3 DATOS CLAVE:

1. Una imagen asegura falsamente que la Corte Suprema ratificó que el Gobierno Petro no tiene deudas con las EPS.
2. La Corte Suprema ha conocido recientemente tutelas relacionadas con el derecho a la salud, pero no ha emitido ninguna decisión ni pronunciamiento oficial que ratifique que el Gobierno Petro no tiene deudas con las EPS.
3. La afirmación de que el Gobierno está al día con las EPS proviene de declaraciones del director de la ADRES, una entidad adscrita al Gobierno nacional, y hace parte de un debate que también ha sido analizado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los gremios del sector salud.
   

Cuentas en redes sociales comparten una imagen con el mensaje: "Corte ratificó pago. La Corte Suprema de Justicia ratifica que el gobierno Petro no tiene deudas con las EPS". La publicación está acompañada por una fotografía del presidente Gustavo Petro estrechando la mano del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

La desinformación viral suma más de 142.000 visualizaciones en Facebook y X.

Pero esto es falso. La Corte Suprema de Justicia no ha emitido ninguna sentencia, comunicado o pronunciamiento oficial en el que ratifique que el Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Aunque recientemente ha conocido acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio de salud, esas decisiones buscan proteger derechos fundamentales de los usuarios y no establecer si el Estado está o no al día en sus obligaciones con las EPS ni pronunciarse sobre la financiación del sistema, asuntos que han sido analizados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

La Corte Suprema no ha “ratificado” si el Gobierno tiene o no deudas con las EPS

La imagen viral atribuye a la Corte Suprema de Justicia una supuesta ratificación de que el Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Sin embargo, no existe ninguna sentencia, auto, comunicado o pronunciamiento oficial de ese alto tribunal que respalde esa afirmación.

Una revisión de las decisiones y comunicaciones recientes de la Corte Suprema tampoco arroja ningún documento en el que haya concluido que el Gobierno esté al día con las EPS. Lo más reciente en materia de salud corresponde a actuaciones relacionadas con acciones de tutela, como las que involucran a la Nueva EPS, en las que la Corte ha ordenado responder solicitudes de usuarios y garantizar la protección del derecho fundamental a la salud. Esas decisiones se refieren a la prestación del servicio y a la protección de derechos individuales, no a la existencia o inexistencia de deudas del Estado con las entidades promotoras de salud.

De acuerdo con el artículo 235 de la Constitución Política, la Corte Suprema es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Entre sus funciones están revisar procesos penales, civiles y laborales, así como investigar y juzgar a congresistas y otros altos funcionarios cuando se trate de posibles delitos. Además, como cualquier juez de la República, puede conocer acciones de tutela en los casos previstos por la ley.

En cambio, las controversias sobre la financiación del sistema de salud, el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los Presupuestos Máximos o las obligaciones financieras del Gobierno frente a las EPS corresponden a un ámbito distinto y han sido objeto de pronunciamientos de otras autoridades, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Las decisiones sobre la financiación del sistema de salud han pasado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado

Los principales pronunciamientos sobre los pagos y deudas a las EPS  han sido emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han abordado el tema desde competencias distintas.

La Corte Constitucional ha seguido de cerca este asunto desde la Sentencia T-760 de 2008, una decisión con la que identificó fallas estructurales en el sistema de salud y ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo oportuno de recursos.

En desarrollo de ese seguimiento, la Sala Especial expidió el Auto 007 de 2025, en el que declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La Corte concluyó que el Ministerio de Salud no demostró técnicamente que el incremento del 5,4 % fijado para 2025 fuera suficiente para cubrir los costos reales de la atención en salud, pues se sustentó principalmente en la inflación y no en estudios actuariales.

Posteriormente, mediante el Auto 2049 de 2025, el alto tribunal reiteró que ese incumplimiento persistía. Allí señaló que el Ministerio tampoco había demostrado que la UPC proyectada para 2026 garantizara la financiación del Plan de Beneficios en Salud y calificó como "inadmisible" que continuara utilizando información insuficiente para calcular ese valor.

