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Martes, 18 Abril 2017

Las Farc y el narcotráfico: una verdad pendiente de ser contada

Por Sania Salazar

Aunque en el Acuerdo Final no está escrita la palabra delación, las Farc sí se comprometieron a contar la verdad sobre su participación en el narcotráfico, negocio ilícito con el que financiaron su actividad insurgente.

“Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución”, aseguró a Noticias Uno Seusis Pausivas Hernández, mucho más conocido como Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las Farc y uno de los negociadores de esa guerrilla.

Colombiacheck solicitó por Twitter y por correo electrónico una entrevista con Enrique Santiago, abogado de las Farc, para pedirle precisión sobre el asunto, pero hasta la publicación de este chequeo no hemos obtenido respuesta.

En el cuarto punto del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el cual la guerrilla debe contribuir.

Las Farc se comprometieron a ayudar en el proceso de sustitución de cultivos y aunque la palabra delación no aparece en este punto del Acuerdo, si se pactó que los guerrilleros aportarían información para ayudar a establecer la verdad y construir memoria sobre su participación en este negocio ilegal.

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, dice textualmente el Acuerdo.

De este párrafo llama la atención la parte final, donde se refieren a que los excombatientes aporten información suficiente para “atribuir responsabilidades”, en donde podría caber la delación de otros grupos, modo de operar y rutas de trasiego de estupefacientes. Pero depende de cómo se interprete.

En un video de Acuerdos de La Habana, una iniciativa de la sociedad civil para recoger preguntas surgidas de la lectura del Acuerdo, Lucas Peña, sociólogo y magíster en conflicto, seguridad y desarrollo, asegura que “en el punto dedicado a la solución del problema del narcotráfico Las Farc se comprometen explícitamente a cooperar con el Gobierno a establecer y localizar las rutas del narcotráfico y hallazgo del mecanismo de lavado de activos fruto del narcotráfico, pero adicionalmente van a colaborar con el combate contra crimen organizado mediante la provisión de información, mediante el establecimiento de cooperación con las autoridades y otros mecanismos que deben ponerse en marcha”.

Para Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), la delación no está planteada explícitamente en el Acuerdo Final.

“En el Acuerdo las Farc no se asumen como una organización insurgente dedicada a la producción y al tráfico de drogas, las Farc en ese sentido manifiestan el compromiso de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno. Si se presentó esa relación es un asunto que será tratado en su momento en la jurisdicción Especial para la paz, que evaluará cada caso”, indicó.

Estrada hizo énfasis en que no se está hablando de la justicia penal en la que se obtienen ventajas por delaciones, que la JEP no es una justicia de castigo sino una justicia transicional que se fundamenta en el ofrecimiento de verdad.

“Se tendrá que ofrecer verdad y los jueces serán quienes evalúen si la verdad ofrecida, primero, es suficiente y exhaustiva, porque la JEP obliga a un ofrecimiento de verdad exhaustivo y detallado. Hay que recordar que si no se ofrece verdad suficiente, no se verán beneficiados por la JEP, uno supone que en este caso las Farc ofrecerán la verdad que tengan sobre sus presuntos vínculos, reales o no, con el narcotráfico. Es más ofrecimiento de verdad que delación”, precisó Estrada, quien además comentó que según la investigación social en las zonas donde ha habido cultivos de uso ilícito la función de la guerrilla ha sido básicamente de cobro de impuestos y de regulación del mercado de hoja de coca.

Para Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la frase de Santrich tiene que ver con no señalar a los campesinos cocaleros, que son el eslabón más frágil de la cadena y que en muchos casos se metieron en el negocio por el abandono estatal, pues la coca resulta más rentable y más fácil de vender que los cultivos lícitos.

El Gobierno ha resaltado esa descriminalización de los campesinos, pues es una de las estrategias para que participen voluntariamente en el programa de sustitución de cultivos.

