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Viernes, 15 Marzo 2019

La tabla exagerada sobre las víctimas del conflicto armado por gobiernos

Por José Felipe Sarmiento

Aunque dice basarse en cifras de 2017, sus cuentas no coinciden con los registros generales de ese año. Pese a que no hay cifras por meses, los periodos de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sí concentran la mayoría de casos.

Una tabla sobre la supuesta cantidad de víctimas que dejó el conflicto armado en cada gobierno se viralizó en Twitter “para explicar el porqué del miedo a la JEP y quiénes son los promotores”. En la imagen se resaltan las tres filas correspondientes a los periodos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), que tienen las mayores cifras y concentran 67,41 por ciento del total.

Bajo el título de la tabla se aclara que las cuentas fueron hechas con base en los datos anuales del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte el 1 de junio de 2017. El mismo cuadro fue utilizado por el columnista Napoleón de Armas en un análisis que publicó el diario El Pilón de Valledupar el 9 de julio de ese año, por lo que es probable que el “tuitero juicioso” que lo puso a circular de nuevo lo haya tomado de ese artículo.

El primer problema es sacar las cifras exactas por cada presidencia, porque los mandatarios se posesionan el 7 de agosto y no hay datos mensuales. Colombiacheck agrupó las cifras de diferentes maneras, hasta que encontró que los cálculos de la tabla están hechos de modo que los años de cambio de administración se le atribuyeron al mandatario saliente: 2010 a Uribe II, 2006 a Uribe I, 2002 a Pastrana, 1998 a Ernesto Samper y así sucesivamente.

Para llegar a esa conclusión fue necesario comparar y sacar cuentas también con los números que presenta hoy el RUV, que van hasta el 1 de febrero de 2019, porque no hay manera de acceder a sus versiones históricas. Así surgió un problema mucho más grande: al comparar la tabla de Twitter con la actualidad, los dos periodos de Uribe presentaban una aparente reducción de 222.826 víctimas. ¿Qué se hicieron esas personas?

 

María Inés García, funcionaria de la Subdirección de la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, entidad que administra el registro, explicó que “no se recomienda” hacer ese tipo de sumas porque hay víctimas que parecen registradas en más de un año por diferentes hechos o por la repetición del mismo. Por ejemplo, personas que han sido desplazadas dos veces en momentos diferentes.

Hoy el RUV cuenta 8’771.850 víctimas, casi 260.000 menos que las 9’028.517 de la tabla. Entre tanto, hay 10,3 millones de hechos victimizantes porque cerca de 850.000 personas han sufrido de dos a nueve eventos de ese tipo.

Es por eso que ni la prensa ni el Estado contaban a tantas víctimas en 2017 como De Armas. En algunos documentos y notas de entonces también se cita al RUV como fuente con resultados muy diferentes. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud citaba el registro para contabilizar una población total de 8’472.134 víctimas hasta junio de ese mismo año.

En los medios aparecían conteos mucho más cercanos al presentado por esa entidad que al publicado en El Pilón y recién retomado en redes sociales. El 14 de agosto de 2017, la emisora W Radio daba un aproximado de 8’450.000 víctimas. En junio, la revista Semana había escrito la cifra de 8’421.627 personas.

En la academia también se partía de la misma referencia. En la edición de mayo de 2017 de la publicación científica Universidad y Salud, editada por la Universidad de Nariño, un artículo del psicólogo Germán Benavides Ponce, entonces decano de Ciencias Humanas, se refería a 8’376.463 víctimas según el RUV.

Incluso a lo largo de 2018 todavía salieron notas con cifras menores al cálculo del columnista. El 9 de abril La FM habló de 8,6 millones de víctimas reconocidas en el RUV. Cuando el presidente Iván Duque se posesionó, El Espectador le recordó que ya eran 8’650.169. El Tiempo salió dos días más tarde con la cuenta de 8,7 millones, sumando las registradas en sentencias, y RCN Radio reportó la misma cantidad en noviembre pasado.

Las cifras actuales

 

De todas formas, la mayoría de víctimas en el RUV sí fue afectada por el conflicto armado al menos una vez durante los gobiernos de Uribe y Pastrana. Como un ejercicio de proyección, Colombiacheck sacó de nuevo la suma de cada mandato, pero repartió de manera proporcional las cifras de los años en los que cambió el periodo presidencial: 58 por ciento (siete meses) para el saliente y 42 por ciento (cinco meses) para el entrante.

Así, al 1 de febrero pasado la suma por años daba 9’464.784 (con la salvedad, de nuevo, de que algunas víctimas aparecen más de una vez). A la presidencia de Pastrana le corresponden 2,4 millones. Para el primer periodo de Uribe, la cifra es de 2,2 millones y para el segundo, de 1,6 millones; por lo que el total de sus ocho años es de 3,8 millones. Entre los dos exmandatarios suman 6,2 millones, es decir casi dos tercios del total (65 por ciento).

