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Martes, 22 Mayo 2018

La acusación de María Fernanda Cabal a Fajardo

Por James Estiven Alzate

La senadora uribista acusó al candidato de la Coalición Colombia de haber quebrado a Antioquia y denunció una investigación de la Procuraduría por un contrato en ese departamento. Encontramos la investigación en proceso, pero no las pruebas de la supuesta quiebra.

La actual carrera por la Presidencia ha estado marcada por acusaciones que han ido subiendo de tono entre los candidatos, en los debates y, sobre todo, entre simpatizantes de las diferentes campañas en redes sociales. La más frecuente contra el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, es la de la supuesta bancarrota en la que dejó a Antioquia.

A ese señalamiento se sumó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pero le añadió datos sobre una investigación en la Procuraduría, a los cuales les hicimos seguimiento.

En su blog, la parlamentaria publicó un artículo titulado De matemáticos y contratistas en el que se despachó, no solo contra Fajardo, sino también contra Antanas Mockus, luego de su importante resultado en las elecciones legislativas de marzo, cuando fue el segundo senador electo más votado, después de Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, al candidato presidencial lo acusó de tener varias investigaciones por irregularidades en la contratación durante su periodo como gobernador y contribuir así a dejar el departamento en quiebra.

“Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

En parte, la senadora tiene razón. El contrato fue adjudicado a Ingecom S.A.S. para dicha obra por un valor de $5.640 millones, a un plazo de 7 meses a partir del 24 de julio de 2012. Luego tuvo ocho adiciones por $31.526 millones y 23 meses que, según el documento de apertura de investigación en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal “desbordan la finalidad de la urgencia manifiesta, con la cual se pudo haber impedido acudir a un procedimiento de selección, que de acuerdo con las obras ejecutadas y su cuantía, podría ser una licitación pública”.

Además, el ente de control presume que la Gobernación pudo haberse saltado una de las condiciones que impone la ley para la contratación pública, respecto a que no se pueden adicionar los contratos en más del 50% de su valor inicial. Lo mismo consideró con respecto a las seis adiciones que se le hicieron al contrato de interventoría de la obra.

Para constatar estas sospechas, la Procuraduría abrió, el 16 de diciembre de 2015, una investigación disciplinaria contra Sergio Fajardo -exgobernador de Antioquia-, Mauricio Valencia -exsecretario de Infraestructura de Antioquia-, Rafael Nanclares -exsecretario (e) de Infraestructura de Antioquia-, y Gabriel Jaime Trujillo Ochoa -interventor-. El proceso está actualmente en etapa probatoria, según la herramienta de consulta en línea de la Procuraduría General.

Al final, el viaducto La Ceja — Abejorral, terminó costando $37.166.671.654 y fue entregado en marzo de 2015.

Si bien el hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo no tiene antecedentes ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Policía; el entonces secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Correa, sí presenta antecedentes en la Procuraduría. Fue suspendido por 8 meses pero no por este proceso del viaducto La Ceja – Abejorral. Tras su suspensión fue reemplazado por Rafael Nanclares, quien tampoco presenta antecedentes.

Luis Pérez, actual gobernador de Antioquia, en su discurso de posesión dijo que recibía un departamento camino a la bancarrota y de ahí se han generado videos, artículos y noticias falsas en redes que dan por cierta esta información y la exageran, como contó recientemente Colombiacheck.

Sergio Fajardo se ha defendido de estas acusaciones diciendo que todo fue una jugada política de Pérez para desprestigiar su tarea como mandatario y se sustenta en el fallo de la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública que considera que “en los hechos investigados, es muy probable que la conducta del gobernador electo —Luis Pérez—, en el proceso de empalme, a raíz de las declaraciones que dio en la Asamblea Departamental, en otros escenarios públicos, y ante la presión, haya sembrado el temor en los comercializadores de los productos de la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia) de ser afectados en sus contratos de distribución en el futuro inmediato, fue lo que determinó el incumplimiento de las cuotas pactadas con ellos, para el año 2015, y en tal virtud amerita el inicio de una investigación disciplinaria en su contra; sin embargo, como el gobernador electo no ostenta la calidad de servidor público en ese momento, no puede ser objeto de investigación disciplinaria”. En el fallo absuelve a Fajardo y a su entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar.

