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Miércoles, 14 Junio 2017

¿Las Farc manejarán su propia ‘platica’?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“El decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”, afirmación imprecisa que fue difundida por el programa radial La Hora de la Verdad de Fernando Londoño.

La semana pasada el periodista D´mar Córdoba Salamanca, productor de contenidos en Radio Red RCN y quien ha trabajado con Fernando Londoño desde 2004, como lo certifica su perfil, sostuvo que “el Decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”.

 

 

Para verificar su aseveración es necesario revisar el contexto ya que los bienes de las Farc ha sido un tema de gran controversia a lo largo del proceso de paz. En un principio las Farc dijeron no tener bienes, luego aceptaron poseer varios activos y después el papel protagónico en el asunto lo ha tomado el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien hace dos semanas le dijo a Noticias Caracol que por primera vez la Fiscalía tiene el listado de los bienes y los testaferros de las Farc.

“Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados (…) Estamos hablando de billones de pesos”, explicó Martínez.

El tema no es cosa menor porque, según quedó establecido en el decreto 903, antes que se acaben jurídicamente las Zonas Veredales de Transición y Normalización, Zvtn, las Farc deben entregar la lista de sus bienes y activos.

“Las Farc elaborarán un inventario definitivo de sus bienes y activos dentro del término o plazo que habrá de coincidir con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y Puntos Transitorios de Normalización, PTN”, dice el decreto.

Esa fecha es el 1 de agosto de acuerdo al cronograma que entregó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Mm&v.

Cronograma para la dejación de armas de las Farc

Respecto al asunto el Acuerdo Final en su página 186 es puntal: Bienes que no reporte las Farc pasarán a manos de la jurisdicción ordinaria (la Fiscalía) y por ende podrán ser llevados a un proceso de extinción de dominio.

“Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Sobre la recepción y manejo de dichos bienes y activos, el Gobierno nacional por medio del decreto 903, al que hace referencia el periodista Córdoba Salamanca, decidió que se irán para el Fondo de Víctimas, es decir, para la reparación de las personas que hayan sido víctimas del conflicto armado.

Dice el decreto que se creará “un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los términos de administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio a su cargo, y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba”.

La aseveración del periodista Córdoba Salamanca fue encaminada a expresar que dicha fiducia, o contrato fiduciario como lo señala el decreto 903, en la que estarán los bienes de las Farc sería “manejada por las mismas Farc”.

La afirmación, según pudo establecer Colombiacheck, es inflada porque de acuerdo al mismo decreto las Farc sí tendrán incidencia en dicho contrato fiduciario pero no serán autónomas para manejar los recursos que se obtengan de dichos bienes y activos. El decreto explica que: “El Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). La administración del fondo fiduciario la hará la entidad que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo”.

Respecto a esto la gran pregunta es: ¿quiénes conforman la Csivi que recomendará al Gobierno nacional sobre la administración del Consejo Fiduciario que recibe los bienes y activos farianos?

La respuesta la tiene el decreto 1995 de diciembre de 2016 que en su artículo 2 establece que la Csivi “estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida legal, o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Los representantes del Gobierno Nacional serán de alto nivel y serán designados por el Presidente de la República”.

Como ha sido de público conocimiento, y como Colombiacheck verificó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), los tres representantes de alto nivel por el lado del Gobierno son Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, éste último saldría de la Csivi en caso de ser candidato presidencial en 2018, así lo confirmaron de la oficina de prensa y comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado.

Es decir, tres personas afines al Gobierno recomendarán al mismo Gobierno como administrar el Consejo Fiduciario al que llegarán los bienes y activos de la guerrilla que se tendrán que usar para reparar a las víctimas.

Por el lado de las Farc, los tres representantes en la Csivi son Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez.

La información sobre quién recomendará respecto a la administración de la fiducia es clara, la mitad serán personas afines al Gobierno y la otra mitad representantes de las Farc. Es decir, sí habrá una incidencia de la guerrilla en cuanto a la administración de sus propios bienes y activos pero no tendrán autonomía total como lo aseveró el periodista y abogado de La Hora de la Verdad, D´mar Córdoba Salamanca.

Colombiacheck contactó a D´mar Córdoba Salamanca quien explicó que en el tuit que se publicó en el programa La Hora de la Verdad en definitiva sí debió hacerse más claridad que los fondos no solo los manejarían las Farc. Córdoba añadió que en el programa él explicó con más detalles el tema pero que igual queda claro que las Farc sí tendrán incidencia en el manejo de sus propios recursos.

Martes, 14 Marzo 2017

Por “decreto” se suspenden investigaciones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con esa contundencia, bajo el calificativo de insólito, trinó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, sobre un decreto presidencial que lleva a “suspender investigaciones sobre atrocidades”. Vivanco también señaló que la decisión “ni siquiera respeta el acuerdo de paz”, dos críticas verdaderas.

En las últimas semanas han sido varios los decretos presidenciales polémicos en lo referente a la implementación del Acuerdo Final pactado en La Habana, por ejemplo, unos de ellos fue sobre los $1.8 millones para hasta 1.2000 integrantes de las Farc que se convertirían en escoltas.

