El candidato a la Gobernación de Caldas Luis Carlos Velásquez Cardona aseguró en su cuenta de Twitter que “en Caldas hay cerca de 120 mil víctimas del conflicto armado, en su gran mayoría sin reparación”. Pero además se comprometió a que “se amplíe la ley de víctimas para responder a quienes sufrieron los horrores de la guerra”.

En Caldas hay cerca de 120 mil víctimas del conflicto armado, su gran mayoría sin reparación. Como gobernador de Caldas me comprometo a que se amplíe la ley de víctimas para responder a quienes sufrieron los horrores de la guerra. Mantendremos a Caldas en paz. pic.twitter.com/Su2mO9GJTN

— Luis Carlos Velásquez (@LuisCarlosGober) August 30, 2019

Calificamos la información como Cuestionable porque tiene inconsistencias: Velásquez Cardona se equivoca en el cálculo del número de víctimas en Caldas y aunque el porcentaje de indemnizados es del 15 por ciento, no hay cifras de las otras formas de reparación, por lo que no hay cómo corroborar si la mayoría de víctimas ha tenido reparación o no. 

El equipo de prensa del candidato, que está avalado por las firmas del Grupo Significativo de Ciudadanos Unidos por Caldas, aclaró que a lo que se compromete el candidato, de ser elegido, es a pedirle al gobierno nacional que amplíe la Ley de Víctimas y a hacer gestión desde la Federación Nacional de Departamentos para que esto se logre.

También nos dijeron que tomaron las cifras que dieron de la Secretaría de Gobierno de Caldas y que el cálculo de 120.000 es la suma de las personas que sufrieron la victimización en el departamento y las que han llegado de otras partes del país a Caldas para denunciar los hechos de los que fueron víctimas y pedir que los incluyan en el Registro Único de Víctimas. Precisaron, además, que los reportes de la cartera de Gobierno indican que solo se ha reparado a 5.000 personas.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, nos aseguró que en el departamento hay actualmente más de 120.000 víctimas y que solo el 11 por ciento ha recibido indemnización, datos que según él, salen del “registro nacional de la Unidad de Víctimas”.

Pero, al revisar el Registro Único de Víctimas, actualizado al 1 de agosto de 2019, había 91.608 víctimas que permanecen en el departamento y que de esas son sujeto de reparación 78.324, (hay víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación: fallecidos y sin documento de identidad, por ejemplo).

En la Unidad de Víctimas en Caldas nos explicaron que esas 91.608 víctimas suman las que sufrieron los hechos en Caldas y las que llegaron de otros departamentos, y que han indemnizado a 12.133 personas, el 15,4 por ciento de las víctimas sujeto de reparación (78.324). También aclararon que no tienen las cifras de otras modalidades de atención como la reparación simbólica y la atención psicosocial, entre otras.

¿Y la ampliación de la Ley de víctimas?

Rodrigo Giraldo, profesor de derecho de la Universidad de Manizales, nos explicó que el gobernador es el máximo representante del nivel ejecutivo a nivel departamental y en ese sentido tiene potestad de adelantar políticas públicas, pero la ampliación o reforma de leyes solo está en manos del Congreso, que es el órgano legislativo, aunque el presidente de la República también lo puede hacer, pero mediante decreto. Por lo tanto un gobernador no puede prometer que ampliará Ley de Víctimas, pues no está dentro de sus funciones.

“Lo que el gobernador sí puede hacer es manejar un tratamiento propio a nivel departamental donde incorpore política pública para la atención a víctimas, que es una cosa muy distinta”, precisó Giraldo, quien indicó que el gobernador puede hacer gestiones con congresistas para que promuevan la iniciativa, pero no tiene dentro de sus atribuciones ampliar una ley.

Hay que recordar que Clara Rojas, exrepresentante a la Cámara, presentó en dos ocasiones proyectos de ley para ampliar la Ley de Víctimas, iniciativas que no terminaron su trámite en el Congreso y que ahora hay una demanda de organizaciones de víctimas ante la Corte Constitucional para que se amplíe el plazo de esa ley.