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Viernes, 15 Marzo 2019

La tabla exagerada sobre las víctimas del conflicto armado por gobiernos

Por José Felipe Sarmiento

Aunque dice basarse en cifras de 2017, sus cuentas no coinciden con los registros generales de ese año. Pese a que no hay cifras por meses, los periodos de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sí concentran la mayoría de casos.

Una tabla sobre la supuesta cantidad de víctimas que dejó el conflicto armado en cada gobierno se viralizó en Twitter “para explicar el porqué del miedo a la JEP y quiénes son los promotores”. En la imagen se resaltan las tres filas correspondientes a los periodos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), que tienen las mayores cifras y concentran 67,41 por ciento del total.

Bajo el título de la tabla se aclara que las cuentas fueron hechas con base en los datos anuales del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte el 1 de junio de 2017. El mismo cuadro fue utilizado por el columnista Napoleón de Armas en un análisis que publicó el diario El Pilón de Valledupar el 9 de julio de ese año, por lo que es probable que el “tuitero juicioso” que lo puso a circular de nuevo lo haya tomado de ese artículo.

El primer problema es sacar las cifras exactas por cada presidencia, porque los mandatarios se posesionan el 7 de agosto y no hay datos mensuales. Colombiacheck agrupó las cifras de diferentes maneras, hasta que encontró que los cálculos de la tabla están hechos de modo que los años de cambio de administración se le atribuyeron al mandatario saliente: 2010 a Uribe II, 2006 a Uribe I, 2002 a Pastrana, 1998 a Ernesto Samper y así sucesivamente.

Para llegar a esa conclusión fue necesario comparar y sacar cuentas también con los números que presenta hoy el RUV, que van hasta el 1 de febrero de 2019, porque no hay manera de acceder a sus versiones históricas. Así surgió un problema mucho más grande: al comparar la tabla de Twitter con la actualidad, los dos periodos de Uribe presentaban una aparente reducción de 222.826 víctimas. ¿Qué se hicieron esas personas?

 

María Inés García, funcionaria de la Subdirección de la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, entidad que administra el registro, explicó que “no se recomienda” hacer ese tipo de sumas porque hay víctimas que parecen registradas en más de un año por diferentes hechos o por la repetición del mismo. Por ejemplo, personas que han sido desplazadas dos veces en momentos diferentes.

Hoy el RUV cuenta 8’771.850 víctimas, casi 260.000 menos que las 9’028.517 de la tabla. Entre tanto, hay 10,3 millones de hechos victimizantes porque cerca de 850.000 personas han sufrido de dos a nueve eventos de ese tipo.

Es por eso que ni la prensa ni el Estado contaban a tantas víctimas en 2017 como De Armas. En algunos documentos y notas de entonces también se cita al RUV como fuente con resultados muy diferentes. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud citaba el registro para contabilizar una población total de 8’472.134 víctimas hasta junio de ese mismo año.

En los medios aparecían conteos mucho más cercanos al presentado por esa entidad que al publicado en El Pilón y recién retomado en redes sociales. El 14 de agosto de 2017, la emisora W Radio daba un aproximado de 8’450.000 víctimas. En junio, la revista Semana había escrito la cifra de 8’421.627 personas.

En la academia también se partía de la misma referencia. En la edición de mayo de 2017 de la publicación científica Universidad y Salud, editada por la Universidad de Nariño, un artículo del psicólogo Germán Benavides Ponce, entonces decano de Ciencias Humanas, se refería a 8’376.463 víctimas según el RUV.

Incluso a lo largo de 2018 todavía salieron notas con cifras menores al cálculo del columnista. El 9 de abril La FM habló de 8,6 millones de víctimas reconocidas en el RUV. Cuando el presidente Iván Duque se posesionó, El Espectador le recordó que ya eran 8’650.169. El Tiempo salió dos días más tarde con la cuenta de 8,7 millones, sumando las registradas en sentencias, y RCN Radio reportó la misma cantidad en noviembre pasado.

