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Jueves, 12 Septiembre 2019

Candidato a Gobernación de Caldas da cifra errada de víctimas en el departamento

Por Sania Salazar

En un trino Luis Carlos Velásquez exagera la cifra de víctimas que hay en Caldas, acierta en que la mayoría no ha recibido reparación económica, pero no se tienen las cifras de otras maneras de reparación y promete ampliar la Ley de víctimas, algo que no puede cumplir porque no está dentro de sus funciones.

El candidato a la Gobernación de Caldas Luis Carlos Velásquez Cardona aseguró en su cuenta de Twitter que “en Caldas hay cerca de 120 mil víctimas del conflicto armado, en su gran mayoría sin reparación”. Pero además se comprometió a que “se amplíe la ley de víctimas para responder a quienes sufrieron los horrores de la guerra”.

Calificamos la información como Cuestionable porque tiene inconsistencias: Velásquez Cardona se equivoca en el cálculo del número de víctimas en Caldas y aunque el porcentaje de indemnizados es del 15 por ciento, no hay cifras de las otras formas de reparación, por lo que no hay cómo corroborar si la mayoría de víctimas ha tenido reparación o no. 

El equipo de prensa del candidato, que está avalado por las firmas del Grupo Significativo de Ciudadanos Unidos por Caldas, aclaró que a lo que se compromete el candidato, de ser elegido, es a pedirle al gobierno nacional que amplíe la Ley de Víctimas y a hacer gestión desde la Federación Nacional de Departamentos para que esto se logre.

También nos dijeron que tomaron las cifras que dieron de la Secretaría de Gobierno de Caldas y que el cálculo de 120.000 es la suma de las personas que sufrieron la victimización en el departamento y las que han llegado de otras partes del país a Caldas para denunciar los hechos de los que fueron víctimas y pedir que los incluyan en el Registro Único de Víctimas. Precisaron, además, que los reportes de la cartera de Gobierno indican que solo se ha reparado a 5.000 personas.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, nos aseguró que en el departamento hay actualmente más de 120.000 víctimas y que solo el 11 por ciento ha recibido indemnización, datos que según él, salen del “registro nacional de la Unidad de Víctimas”.

Pero, al revisar el Registro Único de Víctimas, actualizado al 1 de agosto de 2019, había 91.608 víctimas que permanecen en el departamento y que de esas son sujeto de reparación 78.324, (hay víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación: fallecidos y sin documento de identidad, por ejemplo).

Información Registro Único de Víctimas

En la Unidad de Víctimas en Caldas nos explicaron que esas 91.608 víctimas suman las que sufrieron los hechos en Caldas y las que llegaron de otros departamentos, y que han indemnizado a 12.133 personas, el 15,4 por ciento de las víctimas sujeto de reparación (78.324). También aclararon que no tienen las cifras de otras modalidades de atención como la reparación simbólica y la atención psicosocial, entre otras.

¿Y la ampliación de la Ley de víctimas?

Rodrigo Giraldo, profesor de derecho de la Universidad de Manizales, nos explicó que el gobernador es el máximo representante del nivel ejecutivo a nivel departamental y en ese sentido tiene potestad de adelantar políticas públicas, pero la ampliación o reforma de leyes solo está en manos del Congreso, que es el órgano legislativo, aunque el presidente de la República también lo puede hacer, pero mediante decreto. Por lo tanto un gobernador no puede prometer que ampliará Ley de Víctimas, pues no está dentro de sus funciones.

“Lo que el gobernador sí puede hacer es manejar un tratamiento propio a nivel departamental donde incorpore política pública para la atención a víctimas, que es una cosa muy distinta”, precisó Giraldo, quien indicó que el gobernador puede hacer gestiones con congresistas para que promuevan la iniciativa, pero no tiene dentro de sus atribuciones ampliar una ley.

Hay que recordar que Clara Rojas, exrepresentante a la Cámara, presentó en dos ocasiones proyectos de ley para ampliar la Ley de Víctimas, iniciativas que no terminaron su trámite en el Congreso y que ahora hay una demanda de organizaciones de víctimas ante la Corte Constitucional para que se amplíe el plazo de esa ley.