La Corte Constitucional también ha emitido decisiones relacionadas con los Presupuestos Máximos, los recursos destinados a financiar tecnologías y servicios de salud que no se cubren con la UPC. En el Auto 2881 de 2023 concluyó que existía un bajo nivel de cumplimiento en el reconocimiento de esos recursos, mientras que en el Auto 2049 de 2024 declaró un incumplimiento general y ordenó abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud por no pagar los ajustes correspondientes a 2022, pese a que ya existía autorización presupuestal. Ese incidente fue archivado posteriormente mediante el Auto 1002 de 2025, después de que la ADRES realizara el giro ordenado por la Corte.

Además, en el Auto 2882 de 2023, la Corte evaluó el flujo de recursos del sistema y concluyó que el denominado Acuerdo de Punto Final no logró sanear completamente las obligaciones pendientes, pues seguía acumulándose una nueva cartera de deudas. En ese mismo seguimiento citó informes de la Contraloría General de la República que estimaban una cartera cercana a $32,9 billones entre EPS y prestadores para 2025.

Por su parte, el Consejo de Estado ha conocido controversias relacionadas con la administración de esos recursos desde otra perspectiva. Como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, revisa la legalidad de las decisiones adoptadas por el Estado y actúa como órgano consultivo del Gobierno en asuntos administrativos.

En enero de 2026, por ejemplo, la Sala de Consulta y Servicio Civil emitió un concepto en el que aclaró que las EPS pueden utilizar recursos de la UPC para pagar obligaciones de vigencias anteriores. El tribunal explicó que esa posibilidad respondía al contexto de alta tensión generado por las cuentas acumuladas entre aseguradores, prestadores y proveedores del sistema y precisó que el principio de anualidad presupuestal no impedía destinar esos recursos al pago de cartera pendiente.

Ese pronunciamiento no concluyó que el Gobierno estuviera al día con las EPS. Por el contrario, respondió precisamente a las dificultades que enfrentaba el sistema por las obligaciones acumuladas.

Ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado afirmaron que el Gobierno Petro no tenga deudas con las EPS. Sus decisiones se han concentrado en evaluar la suficiencia de los recursos del sistema, ordenar pagos específicos y adoptar medidas para corregir problemas en su financiación.

La afirmación surgió de una declaración de la ADRES, no de una decisión judicial

La idea de que el Gobierno no les debe dinero a las EPS no nació en una Corte, sino en declaraciones hechas por Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Durante un Consejo de Ministros televisado el 25 y 26 de marzo de 2025, Martínez aseguró que el Gobierno estaba al día con los pagos a las EPS.

“En este momento no se debe un peso a ninguna empresa del país, ni un solo peso”, afirmó el funcionario, al señalar que la ADRES había girado 2,3 billones de pesos durante el primer trimestre del año y que los pagos del régimen subsidiado y contributivo se realizaban de manera oportuna.

Posteriormente, el 22 de mayo de 2025, tras completar el giro de $819.677 millones correspondientes a los ajustes de Presupuestos Máximos de la vigencia 2022 —en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional mediante el Auto 2049 de 2024—, Martínez volvió a afirmar en su cuenta de X que "quedamos totalmente al día con los pagos del sistema de salud y no tenemos deudas por reconocer con las EPS del país". Ese giro fue verificado por la Corte en el Auto 1002 de 2025, con el que archivó el incidente de desacato abierto contra el Ministerio de Salud por ese incumplimiento específico.

Sin embargo, esa interpretación no ha estado exenta de controversia. Como explicó Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, es "técnicamente" correcto decir que la ADRES no debe recursos, porque la entidad gira lo que previamente reconoce el Ministerio de Salud. No obstante, sostuvo que persisten obligaciones pendientes, como cerca de $419.000 millones correspondientes a ajustes de 2022 que aún no habían sido reconocidos, además de otros ajustes cuyo cálculo seguía pendiente.

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