 

Esta proporción no es nueva, incluso ha bajado. Usando esta misma técnica para repartir los años compartidos, Semana publicó un cálculo similar en 2016. En ese momento, los dos gobiernos de Uribe concentraban al 43,52 por ciento de las víctimas y el de Pastrana, 26,61 por ciento. De este modo, sumaban 70,13 por ciento.

En consecuencia, los datos de la tabla no son precisos. No obstante, los dos expresidentes que concentran la mayoría de víctimas en sus respectivos mandatos sí son los señalados allí.

[Actualización del 20 de marzo de 2019]

La respuesta de la Unidad de Víctimas

El 19 de marzo, cuando esta nota ya había sido publicada, la Unidad de Víctimas nos respondió a la solicitud de aclaraciones que habíamos pedido. En consecuencia, modificamos el texto para reflejar mejor las limitaciones de interpretación a la hora de sumar los datos del RUV por años y gobiernos.

García también explicó que el registro no solo se actualiza con nuevas personas que llegan a declarar su condición de víctimas. En algunos casos puede bajar la cantidad de personas porque también se va depurando la información antigua que el sistema heredó de bases de datos externas como Fondelibertad para secuestros, el ICBF para reclutamientos forzados o el Sipod para desplazamientos, entre otras.

Por ejemplo, cuando hay homónimos sin número de documento u otros datos que permitan establecer que se trata de una misma persona, se cuentan por aparte. Pero gracias al cruce de bases de datos con otras entidades, en especial con la Registraduría y el Ministerio de Educación, y a nuevas declaraciones de las víctimas, algunas de esas repeticiones se aclaran y sus registros se unifican.

Miércoles, 01 Junio 2016

Santos: dos de tres frente a De Klerk

Por Miriam Forero

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc en los que, según dice, somos pioneros. Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y solo una es cierta.

Durante la conferencia ‘El futuro de un país en paz’, que organizaron la Universidad del Rosario y El Tiempo el pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una conversación con el expresidente de Sudáfrica y Nobel de Paz, Frederik de Klerk.

Además de escuchar las experiencias de ese país sobre los diálogos de paz que sostuvieron en 1993 para acabar con la opresión hacia la comunidad negra, y de aprovechar para pedirle consejos sobre cómo ganar el plebiscito, Santos se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc, en los que según dice, somos pioneros.

Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y una es cierta. Acá nuestro chequeo:
 

“El proceso colombiano va a ser la primera vez que un grupo insurgente entrega las armas y se somete a un proceso judicial”.

FALSA. En esta afirmación, con la que abrió su primera intervención, el presidente no aclaró si se refería a que el proceso con las Farc es pionero en el país o en el mundo. De todos modos, en cualquiera de los dos escenarios, ya ha habido historias de desarme y sometimiento a la justicia en el pasado.

En el ámbito nacional, en 1994, miembros de la Corriente de Renovación Socialista, una línea política del ELN que luego se convirtió en la base del Polo y de la Corporación Nuevo Arco Iris, dejó las armas tras una negociación con el gobierno de César Gaviria. Según cuenta Semana, de los 865 excombatientes y miembros de la CRS que se involucraron en el proceso, 268 no recibieron amnistía por sus delitos; de hecho, quince años después, 25 seguían aún pagando condenas en cárceles del país.

El caso más reciente de juzgamiento de delitos de guerra en el país, aunque no se trata de un grupo insurgente sino de extrema derecha, es la desmovilización los paramilitares. Luego del acuerdo al que llegó este grupo armado con el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, el congreso tramitó la Ley de Justicia y Paz, que la Corte Constitucional revisó en 2006.

La versión final de la norma establece una pena de no más de ocho años de prisión para los desmovilizados que no volvieran a delinquir, contaran la verdad y repararan a sus víctimas. Varios dirigentes paramilitares están cumpliendo condenas de ocho años basadas en esa ley; de hecho, el primero en terminar de pagar ese tiempo en la cárcel, Freddy Rendón alias 'El alemán', salió en julio del año pasado.

En el ámbito internacional, un caso que desmiente la afirmación del presidente es el de Sierra Leona, en el que el grupo rebelde Frente Revolucionario Unido -RUF, por su sigla en inglés- entregó las armas en 2002, luego de un proceso de más de ocho años, entre altibajos, rupturas e inclumplimientos.