Las cifras actuales

 

De todas formas, la mayoría de víctimas en el RUV sí fue afectada por el conflicto armado al menos una vez durante los gobiernos de Uribe y Pastrana. Como un ejercicio de proyección, Colombiacheck sacó de nuevo la suma de cada mandato, pero repartió de manera proporcional las cifras de los años en los que cambió el periodo presidencial: 58 por ciento (siete meses) para el saliente y 42 por ciento (cinco meses) para el entrante.

Así, al 1 de febrero pasado la suma por años daba 9’464.784 (con la salvedad, de nuevo, de que algunas víctimas aparecen más de una vez). A la presidencia de Pastrana le corresponden 2,4 millones. Para el primer periodo de Uribe, la cifra es de 2,2 millones y para el segundo, de 1,6 millones; por lo que el total de sus ocho años es de 3,8 millones. Entre los dos exmandatarios suman 6,2 millones, es decir casi dos tercios del total (65 por ciento).

 

Esta proporción no es nueva, incluso ha bajado. Usando esta misma técnica para repartir los años compartidos, Semana publicó un cálculo similar en 2016. En ese momento, los dos gobiernos de Uribe concentraban al 43,52 por ciento de las víctimas y el de Pastrana, 26,61 por ciento. De este modo, sumaban 70,13 por ciento.

En consecuencia, los datos de la tabla no son precisos. No obstante, los dos expresidentes que concentran la mayoría de víctimas en sus respectivos mandatos sí son los señalados allí.

[Actualización del 20 de marzo de 2019]

La respuesta de la Unidad de Víctimas

El 19 de marzo, cuando esta nota ya había sido publicada, la Unidad de Víctimas nos respondió a la solicitud de aclaraciones que habíamos pedido. En consecuencia, modificamos el texto para reflejar mejor las limitaciones de interpretación a la hora de sumar los datos del RUV por años y gobiernos.

García también explicó que el registro no solo se actualiza con nuevas personas que llegan a declarar su condición de víctimas. En algunos casos puede bajar la cantidad de personas porque también se va depurando la información antigua que el sistema heredó de bases de datos externas como Fondelibertad para secuestros, el ICBF para reclutamientos forzados o el Sipod para desplazamientos, entre otras.

Por ejemplo, cuando hay homónimos sin número de documento u otros datos que permitan establecer que se trata de una misma persona, se cuentan por aparte. Pero gracias al cruce de bases de datos con otras entidades, en especial con la Registraduría y el Ministerio de Educación, y a nuevas declaraciones de las víctimas, algunas de esas repeticiones se aclaran y sus registros se unifican.

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Viernes, 06 Agosto 2021

“Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”

Por Andrés Felipe Martínez

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Durante su discurso, el presidente Duque mencionó algunos resultados de su política de Paz con Legalidad. Entre esos logros afirmó:  “Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”.

Respecto a la cifra de víctimas, se debe tener en cuenta que en Colombia desde el año 2015, se miden las condiciones de vida de las personas caracterizadas como víctimas del desplazamiento forzado, y se evalúa su nivel de acceso a derechos como identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, entre otros. 

Cuando una víctima tiene garantizados estos derechos, se concluye que ha superado su situación de vulnerabilidad.

El indicador se llama Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV). Los criterios para esta evaluación fueron inicialmente establecidos con la Resolución 1126 de 2015, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Unidad para las Víctimas. Este documento fue actualizado en 2018 con la Resolución 2200.

Cada año, en su rendición de cuentas, la Unidad para las Víctimas hace un balance del número de personas han superado su situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios de dicha resolución.