 

RedCheq

Miércoles, 16 Octubre 2019

Cuenta de Twitter del Concejo de Cali sí retrinó y borró mensaje de Roberto Ortiz

Por TuBarco

El Concejo de la ciudad confirmó que el trino fue publicado por error y luego fue borrado. Esto podría constituirse como participación indebida en política, pero la Procuraduría tendrá que determinarlo.

Este lunes 14 de octubre, desde la cuenta de Twitter @juliandecardona se publicó una imagen con la que se aseguró que desde la cuenta oficial del Concejo de Cali se retrinó un contenido de la cuenta oficial del candidato a la Alcaldía de Cali Roberto Ortiz, conocido como “el Chontico”, y se denunció una presunta participación indebida en política. 
 
El trino de@juliandecardona se publicó a las 11:29 p.m. de este lunes festivo. El mensaje tiene dos fotografías. Una de ellas es una captura de pantalla de la cuenta oficial del Concejo de Cali (@ConcejoCali) en la que se ve el retrino del contenido en cuestión.
 
“La cuenta oficial del @ConcejoCali de manera irresponsable ha evidenciado una interferencia en lo electoral. Este tipo de organismos institucionales no pueden participar en ninguna campaña”, dice el mensaje que acompaña la imagen.

Se trata de un trino con el que Ortiz anunció la adhesión del exalcalde de Cali Rodrigo Guerrero a su campaña.
 
Dicho trino apareció en la cuenta del candidato (@robertoortizu) a las 9:15 p.m. de este lunes festivo.

La verificación

Este retrino no aparece en la cuenta del Concejo de Cali.

Sin embargo TuBarco, uno de los aliados de RedCheq en Cali, habló con voceros de la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Cali sobre el tema. Nos aseguraron que, en efecto, sí se hizo el retrino desde la cuenta oficial del Concejo, pero que se eliminó por tratarse de un error.
 
“Un contratista que tenía acceso a la cuenta hizo el retuit pensando que se trataba de la cuenta personal de un concejal que estaba manejando. Una vez se advirtió el error, se eliminó el trino. Se trató de un accidente y el contratista ya no está vinculado con la oficina”, informaron desde el Hemiciclo.
 
Sobre la acusación de participación indebida en política, revisamos la Directiva 008 expedida por la Procuraduría General de la Nación el pasado 17 de junio. Allí, entre las restricciones que tienen servidores públicos y privados que ejercen funciones públicas está la de “emplear medios de comunicación oficial para promover causas políticas”.
 
Pero también, hace poco Colombiacheck publicó un Explicador contando qué es lo que se puede y no se puede hacer como funcionario público durante una campaña y a quiénes afectan estas prohibiciones.
 
Allí explicamos que los funcionarios que no pueden participar en política son: alcaldes, secretarios de despacho, gerentes de empresas sociales del Estado E.S.E, funcionarios de empresas de servicios públicos y corporaciones autónomas regionales, personal administrativo y académico de instituciones de educación superior y establecimientos educativos y funcionarios de registradurías.
 
Es decir que los concejales están exentos de esta prohibición, como está explícito en el Artículo 41 de la Ley 996 de 2005
 
Sin embargo, Camilo Mancera, Coordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral, MOE, explicó que si bien los concejales pueden participar en política, lo que no pueden hacer es utilizar recursos públicos para su participación en política. 
 
“Si hablamos de que se utilizó un canal oficial para hacer proselitismo o promover una determinada candidatura,  en ese momento es que ya estaríamos evidenciando una falta disciplinaria. La Procuraduría podría abrir una indagación de oficio, si llega a su conocimiento”, agregó.

Así que, después de realizar esta verificación, calificamos la información como “Verdadera”, pues la cuenta del Concejo de  Cali sí retrinó un contenido de la cuenta del candidato Roberto Ortiz (que luego fue borrado), y esta acción podría catalogarse como una participación indebida en política, aunque la Procuraduría es quien tendrá que determinarlo.

RedCheq