En ese país africano no se declaró amnistía general, sino que se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona -Scsl, por su sigla en inglés- con el fin de juzgar a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. En su última decisión, antes de cerrar en 2013, esta Corte ratificó la condena de 50 años contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó al RUF. Actualmente permanece un Tribunal Residual Especial que vigila la continuidad de los procesos que llevó adelante el Scsl, en asuntos como protección a testigos, supervisión de penas de prisión y manejo de archivos.

Aunque la mayoría de los procesos de paz terminan con la dejación de armas y una declaración de amnistía -como el M19 (1989) y el EPL (1991) en Colombia, o El Salvador (1992), Liberia (2003) e Indonesia (2005), para mencionar algunos ejemplos internacionales-, no es cierto que el proceso con las Farc será la primera vez que un grupo insurgente dejará las armas y se someterá a la justicia transicional.

 

“Es el primer caso en el mundo en el que se pone a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y el respeto por sus derechos”.

ENGAÑOSA. Aunque la agenda de la mesa de conversaciones incluye la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas, hay otros procesos en el mundo que les han dado prioridad. Es el caso de Sudáfrica, expuesto por el interlocutor del presidente Santos durante el foro en el que hizo esta afirmación.

Allí, De Klerk explicó que en el caso de su país las víctimas representaban más del 90% de la población, pues se trataba de la comunidad negra sometida durante años a la opresión y la desigualdad en derechos civiles, por razones de racismo. De este modo, el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país tuvo como eje central acabar con esa distinción y concederle al partido de los negros, el Congreso Nacional Africano (ACN), igualdad de acceso al poder.

Por su parte, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - Ictj-, María Camila Moreno, expone otros ejemplos en su análisis sobre esta frase del presidente: “En el mundo procesos como el de Mindanao en Filipinas, han incluido en los acuerdos de paz el respeto y garantías de los derechos de las víctimas. En muchos acuerdos de paz se ha incluido la creación de comisiones de la verdad (Guatemala, El Salvador, Kenia, Suráfrica, entre otros) y programas de reparación (Nepal, Sudáfrica, Guatemala, etc.).

Tanto ella como Francisco Rey Marcos, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, coinciden en aclarar que lo importante no es si la retórica del proceso dice que los acuerdos se centrarán en las víctimas, sino en cómo la implementación demuestre esa relevancia que deben tener y garantice la realización de sus derechos.

Rey, incluso, va más allá en su crítica a la coordinación entre palabras y hechos: “conviene decir que no ha existido acuerdo humanitario; las partes tardaron más de dos años en reconocer su participación como victimarios y pedir, poco a poco, perdón. Las visitas de las víctimas a La Habana fueron muy importantes pero con un carácter más simbólico que real”.

 

“Es la primera vez en la historia del mundo que las dos partes (de un proceso de paz) se ponen de acuerdo (en la justicia transicional que se aplicará). Generalmente es un tercero, como Naciones Unidas, el que impone un sistema de justicia; en este caso, las dos partes se pusieron de acuerdo para crear un tribunal y un sistema en donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados”.

VERDADERA. Al conocer el acuerdo de justicia, anunciado en septiembre del año pasado y revelado en diciembre, el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, llamó la atención en un comunicado sobre la particularidad de ese tema pues, según él, es “algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores”.

Moreno, la directora del Ictj, también consideró cierta la afirmación. “Los tribunales internacionales no han sido decisión de las partes que suscriben un acuerdo de paz. En algunos casos, luego de la firma del acuerdo, por presión de las víctimas y de la comunidad internacional se han establecido tribunales internacionales o híbridos para juzgar a los responsables de crímenes internacionales. Este es el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda. El caso de Colombia es excepcional porque las mismas partes de la negociación acuerdan un sistema de rendición de cuentas que incluye la creación de una jurisdicción especial para perseguir penalmente a todos los responsables de los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado interno”.

A manera de conclusión...

Tras examinar los matices de las afirmaciones de Santos, es claro que si el presidente no llevara al extremo sus ‘sacadas de pecho’, no cometería la imprecisión de llamar al proceso con las Farc pionero en tantos aspectos en los que no necesariamente lo es.

Podría, para mayor claridad, llamar la atención sobre algunos puntos del proceso colombiano, que lo hacen particular con respecto a los que se han dado a lo largo de la historia en otros lugares del mundo, como el acuerdo en términos de justicia transicional.

En el mencionado comunicado de la Escuela de Cultura de Paz, el académico Fisas se aventuró, incluso, a decir que lo que va adelantado entre el gobierno y las Farc hace que este proceso “pueda considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo”.

Sin embargo, también es claro que no se puede hablar de gran innovación o de un caso ejemplarizante para el mundo hasta que no se dé la implementación, pues muchos países han visto enormes incumplimientos, fracasos, rearmes e impunidad tras la firma de históricos acuerdos.