Durante el anterior cuatrienio, 2014 - 2018, un total de 798.005 superaron su condición de vulnerabilidad, de acuerdo con esta entidad. Mientras en el período de la actual presidencia, con corte a junio de 2021 (33 meses), esa cifra es de 1,07 millones de personas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de este indicador en el quinquenio 2015 - 2020, con cifras acumuladas:

Situación de vulnerabilidad, víctimas

 

De esta forma, las cifras de Duque sobre víctimas coinciden con las registradas por el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad en Colombia.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre las condiciones en las que se lleva a cabo este conteo de cifras.  El año pasado, en su informe anual, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas concluyó que “persiste la ausencia de un enfoque de goce efectivo de derechos en la medición de la Superación de Situación de Vulnerabilidad de la población desplazada”.

De esta Comisión hacen parte la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

“La Comisión evidenció que el 61 % de las víctimas que superaron su situación de vulnerabilidad (de acuerdo con el indicador de Plan Nacional de Desarrollo) no se les comprobó el cumplimiento del derecho a la vivienda; y a un 36%, el de alimentación. Llama la atención que el indicador se base principalmente en la verificación de un nivel mínimo de ingresos del hogar, con lo cual se presume que la población puede obtener por sí misma derechos como salud, educación, vivienda digna y alimentación, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional, el Decreto 1084 de 2015 y la Resolución 2200 de 2018”, dice el informe, que puede ser consultado aquí.

En este documento, la Comisión señala que “todavía falta mucho” para hablar de la superación del estado de vulnerabilidad en las víctimas en este indicador.

“En la práctica, sus derechos no se han restablecido y esto se debe a políticas públicas que en unos casos están incompletas (salud y educación), en otros son erróneas (caso vivienda). En otras, a pesar del tiempo, de los recursos, y de la importancia que logró el tema, el Estado aún no ha definido y no existe una política pública para las víctimas al respecto (empleo y generación de ingresos)”, advierte.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Posso, también menciona algunas debilidades de este indicador:

“Este indicador tiene como referencia unas variables mínimas que incluyen solo parcialmente la reparación de derechos, porque hay otros aspectos que no se consideran respecto a los activos perdidos, el daño moral, y no tienen en cuenta que la reparación es restituir una situación mejor que la que perdieron las víctimas. Hay una subvaloración. En algunos casos se reconocen los mínimos, pero se desconoce la deuda con lo justo”, señala.

Consultamos también a Ánderson Morales, representante de la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, quien considera que el índice de Superación de Vulnerabilidad se ciñe a una lista de chequeo en la que no se refleja la situación real de las personas.

“La encuesta que aplican para la superación de Vulnerabilidad no analiza el contexto real de un hogar. Se vuelve un checklist, con preguntas muy limitadas. Una variable es tener identificación o cédula, y con eso se suma para decir que se superó la vulnerabilidad”, advierte.

Y continua: “No se puede decir que alguien superó su situación de vulnerabilidad cuando no se ha recuperado ni siquiera lo que perdió por el conflicto. Hay un error que hemos manifestado sobre el cálculo: ellos toman en cuenta el núcleo familiar que se desplazó hace diez años, y ahora miden si una persona de ese núcleo tiene ingresos, entonces esa familia ya superó su vulnerabilidad; pero resulta que actualmente ya esa familia no es una, sino tres o cuatro, porque han pasado diez años”.

Según el vocero de las víctimas, “también está la vulnerabilidad de la exclusión social: en ciudades como Bogotá siguen viendo a las víctimas como un mantenido del Estado, pero es un mantenido que nadie mantiene. Existe la vulnerabilidad en la posibilidad de empleo, pues la mayor parte de los desplazados somos campesinos que no encontramos fácilmente ocupación en la ciudad”.

En ese sentido, aunque las cifras para dar por superada la vulnerabilidad de una persona desplazada por el conflicto armado dadas por Duque se ajustan a los datos oficiales, estos han sido cuestionados por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, que reúne a las entidades del Ministerio Público, por los mismos voceros de víctimas y expertos. Por esa razón, al poner en contexto su afirmación y cotejarla con fuentes alternativas, la calificamos de cuestionable.