Dentro de las voces de inconformidad por los decretos presidenciales sonó una más, esta vez de carácter internacional y de incuestionable trascendencia. Fue el 18 de febrero, la del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

 

 

El alto funcionario señaló, con documentos como evidencia, que el decreto presidencial 277 de 2017 suspende las investigaciones sobre atrocidades, lo que ocasiona un irrespeto al Acuerdo de Paz. Algo que Colombiacheck pudo establecer como verdadero gracias a la claridad de las pruebas presentadas por Vivanco y también por un informe que realizó Noticias RCN sobre el tema.

Para comprender el tema lo primero que hicimos fue conocer qué se entiende por crímenes atroces.

Al respecto Naciones Unidas publicó en su informe de 2014 Marco de Análisis para Crímenes Atroces que “el término crímenes atroces se refiere a tres crímenes internacionales definidos jurídicamente: genocidio, que es el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos; crímenes de lesa humanidad, que es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, y finalmente, crímenes de guerra, los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios”.

Ya teniendo claro a qué nos referimos, verificamos los documentos que presentó Vivanco y encontramos que es verdadero el hecho de que el decreto presidencial mencionado va en contravía del Acuerdo Final. Lo anterior porque lo pactado en La Habana le daba alas a la Fiscalía para seguir su labor investigativa hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en contravía, el decreto presidencial le quita de tajo esas alas y lo hace de manera inmediata.

“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz”, sentenció el decreto 277 de 2017.

Por su parte, la página 156 del Acuerdo Final, en lo referente a las funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estableció en el numeral J que:

“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala… anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

Es claro entonces que el Acuerdo Final permitía que la Fiscalía continúe con su labor investigativa hasta que la JEP anuncie públicamente la resolución de sus conclusiones en cada caso estudiado por ella. A partir de ese momento, la Fiscalía perdería todas sus competencias en las investigaciones con ocasión al conflicto y con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, y entonces debería pasarle todas las investigaciones a la JEP.

Así está planteado en el Acuerdo Final, pero pasando por encima de lo acordado el Gobierno por medio del decreto 277 señaló que en cuanto a los procesos de los integrantes de las Farc “quedarán suspendidos hasta” la entrada en vigencia de la JEP.

Quedan suspendidos todos los procesos sin diferencia alguna, sin importar si son crímenes atroces o amnistiables. “Todos son todos”, y en eso también tiene razón José Miguel Vivanco.

 

¿Una “metida de pata” del abogado de las Farc?

Un hombre conocedor de leyes y cercano a las Farc, Enrique Santiago, abogado del grupo guerrillero, contestó el trino de José Miguel Vivanco y manifestó que la suspensión de procesos no impedía el trabajo investigativo de las autoridades judiciales.

De inmediato y como si se tratará de Colombiacheck el propio Vivanco corrigió a Enrique Santiago por su falta de actualización sobre la legislación colombiana.

 

 

Respecto a la “metida de pata” el abogado de las Farc no respondió nada pero sí le contra argumentó a Vivanco que los que investigan en Colombia son la Fiscalía y la Policía, no los jueces. Aunque claro, Enrique Santiago no perdió la oportunidad para solicitarle a Vivanco que no alimentará al uribismo. Luego, Vivanco no continuó con la conversación tuitera.

 

 

Al margen de cualquier argumentación jurídica para Colombiacheck el decreto 277 fue claro. Todos los procesos “quedarán suspendidos hasta” que entre en vigencia la JEP. Todos son todos. El decreto no discriminó entre qué tipo de procesos y el ente investigador encargado de dichos procesos. Solo manifestó que la medida será para los que se les haya “otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn”.

 

¿Mientras tanto quién investigará?

¿Si con el decreto presidencial la Fiscalía pierde sus competencias entonces quién investiga mientras entra en vigencia la JEP? ¿Es clara la fecha de reinicio de las investigaciones?

Sobre el primer interrogante Colombiacheck consultó a Mario Hernán López, doctor en resolución de conflictos de la Universidad de Caldas, quien sostuvo que si bien puede haber un vacío jurídico momentáneo, estas son situaciones excepcionales que debe vivir el país en el marco de una justicia transicional. “Seguramente habrán situaciones similares a estas”, señaló López.

Frente al mismo tema, el abogado penalista Francisco Bernate, explicó que si el decreto dice que “quedarán suspendidos” todos los procesos la única exclusión que se podría hacer a esa literalidad es la referida a investigaciones sobre conductas con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. Bernate añadió que no sería viable que graves conductas contra la humanidad como crímenes de lesa humanidad sean paradas en sus investigaciones.

El reinicio de las investigaciones es algo que no tiene fecha clara porque según el decreto presidencial éstas quedan suspendidas hasta la entrada en vigencia de la JEP, un tema bien espinoso porque tampoco hay fechas específicas para que entre en vigencia y porque para el Gobierno solo arrancará la JEP hasta que todas todas las salas estén en funcionamiento, así lo comprobó Colombiacheck en “La JEP funcionará hasta por diez años, un engaño del presidente Santos”.

Lo lógico sería que las investigaciones vuelvan a ser retomadas cuando entre en funciones la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pero habrá que esperar, por ahora no hay información precisa sobre cuándo será esto.

Colombiacheck le consultó a la Fiscalía si a raíz del decreto presidencial suspendieron los procesos de investigación contra los integrantes de las Farc a quienes acoge esta medida pero no tuvo respuesta del ente investigador.