Durante la semana por la paz celebrada por la Gobernación de Santander, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, presidente del Partido Farc, participó en el conversatorio “De la guerra a la paz: la apuesta del Partido Farc”. El exguerrillero aseguró allí que “en ningún acuerdo en el mundo, un movimiento insurgente es el que repara a las víctimas; las víctimas las repara el Estado”.

En cuanto a víctimas, @TimoFARC manifestó: "En ningún acuerdo en el mundo, un movimiento insurgente es el que repara a las víctimas; las víctimas las repara el Estado. ¿Qué hicimos nosotros? Entregarles todo los bienes al Gobierno". pic.twitter.com/btPDbiFvy1

— Gobernación de Santander (@GobdeSantander) September 16, 2019

En el equipo de prensa de Londoño le aseguraron a Colombiacheck que él se refería a que en ningún acuerdo de paz en el mundo es directamente la insurgencia la que repara, porque eso se hace a través del Estado, en parte, con recursos de los grupos armados. Además, recordaron que Timochenko se refirió a los bienes que ya han entregado al Estado, precisamente para la reparación de las víctimas.

Después de consultar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación de Londoño como verdadera.

Según la página del Ministerio de Justicia de Colombia, “todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario tienen derecho a recibir una reparación adecuada, efectiva y pronta por el menoscabo que han sufrido en sus derechos. Este derecho de las víctimas trae consigo el deber del Estado de reconocer y responder ante estas violaciones a los derechos humanos en los casos en los que la acción o inacción oficial implique su responsabilidad”.

Sergio Ruano, investigador de Dejusticia, le explicó a Colombiacheck que en los procesos de justicia transicional usualmente el Estado es el encargado de administrar fondos especiales de reparación de víctimas, que funcionan como fiducias. “En el caso de procesos transicionales en otros países con los bienes que se entregan, por ejemplo, de negocios ilegales en el actuar armado, se crea un fondo especial con el que se pagan los procesos de reparación”, precisó Ruano, quien además indicó que el Estado pone el dinero que pueda quedar faltando para lograr una reparación integral.

Jason Michel Quinn, del Instituto Kroc para estudios internacionales de paz, aseguró que no conoce ningún caso en el que excombatientes desmovilizados individuales restituyan a las víctimas de la guerra. “En todos los casos, el Gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional, se encarga de diseñar e implementar un proceso mediante el cual las víctimas de la guerra reciben algún beneficio, generalmente se crea un fondo especial, pero estos programas generalmente se consideran fracasos”, indicó el profesor.

Según Quinn, aproximadamente uno de cada cuatro acuerdos de paz tienen disposiciones explícitas para reparaciones, restitución o compensación a las víctimas de la guerra, como en el acuerdo colombiano. Lo que quiere decir que el 25 por ciento de los casos requieren un programa de reparaciones, pero estos no están implementados.

“Nunca ha existido un programa exitoso a largo plazo para compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante un conflicto armado”, concluyó el profesor.

El documento “Las reparaciones en la teoría y en la práctica”, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, explica que las reparaciones son esenciales para cualquier iniciativa de justicia transicional porque, de las dimensiones de esta justicia, son las reparaciones las que más directa y explícitamente se centran en la situación de las víctimas, porque buscan ofrecer algún resarcimiento por los derechos violados, los daños sufridos y los perjuicios soportados. 

“En general, los Estados son responsables de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos dentro de sus fronteras, así como de garantizar que la justicia sea impartida en igualdad de condiciones cuando ocurren violaciones. La responsabilidad de las reparaciones no es una excepción. Esto resulta particularmente claro cuando son los agentes del Estado quienes han estado directamente implicados en la comisión de los crímenes. La responsabilidad del Estado se extiende también a las acciones de las milicias que ha armado y capacitado. En Colombia, por ejemplo, el Estado ha sido hallado responsable repetidamente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las reparaciones en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares de derecha que el Estado ha creado y promovido”, indica el documento.

El análisis asegura además, que el Estado debería ofrecer reparaciones a las víctimas de grupos rebeldes, así como a las víctimas de grupos que no estaban bajo el control del gobierno ni contaban con su aprobación. “Este deber puede justificarse sobre una base legal – por no haber garantizado los derechos correspondientes, como se lo reconoce en el sistema interamericano de derechos humanos – o por una cuestión de justicia básica para con las víctimas, quienes deben ser tratadas de manera equitativa, con independencia de quiénes sean los autores de los crímenes, pues esto no está bajo su control”, precisa.

Según el documento, el Estado puede ofrecer reparaciones, no por ser responsable de los daños ocasionados, sino por su obligación de propender por el bien común y de ayudar  a la reinserción de las víctimas – sin hacer distinciones respecto a quiénes cometieron los crímenes.