Para Montoya, habrá que ver bajo qué condiciones están obligados a suministrar información en tanto el narcotráfico quedó como un delito conexo a la actividad política porque era la forma de sostenibilidad del grupo, “pero lo más lógico es que cuando sean llamados ante la justicia tendrán que contar esas situaciones, cuáles eran sus rutas, con quien negociaban e idealmente uno quisiera saber qué empresarios los protegían para el lavado de activos, ese sería el escenario ideal”.

La importancia de combatir el narcotráfico

“El acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, el narcotráfico ha alimentado, ha atravesado y financiado el conflicto armado y que por tanto es necesario una solución contundente”, explica María del Pilar Barbosa, del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (punto 5 del Acuerdo Final) tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

Aunque en el Acuerdo Final no se utiliza la palabra delación, es claro que uno de sus objetivos principales es ofrecer a las víctimas justicia, verdad y reparación. Para establecer la verdad y para determinar las medidas que se deben tomar para garantizar la no repetición es fundamental, en este caso, que las Farc cuente cómo funciona el negocio del tráfico de drogas, una de las formas con que financiaron su lucha armada.

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Jueves, 22 Marzo 2018

¿Qué pasa si aparecen armas y dineros escondidos por las Farc?

Por Sania Salazar

Iván Duque insistió en que en el acuerdo de paz no quedaron sanciones en caso de que el inventario de bienes de las Farc quede incompleto; pero la versión final del acuerdo sí lo incluye. Les contamos de qué trata.

En entrevista con RCN Radio Iván Duque, candidato presidencial por el Centro Democrático, reiteró sus críticas a algunos puntos del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc.

“No dejaron con precisión las sanciones ejemplarizantes para la cúpula de las Farc cuando aparezcan armas y dineros escondidos. . . esas cosas hay que modificarlas”, aseguró Duque.

Después de revisar el Acuerdo Final y las precisiones que la Corte Constitucional le hizo al acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Colombiacheck califica la frase como Falsa, pues dichos ajustes se incluyeron en la segunda versión del Acuerdo Final, en las normas de implementación del mismo y también las delimitó la Corte Constitucional. Es decir, las modificaciones que Duque dice que hay que hacer, ya se hicieron.

Hay que recordar que los sectores que estaban en desacuerdo con lo pactado entre el Gobierno y las Farc, conocidos como los del NO al plebiscito, incluyeron entre sus críticas la solicitud de que las Farc debían entregar bienes y dinero para reparar a las víctimas. Esta solicitud, en particular, fue del expresidente Andrés Pastrana.

Este punto se incluyó en la última versión del Acuerdo así: “Durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, representantes autorizados de esta organización acordarán con representantes del Gobierno Nacional los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos”.

Colombiacheck contactó al equipo de prensa de Duque para saber por qué el candidato insiste en que no se definieron esos castigos y respondieron que lo único que hay en el Acuerdo Final acerca de esto es la frase que dice que “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Esto significa que la entrega de recursos de la guerra es una condición que deben cumplir los excombatientes para acceder a los beneficios penales de la JEP, así como seguir gozando de ellos. Por ahora, las normas lo establecen como un requisito y serán los magistrados de la JEP quienes resolverán qué consecuencias hay, en cada caso. Si el incumplimiento de esta condición implica la pérdida de todos los beneficios, el respectivo caso debe ser resuelto por los jueces ordinarios. Diana Isabel Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que el hecho de que este tipo de casos queden en manos de la justicia ordinaria quiere decir que en cada caso se determinarán las sanciones a imponer según el código penal.

La Corte Constitucional le hizo ajustes al acto legislativo que crea la JEP en lo relacionado con lo que señala Duque:

Estableció que le corresponderá a la Jurisdicción ordinaria investigar y juzgar los delitos “de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario”.

Esos delitos son lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares, que están entre los que refiere Duque. Es decir, a quienes estén sujetos a la JEP (entre ellos los integrantes de la cúpula de la exguerrilla) y se les comprueben hechos como estos, pasarán a ser juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios de la JEP, lo que quiere decir que podrán ir a la cárcel.

Hay que recordar que el Acuerdo Final dice que la JEP, “se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, lo que quiere decir que los delitos cometidos después de diciembre de 2016 los juzgará, también, la justicia ordinaria.