En conclusión, la afirmación de la senadora Cabal es engañosa porque, si bien existe una investigación por el caso que ella menciona, por una parte, el proceso aún no ha concluido y no desprende de allí un acto de corrupción; y por otra parte, no se puede afirmar que por ese contrato o por el de la FLA se dejó al departamento de Antioquia en quiebra.

 

Las investigaciones de los otros candidatos

En aras de ampliar la información, aprovechamos la herramienta de consulta de la Procuraduría e investigamos en qué procesos actuales del ente de control se encuentran implicados todos los candidatos:

- Sergio Fajardo: dos procesos, uno en recolección de pruebas y otro en espera de cierre.

- Gustavo Petro: cinco procesos; dos investigaciones disciplinarias en recolección de pruebas, uno en indagación preliminar, otro en estudio preliminar y un último en el que se está evaluando la apertura de investigación.

- Germán Vargas: un proceso en estudio preliminar.

- Humberto de la Calle: ningún proceso abierto.

- Iván Duque: ningún proceso abierto.

 

Tip: haz clic aquí para ver un video sobre las herramientas de rastreo de datos en Internet que usamos para este artículo.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

    Autor de la frase: María Fernanda Cabal

    Fuentes consultadas y expertos: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Policía Nacional de Colombia, campaña de Sergio Fajardo (no respondió)

    Contexto: La frase fue publicada en el blog personal de la senadora en un artículo titulado De matemáticos y contratistas.

    Calificación de la afirmación: Engañosa

Jueves, 15 Febrero 2018

“Hoy existen en el país 1.379 pandillas juveniles”: Vargas Lleras

Por Sania Salazar

Las pandillas son un problema difícil de medir, pero ninguna de las estimaciones que encontramos se acerca a la cifra publicada por Vargas Lleras.

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras aseguró en su cuenta de Twitter: “hoy existen en el país 1.379 pandillas juveniles, integradas por más de 19.000 menores”.

 

 

Después de consultar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación como Ligera; primero, porque la Policía y expertos en el tema coinciden en que es complicado contabilizar las pandillas juveniles, -información que omitió el candidato- y segundo, porque las estimaciones que encontramos son muy inferiores a la cifra publicada por Vargas Lleras.

La cifra más reciente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional es del 2015 e indica que en Colombia hay 286 pandillas, conformadas por un número indeterminado (explicaron que no se pueden contabilizar) de jóvenes entre los 14 y los 28 años. La Policía trabaja en la actualización de esa cifra, aunque aclara que es un asunto difícil de cuantificar y que para hacerlo hay que empezar por dejar claro qué es una pandilla.

La Policía hace parte de la Mesa de Trabajo Interadministrativa para el Fenómeno de Pandillas, en donde participan varias instituciones para trazar política pública que enfrente el problema. Su primer paso fue determinar una definición:

Para ellos una pandilla es una forma de vida y de agrupación que actúa en un territorio determinado de una ciudad, que busca el reconocimiento de la comunidad y cuyo objetivo principal no es el delito, aunque pueden cometer algunos ocasionalmente como hurtos menores, venta o consumo de estupefacientes y riñas que terminan en lesiones personales u homicidios.

En la Policía aclaran que las pandillas no son necesariamente grupos delincuenciales, pero reconocen que hay una delgada línea que los separa de las organizaciones delictivas juveniles, lo que sucede sobre todo, cuando expanden su territorio.

