabe el análisis de la condición en la que ocurrió el homicidio. “El centro de esta historia es la capacidad del Estado de proteger la vida y honra de los ciudadanos”, dijo.

Colombiacheck verificó su afirmación acerca de la Ley de Víctimas y de los beneficios a los victimarios y encontró que es Engañosa.

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, no tiene nada que ver con los desmovilizados o miembros de grupos guerrilleros o paramilitares.

El abogado Elmer Montaña, quien fue coordinador de Comisión de Reparación del Valle y Cauca, explicó que Pinzón está equivocado pues esa ley “no contiene garantías ni medidas que beneficien a los victimarios. Está diseñada con el objeto de establecer toda una serie de medidas de carácter administrativo, judicial,, económicos, sociales, sicológicas, individuales y colectivas en beneficio fundamentalmente de las víctimas del conflicto armado. La Ley establece unos mecanismos de justicia transicional”.

Agregó que lo que le preocupan algunas personas es lo referente de la restitución de tierra, que “le preocupa a los grandes despojadores” para que las víctimas puedan recuperar sus tierras. “Esa es la preocupación de los enemigos de esa ley, que tiene como núcleo los derechos de las víctimas”, agregó.

Por su parte, Diana Guiza, investigadora de Dejusticia, que no entiende la referencia de cómo esta ley beneficie a los victimarios. En ese caso hay “normas de judicialización como la Ley 975 de 2005 y sus reformas o las normas de reintegración”.

Además, está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que espera la revisión de la Corte Constitucional.

Colombiacheck revisó La Ley de Víctimas en sus 207 artículos y encontró que en ninguno de ellos se establecen beneficios para los victimarios, sean guerrilleros o paramilitares.

A la fecha, la Unidad de Víctimas, creada con esta ley, ha recibido 8.666.577 solicitudes de reparación.

En este tiempo, ha realizado 795.139 giros y entregado en dinero $5.022.007 millones en indemnizaciones y ayudas por $4.362.619 millones, según cifras de la entidad.

En un balance, entregado en diciembre pasado, la unidad explicó sus funciones y todos se relacionan con el apoyo a las víctimas y no a los victimarios. Los únicos exintegrantes de grupos guerrilleros o paras que se incluyen como población víctima son los menores de edad.

La Ley de Víctimas sí ha tenido críticas y recomendaciones, pero no relacionadas con los victimarios. Un informe de la Procuraduría explicó que a partir de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional ha realizado un “esfuerzo presupuestal importante”, entre el año 2012 y el 2017, de $61 billones.

Pero el informe critica varios puntos, como la falta de acciones en materia de rehabilitación psicosocial, que había requerido la Corte Constitucional. “Aún más, cuando esta medida es fundamental en el proceso de reparación integral, especialmente en el caso de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual”.

Otra de las críticas en la aplicación de la Ley, que habla de darle garantías de no repetición a las víctimas, fue el asesinato de líderes sociales, a la fecha del informe iban 186 homicidios.

Conozca la ruta del chequeo
  1. 1

    Frase: “Nosotros estamos convencidos de renovar la ley 1448 de víctimas, ha sido una ley valiosa pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”.

    2. Autor de la frase: Juan Carlos Pinzón

    3. Fuentes consultadas y expertos: Ley 1448 de 2011, Unidad de Víctimas y los analistas Elmer Montaña, excordinador de Comisión de Reparación del Valle, y Diana Guiza, investigadora de Dejusticia.

    4. Contexto: Lo dijo durante el debate realizado por la Universidad Javeriana a la pregunta sobre el asesinato de los líderes sociales.

    5. Calificar la afirmación: Engañosa