El problema es que el espectro de sus datos parece limitado. Según la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, la institución solo ha identificado pandillas en Cali, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla (en su orden, las ciudades más afectadas) y en Popayán, Pasto y Dosquebradas (Risaralda). Llama la atención que Bogotá no esté incluida en esta lista.

Esa dirección de la Policía resalta que este fenómeno hay que intervenirlo con un enfoque social, identificar qué necesitan los jóvenes para abordar la situación de una manera integral que contenga un componente social y de justicia. En la institución hacen un llamado para no estigmatizar a todos los grupos juveniles como pandillas.

Otros cálculos

Un informe de Blu Radio de julio del 2017, basado en información de la Dijín, de la Policía, asegura que en ese momento había identificados 391 grupos juveniles en ocho municipios y seis ciudades del país.

“En las ciudades más importantes del país, las pandillas juveniles están distribuidas así: 146 en Bogotá, 89 en Cali, 79 en Barranquilla, 34 en Cartagena, 26 en Bucaramanga, nueve en Urabá y ocho en el departamento del Cauca”, asegura el informe.

El documento Pandillas juveniles en Colombia: aproximaciones conceptuales, expresiones urbanas y posibilidades de intervención, del Ministerio de Justicia, no da una cifra global del número de pandillas que habría en el país, pero ofrece el panorama de siete ciudades de estudio clasificadas por tamaño: tres grandes (Bogotá, Medellín, y Cali); tres medianas (Pereira, Risaralda; Cartagena, Bolívar, y Soledad, Atlántico) y una pequeña (Puerto Tejada, Cauca).

El informe, publicado en 2017, presenta, para cada ciudad, varias fuentes que proporcionan cifras distintas e incluso contradictorias en algunos casos; además, no todas son del mismo año. Tomando en cada caso los datos más recientes, la suma daría 577 pandillas, menos de la mitad de la cifra que publicó Vargas Lleras. Pero hay que anotar que el informe da cuenta de una investigación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Idipron, realizada en 2008, que concluyó que en la ciudad había 1.319 pandillas.

Precisamente, esa disparidad en las cifras existentes, que genera desconfianza a la hora de tomar alguna como verdad absoluta, se ve reflejada en el informe de Minjusticia: “sacar conclusiones respecto a la magnitud del fenómeno de pandillas significaría cuantificar la participación de jóvenes en pandillas o las pandillas existentes, lo cual es imposible, debido a diversas limitaciones de la información disponible: entes oficiales (como la Policía o el CTI) disponen de cuantificaciones en muchos casos contradictorias y de confiabilidad limitada, debido a las diferentes definiciones del fenómeno”.

Colombiacheck contactó al equipo de prensa de Germán Vargas Lleras, candidato por el Movimiento Ciudadano Mejor Vargas Lleras -respaldado por el partido Cambio Radical-, el pasado 16 de enero para saber de qué fuente provienen las cifras que usó el aspirante en su trino; pero, a pesar de que hemos insistido, no hemos recibido respuesta.

Un problema difícil de medir

Rodolfo Escobedo, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, explicó que es difícil medir las pandillas y sus integrantes porque están en múltiples ciudades y numerosos barrios y habría que hacer un barrido por cada lugar para chequear si hay pandillas o no. Sin embargo, aclara que las mediciones existentes se deben juzgar a partir de la metodología utilizada (estimación, censo, aproximación).

“Para estudiar las pandillas hay múltiples escuelas y múltiples definiciones. En términos generales, las pandillas son agrupaciones de jóvenes que se organizan en la búsqueda de algo que va más allá de simplemente delinquir o vincularse con el crimen organizado, las pandillas tienen una dimensión social, cultural mayor a lo que uno se imagina y no son sencillamente estructuras delincuenciales o criminales”, precisó Escobedo.

Sobre las edades de los integrantes de estas pandillas, el investigador aseguró que estudios realizados en varios países de centro y sur américa son jóvenes entre 14, 25 y 30 años.